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El miércoles 28 de abril, mientras el país asistía a la primera jornada de movilizaciones del paro nacional, comenzó a viralizarse la imagen de un grupo de indígenas misaks que derribaban la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali, en medio de un acto de protesta contra el enaltecimiento de la figura del conquistador español, que para ellos representa el genocidio de las comunidades indígenas. Fue la primera de 14 estatuas que han sido derribadas en nueve ciudades durante los 37 días que llevan las manifestaciones en el país. El hecho más reciente ocurrió en Ibagué el 28 de mayo, cuando jóvenes depusieron la estatua de Andrés López de Galarza, fundador del municipio en 1550, señalándolo como determinador del genocidio contra el pueblo pijao que habitaba esas tierras en el período precolombino.
Para Alberto Escovar, director de Patrimonio, dependencia del Ministerio de Cultura encargada de velar por la integridad de los bienes materiales e inmateriales del país, los hechos de estas semanas dejan en evidencia que hay un proceso de reconfiguración cultural. “Si uno los agrede y los tumba no hay una relación o se ha perdido completamente la relación con ese elemento”, señala al insistir en que desde la cartera el llamado ha sido al diálogo para llevar al país a tramitar de mejor manera estas inconformidades.
En este mismo sentido se manifiesta Patrick Morales, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) de Bogotá, quien reconoce que lo patrimonial está pensado desde “un saber experto, hegemónico, patriarcal” y que las acciones directas son muestra de la inconformidad frente a unas narrativas incompletas.
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“El monumento en general se entiende como una marca para recordar y para pensar. Si borramos las huellas estamos perdiendo un poco también el escenario para contraargumentar”, señaló Morales al advertir que el derrumbamiento de estatuas no es el camino y que la clave está en el diálogo para reflexionar sobre estas representaciones de una historia dolorosa.
Otra es la lectura que se hace desde el pueblo indígena misak, cuyos integrantes derribaron las estatuas de Sebastián de Belalcázar en Popayán y Cali, y la de Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá. El taita Miguel Morales, gobernador de este pueblo en la capital del país, reconoce que críticas similares a las expuestas por Escovar y Morales son justas, pero considera que en los bienes patrimoniales predomina la historia de la conquista. “Lo que hicieron no fue cerrar la historia, por el contrario, fue abrir un debate amplio de todos los sectores”, señala refiriéndose al derrumbamiento de las estatuas.
Si bien el diagnóstico hecho por Escovar, Morales y el Taita Morales no es igual en todos los casos, los tres coinciden en que la solución es un diálogo abierto, participativo y que incluya un amplio espectro de actores sociales.
Para Escovar, esta respuesta ya fue puesta en práctica el año pasado, luego de que integrantes del pueblo misak derrumbaran la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán. En esa ocasión los indígenas, además de señalarlo como genocida, indicaron que la estatua había sido instalada sobre el morro de Tulcán, una pirámide prehispánica con alta importancia para este pueblo. Luego de un trabajo articulado entre el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), se pudo verificar la veracidad de esto y se decidió que la estatua no podía ser instalada en este lugar.
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Patrick Morales destaca que los diálogos son muy necesarios, porque “el patrimonio no es un asunto del pasado, es un tema de preguntas del presente” y se debe entender cuáles son las preguntas que se están haciendo los jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes, las mujeres y otros grupos sociales sobre la representatividad del patrimonio.
Morales cree que en los bienes materiales de patrimonio cultural, que han sido el blanco de ataque de distintos sectores, ya no se puede “celebrar unas supuestas gestas heroicas, sino conmemorar y recordar con todos los detalles esas narrativas incompletas y producir interpretaciones como sociedad sobre eso”.
Los distintos sectores también coinciden en que la solución no se puede reducir al diálogo, sino que debe ampliarse la noción sobre los bienes culturales inmateriales de la nación, de los cuales hacen parte los conocimientos, lenguas, tradiciones, ceremonias religiosas, entre otras manifestaciones, de distintos pueblos y sectores que habitan el país.
Mientras Patrick Morales resalta los avances que se han visto en la capital por identificar espacios distintos al centro histórico como depositarios de patrimonios culturales, el gobernador indígena se aventura a plantear que, por ejemplo, las “huertas en las ciudades pueden ser un escenario donde las diferencias de los distintos sectores se tramiten de manera pacífica y se reconozcan los saberes de cada grupo”.
Desde distintas ciudades del país, como Bogotá, Cali, Popayán y Pasto, se ha anunciado que en las próximas semanas se iniciarán mesas de diálogo que buscan abordar las reflexiones que se han generado en torno a los bienes patrimoniales en el país y la historia que a través de estos se representa.
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Mientras estos espacios se consolidan, Alberto Escovar asegura que no será un camino sencillo. Señala que si bien es necesario ampliar la noción sobre lo patrimonial en el país y otorgar mayor reconocimiento sobre algunas prácticas inmateriales, esto debe estar acompañado de acciones concretas para su ejercicio pleno: “¿Qué saco yo diciendo tan bonitas las parteras si las parteras no pueden ejercer su oficio hasta que el sistema de salud no las reconozca como parte del sistema? ¿Qué saco yo hablando del palabrero wayú si el sistema jurídico del país no lo reconoce?”, concluye.