Los Pachencas, el terror en la Troncal del Caribe

Palomino, La Guajira

“No queremos restaurantes, tiendas ni nada abierto, no queremos mototaxis, vendedores ambulantes, absolutamente a nadie. Todo aquel que no cumpla será objetivo militar”, sentencia un panfleto que comenzó a circular el miércoles 17 de junio en algunos de los municipios de La Guajira y Magdalena que se encuentran en la Troncal del Caribe. Esta firmado por “Los nuevos conquistadores de la Sierra”, conocidos por la comunidad como los Pachencas.

Las amenazas se difundieron precisamente un día después de la muerte de Déimer Patiño Giraldo, alias 80, señalado por las autoridades como el máximo cabecilla de este grupo armado. Patiño asumió el mando en junio de 2019, cuando Jesús María Aguirre, alias Chucho Mercancía, murió durante un operativo de la Fuerza Pública.

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El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó en su momento que alias 80 cayó en una operación de asalto de los Comandos Jungla de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, en la vereda Páramo de San Isidro, zona rural de Santa Marta. La operación fue producto de un año de trabajo de inteligencia e investigación para dar con el paradero de este hombre, que tenía 20 años de trayectoria criminal, estaba acusado de concierto para delinquir, narcotráfico, homicidio, extorsión y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Era considerado, además, autor intelectual de gran parte de las actividades criminales y de narcotráfico en Santa Marta, Riohacha y al menos 10 municipios de la Troncal del Caribe. Sin alias 80 en el panorama, las tensiones comenzaron a sentirse en las zonas de influencia de este grupo criminal.

Alejandro Restrepo, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, explica que en el fondo lo que hay en las zonas aledañas a la Sierra Nevada es una disputa entre el Clan del Golfo y los Pachencas por el control de la extorsión, el turismo, el lavado de activos y el narcotráfico de la zona. “Distribuyeron estos panfletos por toda la Troncal del Caribe después de la muerte de 80, como una respuesta al aumento de la presencia de la Fuerza Pública”, dice Restrepo. Además comenta que, aunque el Clan del Golfo tiene influencia en más de 120 municipios del país, los Pachencas tienen control territorial en la Sierra Nevada.

“Los Pachencas son herederos del Bloque Resistencia Tayrona de las autodefensas, lideradas por Hernán Giraldo Serna, incluso alias 80 era sobrino de Giraldo”, afirma un investigador de la Fiscalía que prefiere no ser identificado. Asimismo, en La Guajira, específicamente en el corregimiento de Palomino (del municipio de Dibulla que limita con Magdalena), la población recibió los panfletos en los que se imponía toque de queda por 72 horas, aunque el tema no pasó a mayores y el transporte no se vio afectado.

Una habitante del corregimiento dice que muchos de los comercios tuvieron que cerrar o empezar a vender a escondidas: “Me sentía como comprando drogas cuando fui a la tienda por un litro de leche”. El panfleto también se difundió por redes sociales. En la zona los pobladores cuentan que tras la muerte de alias 80 se impusieron días de luto en la zona y ni siquiera estaba permitido vender agua en las tiendas. Un escenario que recordó los difíciles días que se vivieron en esos territorios precisamente en junio de 2019, tras la muerte de Chucho Mercancía, cuando el grupo armado impuso toque de queda, todos los locales cerraron y el lugar parecía un pueblo fantasma.

En medio de las restricciones y la cuarentena nacional por cuenta de la pandemia la situación se ha agravado, pues no hay turismo en la zona. Algunos habitantes comentan que les cobran vacunas y que no se puede conversar abiertamente sobre ciertos temas porque “no se sabe quiénes son, cualquiera podría ser del grupo armado”.

Desde la Fiscalía señalan que se han dado golpes contundentes a la estructura criminal, decomisando grandes cantidades de cocaína: “En Uribia también fue capturado alias Ñengo, responsable militar de esa zona. Este año han sido capturados aproximadamente 42 integrantes”, sostiene el investigador al señalar que hay presencia permanente de Policía y Ejército, y que los Pachencas, que inicialmente hacían presencia en Magdalena, se han expandido hacia La Guajira y el Cesar.

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Desde algunos sectores han alertado que es preocupante esa capacidad de expansión en una zona que tiene una importante presencia de Fuerza Pública. De hecho, en mayo pasado se conocieron investigaciones periodísticas publicadas por la revista Semana y Noticias Uno, según las cuales los Pachencas tenían acceso a información reservada de las Fuerzas Militares, también a la ubicación de los operativos antidrogas en el mar Caribe. Se evidenció que el grupo armado ha asesinado más de 80 líderes sociales en Magdalena; incluido Alejandro Llinás, líder social y ambiental defensor de los parques naturales del departamento; quien denunció en repetidas ocasiones las amenazas y la posible filtración de información por parte de la Policía.

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, le ha solicitado al Estado elevar a los Pachencas a la categoría de grupo armado organizado, “para poderlo combatir con toda contundencia e, incluso, con un grupo élite especializado”. Un paso que, según Alejandro Restrepo, es necesario dar, pero que también debe ir acompañado de una revisión de la Fuerza Pública que tiene presencia en este territorio, “para saber cuáles son las relaciones que presuntamente se están tejiendo entre la criminalidad y los agentes estatales, esto sería un avance para el desmantelamiento de la violencia que afecta a las comunidades”.

Un líder de Dibulla explica que geográficamente la zona es apetecida por los grupos al margen de la ley porque “es estratégica para la producción de pasta de coca, ya que los grupos armados tienen al frente el mar Caribe, por donde pueden sacar la droga del país o moverse entre departamentos”.

Lo cierto es que la presencia de esta estructura armada en la zona, la confrontación con el Clan del Golfo, los asesinatos selectivos, la extorsión y la disputa por el control del narcotráfico dejan en medio a la población civil. “No solo hay que reforzar la presencia militar, sino hacer una vigilancia, control, seguimiento y veeduría de la acción de la Fuerza Pública en materia de respeto a los derechos humanos”, señala Restrepo.