El conflicto armado en Colombia ha dejado una estela de realidades, y una de ellas es que todavía, después de la desmovilización de grupos paramilitares y de la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, hay lugares del territorio nacional a los que no entra ni la Fuerza Pública porque los contextos de violencia son extremos. Para el martes 14 de mayo estaba prevista la restitución material de doce predios ubicados en la vereda Guacamayas, municipio de Turbo (Antioquia), región de Urabá. En la agenda estaba escrito que ese día la jueza primera civil del circuito especializada en restitución de tierras de Quibdó (Chocó), Natalia Gámez Torres, se desplazara, junto con las autoridades locales —Ejército y Policía— hacia el terreno, ubicado en una zona gris donde convergen las fronteras de varios municipios de Antioquia y Chocó.
Sin embargo, en la tarde del lunes 13 llegó una noticia que hizo que se suspendiera todo y provocó tensión entre las partes. El comandante de la Policía de Urabá, coronel Gerson Fajardo Guevara, pidió aplazar el acto por lo menos un día más, porque para llegar a la zona se necesitaba un pie de fuerza mínimo de 30 hombres y, por la coyuntura del Día de las Madres, solo contaba con 22. Los antecedentes hablaban por sí solos: el 11 de abril pasado, cuatro policías que brindaban seguridad a funcionarios de restitución de tierras fueron heridos en un ataque atribuido al Clan del Golfo. Días después, la Policía tomó la decisión de cancelar los acompañamientos a las comisiones de restitución de tierras en Antioquia, ante los reiterados ataques de grupos armados ilegales.
Contexto: Corte ordenó la restitución de tierras a campesinos de la hacienda Guacamayas
La jueza Gámez Torres, con botas pantaneras, y los demás miembros de la comisión, entre representantes de la URT regional, de alcaldías como la de Mutatá y de la Defensoría del Pueblo, recorrieron el área inundada hasta un poco más arriba de los tobillos, para llegar a la finca El Descanso, en donde los esperaban las familias que recibirían de una vez por todas los títulos que las acreditaban como dueñas de tierras a las que no llega el Estado, pero a las que con diligencia sí han llegado los despojadores. En medio de gallinas y perros flacos, la jueza se constituyó en audiencia pública y la sala de la vivienda, con piso de barro, se convirtió durante unas cuatro horas en un juzgado.
Durante esa mañana, una a una y con algunos intervalos, fueron llegando las familias hasta El Descanso, de propiedad de Manuel Antonio Díaz Vargas, para firmar papeles y recibir el título de propiedad de esos siete predios. Al día siguiente se entregarían los restantes: Santa María, Santa Fe, Fundación, Fundación Uno y Fundación Dos. Así se puso fin a un largo proceso judicial de casi 10 años en el que se demostró, como dice la sentencia, que empresarios compraron tierras a bajos precios a campesinos, en un contexto de conflicto debido a la presencia de grupos armados paramilitares en la zona.
“Mi papá murió el 6 de marzo. Recibió la restitución provisional y estuvo cuando salió la sentencia en diciembre y cuando se realizó en Chigorodó, en enero pasado, la socialización que hizo la fundación Forjando Futuros, que asumió la representación legal de las víctimas reclamantes. Tenía 84 años y falleció de cáncer”, cuenta Carlos Páez, quien recibió de vuelta, junto a su madre María Candelaria, la finca La Candelaria, que el antiguo Incora le había adjudicado a su padre en 1987.
La historia de esas tierras es una lucha jurídica que pasó por la jurisprudencia de la Ley de Justicia y Paz y luego por la de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448). En 2014, un magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín negó la solicitud de cancelación de registros obtenidos fraudulentamente y la restitución jurídica y material de los predios en disputa, porque concluyó que no se había presentado ningún acto ilícito en la compraventa de estos. En pocas palabras, señaló que se debía demostrar que ese negocio había sido consecuencia de actos de violencia ejecutados en contra de sus propietarios y que existía alguna relación entre los compradores, Inmobiliaria e Inversiones ASA, posteriormente Las Guacamayas Ltda.
En esa vereda incursionaron en 1996 los 40 fusileros del bloque Árlex Hurtado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), cuyo jefe directo era Dalson López Simanca, pero del que era superior en jerarquía Raúl Emilio Hasbún Mendoza, conocido como Pedro Bonito. Generaron violencia, causaron desplazamientos y, según la información que reposa en las sentencias judiciales, López Simanca, por ejemplo, habría participado en 22 homicidios y 35 desapariciones forzadas y se le señala como responsable de la masacre de Aracatazo, ocurrida en Chigorodó el 12 de agosto de 1995. Ese fue el contexto en el que los gestores del proyecto de ganadería extensiva, que se desarrollaría bajo la razón social Las Guacamayas Ltda., compraron tierras.
De acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, dictada el 11 de diciembre de 2018 y que revocó la decisión del tribunal de Medellín en 2014 y ordenó la restitución material de estas tierras, “no se discute la apariencia de legalidad que tienen las negociaciones”, pero las negociaciones de transferencia de derechos de dominio “no fueron producto de la libre voluntad de disposición de sus primigenios titulares, sino que estuvieron condicionadas por lo múltiples actos delictivos que cometían en la zona los miembros de las autodefensas bajo la autoridad de Raúl Emilio Hasbún Mendoza en aras de imponer su control territorial”.
“Para nosotros es emblemático. Los jueces de Justicia y Paz habían desconocido el derecho y habían solicitado que se investigara a las víctimas. Eso lo apelamos, sin embargo, esa decisión se ratificó. Luego las víctimas solicitaron una revisión a través de una tutela y un magistrado vio que lo que había que hacer era unificar la jurisprudencia a nivel nacional y que los jueces que conozcan casos de restitución deben guiarse por la Ley 1448 y las presunciones que hay en esa norma”, explica Gerardo Vega, director de la fundación Forjando Futuros. En otras palabras, unas víctimas no pueden tener un procedimiento diferente a las otras para reclamar las tierras.
Felicidad incompleta
A pesar de lo histórico de este caso de restitución, aún queda un sinsabor en la región. “Hay un sentimiento de felicidad, pero también de impotencia porque hoy fuimos ocho familias y 12 predios, pero alrededor hay muchas familias que todavía no han podido lograr su objetivo. En todo este sector hay 600 familias que retornaron sin acompañamiento institucional”, cuenta Páez.
Al tiempo, la sentencia de la Corte Suprema no incluye medidas complementarias, como proyectos productivos, ayudas económicas para la implementación de drenajes que no permitan las inundaciones y las tierras puedan ser nuevamente cultivables, además de lo de siempre: servicios públicos esenciales: “La energía es pirata. No hay servicios públicos ni señal de celular. El agua que usamos es la que cae del cielo y, en verano, los campesinos se inventan un sistema de pozos, agua artesanal que le llamamos”. La petición directa al Gobierno Nacional es la intervención en la zona para proveer vías que permitan la comercialización de productos y el desplazamiento, un colegio, un centro de salud —el más cercano es el de Belén de Bajirá, a hora y media de la vereda— y mejores condiciones de vivienda.
La restitución de tierras en Urabá ha tenido, desde siempre, una oposición brutal. Según las cuentas que hace Vega, de Forjando Futuros, ha habido 20 asesinatos relacionados con las reclamaciones desde 2011 hasta la fecha, sin embargo, la lucha por quitarles las tierras a los despojadores continúa con los procesos de La Peca, California, Calle Larga o Jiguamiandó. Lo que queda, además de las tierras restituidas, también es el miedo ante posibles retaliaciones en medio de la dificultad del acceso a la zona y los riesgos de seguridad que tiene, incluso, la misma Fuerza Pública.