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A la Ciénaga de San Silvestre, en Barrancabermeja, espejo natural de agua dulce encargado de abastecer a cerca de 300.000 habitantes del Magdalena Medio, la están matando. Sus 70.804 hectáreas, que surten el acueducto del municipio y hacen parte del corredor del jaguar y el hábitat natural del manatí antillano, fueron contaminadas por el vertimiento de lixiviados de dos rellenos sanitarios construidos ilegalmente en su territorio: Anchicayá y Yerbabuena. (Vea las imágenes aquí: S.O.S Ciénaga de San Silvestre: Basureros acaban con el ecosistema)
La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) autorizó, entre septiembre de 2013 y julio de 2014, las licencias ambientales de construcción de ambos basureros, aprovechando el inminente cierre por emergencia sanitaria de La Esmeralda, antiguo relleno del puerto petrolero. A partir de ese momento comenzaron las irregularidades.
Primero, las licencias fueron concedidas sobre la cuenca hídrica del humedal San Silvestre, zona especial de protección ambiental declarada Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) lo cual, según registro, no estaba estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente, ni tampoco avalado por el decreto 838 de 2005. Está prohibido cimentar un relleno en “áreas pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales y demás ecosistemas especiales tales como humedales, páramos y manglares”, dice la resolución.
Incluso, si se dejara construir un relleno en una de estas áreas, la ley dice que sólo está permitido si se localiza como mínimo a 500 metros de distancia de una fuente superficial de abastecimiento hídrico para consumo humano. El relleno Yerbabuena, por ejemplo, está a 200 metros.
Pero las anormalidades no paran ahí. Cuando se gestionó ante Planeación Municipal la licencia de Anchicayá, propiedad de la empresa Sociedad Futuro RSTI, se hizo bajo la premisa de que lo que se iba a construir en la vereda El Tapazón era un camino veredal de uso de suelo agropecuario, pero terminó siendo un basurero.
Así lo dejaba claro un concepto de uso de suelo de la Alcaldía emitido en 2013: “El predio se encuentra ubicado dentro de la categoría de uso áreas agropecuarias. Por lo tanto se puede conceptuar que la actividad agropecuaria que se pretende desarrollar es de uso compatible con el sector donde se localiza el consultado predio” (Ver adjunto)
De acuerdo con el médico y activista ambiental Yesid Blanco Calvete, al mismo tiempo que el trámite de dicha licencia se resolvía, la empresa recolectora de Barrancabermeja, Rediba S.A., explanaba a pocos metros y sin autorización otra zona de protección, esta vez en frente de la vereda Patio Bonito, en donde construyeron luego el relleno Yerbabuena.
Otro acontecimiento inusual se presentó en el licenciamiento de Anchicayá: el exsecretario de Medio Ambiente de Barrancabermeja, Heyner Mancera Rincón, denunció que la CAS no le avisó al municipio que iba a otorgar el permiso.
“Yo me enteré por accidente. Un día llegué a la oficina y en el periódico local decía que la CAS había autorizado la licencia de Anchicayá. De inmediato solicitamos la derogatoria y la Alcaldía demandó al relleno. El argumento de la corporación fue que dieron el aval basados en un estudio que la petrolera multinacional Oxy donó, en el que sugirió unos predios que podrían recibir la basura de Barrancabermeja. Pero cuando este estudio se quiso incorporar en la revisión del POT de 2012, el Concejo Municipal lo rechazó”, dijo el exfuncionario.
Sin embargo, poco tiempo después de que Anchicayá obtuviera, contra todo pronóstico, luz verde para construir, una medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión de obras por “incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y afectación a los recursos naturales”. La prohibición fue producto de una acción popular que el Comité Pro Defensa de la Cuenca Hídrica Humedal San Silvestre entabló, al igual que una serie de protestas y plantones que pretendían alertar a la comunidad del daño ambiental que se veía venir.
El millonario negocio
A raíz del cierre del primer relleno y la vigente emergencia sanitaria del municipio, a principios de 2015 Yerbabuena comenzó a funcionar. Su cercanía estratégica con Bucaramanga es la razón por la cual lo que hay detrás de la construcción de basureros sobre la cuenca hídrica de San Silvestre es todo menos basura. Se trata de un negocio millonario.
Conforme lo expresó el exfuncionario Mancera Rincón, por cada tonelada depositada en el relleno de Rediba se cobra alrededor de $35.000. Barrancabermeja genera aproximadamente 200 toneladas diarias y a El Carrasco, basurero de Bucaramanga y su área metropolitana, que está a punto de llegar al tope de su capacidad, por día llegan entre 700 y 1.000.
“La tarifa completa puede estar entre los $25.000 y $35.000 por tonelada. Si hacemos cuentas, con $30.000 por tonelada las ganancias serían $6 millones diarios y alrededor de $2.000 millones al año. Esta tarifa además tiene un subsidio que el Estado le entrega al operario (Rediba) para estratos 1, 2 y 3, la cual puede llegar a los $2.000 millones anuales”, explicó el experto en medioambiente.
Pero el negocio es más grande. El basurero que logre quedarse no sólo con las basuras del municipio petrolero, sino a futuro también con las de la capital santandereana, estaría facturando alrededor de $10.000 millones al año. Por eso, según el exsecretario, los abogados de Anchicayá, a la cual sí le otorgaron licencia regional, a diferencia de Yerbabuena, actualmente están en la tarea de tumbar la suspensión preventiva y reanudar labores.
Así lo hizo ver el exgobernador de Santander Richard Aguilar Villa, cuando felicitó anticipadamente por el primer basurero a la entonces directora del CAS, Flor María Rangel Guerrero, capturada el pasado noviembre en San Gil por los delitos de falsedad en documento público y peculado por apropiación. “Nos acompaña la directora de la CAS, Flor Rangel, a quien felicito por dar ayer licencia ambiental a nuevo relleno sanitario para Bucaramanga”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.
El daño ambiental
Los habitantes de Patio Bonito, vereda ubicada justo en frente del relleno de Rediba y a tres kilómetros de la CSS, han sido los más afectados. Graciela Rojas Santos, esposa del expresidente de la Junta de Acción Comunal de Patio Bonito Oswaldo López, aseguró que por el vertimiento de lixiviados y la presencia reciente de mercurio en los humedales, desde hace un año alrededor de 100 familias reciben agua en carrotanques.
¿Cómo ha cambiado la vida en Patio Bonito luego de que el relleno de Rediba fuera instalado en frente de la vereda?
La vida cambió para mal. Ya no tenemos la tranquilidad de descansar sin malos olores y nos es imposible utilizar agua del humedal. Por eso ahora cada tres días nos la traen en carrotanques.
¿Cómo utilizaban el agua antes y después de que Anchicayá y Yerbabuena fueran construidos?
El agua antes la sacábamos para comer, para los animales, para la casa. Cuando empezaron a contaminar los humedales se nos murieron los peces, los manatíes (especie en vía de extinción) y algunas tortugas. La gente también comenzó a tener problemas respiratorios y los niños de la escuela asisten con tapabocas.
¿Cómo se enteraron de que iban a vivir al lado de un relleno sanitario? ¿Fue la misma CAS la que los alertó?
Nunca. Acá llegaron a hablarnos los de Rediba, pero diciendo que iban a montar una empresa de reciclaje y luego un ecoparque. Incluso, cuando Yerbabuena empezó a funcionar dijeron que no iba a haber contaminación y que los lixiviados iban a aparecer luego de cinco años. Un mes después se registró el primer derramamiento de lixiviados en el humedal.
¿Qué tan cierto es que su esposo recibió amenazas y ofrecimientos de dinero para que Rediba pudiera trabajar en la zona?
Mi esposo recibió amenazas y le ofrecieron sobornos cuando le hicimos frente a la situación. Al final supimos que las intimidaciones llegaron de parte de Rediba, a pesar de que ellos nunca se identificaron. Pero quien descaradamente le ofreció a mi esposo $200 millones para que “lo dejara trabajar” fue el mismo dueño de Rediba, el señor Reinaldo Bohórquez.
Los implicados
Lo más desconcertante del caso, como lo expresaron algunos miembros del Comité Pro Defensa de la Cuenca Hídrica de San Silvestre, es que el actual alcalde, Darío Echeverry Serrano, con quien El Espectador intentó comunicarse insistentemente, sólo usó la defensa de la ciénaga, sus humedales y el cierre de los basureros como “bandera para hacer campaña, porque hasta el momento no ha hecho nada al respecto”.
“Lo que dice Echeverry es que están trabajando para que el nuevo POT defina en dónde construir un nuevo relleno, pero si esperamos una nueva maniobra, el proceso se dilataría”, manifestó el portavoz Blanco Calvete, quien también sospecha que la falta de apoyo repentina del mandatario pueda ser por un supuesto conflicto de intereses.
A finales de 2016, la Alcaldía adjudicó la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) a la firma internacional Aqualia S.A. y a la empresa santandereana Construvicol S.A., por un costo de $123.000 millones. El silencio y la permisividad que ha tenido el alcalde con Yerbabuena generan suspicacias teniendo en cuenta que el propietario de Construvicol, compañía que recibió parte del millonario contrato de la PTAR, es justamente Reinaldo Bohórquez, el megacontratista también dueño de Rediba con quien El Espectador también intentó hablar sin éxito.
Y mientras Echeverry Serrano se prepara para esta jugosa inversión, el acueducto realiza consultorías para ver de qué otro lugar se puede sacar agua para surtir a los barramejos. “Aguas de Barrancabermeja sacó hace unas semanas un proceso de licitación para buscar nuevas áreas para traer agua, y eso va a costar mucho más que reparar lo que se ha dañado”, indicó el exsecretario de Ambiente Heyner Mancera Rincón.
También resulta extraño que el municipio se excuse bajo la figura de “emergencia sanitaria”, ignorando una carta que envió el relleno sanitario La Dorada Caldas el pasado 24 de junio de 2016, en la que se le ofrece a la Alcaldía disponer allí las basuras de Barrancabermeja. (Ver facsímil de la carta)
Actualmente, el relleno Yerbabuena tiene dos resoluciones de cierre (0708 de 2015 y 116 de 2016), emitidas por la CAS por “incumplimiento en el Plan de Manejo Ambiental”, luego de que la Corte Constitucional visitara la zona como respuesta a dos tutelas interpuestas por miembros de la comunidad de Patio Bonito. A pesar de que dicha inspección le ordenó a la Alcaldía surtir de agua potable a la vereda afectada, la investigación del alto tribunal lleva aproximadamente un año en “etapa de pruebas” y el fallo que ordene el cierre definitivo de Yerbabuena hoy brilla por su ausencia.