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La denuncia de un caso de un menor de nueve años que fue víctima de torturas y malos tratos en la Fundación Hogar Monserrate, ubicada en la vereda Tilatá, del municipio de Chocontá, a donde llegó como parte de una terapia para mejorar su conducta debido a problemas de lenguaje y comportamiento, volvió a avivar el debate sobre lo que ocurre en los centros de atención y rehabilitación de jóvenes y niños en el país.
De acuerdo con información entregada por la familia, el niño fue internado por primera vez el 5 de julio de 2021 para recibir tratamiento y el pasado 12 de diciembre, cuando salió del lugar para las celebraciones de las fiestas decembrinas, el menor presentaba problemas de salud y tuvo que ser llevado a urgencias del Hospital de Engativá y luego al Hospital San José Infantil, en donde los médicos señalaron que se trataría de una posible tortura. El niño tenía una lesión grave en el pene y llevaba diez días sin poder orinar.
“En horas de la noche el niño comienza a llorar, a gritar desesperado y a correr por toda la casa, se tocaba las partes íntimas, no se dejó ver de la mamá por lo que lo llevamos donde el tío, cuando lo revisó vio que tenía el pene más grande que el de un adulto, estaba hinchado”, sostuvo la tía del niño, en entrevista con Caracol Radio.
Aunque las autoridades ordenaron una investigación y ya hay comisiones del ICBF, la Fiscalía y la Policía haciéndole seguimiento al caso, el tema de cómo funcionan estos centros de atención y rehabilitación y quién los controla sigue generando preocupación en el país, pues no se trata del primer caso similar que se denuncia en lo corrido del año.
En Bucaramanga, por ejemplo, las autoridades sellaron en octubre dos fundaciones de rehabilitación de jóvenes debido a las irregularidades y denuncias pues los pacientes estaban siendo medicados sin fórmula y eran víctimas de torturas y maltratos.
Era el caso de la Fundación Bethel que de hecho ya había sido sellada un mes antes en el marco de una investigación por la muerte del joven Josué Chía Robles. “Nos desplazamos de la mano del Ministerio Público, Personería, Policía de Bucaramanga, Fiscalía, CTI, así como las Secretarías del Interior y de Desarrollo Social, y estamos verificando las condiciones de los menores y de toda la información que estamos recabando. Nuevamente encontramos que estaban siendo medicados, algunas situaciones de abuso y torturas que están siendo verificadas por las autoridades competentes”, dijo entonces la secretaria del Interior de la ciudad, Melissa Franco.
Un panorama similar había sido denunciado semanas antes en la Fundación Casa de Amor y Fe en el barrio Comuneros, de Bucaramanga, en donde se registró un incendio el 16 de octubre al parecer provocado por los mismos jóvenes en medio de una protesta por malos tratos. En el hecho murieron dos personas y otras seis resultaron heridas. De hecho dos días antes se había registrado otro motín en la Fundación Funcape, también en medio de una protesta por agresiones y malos tratos a los internos. Dicha fundación también fue sellada por no cumplir las condiciones básicas para su funcionamiento pues no cumplía con las condiciones higiénico sanitarias y había personas que estaban en contra de su voluntad.
En Nariño, también se presentaron denuncias graves de abusos al interior de una fundación. El pasado 30 de noviembre la Fiscalía capturó a nueve personas por su presunta relación con torturas apacientes internados en centros de rehabilitación de adicciones en Ipiales que no contaban con los permisos necesarios para su funcionamiento ni manejo de personas vulnerables.
Los hechos se habrían presentado desde el 24 de enero de 2020 hasta el pasado 23 de noviembre en las fundaciones Ría Nazareno y Proyectos Vida, ubicadas en el centro de Ipiales y la vereda San Francisco del municipio de Contadero (Nariño), creadas por los hermanos Benítez Benavides como entidades sin ánimo de lucro, cuyo propósito era prestar servicios de rehabilitación a la población afectada por el consumo de drogas y alcohol.
De acuerdo con relatos de pacientes, en el lugar les propinaban golpizas a los pacientes con tablas de madera, les aplicaban choques eléctricos con pistolas Taiser en varias partes del cuerpo, los encerraban de manera prolongada, los obligaban a ingerir alimentos descompuestos y tomar su orina como bebida, consumir alimentos cocinados con jabón o detergentes, y los sometían a métodos de asfixia y ahogamiento. La Fiscalía, además, abrió otra línea de investigación para establecer si se presentaron casos de abuso sexual y acoso contra las personas internadas en las fundaciones.