Los reclamos de las comunidades indígenas del Amazonas ante la pandemia

Uno de los grandes retos que enfrenta el país a la hora de prevenir el contagio del COVID-19 es controlar las fronteras. A pesar de que desde el 16 de marzo el presidente Iván Duque ordenó el cierre de los pasos terrestres, marítimos y fluviales, varios mandatarios locales han solicitado reforzar el pie de fuerza para controlar las fronteras porosas y evitar el tránsito irregular. En el departamento del Amazonas, por ejemplo, la lupa está puesta en los pasos en límites con Perú y Brasil, en donde han sido confirmados más de 10.303 y 23.430 casos de coronavirus, respectivamente. Además, en Tabatinga, ciudad brasileña ubicada a 10 minutos de Leticia, ya se reportó también el primer caso de COVID-19.

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“Nosotros estamos a dos horas desde Leticia y no hay una hoja de ruta en este momento. Solamente hay cuatro unidades de guardacostas aquí en Puerto Nariño, ocho policías y 30 soldados en nuestra jurisdicción. Desde la guardia indígena también estamos ayudando, pero no es suficiente porque hay gente ingresando al territorio desde Perú y Brasil”, dijo Humberto Monge, presidente de la Asociación Ticuna Cocama y Yagua.

Y es que a pesar de que el tránsito terrestre se ve limitado por las condiciones selváticas de la región, esto no ha sido un impedimento para que el narcotráfico, la explotación maderera y la minería ilegal se hayan desarrollado como parte fundamental de la dinámica fronteriza entre Colombia, Perú y Brasil que se mueve a través del río Putumayo que conecta la amazonía colombiana con los países vecinos.

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De acuerdo con Jesús Galdino, gobernador del departamento del Amazonas, junto a la fuerza pública se han realizado varios patrullajes para monitorear la región, incluso en la zonas donde las fronteras son prácticamente invisibles. Sin embargo, algunos miembros de las asociaciones indígenas del departamento insisten en que es necesario aumentar el pie de fuerza.

“Tenemos mucho miedo porque aquí nos queda cerca un municipio del Ecuador que se llama El Carmen. Por ahí están entrando muchos ecuatorianos por el río Putumayo a Puerto Leguízamo, lo que nos pone en una situación de vulnerabilidad. Es importante que nos envíen pie de fuerza para controlar la zona. Aquí no hay policía ni ejército. Estamos abandonados”, explicó Edgar Ricardo Sandra, presidente del Consejo Indígena de Puerto Alegría ubicado al noroccidente del Amazonas. Agregó que en el corregimiento no hay ni un puesto de salud que preste servicios a la comunidad. “No tenemos nada, ni un acetaminofén. Hay dos promotores de salud y una auxiliar de enfermería, sin embargo, estos funcionarios no están cumpliendo con su papel”.

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La presencia del virus en Colombia y el aumento de casos en varias regiones del país, se convierte en un nuevo reto para el departamento debido a que sus 80.000 habitantes cuentan con un solo hospital de segundo nivel en Leticia. Esto deja al resto de pueblos indígenas y comunidades de la región en manos de los centros de salud de los diferentes corregimientos y a expensas de un sistema de transporte que garantice el traslado de pacientes a Leticia de llegar a presentarse un caso con complicaciones.

“La prestación de servicios de salud en este territorio es precario (...) estamos solicitando a la Secretaría de Salud departamental la dotación de un transporte adecuado y rápido para las comunidades”, dijo Alfredo Yucuna, representante legal de la Asociación de Capitanes Indígenas del Mirití́ Amazonas, que está en el corregimiento de Mirití-Paraná, donde el acceso es fluvial, siendo el río Mirití su principal arteria navegable.

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En otra de las esquinas del departamento, colindando con Vaupés y Brasil, se encuentra el corregimiento La Pedrera en donde, según la comunidad de la Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo Miraña y Bora del Medio Amazonas, el centro de salud está prácticamente en abandono por la falta de medicamentos: “incluso para atender a las enfermedades que suelen ocurrir en el territorio”, dijo Jarvis Bernaza, representante legal de la asociación.

Panorama similar al de Puerto Santander, en donde de acuerdo con Fabián Moreno, presidente del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA), tampoco hay insumos para atender la crisis. “Aquí hay un médico rural que está haciendo su práctica, pero casi no tiene recursos ni medicinas para atender a la gente”, sostuvo insistiendo en que al estar alejados de las prestaciones básicas de salud para las 17 comunidades que hacen parte del CRIMA, es fundamental la medicina tradicional.

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Jesús Galdino explicó que el departamento está tomando medidas frente a la crisis sanitaria que podría darse en la región por el COVID-19 y que alrededor de $21.000 millones , que llegarían en el transcurso de la semana provenientes del Gobierno nacional, estarían destinados para la dotación de la infraestructura en salud, sobre todo en la capital del departamento, donde el hospital San Rafael está en proceso de adecuación para crear salas de hospitalización y una unidad de cuidados intermedios.

En el caso de las comunidades indígenas de Leticia, por su parte, el acceso a los servicios de salud y a los subsidios estatales ha sido más fácil. “Las personas de la zona rural de Leticia están abasteciéndose con cultivos, caza y pesca. Además, las comunidades que represento están en los programas para adultos mayores y familias en acción”, dijo Augusto Falcón, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico.

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Sin embargo, Falcón agregó que las ayudas humanitarias no han llegado en su totalidad a las diferentes comunidades indígenas. Misma preocupación que manifestó el Cabildo Indigena Mayor de Tarapacá́. “Estamos coordinando ayudas con el Gobierno nacional mediante el Ministerio del Interior. Sin embargo, ya vamos por lo menos dos semanas intentando hacer la gestión”, explicó Marcelino Noe Sánchez, presidente del cabildo.

En diálogo con El Espectador Jesús Galdino, gobernador del Amazonas, explicó cuáles son las medidas que se están tomando en el departamento en caso de que la pandemia del COVID-19 llegue a la región. 

¿Cuál es la capacidad de atención médica del departamento?

El hospital San Rafael, en Leticia, es nuestro único hospital del departamento. Estamos adecuando el triaje, las salas donde los pacientes estarían hospitalizados y nuestra unidad de cuidados intermedios, ya que somos un hospital de segundo nivel. Desde Bogotá estaremos recibiendo camas con ventilador mecánico y camas de hospitalización con sus respectivas dotaciones. Esperamos contar con treinta camas con ventilación mecánica, esto en la unidad de cuidados intermedios. Para hospitalización y aislamiento de pacientes, estamos hablando de cien a 120 camas. Eso es Leticia y en Puerto Nariño, cinco camas de ventilación mecánica y aproximadamente treinta camas para aislamiento de pacientes afectados con coronavirus.

¿El centro de salud en Puerto Nariño tiene la capacidad de recibir pacientes con posibles síntomas?

En Puerto Nariño, que es nuestro segundo municipio, tenemos un hospital de primer nivel. Sin embargo, no tiene las mejores instalaciones en este momento. Tiene deficiencia en su estructura, por lo que queremos ayudar con parte de la dotación que nos llegue de Bogotá para que en este hospital se presten los servicios iniciales de atención de urgencias.

¿Qué medidas se han tomado en el departamento para controlar los pasos fronterizos con Brasil y Perú?

El Ejército Nacional y la Policía nos han ayudado en la vigilancia. Esto para que se haga un paso controlado de camiones que desde Leticia entran a Brasil, se abastecen de alimento y regresan a Leticia para surtir los supermercados. También han ido a patrullar donde la frontera no es visible, como dentro de la selva. En cuanto a la parte acuática de la frontera, la Armada Nacional está encargada de revisar estas zonas. Los guardacostas están muy atentos a la entrada de alguna embarcación que venga de Perú.

¿Cómo se encuentran las comunidades indígenas en abastecimiento de agua y víveres durante la cuarentena?

En Puerto Nariño, por ejemplo, se organizó una planta de tratamiento de agua, adonde toda la gente del municipio tiene la capacidad de ir con sus recipientes para dotarse de agua potable. No estoy diciendo que cada comunidad tenga una planta de tratamiento de agua. Este es uno de nuestros objetivos a mediano plazo. Además, se enviaron 1.500 mercados para las familias de áreas no municipalizadas. En cuanto a las comunidades de Puerto Nariño, enviamos 700 mercados y el Ministerio del Interior está enviando 9.000 mercados.

¿Las comunidades indígenas tienen centros de salud en los corregimientos?

Cada corregimiento tiene un puesto de salud que cuenta con uno o dos médicos, enfermera jefe, auxiliar de enfermería, bacteriología y un personal que los apoya para prestar el servicio. Ellos reciben la atención inicial y de acuerdo al grado de complejidad de su patología, son remitidos o no a Leticia.

¿El departamento cuenta con pruebas diagnósticas de COVID-19?

Tenemos un laboratorio de salud pública. Con el apoyo de la Federación Nacional de Departamentos se toman unas muestras, que son recogidas por una aerolínea y transportadas al Instituto Nacional de Salud para ser procesadas. Hay un número aproximadamente de 88 alertas, catorce han sido negativas y quedan varias por confirmar.

Uno de los grandes retos que enfrenta el país a la hora de prevenir el contagio del COVID-19 es controlar las fronteras. A pesar de que desde el 16 de marzo el presidente Iván Duque ordenó el cierre de los pasos terrestres, marítimos y fluviales, varios mandatarios locales han solicitado reforzar el pie de fuerza para controlar las fronteras porosas y evitar el tránsito irregular. En el departamento del Amazonas, por ejemplo, la lupa está puesta en los pasos en límites con Perú y Brasil, en donde han sido confirmados más de 10.303 y 23.430 casos de coronavirus, respectivamente. Además, en Tabatinga, ciudad brasileña ubicada a 10 minutos de Leticia, ya se reportó también el primer caso de COVID-19.

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“Nosotros estamos a dos horas desde Leticia y no hay una hoja de ruta en este momento. Solamente hay cuatro unidades de guardacostas aquí en Puerto Nariño, ocho policías y 30 soldados en nuestra jurisdicción. Desde la guardia indígena también estamos ayudando, pero no es suficiente porque hay gente ingresando al territorio desde Perú y Brasil”, dijo Humberto Monge, presidente de la Asociación Ticuna Cocama y Yagua.

Y es que a pesar de que el tránsito terrestre se ve limitado por las condiciones selváticas de la región, esto no ha sido un impedimento para que el narcotráfico, la explotación maderera y la minería ilegal se hayan desarrollado como parte fundamental de la dinámica fronteriza entre Colombia, Perú y Brasil que se mueve a través del río Putumayo que conecta la amazonía colombiana con los países vecinos.

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De acuerdo con Jesús Galdino, gobernador del departamento del Amazonas, junto a la fuerza pública se han realizado varios patrullajes para monitorear la región, incluso en la zonas donde las fronteras son prácticamente invisibles. Sin embargo, algunos miembros de las asociaciones indígenas del departamento insisten en que es necesario aumentar el pie de fuerza.

“Tenemos mucho miedo porque aquí nos queda cerca un municipio del Ecuador que se llama El Carmen. Por ahí están entrando muchos ecuatorianos por el río Putumayo a Puerto Leguízamo, lo que nos pone en una situación de vulnerabilidad. Es importante que nos envíen pie de fuerza para controlar la zona. Aquí no hay policía ni ejército. Estamos abandonados”, explicó Edgar Ricardo Sandra, presidente del Consejo Indígena de Puerto Alegría ubicado al noroccidente del Amazonas. Agregó que en el corregimiento no hay ni un puesto de salud que preste servicios a la comunidad. “No tenemos nada, ni un acetaminofén. Hay dos promotores de salud y una auxiliar de enfermería, sin embargo, estos funcionarios no están cumpliendo con su papel”.

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La presencia del virus en Colombia y el aumento de casos en varias regiones del país, se convierte en un nuevo reto para el departamento debido a que sus 80.000 habitantes cuentan con un solo hospital de segundo nivel en Leticia. Esto deja al resto de pueblos indígenas y comunidades de la región en manos de los centros de salud de los diferentes corregimientos y a expensas de un sistema de transporte que garantice el traslado de pacientes a Leticia de llegar a presentarse un caso con complicaciones.

“La prestación de servicios de salud en este territorio es precario (...) estamos solicitando a la Secretaría de Salud departamental la dotación de un transporte adecuado y rápido para las comunidades”, dijo Alfredo Yucuna, representante legal de la Asociación de Capitanes Indígenas del Mirití́ Amazonas, que está en el corregimiento de Mirití-Paraná, donde el acceso es fluvial, siendo el río Mirití su principal arteria navegable.

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En otra de las esquinas del departamento, colindando con Vaupés y Brasil, se encuentra el corregimiento La Pedrera en donde, según la comunidad de la Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo Miraña y Bora del Medio Amazonas, el centro de salud está prácticamente en abandono por la falta de medicamentos: “incluso para atender a las enfermedades que suelen ocurrir en el territorio”, dijo Jarvis Bernaza, representante legal de la asociación.

Panorama similar al de Puerto Santander, en donde de acuerdo con Fabián Moreno, presidente del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA), tampoco hay insumos para atender la crisis. “Aquí hay un médico rural que está haciendo su práctica, pero casi no tiene recursos ni medicinas para atender a la gente”, sostuvo insistiendo en que al estar alejados de las prestaciones básicas de salud para las 17 comunidades que hacen parte del CRIMA, es fundamental la medicina tradicional.

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Jesús Galdino explicó que el departamento está tomando medidas frente a la crisis sanitaria que podría darse en la región por el COVID-19 y que alrededor de $21.000 millones , que llegarían en el transcurso de la semana provenientes del Gobierno nacional, estarían destinados para la dotación de la infraestructura en salud, sobre todo en la capital del departamento, donde el hospital San Rafael está en proceso de adecuación para crear salas de hospitalización y una unidad de cuidados intermedios.

En el caso de las comunidades indígenas de Leticia, por su parte, el acceso a los servicios de salud y a los subsidios estatales ha sido más fácil. “Las personas de la zona rural de Leticia están abasteciéndose con cultivos, caza y pesca. Además, las comunidades que represento están en los programas para adultos mayores y familias en acción”, dijo Augusto Falcón, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico.

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Sin embargo, Falcón agregó que las ayudas humanitarias no han llegado en su totalidad a las diferentes comunidades indígenas. Misma preocupación que manifestó el Cabildo Indigena Mayor de Tarapacá́. “Estamos coordinando ayudas con el Gobierno nacional mediante el Ministerio del Interior. Sin embargo, ya vamos por lo menos dos semanas intentando hacer la gestión”, explicó Marcelino Noe Sánchez, presidente del cabildo.

En diálogo con El Espectador Jesús Galdino, gobernador del Amazonas, explicó cuáles son las medidas que se están tomando en el departamento en caso de que la pandemia del COVID-19 llegue a la región. 

¿Cuál es la capacidad de atención médica del departamento?

El hospital San Rafael, en Leticia, es nuestro único hospital del departamento. Estamos adecuando el triaje, las salas donde los pacientes estarían hospitalizados y nuestra unidad de cuidados intermedios, ya que somos un hospital de segundo nivel. Desde Bogotá estaremos recibiendo camas con ventilador mecánico y camas de hospitalización con sus respectivas dotaciones. Esperamos contar con treinta camas con ventilación mecánica, esto en la unidad de cuidados intermedios. Para hospitalización y aislamiento de pacientes, estamos hablando de cien a 120 camas. Eso es Leticia y en Puerto Nariño, cinco camas de ventilación mecánica y aproximadamente treinta camas para aislamiento de pacientes afectados con coronavirus.

¿El centro de salud en Puerto Nariño tiene la capacidad de recibir pacientes con posibles síntomas?

En Puerto Nariño, que es nuestro segundo municipio, tenemos un hospital de primer nivel. Sin embargo, no tiene las mejores instalaciones en este momento. Tiene deficiencia en su estructura, por lo que queremos ayudar con parte de la dotación que nos llegue de Bogotá para que en este hospital se presten los servicios iniciales de atención de urgencias.

¿Qué medidas se han tomado en el departamento para controlar los pasos fronterizos con Brasil y Perú?

El Ejército Nacional y la Policía nos han ayudado en la vigilancia. Esto para que se haga un paso controlado de camiones que desde Leticia entran a Brasil, se abastecen de alimento y regresan a Leticia para surtir los supermercados. También han ido a patrullar donde la frontera no es visible, como dentro de la selva. En cuanto a la parte acuática de la frontera, la Armada Nacional está encargada de revisar estas zonas. Los guardacostas están muy atentos a la entrada de alguna embarcación que venga de Perú.

¿Cómo se encuentran las comunidades indígenas en abastecimiento de agua y víveres durante la cuarentena?

En Puerto Nariño, por ejemplo, se organizó una planta de tratamiento de agua, adonde toda la gente del municipio tiene la capacidad de ir con sus recipientes para dotarse de agua potable. No estoy diciendo que cada comunidad tenga una planta de tratamiento de agua. Este es uno de nuestros objetivos a mediano plazo. Además, se enviaron 1.500 mercados para las familias de áreas no municipalizadas. En cuanto a las comunidades de Puerto Nariño, enviamos 700 mercados y el Ministerio del Interior está enviando 9.000 mercados.

¿Las comunidades indígenas tienen centros de salud en los corregimientos?

Cada corregimiento tiene un puesto de salud que cuenta con uno o dos médicos, enfermera jefe, auxiliar de enfermería, bacteriología y un personal que los apoya para prestar el servicio. Ellos reciben la atención inicial y de acuerdo al grado de complejidad de su patología, son remitidos o no a Leticia.

¿El departamento cuenta con pruebas diagnósticas de COVID-19?

Tenemos un laboratorio de salud pública. Con el apoyo de la Federación Nacional de Departamentos se toman unas muestras, que son recogidas por una aerolínea y transportadas al Instituto Nacional de Salud para ser procesadas. Hay un número aproximadamente de 88 alertas, catorce han sido negativas y quedan varias por confirmar.