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Luego de un año del paso del huracán Iota por las islas de San Andrés y Providencia los retrasos en la reconstrucción se han hecho evidentes. De la misma manera se han elevado los llamados ante las demoras que se han presentado por parte de las instituciones que le hacen seguimiento a esta situación. Falta de información pública y pocos espacios de diálogos con la comunidad, son algunas de las irregularidades que encontró la Corporación Transparencia por Colombia.
Con el fin de identificar los riesgos de corrupción asociados al proceso de reconstrucción y fortalecer los ejercicios de control social de la población isleña, especialmente la comunidad raizal, Transparencia por Colombia solicitó información a los entes encargados de la reconstrucción y en una visita en la primera semana de noviembre buscó corroborar los datos recopilados.
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La principal irregularidad que encontró la corporación en la reconstrucción de las islas es la ausencia de información sobre el proceso. “Las páginas web de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, la Gobernación del Archipiélago de San Andrés y la Alcaldía de Providencia, entidades que por ley deben liderar la reconstrucción, no tienen información sobre el avance de los proyectos ni ejecución de recursos públicos, donaciones ni apoyos de cooperación internacional”, expone Transparencia por Colombia.
A esto se suma que de las 50 entidades con compromisos en la reconstrucción del archipiélago a las que le solicitó información la corporación, por medio de derechos de petición, solo 30 respondieron. Además, de las 369 acciones que contiene Plan de Acción Específico – PAE de la reconstrucción se tiene información de 215, es decir del 58% de todos los compromisos asumidos. Esta situación no permite tener un balance real del avance en la reconstrucción.
Por el lado de la contratación la situación no es muy diferente. “La mayor parte de los contratos celebrados para la reconstrucción, principalmente los de obras, no son publicados en la página del SECOP y es poca la información que se cuenta sobre los contratistas, fuentes y demás información relevante en toda contratación pública”, manifiesta la corporación. Estos aspectos son preocupantes teniendo en cuenta que el presupuesto establecido en el PAE asciende a 1,2 billones de pesos.
Otro aspecto que encontró Transparencia por Colombia es la falta de espacios de diálogo entre las entidades del gobierno nacional con la población del archipiélago, principalmente con las autoridades raizales. “La condición insular y la cultura raizal son características fundamentales que deben ser tenidas en cuenta para la reconstrucción. La comunidad y las autoridades raizales manifiestan que sus posiciones y planteamientos no han sido tenidas en cuenta para la definición y la ejecución de los proyectos y obras que se desarrollan en la isla”, así lo indica la corporación. Para la población el retraso en la reconstrucción de vivienda se debe a que no se han escuchado sus opiniones.
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Cabe resaltar que en San Andrés se reportaron 2.542 viviendas afectadas tras el paso de los huracanes Eta y Iota, de esas solo 186 se habían entregado. En Providencia, de las 1.787 casas por reconstruir se han entregado 962, lo que da cuenta de un 54% de avance. Aunque las demoras son claras, especialmente en San Andrés, a ese factor se suma que no se han respetado los principios del PAE que señala la priorización para población con altos niveles de vulnerabilidad.
“De los cuatro modelos de vivienda inicialmente planteados sólo se están construyendo dos. Hay grandes dudas sobre la calidad de los materiales empleados, pues parte de las viviendas entregadas presentan fisuras y señales de hundimiento”, señala Transparencia por Colombia, tras las irregularidades que encontró en la visita a las Islas.
Así mismo, según la corporación, en el proceso de reconstrucción se han priorizado obras que nos son vitales para la población y no se han iniciado otras fundamentales para la vida de la comunidad, es así que aún no se ha iniciado con la construcción del hospital de segundo nivel, pero están a punto de entregarse la ludoteca y la biblioteca.
Ante ese panorama, la corporación hizo un llamado a los diferentes actores del proceso de reconstrucción de San Andrés y Providencia, primeramente a que vuelvan a abrir los espacios de diálogo con las comunidades, ciudadanía y raizales, en aras de reconocer sus necesidades, expectativas y perspectivas. Además, piden habilitar espacios de rendición de cuentas, más allá de lo establecido por la ley, dadas las características prioritarias asociadas a la emergencia en donde existen importantes vulnerabilidades a derechos fundamentales.