Líderes sociales piden al gobierno reconocer emergencia humanitaria en Colombia

En medio de una rueda de prensa conjunta, entre líderes y organizaciones sociales que han llegado en los dos últimos dos días a Bogotá de Quibdó, Buenaventura, Tuluá, Cajamarca, Barrancabermeja, Pasto y Arauca, se hizo una declaratoria de emergencia humanitaria, en la que solicitan al Gobierno Nacional acciones para garantizar la vida y la permanencia en los territorios, que ahora se encuentran asediados por el conflicto armado.

Lea: Las razones por las que líderes sociales y organizaciones llegaron a Bogotá

“La Emergencia Humanitaria y de Derechos Humanos en todo el país, como una estrategia propia y autónoma de defensa de la vida, la libertad y los derechos humanos, la autoprotección de los pueblos, las comunidades y organizaciones sociales y populares, y la permanencia en los territorios”, indicaron los voceros.

En el documento entregado a las autoridades nacionales y a organismos internacionales, las organizaciones firmantes señalan que tienen como propósito ganar reconocimiento y acompañamiento del Gobierno Nacional, así como el reconocimiento de los mecanismos propios de autoprotección, como las zonas que consideran de refugio humanitario.

A esto se suma la reivindicación de la movilización social y la visibilización de la crisis humanitaria que se vive en regiones como el Pacífico y Catatumbo, donde las comunidades han terminado en medio de las confrontaciones entre grupos armados, por lo que han debido salir desplazadas o se encuentran en confinamiento.

Dentro de los hechos que se resaltan está la muerte de alrededor de 1.300 líderes sociales y 323 firmantes del acuerdo de paz entre 2016 y 2022, según cifras de Indepaz, así como la violación de derechos humanos en medio del paro nacional, que de acuerdo con organizaciones como Temblores y la ONU, dejo más de 100 personas con daños oculares, además de 60 casos de violencia sexual y de género.

Además de esto, resaltan algunas condiciones sociales y económicas que consideran ponen en riesgo a las comunidades, por lo que piden a las organizaciones internacionales hacer seguimiento a la situación de derechos humanos y acompañar las acciones del movimiento social, abrir espacios de interlocución y hacer seguimiento a las condiciones de los líderes sociales en el país.

“Las retroexcavadoras que se movilizan en el Pacífico no son un celular que se lleva en el bolsillo, si la Fuerza Pública quisiera controlarlos, lo harían. Los grupos armados tampoco andan de forma clandestina, andan en camuflado y armados, por eso para nosotros la mayor responsabilidad recae sobre el Gobierno Nacional porque no existe el interés de que nuestras comunidades vivan de forma amena”, dijo Angulo.

Desde la población, indicó que se trabaja con las comunidades para concientizarlas de lo que está pasando, “para que entiendan que el problema de su territorio no es solo de ellos y eso nos ayuda a colectivizar intereses y desde ahí jalonar a que podamos visibilizar lo que está pasando y poder conquistar aliados, que no solamente son negros, indígenas o campesinos, sino otras facciones que se interesan en que los pueblos vivan bien”, concluyó Angulo.

Por su parte, Maria Eleonor Yonda, del Movimiento Campesino y Agrario, se refirió a la crisis que se ha permeado en los últimos años, a la soberanía alimentaria, la sostenibilidad agroecológica y a la propuesta de una nueva reforma agraria. “Las medidas de protección colectiva, como es la guardia campesina, que se reconozca como mecanismo de protección en nuestros territorios. Como campesinos somos defensores de la vida, la tierra y el medio ambiente y por eso hemos hecho propuestas para mitigar el hambre, así como rutas para confrontar el modelo de importación, pero necesitamos que el Gobierno entienda que no somos terroristas y que estamos dispuestos a proponer”.

A la par, Edgar Mejía, del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) resaltó lo ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, y rechazó todo el tipo de violencia en el Cauca y estigmatización de los movimientos sociales. “El Cric viene implementando estrategias para promover una paz para todo el país. Nosotros no somos violentos como algunos medios los califican. El Cauca es uno de los departamentos con mayor violencia. Nuestros líderes últimamente han sido asesinados por defender nuestros derechos, como el compañero Miller, que fue asesinado por grupos al margen de la ley, cuando lo que hacemos es visibilizar las problemáticas de nuestros territorios”.

Para este miércoles 27 de abril, las comunidades en Bogotá tienen prevista una movilización desde la Universidad Pedagógica, donde se concentran, hasta las oficinas de la ONU, donde harán entrega del documento con la declaratoria de la emergencia humanitaria, mientras que en la noche se tiene planeada una velatón por los líderes sociales que han sido asesinados.

Mientras que para el jueves 28 de abril, se tiene planeada una audiencia pública en la Defensoría del Pueblo, así como el acompañamiento a las movilizaciones que se tienen previstas para la conmemoración del primer año del estallido social.

En medio de una rueda de prensa conjunta, entre líderes y organizaciones sociales que han llegado en los dos últimos dos días a Bogotá de Quibdó, Buenaventura, Tuluá, Cajamarca, Barrancabermeja, Pasto y Arauca, se hizo una declaratoria de emergencia humanitaria, en la que solicitan al Gobierno Nacional acciones para garantizar la vida y la permanencia en los territorios, que ahora se encuentran asediados por el conflicto armado.

Lea: Las razones por las que líderes sociales y organizaciones llegaron a Bogotá

“La Emergencia Humanitaria y de Derechos Humanos en todo el país, como una estrategia propia y autónoma de defensa de la vida, la libertad y los derechos humanos, la autoprotección de los pueblos, las comunidades y organizaciones sociales y populares, y la permanencia en los territorios”, indicaron los voceros.

En el documento entregado a las autoridades nacionales y a organismos internacionales, las organizaciones firmantes señalan que tienen como propósito ganar reconocimiento y acompañamiento del Gobierno Nacional, así como el reconocimiento de los mecanismos propios de autoprotección, como las zonas que consideran de refugio humanitario.

A esto se suma la reivindicación de la movilización social y la visibilización de la crisis humanitaria que se vive en regiones como el Pacífico y Catatumbo, donde las comunidades han terminado en medio de las confrontaciones entre grupos armados, por lo que han debido salir desplazadas o se encuentran en confinamiento.

Dentro de los hechos que se resaltan está la muerte de alrededor de 1.300 líderes sociales y 323 firmantes del acuerdo de paz entre 2016 y 2022, según cifras de Indepaz, así como la violación de derechos humanos en medio del paro nacional, que de acuerdo con organizaciones como Temblores y la ONU, dejo más de 100 personas con daños oculares, además de 60 casos de violencia sexual y de género.

Además de esto, resaltan algunas condiciones sociales y económicas que consideran ponen en riesgo a las comunidades, por lo que piden a las organizaciones internacionales hacer seguimiento a la situación de derechos humanos y acompañar las acciones del movimiento social, abrir espacios de interlocución y hacer seguimiento a las condiciones de los líderes sociales en el país.

“Las retroexcavadoras que se movilizan en el Pacífico no son un celular que se lleva en el bolsillo, si la Fuerza Pública quisiera controlarlos, lo harían. Los grupos armados tampoco andan de forma clandestina, andan en camuflado y armados, por eso para nosotros la mayor responsabilidad recae sobre el Gobierno Nacional porque no existe el interés de que nuestras comunidades vivan de forma amena”, dijo Angulo.

Desde la población, indicó que se trabaja con las comunidades para concientizarlas de lo que está pasando, “para que entiendan que el problema de su territorio no es solo de ellos y eso nos ayuda a colectivizar intereses y desde ahí jalonar a que podamos visibilizar lo que está pasando y poder conquistar aliados, que no solamente son negros, indígenas o campesinos, sino otras facciones que se interesan en que los pueblos vivan bien”, concluyó Angulo.

Por su parte, Maria Eleonor Yonda, del Movimiento Campesino y Agrario, se refirió a la crisis que se ha permeado en los últimos años, a la soberanía alimentaria, la sostenibilidad agroecológica y a la propuesta de una nueva reforma agraria. “Las medidas de protección colectiva, como es la guardia campesina, que se reconozca como mecanismo de protección en nuestros territorios. Como campesinos somos defensores de la vida, la tierra y el medio ambiente y por eso hemos hecho propuestas para mitigar el hambre, así como rutas para confrontar el modelo de importación, pero necesitamos que el Gobierno entienda que no somos terroristas y que estamos dispuestos a proponer”.

A la par, Edgar Mejía, del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) resaltó lo ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, y rechazó todo el tipo de violencia en el Cauca y estigmatización de los movimientos sociales. “El Cric viene implementando estrategias para promover una paz para todo el país. Nosotros no somos violentos como algunos medios los califican. El Cauca es uno de los departamentos con mayor violencia. Nuestros líderes últimamente han sido asesinados por defender nuestros derechos, como el compañero Miller, que fue asesinado por grupos al margen de la ley, cuando lo que hacemos es visibilizar las problemáticas de nuestros territorios”.

Para este miércoles 27 de abril, las comunidades en Bogotá tienen prevista una movilización desde la Universidad Pedagógica, donde se concentran, hasta las oficinas de la ONU, donde harán entrega del documento con la declaratoria de la emergencia humanitaria, mientras que en la noche se tiene planeada una velatón por los líderes sociales que han sido asesinados.

Mientras que para el jueves 28 de abril, se tiene planeada una audiencia pública en la Defensoría del Pueblo, así como el acompañamiento a las movilizaciones que se tienen previstas para la conmemoración del primer año del estallido social.