Las razones por las que líderes sociales y organizaciones llegaron a Bogotá

Manifestaciones frente al Hotel Tequendama por visita de los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que contó con la presencia de la Minga Indígena.

Foto: Óscar Pérez

Caravanas de líderes sociales y organizaciones sociales se han unido desde diferentes partes del país (Quibdó, Buenaventura, Tuluá, Cajamarca, Barrancabermeja, Pasto y Arauca) para llegar este miércoles 27 de abril a Bogotá, en donde harán una declaratoria conjunta y para visibilizar las situaciones que viven en sus territorios por cuenta del recrudecimiento del conflicto armado.

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Además de esto, se espera una movilización desde la Universidad Pedagógica hacia las oficinas de la ONU para la entrega del documento y en la noche de este miércoles se tiene programada una velatón por los líderes sociales que han sido asesinados.Mientras que para el jueves 28 de abril, que se conmemora un año del inicio del estallido social, se tendrá una audiencia pública en la que se expondrán los peligros de las comunidades que viven en zonas de conflicto y se harán propuestas de mecanismos de protección colectiva, así como acompañarán las protestas previstas en la ciudad.

“A la movilización se han sumado comunidades negras, consejos comunitarios del Cauca, el refugio humanitario Noanama y el Comité del paro de Buenaventura, entre otras delegaciones y procesos territoriales del Eje Cafetero, el Valle, Catatumbo, Arauca, Casanare, Meta, Barranca y el sur del Bolívar, quienes se unirán a la declaratoria de derechos humanos para que se activen mecanismos de protección en las comunidades en las que se está sufriendo el conflicto”, señaló Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos.

Por su parte, Willington Valoyes, de la comunidad de Noanama y quien se encuentra en una de las caravanas del occidente del país, señala que dentro de las solicitudes que hacen, particularmente desde el Pacífico, es a que cese la violencia y se declare la emergencia humanitaria ante la disputa de grupos armados que ha confinado territorios y aumentado el desplazamiento forzado.

“Aquí también tenemos asesinatos de líderes, señalamientos y además todo el tema de estigmatización a la comunidad en general, por lo que creemos que debemos exigirle al estado que garantice nuestros derechos. La iglesia católica hizo una gran recolección de casos en el litoral del Bajo San Juan, pero cuando fue el ministro dijo que no estaba pasando nada y que los desplazamientos no representaban mayor riesgo. Desafortunadamente, el silencio que existe en el territorio por el miedo impuesto y por ser una zona tan apartada es muy difícil conocer la verdad”, indicó Valoyes.

Además de esto, indica que en el caso de su comunidad “ya no hay necesidades sino una calamidad”, ya que la gente no tiene ni posibilidades de ir a pescar al río o conseguir alimentos por sus propios recursos y por ello a muchos les toca depender de las ayudas humanitarias que entregan las organizaciones. “El Chocó en general ha hecho un llamado desde hace mucho tiempo y el Estado no ha podido entender que las regiones tienes características diferentes y creo que si no se atiende este problema por regiones, será muy difícil resolver la crisis, porque esto es la consecuencia de no escucharnos. La presencia del Estado es mínima y por eso el interés de las disidencias de acaparar estos territorios”.

En el caso de su comunidad, la propuesta se centra en convertir Noanama en un refugio humanitario por su cercanía territorial a zonas amenazadas, así como por algunas facilidades que hay en la zona. “Los actores armados no respetan territorio, pero acá se tiene colegio, hay un puesto de salud donde se mantiene la madre, que es la enfermera de todo San Juan, y ahí espacio donde la gente puede armar su ranchito temporal sin el miedo de que el río crezca y queden debajo”, manifestó el líder.

Valoyes salió del occidente del país, en uno de 19 buses que siguieron la ruta Buenaventura, Tuluá, Buga, Cajamarca y Bogotá. En la capital se espera que en las actividades programadas para los dos días participen alrededor de 1.500 personas de diferentes lugares del país, quienes señalan que la consigna no es salir a enfrentarse al Esmad, sino hacer un llamado al Gobierno Nacional para atender las emergencias que denuncian y se considere la emergencia humanitaria por el asesinato de líderes sociales y los riesgos que viven las comunidades que han quedado en medio del conflicto.