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Catorce años de vinculación con el Parque Temático Hacienda Nápoles, en Puerto Triunfo (Antioquia), están a punto de terminar abruptamente para un contratista de ese centro de diversión familiar, ante la cascada de demandas y quejas laborales de las que ha sido notificada la dirección del parque en los últimos dos meses.
El tema prácticamente es de dominio público en ese municipio, debido al inconformismo expresado en las últimas dos semanas por parte de por lo menos 10 trabajadores venezolanos. Uno de ellos encendió las alarmas de la Defensoría Pública en Medellín, hasta donde se desplazó transportado por gente del lugar ante la falta de recursos del quejoso.
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“Fui trabajador en la Hacienda Nápoles, para el señor Pedro Noreña, mediante un contrato verbal, desde el 27 de enero de 2022 hasta el día jueves de mayo (sic) de 2022, cuando sufrí un accidente laboral dentro de dicha hacienda en labores de remoción de tierra, que conllevó un procedimiento quirúrgico. Mi empleador no le ha aportado al Sistema General de Seguridad Social de Salud, por ello tuve que pagar la cirugía con mis propios recursos vendiendo una nevera, tampoco me afilió a pensiones ni a riesgos laborales. Tampoco he recibido liquidación de prestaciones sociales”.
Esa es la declaración que el ciudadano venezolano Adelso Pirela Medina entregó a la Defensoría Pública en Medellín, en donde una vez escuchado fue asesorado en su coindición de migrante para la elaboración de un amparo de pobreza para solicitarle al juez competente (en este caso de Santuario (Antioquia), que es Distrito Judicial de Puerto Triunfo, lugar donde está la Hacienda Nápoles), le asigne un abogado gratuito de la lista de litigantes para que le presente una demanda laboral. Igualmente le enviaron un comunicado al Ministerio del Trabajo para lo de su competencia.
Juan Diego Palacio Mesa, defensor público de la regional Antioquia, manifestó que el Ministerio del Trabajo no tiene los suficientes funcionarios (inspectores) para hacer inspecciones a este tipo de empleadores, “lo cual hace que la informalidad se convierta en un incentivo por la carencia de multas o sanciones”.
“No hay que olvidar que cuando se firmó el TLC con Estados Unidos, uno de los compromisos de Colombia fue aumentar significativamente la planta de inspectores del trabajo, y aunque sí se incrementaron, no guardan proporción con la cantidad de informalidad empresarial que reina en Colombia”, comentó Palacio.
Habla el contratista
Tras ser indagado por este diario sobre el caso de Pirela, el contratista Pedro Noreña aseguró tener contratados a cerca de 50 trabajadores y que todos gozaban de seguridad social y servicio de salud.
Al preguntarle si podía aportar la prueba de la afiliación de Pirela en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, respondió: “Lo que pasa es que han venido unos venezolanos indocumentados y uno de buena gente, y de buena fe, les da trabajo por unos días y han pasado casos que se accidentan o llegan ya con problemas, y la gente habla más de lo que es”.
Añadió que Pirela es indocumentado y por eso no fue posible afiliarlo. “El trabajador dice que tuvo un accidente de trabajo, que alzando un bulto de cemento se cayó y le salieron tres hernias. Hablé con un médico y me dijo que tres hernias no pueden salir en un solo esfuerzo, que eso se da con el paso del tiempo”.
Otros ocho trabajadores venezolanos, que expusieron sus casos a El Espectador, aseguraron que aunque nunca firmaron contratos con Noreña, admiten que les pagaba las quincenas cumplidamente, pero nunca gozaron de seguridad social. “No tenemos salud, pensión ni riesgos laborales. Tampoco nos paga cesantías, vacaciones ni primas; ni siquiera nos daba elementos de dotación para trabajar”, señaló uno de ellos.
“Fuimos engañados”
El Espectador consultó a Óscar Jairo Orozco, director del Parque Temático Hacienda Nápoles -que cada año es visitado por miles de turistas nacionales y extranjeros-, quien explicó que Noreña es uno de las más de 10 contratistas con que cuenta el parque y el único con problemas laborales.
“Nosotros tomábamos siempre la planilla que nos deben presentar de seguridad social los contratistas, y después nos dimos cuenta de que las aportadas por Pedro Noreña eran falsas. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Porque en los últimos dos o tres meses nos notificaron de nueve demandas de solidaridad de empleados contra el señor Pedro Noreña y el Parque Temático Hacienda Nápoles”.
Orozco relató que enseguida el cuestionado contratista fue confrontado por la falsedad de las planillas y la falta de pagos de seguridad social que nos había presentado. “Quiero aclarar que el único contratista que no estaba cumpliendo con sus obligaciones laborales era el señor Noreña. Nos estaba engañando, como han engañado a muchos empresarios en este país con los contratistas, porque no somos la excepción”.
En este caso, aseguró Orozco, “el señor Pedro Noreña termina su contrato con nosotros y se va del parque. Nos duele en el alma, porque es de los contratistas más antiguos y nosotros en todos los pagos que le hicimos a señor Noreña le pagamos salarios, prestaciones y parafiscales. Pero tristemente se estaba robando la plata, así de claro”.
Sobre la eventual responsabilidad el Parque Temático Hacienda Nápoles en las demandas laborales notificadas, Orozco le comentó a este diario que “fuimos asaltados en nuestra buena fe por ese contratista. Les pagamos a los contratistas por obra y cada contratista les responde a los trabajadores, en eso no nos metemos nosotros. No somos solidarios con esas demandas, porque la solidaridad surge cuando la empresa que contrata tiene el mismo objeto social de construcción y nosotros no construimos, somos parque temático”.
Sin entrar a opinar sobre el caso del Parque Temático Hacienda Nápoles, el abogado Germán Plazas explicó su visión jurídica afirmando que “la informalidad laboral que se puede traducir, por ejemplo, en celebrar acuerdos verbales, no es recomendable para ningún empresario, porque hace difícil delimitar la responsabilidad que tienen los diferentes actores en esa relación de trabajo”.
Para Plazas, en la medida que se pueda definir con certeza el tipo de contrato celebrado entre las partes, podrá haber certeza sobre las responsabilidades en materia de salario y prestaciones, o en materia de afiliaciones a la seguridad social o lo referente a accidentes de trabajo o enfermedades laborales.
“El hecho de que no exista claridad sobre el tipo de contrato que celebraron las partes hace que tenga que ser un juez de la República el que entre a valorar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se prestó el servicio, para establecer responsabilidades precisas a cargo de cada una de las partes”, concluyó Plazas.
Y añadió que cuando un empresario contrata trabajadores foráneos sin los respctivos permisos, además de violar las normas migratorias, esos trabajadores no pierden sus derechos laborales.
