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Después de cuatro años, Mocoa volvió a estar en alerta máxima esta semana por la creciente súbita del río Mulato. A las 6 de la tarde del 21 de julio se encendieron las alarmas en seis barrios, en los que habitan cerca de 6.000 familias. Cerca de 2.500 personas atendieron el llamado y evacuaron el lugar, tras la alerta emitida por el Sistema de Alarmas Tempranas del municipio. Pese a que el río no se desbordó, la alerta generó una tensa situación entre los habitantes de la capital del Putumayo, que aún no se recuperan de la avalancha que, la noche del 31 de marzo de 2017, dejó más de 7.000 damnificados y cobró la vida de 335 habitantes.
La tragedia, que además dejó 1.461 viviendas rurales y urbanas destruidas, llevó a que en agosto de ese año se creara el Plan de Acción Específico para la reconstrucción de Mocoa, una estrategia ambiciosa que contemplaba la ejecución de 56 proyectos, de los cuales 31 se están ejecutando en este momento. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, estas obras suman un total de $175.603 millones entre la construcción de muros de estabilización, jarillones, espolones, muros tipo presa y diques.
Dentro de las obras de mitigación que se están ejecutando en el municipio está la construcción del muro de contención del barrio Modelo, que inició el 26 de junio de 2019, con un costo de $4.200 millones. Hasta el momento se ha ejecutado el 56% de ese proyecto. También se está llevando a cabo la construcción de muros y espolones en el río Mulato, que tan solo cuenta el 21% de ejecución en cinco meses. En este mismo río se están construyendo 10 muros, nueve azudes (muros más gruesos), tres diques y dos espolones. Estas obras tienen un costo de $36.800 millones y deben ser entregadas en 2022.
Si bien las obras de mitigación que se hacen en los ríos pueden reducir los riesgos, estas no son 100 % efectivas. Santiago Duque, profesor de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Amazonia, considera que la mejor herramienta es implementar una cultura del riesgo. “Tenemos que aprender a vivir con las inundaciones, porque Colombia es un país lleno de agua. Hay que planificar, las rondas hídricas deben ser de obligatorio cumplimiento, saber qué es el riesgo y cómo se enfrenta, y tener el Sistema de Alertas Tempranas, que funcionan y que tecnológicamente son económicas”.
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Precisamente este sistema se implementó en Mocoa después de la avalancha de 2017. En el municipio esta estrategia cuenta con un sistema de monitoreo de cinco cuencas, doce sirenas, veinte radios y nueve vigías. Esto fue lo que alertó a la comunidad el pasado 21 de julio a salir de sus casas. Pese a que ya existen algunas medidas, la ronda hídrica que menciona el docente es un tema que no se cumple. Según una investigación hecha por la sede Amazonia de la UNAL sobre el río Mulato, la ronda hídrica debe ser de 200 metros a la izquierda, y 600 a la derecha; es decir, en este espacio no deberían habitar personas, ya que es parte del área del río. Esto disminuiría el riesgo de avalanchas en esas zonas, pobladas en su mayoría por personas en estado de vulnerabilidad.
La investigación también explica que las obras que se hagan no deberían ser de restricción y prohibición, sino de prevención y mitigación de riesgo, lo que debería incluir fases de sensibilización y enseñanza a la población que ocupe estas zonas, y una fase de preparación y elaboración de planes de emergencia que contemplen rutas de evacuación y puntos de encuentro en caso de que ocurra de nuevo una tragedia ambiental.
Sin embargo, la socialización de los proyectos que se están preparando ha sido poca. “El plan de reconstrucción parcialmente se conoce. Los habitantes de la vereda El Líbano estuvimos con UNGRD discutiendo sobre las obras de mitigación que se harán en el río Mulato, y no estamos de acuerdo con ese proyecto. Sabemos que las obras hay que hacerlas, pero a la ciudadanía nunca nos tuvieron en cuenta para nada en los diseños. Eso llegó del cielo y no comprendimos a qué hora lo hicieron”, dice el biólogo Felipe Arteaga, habitante de la vereda El Líbano.
En diciembre de 2020, tres años y ocho meses después de la tragedia ambiental, comenzó la primera obra de mitigación del municipio. La UNGRD informó que la primera obra que se empezó a ejecutar fue la construcción del jarillón (barrera que evita el desbordamiento de un río) sobre la quebrada Taruca. Esta obra tuvo una inversión de $30.400 millones y un plazo de ejecución de 18 meses. Según la entidad, se trata de la obra más importante para salvaguardar la integridad de los pobladores.
A las obras de mitigación se suman las de reconstrucción de Mocoa, donde se contemplaba la construcción de 909 viviendas, que cuatro años después no han sido entregadas en su totalidad. “De las 900 viviendas que debían reubicarse se han entregado 300. Con grandes dificultades en algunos temas bastante lentos. El avance ha sido muy poco por la pandemia y las dificultades que han venido presentando”, dice John Jairo Ibachí, alcalde de Mocoa.
Onofre Córdoba, damnificada por la avalancha de hace cuatro años, señala que en su caso no tenia escrituras porque era una finca familiar y tras la avalancha tuvo que regresar a la vereda Villa Rosa: “Hay muchas familias a las que todavía no les han entregado la vivienda”. Se espera que dicha entrega sea en julio de 2022, como parte del proyecto Sauces II, en cuya primera fase se entregaron 300 viviendas. También se espera el inicio de 13 proyectos de vías y alcantarillados, la construcción de 252 viviendas rurales y la galería de la plaza de mercado.
Con la alerta que se presentó el 21 de julio se evidenció, una vez más, la falencia en el sistema de acueducto de la ciudad. Aunque en marzo de este año, la UNGRD, informó que la construcción del sistema tenía un avance del 94 %, cada vez que hay crecientes en los ríos se afecta el servicio. Aguas Mocoa, empresa encargada del acueducto y alcantarillado, informó que se presentaron daños en dos bocatomas y en las fuentes alternas de Chontayaco y Mulatico. La reparación costará $404 millones.