Lo innombrable: las cifras detrás del asesinato de líderes sociales en el país
De acuerdo con los datos registrados por el Programa somos Defensores, durante el primer semestre de 2022 en promedio cada dos días un líder o lideresa comprometida con la defensa de los derechos perdió la vida de manera violenta.
La cifra global sigue siendo preocupante: sólo entre enero y septiembre de este año han sido asesinadas 145 personas defensoras de derechos humanos en el país. Eso sin contar los casos de agresiones, amenazas, atentados, desplazamientos, desapariciones forzadas, judicializaciones y detenciones arbitrarias.
Los datos fueron presentados este viernes por el Programa Somos Defensores y dejan ver el panorama de un fenómeno que, aunque parece llamar cada vez menos la atención de la opinión pública, sigue presente y con tendencia a agravarse. Sólo en el tercer semestre de este año (entre julio y septiembre) se presentaron 182 agresiones a 178 defensores y líderes. Del total, 46 fueron asesinatos y 26 de esos ocurrieron en el marco del actual gobierno, es decir entre el 7 de agosto y el 30 de septiembre.
Sobre esta última cifra, el boletín trimestral de Somos Defensores señala que “los asesinatos ocurren a pesar de que se han planteado políticas que pretenden garantizar la vida e integridad de las personas defensoras y liderazgos sociales, lo que demuestra que para la desactivación de la violencia selectiva se requiere de tiempo y de otras acciones que ayuden a la superación de las violencias contra las personas defensoras y las dinámicas de reconfiguración del conflicto armado”.
En el panorama general el análisis revela que los departamentos que en los últimos años han registrado un recrudecimiento del conflicto armado y una recomposición y fortalecimiento de actores armados que se disputan el control territorial son en los que se han documentado más casos de ataques contra líderes y lideresas. Cauca, Antioquia, Arauca, Putumayo y Nariño mantienen altos y preocupantes registros. Coinciden, curiosamente, con departamentos en los que hay una alta intervención militar.
Para el Programa, esto demuestra que “el fortalecimiento de la presencia militar en estos territorios durante los últimos 4 años enmarcada en la política de defensa y seguridad del gobierno Duque no logró revertir la tendencia de los asesinatos contra las personas defensoras y liderazgos sociales”.
Estos son algunos de los hallazgos del informe:
La cifra global sigue siendo preocupante: sólo entre enero y septiembre de este año han sido asesinadas 145 personas defensoras de derechos humanos en el país. Eso sin contar los casos de agresiones, amenazas, atentados, desplazamientos, desapariciones forzadas, judicializaciones y detenciones arbitrarias.
Los datos fueron presentados este viernes por el Programa Somos Defensores y dejan ver el panorama de un fenómeno que, aunque parece llamar cada vez menos la atención de la opinión pública, sigue presente y con tendencia a agravarse. Sólo en el tercer semestre de este año (entre julio y septiembre) se presentaron 182 agresiones a 178 defensores y líderes. Del total, 46 fueron asesinatos y 26 de esos ocurrieron en el marco del actual gobierno, es decir entre el 7 de agosto y el 30 de septiembre.
Sobre esta última cifra, el boletín trimestral de Somos Defensores señala que “los asesinatos ocurren a pesar de que se han planteado políticas que pretenden garantizar la vida e integridad de las personas defensoras y liderazgos sociales, lo que demuestra que para la desactivación de la violencia selectiva se requiere de tiempo y de otras acciones que ayuden a la superación de las violencias contra las personas defensoras y las dinámicas de reconfiguración del conflicto armado”.
En el panorama general el análisis revela que los departamentos que en los últimos años han registrado un recrudecimiento del conflicto armado y una recomposición y fortalecimiento de actores armados que se disputan el control territorial son en los que se han documentado más casos de ataques contra líderes y lideresas. Cauca, Antioquia, Arauca, Putumayo y Nariño mantienen altos y preocupantes registros. Coinciden, curiosamente, con departamentos en los que hay una alta intervención militar.
Para el Programa, esto demuestra que “el fortalecimiento de la presencia militar en estos territorios durante los últimos 4 años enmarcada en la política de defensa y seguridad del gobierno Duque no logró revertir la tendencia de los asesinatos contra las personas defensoras y liderazgos sociales”.
Estos son algunos de los hallazgos del informe: