Los interrogantes que deja el cierre del parque eólico Jepírachi en La Guajira

A las cerca de 80 familias de las comunidades de kasiwolluin y arutkajui del resguardo wayuu de la Alta Guajira, la posibilidad de volver a las épocas duras en las que el agua era casi imposible de conseguir y el pueblo estaba en el abandono, las tiene en la incertidumbre total. La razón: el cierre del parque eólico Jepírachi.

El complejo funcionaba desde 2004, cuando EPM inició operaciones en el municipio de Uribia con 15 aerogeneradores en el parque Jepírachi, que en wayuunaiki significa “vientos que vienen del nordeste”. El proyecto contaba con una capacidad instalada de 19,5 MW de potencia, energía que alimentaba el Sistema de Interconexión Nacional (SIN).

Sin embargo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), emitió una resolución en junio de 2019 mediante la cual modificó el reglamento de operación para las plantas fotovoltaicas, de energía solar y eólicas. Jepírachi no cumple con estas nuevas especificaciones de calidad, por lo que en enero de este año suspendió la entrega de energía al SIN.

“Antes de que llegara EPM a nuestro resguardo, vivíamos con sed. Aquí en La Guajira llueve muy poco y hace 20 años los jagüeyes, que son pozos de agua, se secaban muy rápido. Nos sosteníamos con la pesca y el pastoreo de chivos, pero no alcanzaba para llevar a los hijos a estudiar”, explicó José Ruges, miembro de la comunidad kasiwolluin.

La comunidad dice que hasta el momento no hay un plan de salida, por lo que temen que algunos proyectos, como la planta desalinizadora que provee agua a la comunidad, queden inhabilitados por la falta de mantenimiento. Lo mismo ocurre con las iniciativas de procesos productivos: “nosotros no queremos firmar el cierre de la consulta previa porque hay unos acuerdos establecidos en 2017, adicionales a los de 2002, que no se han implementado en su totalidad. Ellos intentaron desarrollar varios proyectos productivos, como el de pesca y artesanías, que al día de hoy no son sostenibles. Ese es nuestro miedo, que se vayan sin cumplir”, dijo Nancy Gutiérrez, lideresa wayuu.

La suspensión de operaciones de Jepírachi tiene como telón de fondo una región que es apetecida no solo por la exploración de hidrocarburos, los megaproyectos eólicos, la titulación carbonífera por parte del Cerrejón y otras empresas que cubren toda la zona aledaña a puerto Bolívar, sino también por estructuras organizadas como el Clan del Golfo y Los Pachencas, así como la compañía “Libardo” del frente de guerra norte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que delinquen en La Guajira.

Por su ubicación estratégica, esta zona fronteriza ofrece salidas terrestres en municipios como Valledupar, Maicao y Uribia, al igual que corredores marítimos ubicados en la Alta Guajira, que según La Fundación Ideas para la Paz (FIP) en un informe emitido en 2018, son utilizados por grupos armados para consolidar rutas de narcotráfico, contrabando y tráfico de armas.

La situación se agudizó en este mismo año por los 194 pasos informales que registró la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en el departamento. Esto por los Flujos Mixtos Migratorios (FMM) provenientes de Venezuela que, según la organización, generó el incremento de los riesgos de seguridad y posibles violaciones a los derechos humanos, especialmente violencia sexual y extorsión. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2018 asesinaron a 12 mujeres, mientras que 269 fueron víctimas de violencia sexual en el departamento. Esto sin contar los subregistros, “ya que es conocido el riesgo que representa el accionar de grupos armados para las niñas y mujeres frente a la problemática de explotación sexual”, explicó la OCHA en un informe publicado en diciembre de 2018.

Debido a esto, la Defensoría del Pueblo advirtió en la alerta temprana 039 de 2019 que se presentaron tensiones dentro de los pobladores asentados en Colombia, lo que generó reclamos de territorios ancestrales ocupados por otros clanes. Esta situación creó conflictos entre ellos en los municipios de Maicao, Uribia y Riohacha.

“Es complejo porque unas semanas antes de nuestro viaje a La Guajira, las personas nos comentaron que hubo un ataque en contra del parque donde intentaron cortar unos cables; al parecer existe una disputa entre comunidades vecinas. Además, en los seminarios que realizamos en los últimos días de febrero nos dimos cuenta de que hay divisiones entre los líderes”, dijo Jacobo Ramírez, profesor de la escuela de Negocios de Copenhagen (CBS), quien viajó al departamento para investigar el plan de desarrollo de los proyectos de energía eólica.

Ramírez agregó que la principal preocupación es la falta de un acuerdo de desmantelamiento del parque, es decir, que no hay una hoja de ruta que identifique las posibles repercusiones sociales y ambientales que la salida de Jepírachi podría generar. Anota que “para este tipo de construcciones se realizan excavaciones de aproximadamente 3 metros de profundidad y 20 metros de diámetro, donde utilizan cemento e instalan transmisiones eléctricas”, y de acuerdo con las investigaciones que realizó en los parques eólicos en Oaxaca, México, al desarmar los aerogeneradores “muchas veces dejan los pozos sin cubrir y cuando llueve muchos animales se ahogan. Esto sin mencionar la necesidad de restablecer la vegetación”.

La misma preocupación la planteó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en un informe elaborado en 2019, donde documentó que el contrato de Jepírachi es a término indefinido, lo que supone que no hay un acuerdo de salida que garantice los derechos de los resguardos; “las comunidades wayuu han asumido que la duración del convenio es de 24 años, a menos que las partes lo renegocien o lo den por terminado antes”, se lee en el texto. Al respecto, Joanna Barney, investigadora de Indepaz, dijo que la independencia económica de los resguardos es vital “para que no se generen planes asistencialistas entre comunidad y empresa”, y no se presenten estos riesgos ante la culminación de un contrato.

Santiago Villegas, director de planeación y generación de energía de EPM, explicó que la empresa está creando un plan de acción frente a la resolución que formuló la CREG. “Estamos intentando demostrarle a la comisión que la operación de Jepírachi no le genera inconvenientes a la red; esto con el fin de permitirnos operar por un tiempo adicional. De manera simultánea, el grupo está explorando la posibilidad de realizar adecuaciones tecnológicas que permitan cumplir la norma”. Si no se logran alcanzar los estándares establecidos por la CREG, la empresa deberá construir un plan de salida. “Si esto no es posible, nosotros estamos en la obligación de formular un plan de desmantelamiento”, dijo Villegas.

En la reunión de cierre de consulta previa, el Ministerio del Interior declaró que todos los compromisos acordados en 2002 fueron cumplidos y “nada quedó pendiente”. De 2003 a 2019 la compañía realizó inversiones de un poco más de $2.486 millones de pesos en programas de medidas compensatorias como la construcción de la planta desalinizadora, la ampliación y dotación de la escuela Kamüsüchiwo’u, la limpieza y mantenimiento de dos jagüeyes y la dotación de un puesto de salud.

En cuanto a los acuerdos pactados en 2017, EPM se comprometió a impulsar la capacitación, financiación y desarrollo de cuatro proyectos productivos para la comunidad kasiwolluin: avicultura, agricultura, capricultura y artesanías. Al igual que iniciativas de pesca, turismo y saneamiento básico. La empresa aportaría fondos por un mínimo de 200 millones de pesos anuales por los siguientes cuatro años, donde la Fundación Ecosfera entraría a gestionar la primera parte de esta iniciativa.

Andrés Puentes, director de Ecosfera, dijo que se adelantaron las capacitaciones: “Intentamos capacitar a los pescadores en el uso de GPS, al igual que en el mantenimiento de redes de pesca, embarcaciones y en el proceso de cadena de frío para mejorar la calidad del producto. Sin embargo, un proyecto productivo no es sostenible en el corto plazo, y además, se han presentado inconvenientes porque la comunidad no asistió de forma rigurosa a los talleres”.

Sobre la preocupación por el suministro de agua, Santiago Villegas dijo que han insistido en impulsar la creación de una empresa que administre la planta desalinizadora, aunque los conflictos internos no han permitido que la iniciativa sea posible. “También hemos solicitado al municipio que cumpla con su obligación de operar y mantener la planta. Estamos revisando si es posible implementar el proyecto Guajira Azul impulsado por el Gobierno nacional para garantizar el agua en la zona”.

iembros del resguardo insisten en que el manejo por parte del municipio no asegura que el agua llegue a todos los hogares. “No es lo mismo porque el Gobierno nunca nos han tenido en cuenta, y el riesgo de una suspensión del funcionamiento es muy alto”, dijo Laura Uriana.

Pero más allá de los acuerdos incumplidos, o los que están en veremos, la preocupación de fondo sigue siendo la autonomía económica de los resguardos indígenas que siguen dependiendo de los grandes iniciativas que se desarrollan en sus territorios, sobre todo teniendo en cuenta que los proyectos de minería, exploración y producción de hidrocarburos, impactan directamente al pueblo wayuu.

Entre las comunidades la pregunta es si se pueden construir modelos de negocios autosostenibles con el pueblo wayuu y si se está a tiempo para garantizar que la transformación energética de La Guajira parta de criterios claros que reconozcan los derechos territoriales, culturales y de pervivencia de los pueblos y logre que las comunidades tengan todos los vientos a favor.

A las cerca de 80 familias de las comunidades de kasiwolluin y arutkajui del resguardo wayuu de la Alta Guajira, la posibilidad de volver a las épocas duras en las que el agua era casi imposible de conseguir y el pueblo estaba en el abandono, las tiene en la incertidumbre total. La razón: el cierre del parque eólico Jepírachi.

El complejo funcionaba desde 2004, cuando EPM inició operaciones en el municipio de Uribia con 15 aerogeneradores en el parque Jepírachi, que en wayuunaiki significa “vientos que vienen del nordeste”. El proyecto contaba con una capacidad instalada de 19,5 MW de potencia, energía que alimentaba el Sistema de Interconexión Nacional (SIN).

Sin embargo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), emitió una resolución en junio de 2019 mediante la cual modificó el reglamento de operación para las plantas fotovoltaicas, de energía solar y eólicas. Jepírachi no cumple con estas nuevas especificaciones de calidad, por lo que en enero de este año suspendió la entrega de energía al SIN.

“Antes de que llegara EPM a nuestro resguardo, vivíamos con sed. Aquí en La Guajira llueve muy poco y hace 20 años los jagüeyes, que son pozos de agua, se secaban muy rápido. Nos sosteníamos con la pesca y el pastoreo de chivos, pero no alcanzaba para llevar a los hijos a estudiar”, explicó José Ruges, miembro de la comunidad kasiwolluin.

La comunidad dice que hasta el momento no hay un plan de salida, por lo que temen que algunos proyectos, como la planta desalinizadora que provee agua a la comunidad, queden inhabilitados por la falta de mantenimiento. Lo mismo ocurre con las iniciativas de procesos productivos: “nosotros no queremos firmar el cierre de la consulta previa porque hay unos acuerdos establecidos en 2017, adicionales a los de 2002, que no se han implementado en su totalidad. Ellos intentaron desarrollar varios proyectos productivos, como el de pesca y artesanías, que al día de hoy no son sostenibles. Ese es nuestro miedo, que se vayan sin cumplir”, dijo Nancy Gutiérrez, lideresa wayuu.

La suspensión de operaciones de Jepírachi tiene como telón de fondo una región que es apetecida no solo por la exploración de hidrocarburos, los megaproyectos eólicos, la titulación carbonífera por parte del Cerrejón y otras empresas que cubren toda la zona aledaña a puerto Bolívar, sino también por estructuras organizadas como el Clan del Golfo y Los Pachencas, así como la compañía “Libardo” del frente de guerra norte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que delinquen en La Guajira.

Por su ubicación estratégica, esta zona fronteriza ofrece salidas terrestres en municipios como Valledupar, Maicao y Uribia, al igual que corredores marítimos ubicados en la Alta Guajira, que según La Fundación Ideas para la Paz (FIP) en un informe emitido en 2018, son utilizados por grupos armados para consolidar rutas de narcotráfico, contrabando y tráfico de armas.

La situación se agudizó en este mismo año por los 194 pasos informales que registró la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en el departamento. Esto por los Flujos Mixtos Migratorios (FMM) provenientes de Venezuela que, según la organización, generó el incremento de los riesgos de seguridad y posibles violaciones a los derechos humanos, especialmente violencia sexual y extorsión. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2018 asesinaron a 12 mujeres, mientras que 269 fueron víctimas de violencia sexual en el departamento. Esto sin contar los subregistros, “ya que es conocido el riesgo que representa el accionar de grupos armados para las niñas y mujeres frente a la problemática de explotación sexual”, explicó la OCHA en un informe publicado en diciembre de 2018.

Debido a esto, la Defensoría del Pueblo advirtió en la alerta temprana 039 de 2019 que se presentaron tensiones dentro de los pobladores asentados en Colombia, lo que generó reclamos de territorios ancestrales ocupados por otros clanes. Esta situación creó conflictos entre ellos en los municipios de Maicao, Uribia y Riohacha.

“Es complejo porque unas semanas antes de nuestro viaje a La Guajira, las personas nos comentaron que hubo un ataque en contra del parque donde intentaron cortar unos cables; al parecer existe una disputa entre comunidades vecinas. Además, en los seminarios que realizamos en los últimos días de febrero nos dimos cuenta de que hay divisiones entre los líderes”, dijo Jacobo Ramírez, profesor de la escuela de Negocios de Copenhagen (CBS), quien viajó al departamento para investigar el plan de desarrollo de los proyectos de energía eólica.

Ramírez agregó que la principal preocupación es la falta de un acuerdo de desmantelamiento del parque, es decir, que no hay una hoja de ruta que identifique las posibles repercusiones sociales y ambientales que la salida de Jepírachi podría generar. Anota que “para este tipo de construcciones se realizan excavaciones de aproximadamente 3 metros de profundidad y 20 metros de diámetro, donde utilizan cemento e instalan transmisiones eléctricas”, y de acuerdo con las investigaciones que realizó en los parques eólicos en Oaxaca, México, al desarmar los aerogeneradores “muchas veces dejan los pozos sin cubrir y cuando llueve muchos animales se ahogan. Esto sin mencionar la necesidad de restablecer la vegetación”.

La misma preocupación la planteó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en un informe elaborado en 2019, donde documentó que el contrato de Jepírachi es a término indefinido, lo que supone que no hay un acuerdo de salida que garantice los derechos de los resguardos; “las comunidades wayuu han asumido que la duración del convenio es de 24 años, a menos que las partes lo renegocien o lo den por terminado antes”, se lee en el texto. Al respecto, Joanna Barney, investigadora de Indepaz, dijo que la independencia económica de los resguardos es vital “para que no se generen planes asistencialistas entre comunidad y empresa”, y no se presenten estos riesgos ante la culminación de un contrato.

Santiago Villegas, director de planeación y generación de energía de EPM, explicó que la empresa está creando un plan de acción frente a la resolución que formuló la CREG. “Estamos intentando demostrarle a la comisión que la operación de Jepírachi no le genera inconvenientes a la red; esto con el fin de permitirnos operar por un tiempo adicional. De manera simultánea, el grupo está explorando la posibilidad de realizar adecuaciones tecnológicas que permitan cumplir la norma”. Si no se logran alcanzar los estándares establecidos por la CREG, la empresa deberá construir un plan de salida. “Si esto no es posible, nosotros estamos en la obligación de formular un plan de desmantelamiento”, dijo Villegas.

En la reunión de cierre de consulta previa, el Ministerio del Interior declaró que todos los compromisos acordados en 2002 fueron cumplidos y “nada quedó pendiente”. De 2003 a 2019 la compañía realizó inversiones de un poco más de $2.486 millones de pesos en programas de medidas compensatorias como la construcción de la planta desalinizadora, la ampliación y dotación de la escuela Kamüsüchiwo’u, la limpieza y mantenimiento de dos jagüeyes y la dotación de un puesto de salud.

En cuanto a los acuerdos pactados en 2017, EPM se comprometió a impulsar la capacitación, financiación y desarrollo de cuatro proyectos productivos para la comunidad kasiwolluin: avicultura, agricultura, capricultura y artesanías. Al igual que iniciativas de pesca, turismo y saneamiento básico. La empresa aportaría fondos por un mínimo de 200 millones de pesos anuales por los siguientes cuatro años, donde la Fundación Ecosfera entraría a gestionar la primera parte de esta iniciativa.

Andrés Puentes, director de Ecosfera, dijo que se adelantaron las capacitaciones: “Intentamos capacitar a los pescadores en el uso de GPS, al igual que en el mantenimiento de redes de pesca, embarcaciones y en el proceso de cadena de frío para mejorar la calidad del producto. Sin embargo, un proyecto productivo no es sostenible en el corto plazo, y además, se han presentado inconvenientes porque la comunidad no asistió de forma rigurosa a los talleres”.

Sobre la preocupación por el suministro de agua, Santiago Villegas dijo que han insistido en impulsar la creación de una empresa que administre la planta desalinizadora, aunque los conflictos internos no han permitido que la iniciativa sea posible. “También hemos solicitado al municipio que cumpla con su obligación de operar y mantener la planta. Estamos revisando si es posible implementar el proyecto Guajira Azul impulsado por el Gobierno nacional para garantizar el agua en la zona”.

iembros del resguardo insisten en que el manejo por parte del municipio no asegura que el agua llegue a todos los hogares. “No es lo mismo porque el Gobierno nunca nos han tenido en cuenta, y el riesgo de una suspensión del funcionamiento es muy alto”, dijo Laura Uriana.

Pero más allá de los acuerdos incumplidos, o los que están en veremos, la preocupación de fondo sigue siendo la autonomía económica de los resguardos indígenas que siguen dependiendo de los grandes iniciativas que se desarrollan en sus territorios, sobre todo teniendo en cuenta que los proyectos de minería, exploración y producción de hidrocarburos, impactan directamente al pueblo wayuu.

Entre las comunidades la pregunta es si se pueden construir modelos de negocios autosostenibles con el pueblo wayuu y si se está a tiempo para garantizar que la transformación energética de La Guajira parta de criterios claros que reconozcan los derechos territoriales, culturales y de pervivencia de los pueblos y logre que las comunidades tengan todos los vientos a favor.