Las tres zonas donde no pudieron votar el domingo en Colombia

Aunque la calma primó en gran parte del país, donde se desarrollaron con la mayor tranquilidad los comicios, el cierre y conteos de las urnas, hubo tres lugares que destacaron a lo largo de la jornada por hechos particulares que impidieron que gran parte de su población participara en estos primeras elecciones de 2022, en las que además de definir a un nuevo Congreso, se hicieron tres consultas presidenciales.

El primero de los casos se reportó desde muy temprano en el corregimiento Guachaca, zona rural de Santa Marta (sobre la Troncal del Caribe, en la vía que conduce a La Guajira), donde encapuchados bloquearon la vía con troncos, que cortaron con motosierras, y un tractocamión que atravesaron en la vía.

Tal fue el temor de la comunidad que los jurados no quisieron asistir al puesto establecido. “Aseguraban que temían por su integridad física, por unas amenazas que recibieron, pero no dieron detalles sobre la procedencia de las mismas”, dijo la alcaldesa Virna Johnson, quien además señaló que las autoridades investigan lo ocurrido.

En el caso del corregimiento de Aguada de Pablo, en Sabanalarga (Atlántico), desde muy temprano, manifestantes impidieron el ingreso al colegio de la zona, donde estaba el único punto de votación, habilitado para atender a 3.000 habitantes de la zona.

“Estamos cansados de que nos utilicen. En época de campaña vienen alegres, saludan a todo el mundo, besan, abrazan, prometen y luego cuando son elegidos ni más vuelven por aquí, entonces ya era de hora de devolverles lo que nos hacen”, argumentó uno de los manifestantes a medios locales.

El problema surgió cuando algunas personas intentaron entrar al recinto. Además de enfrentamientos entre la comunidad, el Esmad lanzó gases lacrimógenos, lo que caldeó mucho más los ánimos de los manifestantes que se negaron a retirarse y que, de paso, agredieron a un fotógrafo de El Heraldo, que estaba cubriendo los hechos.

Según indicó el alcalde de Sabanalarga, Jorge Manotas, a El Espectador, el bloqueo lo mantuvieron alrededor de 70 personas, con quienes ya habían tenido un diálogo el pasado 12 de marzo, con el fin de establecer canales que permitieran llevar a cabo las elecciones en la región.

Entre sus solicitudes está la instalación de un sistema de agua y alcantarillado, así como la instalación de un centro médico, entre otras necesidades insatisfechas. Al respecto, Manotas indicó que ha habido mucha desinformación, dado que “se abrió el megacolegio y se hizo una inversión de $10.000 millones, con los que hemos hecho la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Ahora tenemos que hacer la instalación de tuberías y se les va a construir una buena corregiduría”.

En cuanto al puesto de salud, Manotas aseguró que hay un problema de topografía, dado que la mayoría de los predios en este corregimiento fueron invadidos, por lo que no se puede hacer su compra. Ante esto, el mandatario indicó que utilizarán las sedes que dejó el colegio renovado para habilitar algunos de los servicios que requiere la comunidad. “Ciertamente, hay unas necesidades sociales que son producto del rechazo de muchísimos años. En eso estamos trabajando porque ahora viene el tema del predial y acá no hay una cultura de pago de los impuestos”.

Por último, se registraron protestas y el daño del material electoral en la vereda San Luis de Robles, que queda a una hora del casco urbano de Tumaco, en Nariño. Allí, los manifestantes no solo alzaron su voz por el abandono del Estado y las promesas incumplidas de los candidatos que llegan al lugar, sino que además rompieron y afectaron el material electoral, que se habilitó en este puesto en el que votarían 1.400 personas.

Se trató de un grupo de alrededor de 80 personas, en su mayoría jóvenes, que pidió la presencia de la alcaldesa de Tumaco en la zona. Ella no llegó, pero en su lugar arribó la secretaria de Gobierno, quien de todas formas no pudo evitar que mojaran los cerca de 70 sufragios ya depositados y del resto del material electoral.

Aunque se planteó el traslado de más tarjetones para retomar las votaciones, las autoridades locales no lograron mediar con la comunidad, por lo que en manos de la Fiscalía quedó la investigación para establecer los daños.

Para Patricia Muñoz Yi, politóloga de la Universidad Javeriana, lo ocurrido en estos últimos dos corregimientos demuestran brotes de inconformidad de los ciudadanos que encuentran las elecciones como un blanco de protesta en contra de los gobernantes y políticos que no les han ayudado a resolver sus necesidades y problemáticas.

“Es una ciudadanía inconforme, absolutamente descontenta con la manera como el Estado hace presencia a través de los servicios básicos. Es una manifestación de inconformidad, con una connotación violenta, que no habíamos visto o no ha predominado en otras elecciones, pero que se da en una ciudadanía con problemas de salud, escuelas o inversión y que exige soluciones”, resaltó Muñoz.

Lo cierto, es que las administraciones locales tendrán que actuar y ofrecer alternativas a estas comunidades que exigen cambios como hechos concretos por parte del Estado. En especial, porque el 29 de mayo está prevista la primera vuelta presidencial en la que la responsabilidad de todos será garantizar el derecho para acceder a las urnas y en este caso, para elegir a un nuevo presidente en el país.

Aunque la calma primó en gran parte del país, donde se desarrollaron con la mayor tranquilidad los comicios, el cierre y conteos de las urnas, hubo tres lugares que destacaron a lo largo de la jornada por hechos particulares que impidieron que gran parte de su población participara en estos primeras elecciones de 2022, en las que además de definir a un nuevo Congreso, se hicieron tres consultas presidenciales.

El primero de los casos se reportó desde muy temprano en el corregimiento Guachaca, zona rural de Santa Marta (sobre la Troncal del Caribe, en la vía que conduce a La Guajira), donde encapuchados bloquearon la vía con troncos, que cortaron con motosierras, y un tractocamión que atravesaron en la vía.

Tal fue el temor de la comunidad que los jurados no quisieron asistir al puesto establecido. “Aseguraban que temían por su integridad física, por unas amenazas que recibieron, pero no dieron detalles sobre la procedencia de las mismas”, dijo la alcaldesa Virna Johnson, quien además señaló que las autoridades investigan lo ocurrido.

En el caso del corregimiento de Aguada de Pablo, en Sabanalarga (Atlántico), desde muy temprano, manifestantes impidieron el ingreso al colegio de la zona, donde estaba el único punto de votación, habilitado para atender a 3.000 habitantes de la zona.

“Estamos cansados de que nos utilicen. En época de campaña vienen alegres, saludan a todo el mundo, besan, abrazan, prometen y luego cuando son elegidos ni más vuelven por aquí, entonces ya era de hora de devolverles lo que nos hacen”, argumentó uno de los manifestantes a medios locales.

El problema surgió cuando algunas personas intentaron entrar al recinto. Además de enfrentamientos entre la comunidad, el Esmad lanzó gases lacrimógenos, lo que caldeó mucho más los ánimos de los manifestantes que se negaron a retirarse y que, de paso, agredieron a un fotógrafo de El Heraldo, que estaba cubriendo los hechos.

Según indicó el alcalde de Sabanalarga, Jorge Manotas, a El Espectador, el bloqueo lo mantuvieron alrededor de 70 personas, con quienes ya habían tenido un diálogo el pasado 12 de marzo, con el fin de establecer canales que permitieran llevar a cabo las elecciones en la región.

Entre sus solicitudes está la instalación de un sistema de agua y alcantarillado, así como la instalación de un centro médico, entre otras necesidades insatisfechas. Al respecto, Manotas indicó que ha habido mucha desinformación, dado que “se abrió el megacolegio y se hizo una inversión de $10.000 millones, con los que hemos hecho la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Ahora tenemos que hacer la instalación de tuberías y se les va a construir una buena corregiduría”.

En cuanto al puesto de salud, Manotas aseguró que hay un problema de topografía, dado que la mayoría de los predios en este corregimiento fueron invadidos, por lo que no se puede hacer su compra. Ante esto, el mandatario indicó que utilizarán las sedes que dejó el colegio renovado para habilitar algunos de los servicios que requiere la comunidad. “Ciertamente, hay unas necesidades sociales que son producto del rechazo de muchísimos años. En eso estamos trabajando porque ahora viene el tema del predial y acá no hay una cultura de pago de los impuestos”.

Por último, se registraron protestas y el daño del material electoral en la vereda San Luis de Robles, que queda a una hora del casco urbano de Tumaco, en Nariño. Allí, los manifestantes no solo alzaron su voz por el abandono del Estado y las promesas incumplidas de los candidatos que llegan al lugar, sino que además rompieron y afectaron el material electoral, que se habilitó en este puesto en el que votarían 1.400 personas.

Se trató de un grupo de alrededor de 80 personas, en su mayoría jóvenes, que pidió la presencia de la alcaldesa de Tumaco en la zona. Ella no llegó, pero en su lugar arribó la secretaria de Gobierno, quien de todas formas no pudo evitar que mojaran los cerca de 70 sufragios ya depositados y del resto del material electoral.

Aunque se planteó el traslado de más tarjetones para retomar las votaciones, las autoridades locales no lograron mediar con la comunidad, por lo que en manos de la Fiscalía quedó la investigación para establecer los daños.

Para Patricia Muñoz Yi, politóloga de la Universidad Javeriana, lo ocurrido en estos últimos dos corregimientos demuestran brotes de inconformidad de los ciudadanos que encuentran las elecciones como un blanco de protesta en contra de los gobernantes y políticos que no les han ayudado a resolver sus necesidades y problemáticas.

“Es una ciudadanía inconforme, absolutamente descontenta con la manera como el Estado hace presencia a través de los servicios básicos. Es una manifestación de inconformidad, con una connotación violenta, que no habíamos visto o no ha predominado en otras elecciones, pero que se da en una ciudadanía con problemas de salud, escuelas o inversión y que exige soluciones”, resaltó Muñoz.

Lo cierto, es que las administraciones locales tendrán que actuar y ofrecer alternativas a estas comunidades que exigen cambios como hechos concretos por parte del Estado. En especial, porque el 29 de mayo está prevista la primera vuelta presidencial en la que la responsabilidad de todos será garantizar el derecho para acceder a las urnas y en este caso, para elegir a un nuevo presidente en el país.