Los reclamos y acuerdos que dejó el paro minero en el Chocó

Diez días de movilizaciones en el marco del paro cívico minero convocado en varios municipios del Chocó llevaron el pasado 28 de octubre a una jornada de diálogo que derivó en la suspensión de la protesta y a la estructuración de unos acuerdos entre la Federación de Pequeños Mineros del Chocó (Fedemichocó) y representantes del Gobierno, enfocados principalmente en las garantías para el desarrollo de la actividad minera.

Organizaciones bajo la consigna “Somos mineros, no criminales” protestaron en municipios como Quibdó, Condoto, Istmina, Tadó, Cértegui y Lloró. Fedemichocó, que agrupa a alrededor de 30 % de los pequeños mineros del departamento, redactó un pliego con 11 peticiones para el cese del paro. Ariel Quinto Murillo, presidente de Fedemichocó, indica que entre los puntos claves están el plan de formalización y legalización de pequeños y medianos mineros y el cese de operativos y captura en su contra.

Aunque la iniciativa de este paro comenzó a mediados de año, lo cierto es que las situaciones que motivaron estas movilizaciones vienen desde hace años. La actividad minera en el departamento está enfocada principalmente en el oro y el platino. Según un reporte del Fondo Mundial para la Naturaleza de 2019, la minería ha sido una actividad histórica en Chocó, atada a los procesos tradicionales desde los tiempos de la Conquista. “Nosotros existimos desde antes de la norma, pero fue la Ley 685 de 2011 la que nos dejó afuera”, indica Ariel Quinto al referirse a la ley que expidió el Código de Minas y que determina que, como los minerales son propiedad del Estado, se deben conceder títulos mineros a los particulares que deseen explotarlos.

“Se nos hicieron exigencias técnicas y económicas de la misma proporción que a una minera nacional o internacional grande. Como no teníamos la legalización, nos tiraron en el mismo costal con los grupos delincuenciales”, manifiesta Ariel Quinto al explicar que entre 2010 y 2015 muchas de las 554 empresas de pequeños y medianos mineros cerraron, pues los señalaron de criminales.

De acuerdo con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en 2020 en Chocó había 36.552 hectáreas con evidencia de explotación de oro de aluvión ilícita, convirtiéndolo en el segundo departamento con más hectáreas, detrás de Antioquia. Dentro de los cinco municipios con más presencia de explotación de oro, la Unodc registró dos chocoanos: Nóvita, con 5.322 hectáreas, y El Cantón de San Pablo, con 5.253 hectáreas. Un estudio realizado por la Alianza por la Minería Responsable, el Centro de Estudios del Trabajo y Global Financial Integrity indicó que, en 2019, Río Quito e Istmina también fueron de los municipios con mayor explotación ilícita de oro. Los datos recopilados por la Unodc también muestran que durante los últimos cuatro años la cantidad de hectáreas con explotación ilícita en el Chocó tiende a incrementarse, con la excepción del registro de 2019. Entre 2016 y 2020 el número de hectáreas aumentó en 3.528.

Un fenómeno que está atravesado por la presencia y accionar de grupos armados que dominan las dinámicas de las economías ilícitas en la región. En una alerta temprana emitida por la Defensoría en agosto de 2021 se reportó que la disputa es entre estructuras del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) que tienen interés en controlar el negocio de la minería ilegal en lugares como el Medio San Juan e Istmina. “El control y la extracción de recursos sobre esta gran riqueza mineral, especialmente en oro y plata, es una de las razones de disputa de los grupos armados ilegales, ya que se convierte en una importante fuente para la financiación de la guerra”, indicó la entidad.

Con este panorama como telón de fondo, 2021 representó un punto de quiebre para los pequeños mineros del departamento. Según la Federación, la Policía ha reportado la destrucción de más de 150 motores y 40 retroexcavadoras. “Para los mineros, ver esa pérdida es duro”, indica Quinto.

Desde hace 10 años existe una Mesa Minera, en la que los pequeños y medianos mineros han tramitado estas inquietudes y propuesto modificaciones a la ley, para que existan escalas que caractericen la actividad que se realiza de acuerdo con el tipo de mineral a explotar y capacidad del equipo utilizado. En 2015 también se pactó la propuesta de adelantar cinco pilotos de formalización en el departamento, pero “ninguno salió adelante”, comenta Quinto.

Andrés Palacios, secretario de Desarrollo Económico del Chocó, indica que desde la Gobernación se han venido haciendo esfuerzos por formalizar a los mineros en el departamento. Por ejemplo, a través del trabajo con alcaldes para que los inscriban en la plataforma Génesis, para el registro de mineros artesanales. “Lo complejo de estos procesos es lo que requieren en materia fiscal y que existe el obstáculo de la Ley 2 de 1959, que declara ciertas zonas del departamento de Chocó como reserva ambiental”, señala.

Sin embargo, el funcionario manifiesta que después de la jornada de diálogos en el paro cívico minero se concertó una mesa que precisamente irá construyendo una hoja de ruta para la formalización de pequeños mineros. Los compromisos adquiridos a partir de esta jornada fueron: agilizar las solicitudes de formalización y realizar la identificación y caracterización de los mineros del departamento.

“Se comprometieron a entregar antes del final de diciembre 30 o 40 solicitudes de formalización, que vienen de 8 o 10 años atrás. Estas son solo el 10 % y con las que faltan, acordaron que agilizarían el proceso”, explica Ariel Quinto. Los títulos que se entregarán corresponden a los de los municipios de Condoto, Istmina y Unión Panamericana. Sin embargo, según Quinto, casi todos los municipios tienen solicitudes de formalización, que serían las que faltarían. El presidente de la Federación explica que, mientras que estos procesos se llevan a cabo, esperan adelantar otros trámites necesarios, por ejemplo, con el Ministerio de Defensa: “Tenemos que encontrar un paraguas para los pequeños mineros, que hacemos esta actividad hace mucho, pero no somos cobijados por la ley”.

La caracterización de los mineros que hay en cada una de las cuencas de los ríos del departamento incluirá sólo a quienes quieran hacer una minería responsable y que contemple la protección del medio ambiente, aclara Quinto.

“El panorama para nosotros no es alentador. Ante la inoperancia e incumplimiento, no tuvimos más opción que salir a las calles”, indica el presidente de la Federación. El pliego de peticiones que presentaron también incluye otros puntos, como la exigencia del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, la ley diferencial para caracterizar la pequeña minería y las garantías de protección para líderes y lideresas, entre otros. Para estos grupos de mineros, lo innegociable es poder estar formalizados. “La mayoría de nosotros no queremos seguir siendo objeto de persecuciones y señalamientos. Queremos seguir trabajando también, y ese es el derecho que pedimos que se nos garantice”, manifiesta Ariel Quinto.

La próxima reunión de la Mesa Minera será el 9 de diciembre y la expectativa es que pueda unirse un representante del Ministerio de Defensa para darle una solución al asunto de la destrucción de maquinaria de los mineros, indica el secretario Andrés Palacios. “Cuando se para la minería, se para el departamento del Chocó. Ahí el reto que tenemos como Gobernación para la formalización minera. Es importante para nosotros que se realice una minería responsable, sin utilizar mercurio, por eso también se debe legalizar”, finaliza.

Diez días de movilizaciones en el marco del paro cívico minero convocado en varios municipios del Chocó llevaron el pasado 28 de octubre a una jornada de diálogo que derivó en la suspensión de la protesta y a la estructuración de unos acuerdos entre la Federación de Pequeños Mineros del Chocó (Fedemichocó) y representantes del Gobierno, enfocados principalmente en las garantías para el desarrollo de la actividad minera.

Organizaciones bajo la consigna “Somos mineros, no criminales” protestaron en municipios como Quibdó, Condoto, Istmina, Tadó, Cértegui y Lloró. Fedemichocó, que agrupa a alrededor de 30 % de los pequeños mineros del departamento, redactó un pliego con 11 peticiones para el cese del paro. Ariel Quinto Murillo, presidente de Fedemichocó, indica que entre los puntos claves están el plan de formalización y legalización de pequeños y medianos mineros y el cese de operativos y captura en su contra.

Aunque la iniciativa de este paro comenzó a mediados de año, lo cierto es que las situaciones que motivaron estas movilizaciones vienen desde hace años. La actividad minera en el departamento está enfocada principalmente en el oro y el platino. Según un reporte del Fondo Mundial para la Naturaleza de 2019, la minería ha sido una actividad histórica en Chocó, atada a los procesos tradicionales desde los tiempos de la Conquista. “Nosotros existimos desde antes de la norma, pero fue la Ley 685 de 2011 la que nos dejó afuera”, indica Ariel Quinto al referirse a la ley que expidió el Código de Minas y que determina que, como los minerales son propiedad del Estado, se deben conceder títulos mineros a los particulares que deseen explotarlos.

“Se nos hicieron exigencias técnicas y económicas de la misma proporción que a una minera nacional o internacional grande. Como no teníamos la legalización, nos tiraron en el mismo costal con los grupos delincuenciales”, manifiesta Ariel Quinto al explicar que entre 2010 y 2015 muchas de las 554 empresas de pequeños y medianos mineros cerraron, pues los señalaron de criminales.

De acuerdo con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en 2020 en Chocó había 36.552 hectáreas con evidencia de explotación de oro de aluvión ilícita, convirtiéndolo en el segundo departamento con más hectáreas, detrás de Antioquia. Dentro de los cinco municipios con más presencia de explotación de oro, la Unodc registró dos chocoanos: Nóvita, con 5.322 hectáreas, y El Cantón de San Pablo, con 5.253 hectáreas. Un estudio realizado por la Alianza por la Minería Responsable, el Centro de Estudios del Trabajo y Global Financial Integrity indicó que, en 2019, Río Quito e Istmina también fueron de los municipios con mayor explotación ilícita de oro. Los datos recopilados por la Unodc también muestran que durante los últimos cuatro años la cantidad de hectáreas con explotación ilícita en el Chocó tiende a incrementarse, con la excepción del registro de 2019. Entre 2016 y 2020 el número de hectáreas aumentó en 3.528.

Un fenómeno que está atravesado por la presencia y accionar de grupos armados que dominan las dinámicas de las economías ilícitas en la región. En una alerta temprana emitida por la Defensoría en agosto de 2021 se reportó que la disputa es entre estructuras del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) que tienen interés en controlar el negocio de la minería ilegal en lugares como el Medio San Juan e Istmina. “El control y la extracción de recursos sobre esta gran riqueza mineral, especialmente en oro y plata, es una de las razones de disputa de los grupos armados ilegales, ya que se convierte en una importante fuente para la financiación de la guerra”, indicó la entidad.

Con este panorama como telón de fondo, 2021 representó un punto de quiebre para los pequeños mineros del departamento. Según la Federación, la Policía ha reportado la destrucción de más de 150 motores y 40 retroexcavadoras. “Para los mineros, ver esa pérdida es duro”, indica Quinto.

Desde hace 10 años existe una Mesa Minera, en la que los pequeños y medianos mineros han tramitado estas inquietudes y propuesto modificaciones a la ley, para que existan escalas que caractericen la actividad que se realiza de acuerdo con el tipo de mineral a explotar y capacidad del equipo utilizado. En 2015 también se pactó la propuesta de adelantar cinco pilotos de formalización en el departamento, pero “ninguno salió adelante”, comenta Quinto.

Andrés Palacios, secretario de Desarrollo Económico del Chocó, indica que desde la Gobernación se han venido haciendo esfuerzos por formalizar a los mineros en el departamento. Por ejemplo, a través del trabajo con alcaldes para que los inscriban en la plataforma Génesis, para el registro de mineros artesanales. “Lo complejo de estos procesos es lo que requieren en materia fiscal y que existe el obstáculo de la Ley 2 de 1959, que declara ciertas zonas del departamento de Chocó como reserva ambiental”, señala.

Sin embargo, el funcionario manifiesta que después de la jornada de diálogos en el paro cívico minero se concertó una mesa que precisamente irá construyendo una hoja de ruta para la formalización de pequeños mineros. Los compromisos adquiridos a partir de esta jornada fueron: agilizar las solicitudes de formalización y realizar la identificación y caracterización de los mineros del departamento.

“Se comprometieron a entregar antes del final de diciembre 30 o 40 solicitudes de formalización, que vienen de 8 o 10 años atrás. Estas son solo el 10 % y con las que faltan, acordaron que agilizarían el proceso”, explica Ariel Quinto. Los títulos que se entregarán corresponden a los de los municipios de Condoto, Istmina y Unión Panamericana. Sin embargo, según Quinto, casi todos los municipios tienen solicitudes de formalización, que serían las que faltarían. El presidente de la Federación explica que, mientras que estos procesos se llevan a cabo, esperan adelantar otros trámites necesarios, por ejemplo, con el Ministerio de Defensa: “Tenemos que encontrar un paraguas para los pequeños mineros, que hacemos esta actividad hace mucho, pero no somos cobijados por la ley”.

La caracterización de los mineros que hay en cada una de las cuencas de los ríos del departamento incluirá sólo a quienes quieran hacer una minería responsable y que contemple la protección del medio ambiente, aclara Quinto.

“El panorama para nosotros no es alentador. Ante la inoperancia e incumplimiento, no tuvimos más opción que salir a las calles”, indica el presidente de la Federación. El pliego de peticiones que presentaron también incluye otros puntos, como la exigencia del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, la ley diferencial para caracterizar la pequeña minería y las garantías de protección para líderes y lideresas, entre otros. Para estos grupos de mineros, lo innegociable es poder estar formalizados. “La mayoría de nosotros no queremos seguir siendo objeto de persecuciones y señalamientos. Queremos seguir trabajando también, y ese es el derecho que pedimos que se nos garantice”, manifiesta Ariel Quinto.

La próxima reunión de la Mesa Minera será el 9 de diciembre y la expectativa es que pueda unirse un representante del Ministerio de Defensa para darle una solución al asunto de la destrucción de maquinaria de los mineros, indica el secretario Andrés Palacios. “Cuando se para la minería, se para el departamento del Chocó. Ahí el reto que tenemos como Gobernación para la formalización minera. Es importante para nosotros que se realice una minería responsable, sin utilizar mercurio, por eso también se debe legalizar”, finaliza.