Los guardianes del yagé, acosados por una petrolera

Los pueblos indígenas se han visto forzados a aprender a redactar, en medio de la selva, documentos extensos, minuciosos, enrevesados. Es un requisito ineludible del Estado colombiano. En su caso, el más significativo son los Planes de Salvaguarda. El Pueblo Siona, que habita en cuatro municipios del Putumayo, redactó el suyo de 173 páginas entre principios del 2011 y finales del 2012. Los recursos los aportó el Ministerio del Interior.

Una frase del taita y profesor Francisco Piaguaje Yaiguaje sirvió de introducción y resumen del documento: “Como ancianos, lo último que queda en nuestra mente, y que aun todavía conservamos, es: nuestra lengua materna, la medicina tradicional, las historias, algunos instrumentos musicales, las danzas, los sitios sagrados, que aun existen, como lagunas, salados o chupaderos de antes, esto ha sido para que como jóvenes y señoritas miren y se den cuenta como lo conservamos, no lo destruimos y esto es bueno para seguir enseñando a nuestros hijos y nietos”.

Hace aproximadamente dos meses, con el Plan de Salvaguarda bajo el brazo, seis líderes de la comunidad emprendieron un largo viaje desde sus cabildos cerca de Puerto Asís hasta la lluviosa Bogotá. Les tomó casi 20 horas llegar hasta una casa en el centro de la ciudad, donde se hospedaron. Al día siguiente de su llegada emprendieron otro viaje. Esta vez por el laberinto de la burocracia colombiana. Primero tocaron la puerta de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior.

Desde hace varios meses los atormenta la intención de la empresa Amerisur Resources, una compañía británica pero enfocada en Colombia y Paraguay, de explorar y explotar petróleo en su territorio. La empresa ganó en una subasta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos el Bloque PUT 12, unas 54.433 hectáreas ubicadas entre los municipios de Puerto Asís y Leguízamo, y que se solapa con sus resguardos.

Con su Plan de Salvaguarda como principal argumento y el resultado de una consulta previa en la que los miembros de la comunidad rechazaron las intenciones de la empresa en diciembre de 2014, esperaban que el mismo Gobierno que los invitó a pensar en su futuro se pusiera de su lado en esta disputa.

Álvaro Echeverri, director de esa oficina, les recordó que el subsuelo le pertenece a la Nación y las consultas previas no implican un veto a un proyecto de minerales o hidrocarburos. El año pasado el Gobierno acompañó 668 procesos de consulta previa en todo el país. De ellas, el 93 % terminaron en algún tipo de acuerdo, según el funcionario. El caso de los sionas y la empresa Amerisur quedó dentro del 7 % restante en que las comunidades rechazaron cualquier injerencia en su territorio.

“Cuando no es posible llegar a un acuerdo, como ocurrió entre el resguardo Bellavista y la empresa Amerisur, la decisión que se tome debe ser desprovista de autoritarismo”, explicó Echeverri, aclarando que el Ministerio del Interior ya no tiene nada que ver con el problema. En los próximos meses tendrá que ser la Agencia Nacional de Licencias Ambientales la que decida si otorga o no una licencia ambiental para la explotación en ese rincón de Colombia. Los sionas descubrieron la otra cara de la burocracia: que se puede escribir cualquier cosa en documentos oficiales como los Planes de Salvaguarda o un acta de consulta previa, pero eso no es garantía de nada.

La travesía de los seis líderes sionas por el laberinto de instituciones continuó durante toda una semana. El Senado, la Cámara de Representantes, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Ambiente, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Unidad Nacional de Protección, Procuraduría, Agencia Nacional de Tierras, Unidad de Restitución de Tierras, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, sin contar a las organizaciones de la sociedad civil. A todos los funcionarios trataron de explicarles la voluntad del pueblo siona, por qué fueron declarados en peligro de extinción en 2009, cómo los acosó la guerra, por qué piensan lo que piensan, y lo principal: por qué no quieren de vecino a una petrolera. En su lengua, ZioBain (siona) significa “Gente de Chagra y Yagé”. No de petróleo.

Mario Erazo, gobernador del resguardo Bellavista, uno de los seis que conforman el Pueblo Siona, elige con cuidado sus palabras: “El Pueblo Siona ha sido golpeado por muchos impactos. Por el caucho, la quinua, las pieles, los cultivos ilícitos, los evangelizadores. Ahora por una multinacional petrolera. Los mayores siempre han resistido bajo un mandato de vida. Tenemos que mantener ese legado”.

Sin acuerdo

En un edificio en el norte de Bogotá están ubicadas las oficinas en Colombia de la empresa Amerisur. En una pantalla a un lado de la recepción se proyecta un video con imágenes de su operación en Colombia. En un mapa del sur del país resalta el perímetro de los bloques asignados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Resumen la esperanza de un boom económico para la empresa.

Uno de ellos es Platanillo, donde ya han perforado con éxito 15 pozos, construido tres carreteras y un pozo de relleno. Otro, denominado PUT-8, fue adquirido en enero de 2016 y apenas está en exploración. Uno de los argumentos más seductores que la empresa presenta a sus inversionistas es que ya cuenta con un oleoducto propio que pasa por debajo del río Putumayo, cruza la frontera con Ecuador y se conecta a una eficiente red de oleoductos que permite sacar fácilmente el crudo por el Pacífico. La negación de los sionas a perforar pozos en su territorio ha dilatado más de la cuenta sus proyectos sobre el tercer bloque, PUT-12.

Marco Tulio González Gómez, jefe de Relaciones Institucionales, reconoce que la consulta no llegó a buen término, pero reclama que cuatro meses más tarde, el 16 de marzo de 2015, suscribieron un Acta de Acuerdos que fue firmada por el gobernador, miembros del Cabildo, integrantes de Amerisur, el taita Hermógenes Paiguaje, el presidente de la Organización Zonal Indígena del Putumayo, el presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona y una delegada de la Personería de Puerto Asís.

El acta de esa reunión expone dos conclusiones: Amerisur “reiteró la seriedad de sus compromisos” y, segundo, los resguardos involucrados en el proceso se comprometieron a realizar una “reunión interna para presentar la información de esa reunión y definirán si consideran conveniente priorizar el proyecto de plan de inversión”. Aunque esta reunión les hizo pensar a los representantes de Amerisur que las relaciones con la comunidad siona iban por buen camino y había un acuerdo, para los sionas sencillamente fue el fin del diálogo.

“Tal vez lo relevante en este asunto no sean nuestras interpretaciones. sino las realidades jurídicas conforme a la normatividad colombiana y los derechos y obligaciones que tiene Amerisur, derivados del contrato suscrito con la ANH”, responde González (ver recuadro), “la posición del gobernador del Resguardo Buenavista no puede entenderse o interpretarse como un pronunciamiento del Pueblo Siona, pues está claro que el gobernador de un resguardo no es representante de la totalidad del Pueblo Siona”.

Los líderes del Pueblo Siona regresaron a su territorio y entre el 15 y el 17 de diciembre pasado celebraron una “minga de pensamiento y resistencia para la defensa y vida del pueblo ziobain”. Durante los tres días reflexionaron sobre la situación que enfrentan con la empresa Amerisur. El yagé, la planta sagrada de este y otros pueblos amazónicos, hizo parte de la ceremonia. En su cosmovisión el uso de esta planta tiene una gran importancia, pues se considera el medio a partir del cual se establece comunicación con los seres mitológicos que manejan el universo. Y por lo tanto también el territorio que habitan.

Es probable que a sus seres mitológicos, como a cualquier colombiano, también les cueste mucho trabajo entender los conflictos que genera el propio Estado colombiano, que desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos vende el derecho a explorar bloques de petróleo en zonas que antes el mismo Estado ha declarado áreas protegidas o resguardos indígenas. Y que al mismo tiempo promueva mecanismos de consulta con comunidades en las que si el resultado es negativo, no tiene importancia.

Los pueblos indígenas se han visto forzados a aprender a redactar, en medio de la selva, documentos extensos, minuciosos, enrevesados. Es un requisito ineludible del Estado colombiano. En su caso, el más significativo son los Planes de Salvaguarda. El Pueblo Siona, que habita en cuatro municipios del Putumayo, redactó el suyo de 173 páginas entre principios del 2011 y finales del 2012. Los recursos los aportó el Ministerio del Interior.

Una frase del taita y profesor Francisco Piaguaje Yaiguaje sirvió de introducción y resumen del documento: “Como ancianos, lo último que queda en nuestra mente, y que aun todavía conservamos, es: nuestra lengua materna, la medicina tradicional, las historias, algunos instrumentos musicales, las danzas, los sitios sagrados, que aun existen, como lagunas, salados o chupaderos de antes, esto ha sido para que como jóvenes y señoritas miren y se den cuenta como lo conservamos, no lo destruimos y esto es bueno para seguir enseñando a nuestros hijos y nietos”.

Hace aproximadamente dos meses, con el Plan de Salvaguarda bajo el brazo, seis líderes de la comunidad emprendieron un largo viaje desde sus cabildos cerca de Puerto Asís hasta la lluviosa Bogotá. Les tomó casi 20 horas llegar hasta una casa en el centro de la ciudad, donde se hospedaron. Al día siguiente de su llegada emprendieron otro viaje. Esta vez por el laberinto de la burocracia colombiana. Primero tocaron la puerta de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior.

Desde hace varios meses los atormenta la intención de la empresa Amerisur Resources, una compañía británica pero enfocada en Colombia y Paraguay, de explorar y explotar petróleo en su territorio. La empresa ganó en una subasta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos el Bloque PUT 12, unas 54.433 hectáreas ubicadas entre los municipios de Puerto Asís y Leguízamo, y que se solapa con sus resguardos.

Con su Plan de Salvaguarda como principal argumento y el resultado de una consulta previa en la que los miembros de la comunidad rechazaron las intenciones de la empresa en diciembre de 2014, esperaban que el mismo Gobierno que los invitó a pensar en su futuro se pusiera de su lado en esta disputa.

Álvaro Echeverri, director de esa oficina, les recordó que el subsuelo le pertenece a la Nación y las consultas previas no implican un veto a un proyecto de minerales o hidrocarburos. El año pasado el Gobierno acompañó 668 procesos de consulta previa en todo el país. De ellas, el 93 % terminaron en algún tipo de acuerdo, según el funcionario. El caso de los sionas y la empresa Amerisur quedó dentro del 7 % restante en que las comunidades rechazaron cualquier injerencia en su territorio.

“Cuando no es posible llegar a un acuerdo, como ocurrió entre el resguardo Bellavista y la empresa Amerisur, la decisión que se tome debe ser desprovista de autoritarismo”, explicó Echeverri, aclarando que el Ministerio del Interior ya no tiene nada que ver con el problema. En los próximos meses tendrá que ser la Agencia Nacional de Licencias Ambientales la que decida si otorga o no una licencia ambiental para la explotación en ese rincón de Colombia. Los sionas descubrieron la otra cara de la burocracia: que se puede escribir cualquier cosa en documentos oficiales como los Planes de Salvaguarda o un acta de consulta previa, pero eso no es garantía de nada.

La travesía de los seis líderes sionas por el laberinto de instituciones continuó durante toda una semana. El Senado, la Cámara de Representantes, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Ambiente, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Unidad Nacional de Protección, Procuraduría, Agencia Nacional de Tierras, Unidad de Restitución de Tierras, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, sin contar a las organizaciones de la sociedad civil. A todos los funcionarios trataron de explicarles la voluntad del pueblo siona, por qué fueron declarados en peligro de extinción en 2009, cómo los acosó la guerra, por qué piensan lo que piensan, y lo principal: por qué no quieren de vecino a una petrolera. En su lengua, ZioBain (siona) significa “Gente de Chagra y Yagé”. No de petróleo.

Mario Erazo, gobernador del resguardo Bellavista, uno de los seis que conforman el Pueblo Siona, elige con cuidado sus palabras: “El Pueblo Siona ha sido golpeado por muchos impactos. Por el caucho, la quinua, las pieles, los cultivos ilícitos, los evangelizadores. Ahora por una multinacional petrolera. Los mayores siempre han resistido bajo un mandato de vida. Tenemos que mantener ese legado”.

Sin acuerdo

En un edificio en el norte de Bogotá están ubicadas las oficinas en Colombia de la empresa Amerisur. En una pantalla a un lado de la recepción se proyecta un video con imágenes de su operación en Colombia. En un mapa del sur del país resalta el perímetro de los bloques asignados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Resumen la esperanza de un boom económico para la empresa.

Uno de ellos es Platanillo, donde ya han perforado con éxito 15 pozos, construido tres carreteras y un pozo de relleno. Otro, denominado PUT-8, fue adquirido en enero de 2016 y apenas está en exploración. Uno de los argumentos más seductores que la empresa presenta a sus inversionistas es que ya cuenta con un oleoducto propio que pasa por debajo del río Putumayo, cruza la frontera con Ecuador y se conecta a una eficiente red de oleoductos que permite sacar fácilmente el crudo por el Pacífico. La negación de los sionas a perforar pozos en su territorio ha dilatado más de la cuenta sus proyectos sobre el tercer bloque, PUT-12.

Marco Tulio González Gómez, jefe de Relaciones Institucionales, reconoce que la consulta no llegó a buen término, pero reclama que cuatro meses más tarde, el 16 de marzo de 2015, suscribieron un Acta de Acuerdos que fue firmada por el gobernador, miembros del Cabildo, integrantes de Amerisur, el taita Hermógenes Paiguaje, el presidente de la Organización Zonal Indígena del Putumayo, el presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona y una delegada de la Personería de Puerto Asís.

El acta de esa reunión expone dos conclusiones: Amerisur “reiteró la seriedad de sus compromisos” y, segundo, los resguardos involucrados en el proceso se comprometieron a realizar una “reunión interna para presentar la información de esa reunión y definirán si consideran conveniente priorizar el proyecto de plan de inversión”. Aunque esta reunión les hizo pensar a los representantes de Amerisur que las relaciones con la comunidad siona iban por buen camino y había un acuerdo, para los sionas sencillamente fue el fin del diálogo.

“Tal vez lo relevante en este asunto no sean nuestras interpretaciones. sino las realidades jurídicas conforme a la normatividad colombiana y los derechos y obligaciones que tiene Amerisur, derivados del contrato suscrito con la ANH”, responde González (ver recuadro), “la posición del gobernador del Resguardo Buenavista no puede entenderse o interpretarse como un pronunciamiento del Pueblo Siona, pues está claro que el gobernador de un resguardo no es representante de la totalidad del Pueblo Siona”.

Los líderes del Pueblo Siona regresaron a su territorio y entre el 15 y el 17 de diciembre pasado celebraron una “minga de pensamiento y resistencia para la defensa y vida del pueblo ziobain”. Durante los tres días reflexionaron sobre la situación que enfrentan con la empresa Amerisur. El yagé, la planta sagrada de este y otros pueblos amazónicos, hizo parte de la ceremonia. En su cosmovisión el uso de esta planta tiene una gran importancia, pues se considera el medio a partir del cual se establece comunicación con los seres mitológicos que manejan el universo. Y por lo tanto también el territorio que habitan.

Es probable que a sus seres mitológicos, como a cualquier colombiano, también les cueste mucho trabajo entender los conflictos que genera el propio Estado colombiano, que desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos vende el derecho a explorar bloques de petróleo en zonas que antes el mismo Estado ha declarado áreas protegidas o resguardos indígenas. Y que al mismo tiempo promueva mecanismos de consulta con comunidades en las que si el resultado es negativo, no tiene importancia.