Los reclamos de los campesinos en el paro nacional
El cese de la fumigación aérea con glifosato, la desmilitarización de los territorios y la búsqueda de la soberanía alimenticia son las tres principales razones de la protesta campesina. Se suman también a la lucha por tumbar la reforma a la salud y buscan que se respete el derecho a la manifestación sin ser estigmatizada.
Desde que comenzó la movilización del paro nacional, el pasado 28 de abril, varias asociaciones campesinas se sumaron a la protesta social en por lo menos doce puntos de concentración en regiones como Nariño, Cauca, el Catatumbo, Valle del Cauca, Norte de Santander y Antioquia. Sus reclamos, aunque coinciden en muchos aspectos con los puntos claves de la movilización general, como el caso de la ya retirada reforma tributaria o la reforma a la salud, reúnen las preocupaciones de un sector con el que el Estado tiene varias deudas pendientes.
Por ejemplo, días antes del inicio del paro nacional, los campesinos de Anorí (Antioquia) comenzaron a movilizarse para oponerse al regreso de la aspersión aérea de cultivos ilícitos con el glifosato. Y aunque en el territorio levantaron el paro tras nueve días de protestas, luego de acordar reuniones con representantes de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Anorí y otras instituciones, la preocupación persiste y es la que motiva la movilización del sector en muchas regiones del país.
“Nosotros tenemos la experiencia de que el glifosato envenena el ecosistema y la vida. Además, profundiza la crisis humanitaria y social en los territorios”, dice Ernesto Alexánder Roa, presidente del Coordinador Nacional Agrario, al señalar que también afecta otros cultivos productivos que son el sustento de los campesinos.
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El reclamo pasa no solo por la erradicación como estrategia, sino a las bases mismas de la política antidrogas del Gobierno pues, sostiene Roa, lo que ha hecho “es perseguir, estigmatizar y judicializar al campesino productor de la hoja de coca, que no tiene más opción para subsistir. Esto no resuelve el problema del narcotráfico, sino que justifica la guerra”. Por ello, insiste, la alternativa debe ser priorizar la erradicación manual voluntaria y acordada con las comunidades. En el mismo sentido se pronunció Arnobis Zapata, representante legal de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas, quien señaló que se han unido a las movilizaciones en Córdoba, Popayán y el suroccidente del país, y en Cúcuta.
“Estamos impulsando el rechazo a la fumigación aérea con glifosato. Pedimos que se cumplan los acuerdos de paz y protestamos en contra de los asesinatos a líderes sociales en el territorio. Son reclamos desde hace muchos años y que el Gobierno no ha querido escuchar. También estamos en contra de la militarización de las ciudades como forma de callar la protesta social", manifestó.
Del problema de la fumigación se deriva otro de los reclamos de los campesinos: el aumento de fuerza armada en los territorios. “La militarización, contrario a proteger la vida, la pone en peligro y es una amenaza para los derechos de quienes habitamos el territorio. Somos víctimas de persecución, señalamientos y asesinatos de nuestros líderes y lideresas campesinos”, asegura el presidente del Coordinador Nacional Agrario.
Solo el año pasado, de los 310 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinado en Colombia, 89 eran campesinos y 19 afrodescendientes, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). “Pedimos garantías para la vida, porque ha sido un período de violencia urbana y rural, especialmente para los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. También rechazamos las reformas que van en contra de nuestros derechos, como la reforma a la salud, la pensional y la laboral”, dice María Leonor Yonda, lideresa campesina del Cauca.
Vea: Paro Nacional: el mundo rechaza la violencia policial y el vandalismo en Colombia.
El campesinado también insiste en la necesidad de que haya un desmonte efectivo de los grupos paramilitares que hacen presencia y detentan el poder en las regiones. “Los corredores para el narcotráfico están intactos, pero persiguen a los campesinos productores”, denuncia Roa.
Como alternativa al cultivo de la hoja de coca proponen la soberanía alimentaria. Esto implica que haya suficiente cantidad de alimentos en el país. “Así podemos decidir qué productos cultivar en qué zonas de acuerdo con las posibilidades. No tenemos las garantías para ello, ni la maquinaria”, explica Noraldo Díaz, líder campesino de Nariño. Aunque hay alimentos en las grandes cadenas de supermercados, no todas las personas tienen los ingresos para adquirirlas. Muchos de estos productos son importados, pese a que en Colombia podría cultivarse lo suficiente como para cubrir la demanda alimentaria del país. Según la Oxfam en Colombia el 1 % de las personas ocupa 81 % de la tierra, mientras que el 99 % el 19 % restante. “La mayoría de los terratenientes se dedica a la ganadería extensiva. La tierra productiva es, en su mayoría, lo que producen los campesinos e indígenas que es aproximadamente el 68% del consumo”, sostiene Roa.
El sector también ha manifestado sus reparos frente a las negociaciones que se han hecho en los tratados de libre comercio y que, sostienen, van en detrimento de los productos nacionales y requieren cambios para que haya una favorabilidad de precios. “Son un atentado contra la soberanía alimentaria. El país importa alimentos en detrimento de quienes habitamos el territorio nacional. Eso ha puesto en bancarrota al pequeño y mediano productor. Tenemos la tierra y lo suficiente para producir todos los alimentos, pero los precios de la papa, arroz, plátano están por debajo de los costos de producción. De ese modo se favorece el intermediario, mientras que nosotros producimos bajo pérdidas, no hay beneficios para los pequeños y medianos productores”, dice el presidente del Coordinador Nacional Agrario.
A eso se suman los problemas que tienen los campesinos en la mayoría del país para distribuir sus productos y que se han agravado en medio de la pandemia del coronavirus, puesto que durante muchos meses no pudieron comercializar los alimentos. Aunque había producción, no existían garantías para la venta y en muchos casos han tenido que bajar precios y prácticamente regalar los productos para evitar que se pierdan. “Nos toca salir a la carretera a vender a precio de nada nuestros productos”, expresa Díaz.
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Desde el campesinado hacen también un llamado al reconocimiento de su ejercicio político y a la necesidad de que sean sujeto de especial protección para el Estado. “Desde el Cauca hemos hecho actividades de movilización y denuncia, sobre todo acompañamiento a la población joven urbana que decidió salir a la calle para exigir sus derechos. Por eso exigimos que no se estigmatice la protesta social y haya garantías para su ejercicio. El Gobierno debe reconocer que ha habido una sistematicidad de asesinatos y desapariciones a quienes han salido a marchar”, declara Leonor Yonda.
Los campesinos apoyarán las movilizaciones masivas y seguirán bloqueando las vías hasta que se establezca el diálogo con las diferentes instituciones. Son enfáticos en la necesidad de que el Gobierno muestre su voluntad con hechos concretos porque hasta ahora no ha buscado recoger y tramitar las demandas de los ciudadanos. “Más que buscar que el Gobierno nacional se siente con nosotros por las peticiones, ayudamos a despertar conciencia social, lo que se ha logrado en las movilizaciones. Una bandera era tumbar la reforma tributaria y se logró, al igual que la renuncia del ministro. Estamos viviendo el tercer pico de la pandemia y no fue impedimento para que la gente saliera a la calle”, puntualiza Roa.
Desabastecimiento
Los campesinos salieron a protestar, junto con otros sectores, en el marco del Paro Nacional y para esto bloquean las principales vías del país. Valle del Cauca, Cauca y Nariño son algunos de los departamentos más afectados por el desabastecimiento. Los corredores humanitarios son la forma en que se ha resuelto esta situación y ha sido respetado por los manifestantes, entre ellos el campesinado.
Lea: Un corredor y un puente humanitario permitieron abastecer al Cauca.
Frente a esto Noraldo Díaz, líder campesino de Nariño y secretario general del Coordinador Nacional Agrario, dijo: “Es mentira que por nosotros escasean los alimentos y se encarecen, el único culpable de lo que está pasando es el gobierno que ha hecho caso omiso a nuestras peticiones. Nos dan ese estigma cuando no tenemos las garantías para producir la comida”.
Mientras algunos protestan en las vías, otros se quedan en las finca produciendo porque de ello depende su subsistencia y lo hacen de acuerdo a las condiciones que, consideran, no son las mejores.
Lea también: Antioquia podría dejar de mandar alimentos a otros lugares ante desabastecimiento.
Desde que comenzó la movilización del paro nacional, el pasado 28 de abril, varias asociaciones campesinas se sumaron a la protesta social en por lo menos doce puntos de concentración en regiones como Nariño, Cauca, el Catatumbo, Valle del Cauca, Norte de Santander y Antioquia. Sus reclamos, aunque coinciden en muchos aspectos con los puntos claves de la movilización general, como el caso de la ya retirada reforma tributaria o la reforma a la salud, reúnen las preocupaciones de un sector con el que el Estado tiene varias deudas pendientes.
Por ejemplo, días antes del inicio del paro nacional, los campesinos de Anorí (Antioquia) comenzaron a movilizarse para oponerse al regreso de la aspersión aérea de cultivos ilícitos con el glifosato. Y aunque en el territorio levantaron el paro tras nueve días de protestas, luego de acordar reuniones con representantes de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Anorí y otras instituciones, la preocupación persiste y es la que motiva la movilización del sector en muchas regiones del país.
“Nosotros tenemos la experiencia de que el glifosato envenena el ecosistema y la vida. Además, profundiza la crisis humanitaria y social en los territorios”, dice Ernesto Alexánder Roa, presidente del Coordinador Nacional Agrario, al señalar que también afecta otros cultivos productivos que son el sustento de los campesinos.
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El reclamo pasa no solo por la erradicación como estrategia, sino a las bases mismas de la política antidrogas del Gobierno pues, sostiene Roa, lo que ha hecho “es perseguir, estigmatizar y judicializar al campesino productor de la hoja de coca, que no tiene más opción para subsistir. Esto no resuelve el problema del narcotráfico, sino que justifica la guerra”. Por ello, insiste, la alternativa debe ser priorizar la erradicación manual voluntaria y acordada con las comunidades. En el mismo sentido se pronunció Arnobis Zapata, representante legal de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas, quien señaló que se han unido a las movilizaciones en Córdoba, Popayán y el suroccidente del país, y en Cúcuta.
“Estamos impulsando el rechazo a la fumigación aérea con glifosato. Pedimos que se cumplan los acuerdos de paz y protestamos en contra de los asesinatos a líderes sociales en el territorio. Son reclamos desde hace muchos años y que el Gobierno no ha querido escuchar. También estamos en contra de la militarización de las ciudades como forma de callar la protesta social", manifestó.
Del problema de la fumigación se deriva otro de los reclamos de los campesinos: el aumento de fuerza armada en los territorios. “La militarización, contrario a proteger la vida, la pone en peligro y es una amenaza para los derechos de quienes habitamos el territorio. Somos víctimas de persecución, señalamientos y asesinatos de nuestros líderes y lideresas campesinos”, asegura el presidente del Coordinador Nacional Agrario.
Solo el año pasado, de los 310 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinado en Colombia, 89 eran campesinos y 19 afrodescendientes, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). “Pedimos garantías para la vida, porque ha sido un período de violencia urbana y rural, especialmente para los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. También rechazamos las reformas que van en contra de nuestros derechos, como la reforma a la salud, la pensional y la laboral”, dice María Leonor Yonda, lideresa campesina del Cauca.
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El campesinado también insiste en la necesidad de que haya un desmonte efectivo de los grupos paramilitares que hacen presencia y detentan el poder en las regiones. “Los corredores para el narcotráfico están intactos, pero persiguen a los campesinos productores”, denuncia Roa.
Como alternativa al cultivo de la hoja de coca proponen la soberanía alimentaria. Esto implica que haya suficiente cantidad de alimentos en el país. “Así podemos decidir qué productos cultivar en qué zonas de acuerdo con las posibilidades. No tenemos las garantías para ello, ni la maquinaria”, explica Noraldo Díaz, líder campesino de Nariño. Aunque hay alimentos en las grandes cadenas de supermercados, no todas las personas tienen los ingresos para adquirirlas. Muchos de estos productos son importados, pese a que en Colombia podría cultivarse lo suficiente como para cubrir la demanda alimentaria del país. Según la Oxfam en Colombia el 1 % de las personas ocupa 81 % de la tierra, mientras que el 99 % el 19 % restante. “La mayoría de los terratenientes se dedica a la ganadería extensiva. La tierra productiva es, en su mayoría, lo que producen los campesinos e indígenas que es aproximadamente el 68% del consumo”, sostiene Roa.
El sector también ha manifestado sus reparos frente a las negociaciones que se han hecho en los tratados de libre comercio y que, sostienen, van en detrimento de los productos nacionales y requieren cambios para que haya una favorabilidad de precios. “Son un atentado contra la soberanía alimentaria. El país importa alimentos en detrimento de quienes habitamos el territorio nacional. Eso ha puesto en bancarrota al pequeño y mediano productor. Tenemos la tierra y lo suficiente para producir todos los alimentos, pero los precios de la papa, arroz, plátano están por debajo de los costos de producción. De ese modo se favorece el intermediario, mientras que nosotros producimos bajo pérdidas, no hay beneficios para los pequeños y medianos productores”, dice el presidente del Coordinador Nacional Agrario.
A eso se suman los problemas que tienen los campesinos en la mayoría del país para distribuir sus productos y que se han agravado en medio de la pandemia del coronavirus, puesto que durante muchos meses no pudieron comercializar los alimentos. Aunque había producción, no existían garantías para la venta y en muchos casos han tenido que bajar precios y prácticamente regalar los productos para evitar que se pierdan. “Nos toca salir a la carretera a vender a precio de nada nuestros productos”, expresa Díaz.
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Desde el campesinado hacen también un llamado al reconocimiento de su ejercicio político y a la necesidad de que sean sujeto de especial protección para el Estado. “Desde el Cauca hemos hecho actividades de movilización y denuncia, sobre todo acompañamiento a la población joven urbana que decidió salir a la calle para exigir sus derechos. Por eso exigimos que no se estigmatice la protesta social y haya garantías para su ejercicio. El Gobierno debe reconocer que ha habido una sistematicidad de asesinatos y desapariciones a quienes han salido a marchar”, declara Leonor Yonda.
Los campesinos apoyarán las movilizaciones masivas y seguirán bloqueando las vías hasta que se establezca el diálogo con las diferentes instituciones. Son enfáticos en la necesidad de que el Gobierno muestre su voluntad con hechos concretos porque hasta ahora no ha buscado recoger y tramitar las demandas de los ciudadanos. “Más que buscar que el Gobierno nacional se siente con nosotros por las peticiones, ayudamos a despertar conciencia social, lo que se ha logrado en las movilizaciones. Una bandera era tumbar la reforma tributaria y se logró, al igual que la renuncia del ministro. Estamos viviendo el tercer pico de la pandemia y no fue impedimento para que la gente saliera a la calle”, puntualiza Roa.
Desabastecimiento
Los campesinos salieron a protestar, junto con otros sectores, en el marco del Paro Nacional y para esto bloquean las principales vías del país. Valle del Cauca, Cauca y Nariño son algunos de los departamentos más afectados por el desabastecimiento. Los corredores humanitarios son la forma en que se ha resuelto esta situación y ha sido respetado por los manifestantes, entre ellos el campesinado.
Lea: Un corredor y un puente humanitario permitieron abastecer al Cauca.
Frente a esto Noraldo Díaz, líder campesino de Nariño y secretario general del Coordinador Nacional Agrario, dijo: “Es mentira que por nosotros escasean los alimentos y se encarecen, el único culpable de lo que está pasando es el gobierno que ha hecho caso omiso a nuestras peticiones. Nos dan ese estigma cuando no tenemos las garantías para producir la comida”.
Mientras algunos protestan en las vías, otros se quedan en las finca produciendo porque de ello depende su subsistencia y lo hacen de acuerdo a las condiciones que, consideran, no son las mejores.
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