Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Las denuncias de la Contraloría sobre retrasos en el inicio del Programa de Alimentación Escolar en algunos municipios, abandono de las cocinas en ciertos colegios, irregularidades en la ejecución y el mal estado de algunos alimentos prendieron de nuevo las alarmas sobre los constantes problemas en el funcionamiento del programa, sobre todo en ciertas regiones del país.
El organismo realizó las visitas teniendo como base la información entregada, entre otros, por la Unidad de Alimentos para Aprender, instituida por el Gobierno Nacional en marzo de 2020 para atender al PAE en el país, y crear las políticas para el funcionamiento oportuno del programa que beneficia a más de 5’700.000 estudiantes en el país.
Le puede interesar: Hasta roedores encontró la Contraloría en inspección al PAE en el país
La Contraloría ha recorrido 21 departamentos para hacer seguimiento a la implementación del programa, sobre todo teniendo en cuenta que los colegios del país están regresando a la presencialidad y la operación del programa ha cambiado, pues ha tenido que pasar de las raciones que se daban para preparar en casa a las raciones preparadas en las instituciones educativas.
El Espectador habló con Juan Carlos Martínez, director de la Unidad de Alimentos para Aprender, sobre las dudas que han surgido con respecto al control del PAE, no solo en los alimentos que entrega a los niños y niñas del país, sino también en las políticas para hacer más transparente el programa.
La Unidad de Alimentos para Aprender nació hace relativamente poco. ¿De qué se encarga?
Somos el órgano rector, el responsable de hacer los lineamientos y establecer la política para el manejo del Programa de Alimentación Escolar. Hasta 2014 lo manejó el ICBF, luego pasó al Ministerio de Educación y ahora se crea esta Unidad, que es un ente autónomo pero adscrito al Ministerio de Educación, porque un programa tan grande, con tanta complejidad, que funciona en 44.000 sedes de todo el territorio nacional, con enormes diversidad de formas de atención y de manejo, requería una capacidad administrativa más fuerte.
También puede leer: Los problemas del Plan de Alimentación Escolar en La Guajira
¿Cómo es el seguimiento en el terreno a la implementación del programa?
Nosotros hacemos la normatividad, capacitaciones a las 96 entidades territoriales, nos comunicamos con alcaldes, gobernadores, sus secretarios de educación, sus gerentes o líderes del PAE en cada lugar. Cada vez que sale un nuevo lineamiento o viene un cambio hay que volver a capacitar a todo el mundo. Otra de las tareas más intensas y fuertes especialmente la tuvimos el año pasado. Todos los programas estaban diseñados para atender en el aula, para servir la comida allá y de pronto nos dice que ya no, que había que atender a los estudiantes en casa. Fuimos el primer país de Latinoamérica en acompañar el proceso de aprendizaje en casa. Convertimos lo que el niño recibía en el colegio, en esos 20 a 22 días de calendario académico en el mes, para que se lo llevara a casa.
¿En qué normativas trabajan para convertir el PAE en un programa transparente?
Tenemos que aumentar los sistemas de información. Semanalmente publicamos un informe de cumplimiento de cada una de las entidades territoriales. Con ayuda del Banco Mundial hicimos el diseño de todo el ecosistema de información que va a tener el PAE y arrancaremos con el proceso licitatorio para la primera fase. Debe existir una sistematización completa del control. El rector es quien certifica las raciones recibidas y servidas, y también hay un comité que verifica, pero eso se vuelven actas y muchos papeles que luego llegan para el trámite de los pagos, eso hay que sistematizarlo. Hay que hacer que toda la asignación de recursos a cada sede educativa, la certificación de que llegó la comida, de que se entregó, sea a través del sistema y con ese se paga. Que no exista posibilidad de alterar documentos por el camino. Esto estará acompañado de un componente que se llamará “PAEstar al día”, con esto se busca que cualquier ciudadano pueda consultar el menú y las cantidades que deben llegar en esa escuela.
La Contraloría ha reportado múltiples irregularidades en el PAE. ¿Qué han encontrado ustedes?
Buena parte de lo que arranca la Contraloría lo hace con nuestra información. Nosotros les estamos reportando todas las semanas quién no ha arrancado el servicio. A veces cuesta entender el programa y la noticia resulta tergiversando un poco el hecho. Ejemplo, Magdalena se ha negado a volver a la presencialidad, eso implica que ni siquiera han adecuado los colegios. La Contraloría fue y vio que a pesar del recurso que giró el Ministerio de Educación los colegios continúan sin abrir, y evidentemente las cocinas están todavía sin arreglar, pero cabe resaltar que no hay niños allí. Con el tema de los productos dañados o cambiados debe hacerse la valoración. En todas las bodegas siempre se encontrarán productos dañados, por eso hay que llevar un porcentaje adicional. En algunos casos, el reporte dice que los productos en mal estado están en la bodega, no en el plato para el consumo.
Hay casos como el del Cesar o La Guajira que demuestran que la problemática del PAE viene de años atrás. ¿Qué soluciones se tienen pensadas para ejercer una vigilancia real en los contratos con el fin de mitigar los sobrecostos?
La vigilancia contractual la tiene que hacer la Contraloría, que es el órgano de control. Nosotros generamos herramientas que permitan que eso no suceda o que sea más fácil de verificar. Uno de los componentes del sistema de información que estamos montando, y que esperamos tener el año entrante, hará público el análisis de costos de todas las entidades territoriales. Ese análisis tendrá la información de: a cómo adquiere cada uno de los productos, las cantidades, el precio del transporte, el bodegaje, los insumos adicionales, para que pueda ser comparado. Tenemos más de 500 operadores, y muchos no han tenido problemas. Por eso acompañamos a la Contraloría, tenemos un objetivo común que es hacer la mayor transparencia posible. No jugar a esconder los problemas, sino hacer que toda la gente que trabaja en el programa, todos los contratistas, sepan que van a tener todos los ojos encima.
En zonas como Mocoa y Cauca, las raciones del PAE no se entregaron durante varios meses. En ese caso, ¿cómo les responden a los estudiantes que esperaban el alimento?
El bienestar en asuntos biológicos no es retroactivo, ya el daño se hizo. Ahí ya queda valorar las razones para ejercer las sanciones. Nosotros no podemos tampoco afectar a los niños. Si a la entidad territorial le valía $10.000 millones el programa para diez meses y atendió nueve, le quedaron sobrando $1.000 millones, pues al año entrante le giro $9.000 millones porque ya tienen mil. No le puedo quitar porque sancionaría a los niños, pero tampoco tiene sentido dejarle de premio lo que no gastaron. El recurso que sobra se aprovecha para quienes presentan mejoras.
¿Están preparadas las instituciones para el regreso a la presencialidad?
Hay unas entidades que ya están en normalidad. Hay unas que están todavía en transición, en parte porque tienen adecuaciones pendientes debido a que aún no es estable la matrícula. En ese caso se debe hacer una planeación flexible, porque no se sabe con exactitud cuántos alumnos van a asistir. Mientras se estabiliza, lo mejor es manejar la porción industrializada, que si no se consume en un día se puede guardar para el siguiente. Los colegios de jornada única que tienen refrigerio y almuerzo, en muchas partes no los están citando toda la jornada y no les están dando almuerzo sino refrigerios. Por eso han surgido confusiones. Así como hay sedes que no han adecuado sus instalaciones, que no han ido todavía los rectores, ni docentes a los colegios y por eso no se han hecho las adecuaciones.
Le puede interesar: Avance de viviendas nuevas en Providencia tras el paso de Iota es de 27 %
En Quindío, la contralora delegada, Lina María Aldana, informó que la Unidad de Alimentos para Aprender no había girado los recursos y advirtió que esto podría retrasar los procesos de contratación. ¿Por qué se dan estas demoras?
No es cierto, es totalmente equivocada la información dada. La asignación de recursos se hace desde noviembre del año anterior. Durante la vigencia se asigna, generalmente, el 3, 4, 5 %, no da para crecer cada vez más cada año. Este es un programa de $2,4 billones, donde la nación pone $1,4 billones. Ese 5 % es el que se reparte entre las entidades territoriales por incremento. La planeación la tienen que hacer ellos, quienes saben el total de la asignación, lo otro es adicional, y ahí es donde pueden decidir si aumentar más. Si no hacen planeación para todo el año y deciden gastar más y luego les queda faltando eso no es problema nuestro, eso es pésima planeación territorial.
¿Quiénes son los encargados de ejercer vigilancia a los contratistas y a las administraciones municipales o departamentales para comprobar el correcto funcionamiento del PAE?
La Procuraduría es la que investiga los asuntos disciplinarios para corroborar si hubo incumplimiento de los administradores públicos, la Contraloría mira si hubo un detrimento fiscal y la Fiscalía si hubo un delito penal, por ejemplo, cuando hacen un contrato indebido o hay coimas de por medio. Nosotros ponemos la información a disposición. En ocasiones dicen que hay operadores que están robándose la plata y no hay ni uno solo condenado. Una de dos, o están haciendo mal los procesos o hay mucho cuento.
¿Qué pasa con los operadores que presentan irregularidades en el cumplimiento del programa?
El presidente presentó en diciembre de 2020 el proyecto de ley de transparencia, ahí metimos dos artículos. Uno de esos es el que endurece las penas a los contratistas de PAE que incumplan, y el otro, que es el más importante, porque es el que garantiza que ante el incumplimiento se pueda adelantar la caducidad y el recurso no quede bloqueado, porque hoy por eso no han tenido ninguna sanción. Si el operador empieza a incumplir en cuestión de calidad o cantidades, el gobernador o encargado le llama la atención. Si el operador sigue incumpliendo, en ese caso se aplican multas. Si continúa la situación, sigue la caducidad pero hasta que se resuelva el pleito legal el recurso queda embargado. ¿Qué hacen con los niños el resto del año? Por eso, termina el gobernador o el alcalde deduciendo que si se mete con el contratista se le viene la comunidad encima porque deja de prestar el servicio, entonces prácticamente está contra la pared por eso no les gusta el PAE, porque ni siquiera pueden actuar ante el corrupto.