Las irregularidades tras el regreso de los desplazados que estaban en Ituango

Hace pocos días, el Movimiento Ríos Vivos dio a conocer la situación que se ha presentado luego de que las familias que permanecían desplazadas en Ituango, retornaran a sus casas. Según la información que dieron a conocer, las personas decidieron volver por no seguir dejando en abandono sus casas, cultivos y animales, más no porque existan las garantías necesarias para que el retorno se haya dado.

Durante más de una semana, cerca de 4.100 personas estuvieron en el casco urbano de Ituango, debido a las amenazas de grupos armados ilegales y de las fuertes lluvias que afectaron sus viviendas. Ante esta grave situación de desplazamiento, las autoridades del municipio, departamento y del país, iniciaron la búsqueda de soluciones que permitieran dar salida a esta situación.

Fue así como llegaron toneladas y toneladas de ayudas humanitarias, se realizaron consejos de seguridad encabezados por el ministro del interior, el comandante de ejército, y otros funcionarios públicos de orden nacional. Todos estos avances que se dieron a conocer a nivel nacional, llevaron a que el 3 de agosto, los más de 4.000 desplazados retornaran a sus casas, porque según las autoridades se estaban brindando las condiciones de seguridad para que esto sucediera.

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Sin embargo, el Movimiento Ríos Vivos señala, que si bien las ayudas humanitarias llegaron hasta Ituango, las inconsistencias en sus entregas y en el retorno de las familias a las veredas del municipio abundan. Lo primero que sostienen es que “La mayoría de las chivas salieron con sobrecupo, del municipio de Ituango, en condiciones indignas para la población, algunas se quedaron atascadas en la falda del río donde la vía sigue en pésimo estado”.

El retorno de las personas se dio gracias a la ayuda de la Pastoral Social de Santa Rosa de Osos, que puso a disposición ‘chivas’ para que los desplazados volvieran a las veredas. El director de la Unidad de Víctimas de Antioquia, Wilson Córdoba, afirmó que se hicieron cuatro Comités de Justicia Transicional Extraordinarios, en los líderes y lideresas decidieron volver de manera voluntaria a sus viviendas.

Ahora bien, Movimiento Ríos sostiene que “algunos líderes y lideresas fueron excluidos de las distintas reuniones realizadas a puerta cerrada en el palacio municipal, discriminados por sus posiciones, incluso por negarse inicialmente a regresar a sus tierras por el temor que sentían”.

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A esto suman que “la atención de la población no tuvo ningún enfoque diferencial, los indígenas no contaron con los espacios necesarios para su ritualidad, las mujeres con baños para su intimidad, para los niños y las niñas los espacios de juego eran sumamente reducidos por el hacinamiento, la comida presento muchas dificultades sobre todo en los primeros días, hasta el último día faltaron colchonetas y frazadas, hubo privilegios para algunos desplazados, al estar en hoteles, que fueron percibidos, por otros que dormían en el piso, como discriminación”.

La Unidad de Víctimas confirmó la entrega de 71 toneladas de ayuda humanitaria para los y las desplazadas antes de que todos retornaran a sus casas. Además, se comprometieron a prolongar por más tiempo la entrega de las ayudas estando las personas en sus veredas.

Hace tres días, el ministro de defensa, Diego Molano, confirmó la captura de “Machín”, uno de los responsables de la crisis de desplazamiento en Ituango. “Luego del consejo de seguridad que se hizo en Ituango se lograron tres elementos fundamentales. Presencia de tropa de la séptima división del ejército en las 32 veredas, para que se cumpliera con el primer requisito de un retorno en condiciones de seguridad. Segundo, garantía de atención humanitaria en condiciones de dignidad. Finalmente, la no repetición”.

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A pesar de esto, el movimiento afirmó que con el desplazamiento de los campesinos aumentaron los asesinatos cometidos por las AGC. “El 27 de julio en la vereda Buenavista fue asesinado el campesino Juan Carlos Arias López de 28 años quien horas antes había hablado con un familiar y expuesto que un grupo paramilitar no lo dejarían pasar por un lugar, que le preguntaron si era desplazado y él les dijo que iba a comprar un mercado, lo dejaron pasar, pero de regreso lo mataron”, indican en su comunicado.

En ese punto también mencionan que pidieron a la Policía de Ituango hacer el levantamiento del cadáver, pero que estos se negaron “argumentando que ellos no podían ir por allá, que fuera a la funeraria a ver si allá lo recogían, la funeraria lo recogió al otro día como a las 7 a.m.”

Hace pocos días, el Movimiento Ríos Vivos dio a conocer la situación que se ha presentado luego de que las familias que permanecían desplazadas en Ituango, retornaran a sus casas. Según la información que dieron a conocer, las personas decidieron volver por no seguir dejando en abandono sus casas, cultivos y animales, más no porque existan las garantías necesarias para que el retorno se haya dado.

Durante más de una semana, cerca de 4.100 personas estuvieron en el casco urbano de Ituango, debido a las amenazas de grupos armados ilegales y de las fuertes lluvias que afectaron sus viviendas. Ante esta grave situación de desplazamiento, las autoridades del municipio, departamento y del país, iniciaron la búsqueda de soluciones que permitieran dar salida a esta situación.

Fue así como llegaron toneladas y toneladas de ayudas humanitarias, se realizaron consejos de seguridad encabezados por el ministro del interior, el comandante de ejército, y otros funcionarios públicos de orden nacional. Todos estos avances que se dieron a conocer a nivel nacional, llevaron a que el 3 de agosto, los más de 4.000 desplazados retornaran a sus casas, porque según las autoridades se estaban brindando las condiciones de seguridad para que esto sucediera.

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Sin embargo, el Movimiento Ríos Vivos señala, que si bien las ayudas humanitarias llegaron hasta Ituango, las inconsistencias en sus entregas y en el retorno de las familias a las veredas del municipio abundan. Lo primero que sostienen es que “La mayoría de las chivas salieron con sobrecupo, del municipio de Ituango, en condiciones indignas para la población, algunas se quedaron atascadas en la falda del río donde la vía sigue en pésimo estado”.

El retorno de las personas se dio gracias a la ayuda de la Pastoral Social de Santa Rosa de Osos, que puso a disposición ‘chivas’ para que los desplazados volvieran a las veredas. El director de la Unidad de Víctimas de Antioquia, Wilson Córdoba, afirmó que se hicieron cuatro Comités de Justicia Transicional Extraordinarios, en los líderes y lideresas decidieron volver de manera voluntaria a sus viviendas.

Ahora bien, Movimiento Ríos sostiene que “algunos líderes y lideresas fueron excluidos de las distintas reuniones realizadas a puerta cerrada en el palacio municipal, discriminados por sus posiciones, incluso por negarse inicialmente a regresar a sus tierras por el temor que sentían”.

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A esto suman que “la atención de la población no tuvo ningún enfoque diferencial, los indígenas no contaron con los espacios necesarios para su ritualidad, las mujeres con baños para su intimidad, para los niños y las niñas los espacios de juego eran sumamente reducidos por el hacinamiento, la comida presento muchas dificultades sobre todo en los primeros días, hasta el último día faltaron colchonetas y frazadas, hubo privilegios para algunos desplazados, al estar en hoteles, que fueron percibidos, por otros que dormían en el piso, como discriminación”.

La Unidad de Víctimas confirmó la entrega de 71 toneladas de ayuda humanitaria para los y las desplazadas antes de que todos retornaran a sus casas. Además, se comprometieron a prolongar por más tiempo la entrega de las ayudas estando las personas en sus veredas.

Hace tres días, el ministro de defensa, Diego Molano, confirmó la captura de “Machín”, uno de los responsables de la crisis de desplazamiento en Ituango. “Luego del consejo de seguridad que se hizo en Ituango se lograron tres elementos fundamentales. Presencia de tropa de la séptima división del ejército en las 32 veredas, para que se cumpliera con el primer requisito de un retorno en condiciones de seguridad. Segundo, garantía de atención humanitaria en condiciones de dignidad. Finalmente, la no repetición”.

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A pesar de esto, el movimiento afirmó que con el desplazamiento de los campesinos aumentaron los asesinatos cometidos por las AGC. “El 27 de julio en la vereda Buenavista fue asesinado el campesino Juan Carlos Arias López de 28 años quien horas antes había hablado con un familiar y expuesto que un grupo paramilitar no lo dejarían pasar por un lugar, que le preguntaron si era desplazado y él les dijo que iba a comprar un mercado, lo dejaron pasar, pero de regreso lo mataron”, indican en su comunicado.

En ese punto también mencionan que pidieron a la Policía de Ituango hacer el levantamiento del cadáver, pero que estos se negaron “argumentando que ellos no podían ir por allá, que fuera a la funeraria a ver si allá lo recogían, la funeraria lo recogió al otro día como a las 7 a.m.”