Las razones de la suspensión del alcalde de Riohacha, La Guajira

La Procuraduría abrió una investigación y suspendió por tres meses al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la construcción y operación de la infraestructura de acueducto y alcantarillado de la ciudad, que se adjudicó en marzo pasado.

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En el proceso, el ente de control también incluyó al tesorero de Riohacha, Edén Elí Moscote Roys, a los directores de Servicios Públicos y de Contratación, Oscar Junco Rodríguez y Ronald Neil Pérez Ojeda, así como al secretario de Infraestructura y servicios Públicos Keider Freyle Sarmiento.

Todo se enmarca en una serie de advertencias que se hicieron desde finales del año pasado y que presuntamente la administración habría pasado por alto, por lo que el ente de control, solicitó al alcalde resolver una serie de dudas relacionadas con el área en que se prestará el servicio, la inversión y los bienes a intervenir en el proceso.

Los cuestionamientos están sobre el contrato LP1008/2022, bajo el cual se contrató la “gestión, financiación, operación, rehabilitación, construcción, diseño, expansión, reposición y mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado sanitario en el Distrito de Riohacha”, que se abrió a finales de 2022.

El primero que advirtió irregularidades fue el Ministerio de Hacienda. En septiembre pasado, la cartera pidió a la Procuraduría suspender el proceso, con base en presumibles errores advertidos por un funcionario del Ministerio de Vivienda. Fue así que el ente de control solicitó en diciembre parar el proceso para corregir las fallas y en enero la alcaldía de Riohacha le hizo caso.

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No obstante, a mediados de marzo la administración de Bermúdez expidió una resolución en la que anunciaba la reanudación del proceso al considerar que se resolvía lo solicitado y días más tarde se determinó que la adjudicación se haría el 30 de marzo, por lo que la Procuraduría lanzó una alerta el 29 de marzo, al considerar que “no han sido superadas en su totalidad a la fecha y, por tanto, en ejercicio de la función preventiva y con el fin de evitar la ocurrencia de hechos que puedan amenazar el adecuado ejercicio de la función pública y en especial, la eficiente y continua prestación del servicio público en el Distrito de Riohacha”.

Esto no fue atendido por la alcaldía, que finalmente adjudicó el contrato con la Promesa de Sociedad futura Aqualia S.A.S. y E.P.S., lo que el ente de control consideró como una actitud retadora, por lo que, el pasado 29 de abril, fue la misma delegada Disciplinaria de Instrucción para la Contratación Estatal la que le informó al alcalde de Riohacha del inicio de la investigación y la suspensión.

Dentro de las motivaciones del ente de control está la presunta falta de información actualizada sobre el estado y avalúo de los predios que se intervendrán, la programación de las obras y la cobertura en la prestación del servicio. A esto se suma la falta de claridad en las condiciones en que se permitirá a la comunidad Wayuu acceder al agua y los retrasos en la publicación de la matriz de riesgo, lo que habría puesto en desventaja a algunos oferentes.

“Como primera autoridad del Distrito, debía adoptar las medidas necesarias, oportunas y legales para garantizar que la prestación del servicio público domiciliario se prestara de manera eficiente y continua a toda la población, sin embargo, presuntamente hizo caso omiso a las advertencias realizadas por esta entidad”, indicó la Procuraduría.

José Ramiro Bermúdez Cotes está en vacaciones, por lo que las autoridades indicaron que la suspensión regirá desde el momento que se reintegre al cargo. Tras conocerse la suspensión, el mandatario señaló a El Heraldo que por lo pronto trabaja con sus asesores jurídicos en la preparación de su defensa.

La Procuraduría abrió una investigación y suspendió por tres meses al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la construcción y operación de la infraestructura de acueducto y alcantarillado de la ciudad, que se adjudicó en marzo pasado.

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En el proceso, el ente de control también incluyó al tesorero de Riohacha, Edén Elí Moscote Roys, a los directores de Servicios Públicos y de Contratación, Oscar Junco Rodríguez y Ronald Neil Pérez Ojeda, así como al secretario de Infraestructura y servicios Públicos Keider Freyle Sarmiento.

Todo se enmarca en una serie de advertencias que se hicieron desde finales del año pasado y que presuntamente la administración habría pasado por alto, por lo que el ente de control, solicitó al alcalde resolver una serie de dudas relacionadas con el área en que se prestará el servicio, la inversión y los bienes a intervenir en el proceso.

Los cuestionamientos están sobre el contrato LP1008/2022, bajo el cual se contrató la “gestión, financiación, operación, rehabilitación, construcción, diseño, expansión, reposición y mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado sanitario en el Distrito de Riohacha”, que se abrió a finales de 2022.

El primero que advirtió irregularidades fue el Ministerio de Hacienda. En septiembre pasado, la cartera pidió a la Procuraduría suspender el proceso, con base en presumibles errores advertidos por un funcionario del Ministerio de Vivienda. Fue así que el ente de control solicitó en diciembre parar el proceso para corregir las fallas y en enero la alcaldía de Riohacha le hizo caso.

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No obstante, a mediados de marzo la administración de Bermúdez expidió una resolución en la que anunciaba la reanudación del proceso al considerar que se resolvía lo solicitado y días más tarde se determinó que la adjudicación se haría el 30 de marzo, por lo que la Procuraduría lanzó una alerta el 29 de marzo, al considerar que “no han sido superadas en su totalidad a la fecha y, por tanto, en ejercicio de la función preventiva y con el fin de evitar la ocurrencia de hechos que puedan amenazar el adecuado ejercicio de la función pública y en especial, la eficiente y continua prestación del servicio público en el Distrito de Riohacha”.

Esto no fue atendido por la alcaldía, que finalmente adjudicó el contrato con la Promesa de Sociedad futura Aqualia S.A.S. y E.P.S., lo que el ente de control consideró como una actitud retadora, por lo que, el pasado 29 de abril, fue la misma delegada Disciplinaria de Instrucción para la Contratación Estatal la que le informó al alcalde de Riohacha del inicio de la investigación y la suspensión.

Dentro de las motivaciones del ente de control está la presunta falta de información actualizada sobre el estado y avalúo de los predios que se intervendrán, la programación de las obras y la cobertura en la prestación del servicio. A esto se suma la falta de claridad en las condiciones en que se permitirá a la comunidad Wayuu acceder al agua y los retrasos en la publicación de la matriz de riesgo, lo que habría puesto en desventaja a algunos oferentes.

“Como primera autoridad del Distrito, debía adoptar las medidas necesarias, oportunas y legales para garantizar que la prestación del servicio público domiciliario se prestara de manera eficiente y continua a toda la población, sin embargo, presuntamente hizo caso omiso a las advertencias realizadas por esta entidad”, indicó la Procuraduría.

José Ramiro Bermúdez Cotes está en vacaciones, por lo que las autoridades indicaron que la suspensión regirá desde el momento que se reintegre al cargo. Tras conocerse la suspensión, el mandatario señaló a El Heraldo que por lo pronto trabaja con sus asesores jurídicos en la preparación de su defensa.