Las dinámicas de migración en La Guajira
Según reportes de Migración Colombia, La Guajira es el quinto departamento con mayor población venezolana en Colombia, con 150.806 personas distribuidas en los 15 municipios.
El 56,4 % de la población migrante que se encuentra en el departamento de La Guajira tiene un estatus migratorio irregular y los municipios con mayor concentración de venezolanos son Maicao (51.361) y Riohacha (47.172) sumando el 65 % del total. Un panorama al que habría que agregarle que el 22,3 % de los refugiados y migrantes de Venezuela en el departamento son niños y adolescentes y el 3,3 % son adultos mayores.
La composición étnica del departamento, según el DANE, es la siguiente: amerindios o indígenas (44,9 %), mestizos y blancos (40,3 %), negros o afrocolombianos (14,8 %) y gitanos (0,04 %). Según el censo de 2005, Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia son los cuatro municipios que concentran la mayor parte de la población. Las cifras de proyección del DANE establecen que la población de La Guajira son 987.781 personas, representando la comunidad migrante el 1,9 % de la población del país. Es decir, hoy en La Guajira, la población migrante constituye alrededor del 15 % del conjunto de la población, lo cual nos da una magnitud del reto que significa la atención, sin contar las familias retornadas colombianas.
La Guajira ha sido un departamento con indicadores de pobreza extrema históricos. En el último reporte del DANE, sobre las condiciones de pobreza en el país, La Guajira aparece con un indicador del 33,5 %, siendo el segundo departamento del país, solo superado por el Chocó, que tiene un indicador de pobreza del 38,8 % del conjunto de familias. Esta situación se ha agravado en los dos últimos años en el marco de la pandemia, que sigue viviendo.
Las condiciones alimentación son extremas para una gran parte de la población. Esto ha llevado a que se hable de crisis humanitaria permanente, por la gravedad de la situación de hambre que padece más de un tercio de la población.
El año pasado la Organización Indígena de Colombia denunció las difíciles condiciones de la población wayuu y reportó que, según “datos oficiales, entre los años 2008 y 2021 han muerto por desnutrición y otras causas asociadas 5.320 niños en el departamento de La Guajira. Además, que solo en el mes de octubre de este año (2021) han fallecido cinco niños y, este año, la cifra se ubica en 34 menores” . En esa misma ocasión se denunciaba que había 16.000 niños en peligro de muerte por desnutrición.
Ante la gravedad de esta situación, varias organizaciones sociales y comunitarias presentaron una acción de tutela ante la Corte Constitucional, que emitió una sentencia reconociendo la importancia de proteger varios derechos que venían y vienen siendo vulnerados no solo a la infancia de la Guajira, sino a una inmensa parte de la población, como lo señala el indicador de 33,5 % de la población en situación de pobreza.
Igualmente, en La Guajira hay enorme necesidad de aumentar la cobertura en salud, saneamiento básico y educación de los colombianos que ya viven allí.
En este duro contexto de indicadores sociales tan precarios, La Guajira comparte la particularidad con Venezuela de ser el territorio de asentamiento del pueblo wayuu que se reconoce como binacional, la mayor etnia en términos de población en Colombia.
Aunque los wayuus se consideran un solo pueblo que no admite fronteras, sus asentamientos se han regado por los dos países y hoy es evidente cómo se han visto obligados a dejarlos y cruzar al otro lado por cuenta de la crisis política y económica en Venezuela. Son unos 270.000 wayuus en el lado colombiano, según cifras del DANE de 2005, y poco más de 415.000, en el venezolano, de acuerdo con datos oficiales de 2011.
Según Migración Colombia, la entrada de esta población migrante, en buena medida, se ha dado por las 216 trochas o pasos informales a lo largo de los 249 km de frontera. Frente a esto, el 56,4 % de la población venezolana en La Guajira tiene un estatus migratorio irregular y el 43,6 % restante está de forma regular.
Entre enero de 2019 hasta inicios del año 2020 la población venezolana en el departamento había aumentado en más de 20.000 personas. Con el inicio de la emergencia sanitaria por covid-19, más de 12.200 personas retornaron a Venezuela. En el primer mes del 2021 se evidenció de nuevo un aumento de la población en el departamento con 150.806 venezolanos en el territorio.
Propuestas en la atención de migrantes
Como un aporte al debate público, presentamos las siguientes recomendaciones al Gobierno colombiano, las entidades de cooperación internacional y a todas las entidades de sociedad civil que trabajan en esta situación.
• Mantener la iniciativa que han desarrollado en los últimos cinco años frente a la situación de la migración venezolana y el retorno de familias y ciudadanos colombianos.
• Trabajar en las políticas, planes y programas que se requieren para dar garantías de permanencia a la población que ha decidido permanecer en La Guajira. Esto es un enorme desafío para el Gobierno Nacional, departamental y las entidades territoriales municipales.
• Evaluar la experiencia acumulada en estos cinco años y mantener lo que se requiera frente a procesos migratorios que se mantienen, así como ajustar las políticas y los planes ante los procesos migratorios pendulares que persisten.
• Fortalecer y ampliar las ofertas programáticas relacionadas con posibilidades de formación para el emprendimiento y la generación de recursos económicos, que siguen siendo una necesidad para la migración que ha decidido permanecer en el territorio.
• Seguir trabajando con una oferta específica y diferenciada para promover los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias y coerciones.
• Sistematizar y divulgar de manera masiva los procesos adelantados y compartir la experiencia acumulada en estos cinco años.
El 56,4 % de la población migrante que se encuentra en el departamento de La Guajira tiene un estatus migratorio irregular y los municipios con mayor concentración de venezolanos son Maicao (51.361) y Riohacha (47.172) sumando el 65 % del total. Un panorama al que habría que agregarle que el 22,3 % de los refugiados y migrantes de Venezuela en el departamento son niños y adolescentes y el 3,3 % son adultos mayores.
La composición étnica del departamento, según el DANE, es la siguiente: amerindios o indígenas (44,9 %), mestizos y blancos (40,3 %), negros o afrocolombianos (14,8 %) y gitanos (0,04 %). Según el censo de 2005, Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia son los cuatro municipios que concentran la mayor parte de la población. Las cifras de proyección del DANE establecen que la población de La Guajira son 987.781 personas, representando la comunidad migrante el 1,9 % de la población del país. Es decir, hoy en La Guajira, la población migrante constituye alrededor del 15 % del conjunto de la población, lo cual nos da una magnitud del reto que significa la atención, sin contar las familias retornadas colombianas.
La Guajira ha sido un departamento con indicadores de pobreza extrema históricos. En el último reporte del DANE, sobre las condiciones de pobreza en el país, La Guajira aparece con un indicador del 33,5 %, siendo el segundo departamento del país, solo superado por el Chocó, que tiene un indicador de pobreza del 38,8 % del conjunto de familias. Esta situación se ha agravado en los dos últimos años en el marco de la pandemia, que sigue viviendo.
Las condiciones alimentación son extremas para una gran parte de la población. Esto ha llevado a que se hable de crisis humanitaria permanente, por la gravedad de la situación de hambre que padece más de un tercio de la población.
El año pasado la Organización Indígena de Colombia denunció las difíciles condiciones de la población wayuu y reportó que, según “datos oficiales, entre los años 2008 y 2021 han muerto por desnutrición y otras causas asociadas 5.320 niños en el departamento de La Guajira. Además, que solo en el mes de octubre de este año (2021) han fallecido cinco niños y, este año, la cifra se ubica en 34 menores” . En esa misma ocasión se denunciaba que había 16.000 niños en peligro de muerte por desnutrición.
Ante la gravedad de esta situación, varias organizaciones sociales y comunitarias presentaron una acción de tutela ante la Corte Constitucional, que emitió una sentencia reconociendo la importancia de proteger varios derechos que venían y vienen siendo vulnerados no solo a la infancia de la Guajira, sino a una inmensa parte de la población, como lo señala el indicador de 33,5 % de la población en situación de pobreza.
Igualmente, en La Guajira hay enorme necesidad de aumentar la cobertura en salud, saneamiento básico y educación de los colombianos que ya viven allí.
En este duro contexto de indicadores sociales tan precarios, La Guajira comparte la particularidad con Venezuela de ser el territorio de asentamiento del pueblo wayuu que se reconoce como binacional, la mayor etnia en términos de población en Colombia.
Aunque los wayuus se consideran un solo pueblo que no admite fronteras, sus asentamientos se han regado por los dos países y hoy es evidente cómo se han visto obligados a dejarlos y cruzar al otro lado por cuenta de la crisis política y económica en Venezuela. Son unos 270.000 wayuus en el lado colombiano, según cifras del DANE de 2005, y poco más de 415.000, en el venezolano, de acuerdo con datos oficiales de 2011.
Según Migración Colombia, la entrada de esta población migrante, en buena medida, se ha dado por las 216 trochas o pasos informales a lo largo de los 249 km de frontera. Frente a esto, el 56,4 % de la población venezolana en La Guajira tiene un estatus migratorio irregular y el 43,6 % restante está de forma regular.
Entre enero de 2019 hasta inicios del año 2020 la población venezolana en el departamento había aumentado en más de 20.000 personas. Con el inicio de la emergencia sanitaria por covid-19, más de 12.200 personas retornaron a Venezuela. En el primer mes del 2021 se evidenció de nuevo un aumento de la población en el departamento con 150.806 venezolanos en el territorio.
Propuestas en la atención de migrantes
Como un aporte al debate público, presentamos las siguientes recomendaciones al Gobierno colombiano, las entidades de cooperación internacional y a todas las entidades de sociedad civil que trabajan en esta situación.
• Mantener la iniciativa que han desarrollado en los últimos cinco años frente a la situación de la migración venezolana y el retorno de familias y ciudadanos colombianos.
• Trabajar en las políticas, planes y programas que se requieren para dar garantías de permanencia a la población que ha decidido permanecer en La Guajira. Esto es un enorme desafío para el Gobierno Nacional, departamental y las entidades territoriales municipales.
• Evaluar la experiencia acumulada en estos cinco años y mantener lo que se requiera frente a procesos migratorios que se mantienen, así como ajustar las políticas y los planes ante los procesos migratorios pendulares que persisten.
• Fortalecer y ampliar las ofertas programáticas relacionadas con posibilidades de formación para el emprendimiento y la generación de recursos económicos, que siguen siendo una necesidad para la migración que ha decidido permanecer en el territorio.
• Seguir trabajando con una oferta específica y diferenciada para promover los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias y coerciones.
• Sistematizar y divulgar de manera masiva los procesos adelantados y compartir la experiencia acumulada en estos cinco años.