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Doña Diosa es hermana de la profesora Rocío. Ambas saben por qué Carboandes celebró la fiesta de Navidad el año pasado en su vereda, Santa Lucía. “Por primera vez se festejó en dos lugares: en la escuela, donde dimos los regalos que nos donó la comunidad, y en la parte de abajo, donde dieron los que la empresa les llevó”, dice Rocío, mientras agacha la mirada, asienta la cabeza y recoge los brazos como una niña rebelde pero sincera.
Ella misma es la representante del Consejo Comunitario Afrosiso de 14 veredas de La Sierra, Cauca. Desde hace cinco años, cuando llegó la minera AngloGold Ashanti a sus parcelas, ha liderado una dura pugna por la defensa del territorio. Es de raza negra, descendiente de los cimarrones que en el siglo XVIII se asentaron en el Valle del Patía y que hoy defienden la minería artesanal que se hace con bateas en los ríos Esmita y Patía, actividad que sirve de complemento al cultivo de yuca, café o caña, y que los afros o mestizos aún practican, más que todo en tiempos de verano.
A la llegada, un puñado de negros nos esperan en la puerta de la escuela. Al unísono preguntan si somos los periodistas. Luego empiezan a contar que ese día tienen una minga a la que algunos padres de familia no asistieron en razón de que trabajan para Carboandes, y eso los ha puesto en disputa.
En julio del año pasado Afrosiso empezó a dar la dura pelea contra la minería legal e ilegal. Los negros se juntaron con los indígenas para sacar una retroexcavadora que estaba en lecho del río Esmita, exactamente en el Hoyo Patía. La guardia indígena de la vereda Frontino Alto, que también padece la misma situación, y más de 150 comuneros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) llegaron pidiéndoles las llaves a los operarios de las máquinas. Ellos se negaron a hacerlo y fue entonces cuando respondieron que estaban en predios del señor Jorge Díaz, un oficial retirado del Ejército, quien también era el dueño de la maquinaria. Los indios procedieron a quemar las mangueras de las dragas y a desarmar los cambuches apostados en los playones del río. Luego fue retirada la retroexcavadora.
La minga duró un día y medio, pero no ha resuelto el problema. La maquinaria pesada insistió en seguir en el lecho del río Esmita que es un afluente del Patía. En los meses de agosto y septiembre del año pasado la Policía Nacional, junto a la corporación autónoma, incautaron cuatro retroexcavadoras y judicializaron a más de 80 trabajadores de minas a cielo abierto, que han desviado el río de su cauce natural en varios puntos de este predio. Este año volvieron a encontrar maquinaria pesada y varios kilos de mercurio en la misma zona.
Entre 2011 y lo corrido de este año se han realizado 42 operativos en todo el departamento. Aunque éstos continúan, muchos creen, incluso la Fuerza Pública, que siguen siendo pañitos de agua tibia, pues la norma no permite quemar la maquinaria ni meter a la cárcel a quienes explotan las minas ilegalmente, como se hace con los campamentos o laboratorios para el procesamiento de coca.
La concesiones en el Macizo
Para la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), el Valle del Patía es un área muy importante para el país y el Macizo Colombiano. “Es un valle subxerofítico que tiene unas connotaciones propias exclusivas de este departamento”, dice la CRC.
Sobre esa área están los municipios de El Patía, La Sierra y La Vega. En el primero, Ingeominas concedió un título minero por 1.855 hectáreas a la multinacional AngloGold Ashanti para que pueda explotar oro y otros minerales. Pero también están pendientes 34 solicitudes, entre particulares y multinacionales, sobre las márgenes de los ríos Patía, Quilcacé, Timbío y San Pedro. Los mismos afluentes que hoy son blanco de explotación aurífera a cielo abierto.
De igual modo, en el municipio de La Sierra hay cuatro solicitudes hechas por la multinacional AngloGold Ashanti que comprenden un área de 13.362 hectáreas y cinco títulos mineros de 13.163 hectáreas. Carboandes también tiene un título por 3.634 hectáreas con el fin de explotar oro y que es la razón por la que la comunidad de Santa Lucía se ha dividido y ha venido protestando. Hay otras empresas, como la Antioquia SOM, que ha solicitado 19.508 hectáreas para explotar carbón y otros minerales en estos municipios.
El río Guachicono, que vierte sus aguas en el Patía, hace una frontera natural entre los municipios de La Sierra y La Vega, Cauca. Este último, que también hace parte del cordón del Macizo Colombiano, cada mes de marzo recuerda que en 1991 el Ejército asesinó a 17 de sus campesinos porque supuestamente eran militantes de la guerrilla del Eln. Esa fue la conocida masacre de Los Uvos.
Hasta esa población también ha llegado la minería a mediana escala y quiere llegar la grande. Desde el año anterior han aparecido mineros ilegales provenientes de Antioquia, quienes llegan con retroexcavadoras y dragas a desviar las aguas del río Altamira que desemboca en el Guachicono. “La presencia de foráneos y la bonanza minera han incrementado el número de cantinas y el consumo de alcohol. Ha hecho que muchos alumnos del colegio hayan desertado y que la directora de la institución fuera amenazada de muerte por oponerse a la explotación aurífera”, según lo reportó el último informe de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.
En varios operativos realizados a finales del año 2011, se incautaron cinco retroexcavadoras y se judicializaron más de 150 obreros. Estaban sobre el lecho de los ríos Altamira y Santa Juana, que hacen parte del municipio de La Vega, y del compendio de aguas del Macizo Colombiano.
En esta población maciceña, el territorio minero se lo disputan la AngloGold Ashanti y la Anglo American Colombia. La primera tiene ocho solicitudes que comprenden un área de 38.971 hectáreas y nueve títulos por 7.542, ubicados sobre los ríos Pancitará, San Pedro y la quebrada del Buey, principalmente. La sigue la Anglo American Colombia con seis solicitudes para explotar minerales derivados del cobre. Ésta aún no tiene títulos mineros en el municipio, según documentos de la página web de Ingeominas y el mapa de catastro minero que reposa en la CRC.
En total, 16 municipios que pertenecen al Macizo Colombiano y son atravesados por los ríos Cauca, Caquetá, Magdalena, Patía y Putumayo, están solicitados para exploración y explotación minera. Con el resto de los municipios, los títulos en el Cauca ascienden a 248, mientras que las solicitudes llegan a 813 en total. De concederse esas pendientes, según documentos de Ingeominas, 1’623.000 hectáreas, es decir, más del 50% del departamento, que posee 3’090.000 hectáreas, quedaría en poder de multinacionales, testaferros y particulares.
El fin de Santa Lucía
Las camionetas de Carboandes se movilizan por la trocha que atraviesa a Santa Lucía. Deambulan de arriba abajo, a veces con contratistas como María Alejandra González, hermana del exgobernador del Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera, trabajadora social de esa empresa. “Hacen fiestas y con la música que ellos quieren, porque la mayoría son costeños. A nosotros esa música no nos gusta”, sentencian los pobladores.
Ellos siguen reuniéndose para reflexionar sobre lo que ha pasado en sus comunidades. “Uno ya no encuentra jornaleros, porque la empresa les paga a 25 o 30 mil pesos, y lo máximo que se puede pagar acá son 12 o 14 mil”, afirma Rocío, representante del Consejo Comunitario Afrosiso.
Muchos campesinos han dejado de bajar a sus parcelas a arrastrar la caña panelera. Han abandonado sus trapiches por ir a trabajar con Carboandes.
Los pobladores de Santa Lucía dejaron de vivir como antes e incluso ahora es el miedo lo que impera entre muchos de ellos. Lo que tienen claro es que si las empresas o multinacionales encuentran minerales en sus territorios, ellos tendrán que irse del Macizo. “Así nos lo hicieron saber”, puntualiza Rocío.