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Colombia tiene más de 6.300 km de frontera terrestre con cinco países y costas en los océanos Pacífico y Atlántico. Son zonas de una riqueza cultural y natural inimaginables, y de constantes flujos de migrantes avivados tanto por la hermandad entre naciones como por los vaivenes políticos de la región. En algunas de estas fronteras hay grupos armados ilegales, rutas de narcos, contrabandistas o traficantes de personas. ¿Cómo fortalecer la presencia del Estado, aprovechar las oportunidades de Integración, dinamizar la economía y aprender de los ejemplos de resiliencia de indígenas, afros y otras comunidades de esas zonas?
El Espectador, la Fundación Paz y Reconciliación, y la Friedrich Ebert Stiftung Colombia (Fescol) recorrieron las zonas limítrofes del país y documentaron su situación. Segunda entrega.
Primera entrega: Cúcuta: una frontera porosa y dinámica para la migración
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En busca de algo de estabilidad, el 16 de noviembre de 2021 Wílder, cargando las dos muletas que lo ayudan a apoyar una de sus piernas, su esposa Jhoana y su hija Leidy salieron a un viaje de cinco días desde Barquisimeto, en el estado venezolano Lara, con la meta de recorrer los 454 kilómetros que los separaban de Maicao (La Guajira), su primer destino. Emprendieron el viaje porque la crisis económica en Venezuela no les permitía comprar un mercado o siquiera un cuaderno para que Leidy continuara su estudio en tercer grado de bachillerato.
“Llegamos a Colombia porque necesito unos tratamientos para las piernas, no tengo los recursos necesarios para costearme los medicamentos. Salimos con el entusiasmo de migrar a otro país. Nos paramos y dije, ¿vamos a vender otra cosa para comer? No. Entonces preferí vender la nevera para que arrancáramos, aunque solo nos alcanzó como para la mitad de los pasajes. Salimos un martes y duramos la travesía cinco días. Veníamos caminando por caminos boscosos, porque como no tenemos documentación y por temor a ser rechazado o expulsado con mi familia tomé la decisión de optar por el camino irregular. Caminamos hasta llegar a Maicao, paramos a pedir agua a un lugar y era este”, recuerda Wílder, de 37 años.
El lugar que menciona es el Centro de Atención Integral (CAI) ubicado a las afueras de Maicao (La Guajira). Así como él, otros 8.060 migrantes y refugiados, principalmente venezolanos y colombianos retornados desde el país vecino, han llegado hasta este lugar que abrió sus puertas el 8 de marzo de 2019. Aunque el 60 % de las personas que han llegado hasta allí son niños y niñas, Wílder es parte de la población priorizada por su condición de discapacidad. “Tuve un accidente de tránsito hace tres años en una moto, un camión me pasó. Tengo problemas cervicales, discos volteados, por eso me incomoda caminar. En Venezuela, si no tenía plata no podía acceder a la salud”, agrega Wílder.
Es por eso que en ese lugar, de cinco hectáreas, les abrieron un espacio a él y su familia. En una de las 218 Unidades de Refugio Humanitario (RHU), o carpas, como las llaman sus habitantes, pudieron permanecer hasta 40 días, y de esta manera recibir un techo, alimentación, orientación en temas legales, oferta educativa y atención en salud, gracias a las 14 organizaciones tanto nacionales como internacionales que prestan sus servicios allí a la población migrante.
El CAI nació a partir de las dificultades, especialmente al riesgo de vivir en condición de calle, de los y las migrantes que llegan a La Guajira. El Gobierno Nacional identificó la necesidad de crear un espacio en respuesta al alto flujo migratorio, y actualmente es el que administra el lugar. Además, a través de la Gerencia de Fronteras, articula las ideas con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), encargados de coordinar el CAI de la mano del Consejo Danés para Refugiados (DRC, por su sigla en inglés), quienes tienen la responsabilidad de gestionar el día a día allí.
Según el más reciente informe de Migración Colombia sobre la distribución de población migrante venezolana en el país, correspondiente a agosto de 2021, de los 1’842.390 venezolanos que para la fecha se encontraban en territorio colombiano, 106.749 permanecían en La Guajira, lo que posiciona a este departamento como el séptimo con mayor acopio de venezolanos. La mayoría de ellos se encuentran en Maicao, 40.208; seguido de Riohacha, en donde hay 32.098 migrantes del vecino país.
“El equipo de protección identifica necesidades a familias que tengan desestabilización emocional, ellos son articulados con Humanity Inclusion, el actor que brinda apoyo psicosocial y rehabilitación a las personas que ingresan con alguna discapacidad física, mental o psicomotora. También identificamos casos de violencias basadas en género, y Renacer se encarga de estos. El DRC también identifica necesidades legales, como acceso a nacionalidad o solicitud de asilo. El Consejo Noruego para Refugiados ofrece atención a la niñez, al igual que Save the Children y Aldeas Infantiles”, explica Ruth Olmedo, integrante del DRC, quien se desempeña como líder de protección dentro del CAI.
Desde que el centro empezó a funcionar se han identificado dos tipos de perfiles: migrantes con vocación de permanencia que pueden estar en el CAI hasta 40 días, y migrantes transitorios, quienes se quedan durante tres días recuperándose del viaje desde Venezuela y continúan con su trayecto a otras ciudades colombianas e incluso a otros países. Allí han llegado mujeres gestantes, madres con hasta 11 hijos, niños y niñas con algún familiar -porque sus padres se quedan en Venezuela-, y personas como Wílder, con discapacidades físicas.
Silgio García Romero llegó a Colombia con la ilusión de acceder a los servicios de salud. Viene desde Carrasquero, en el estado Zulia, como Wílder. “No podía adquirir mi cirugía y por eso vine hasta acá, para una esperanza, porque con mis piernas así no puedo caminar. Tuve un accidente automovilístico donde tuve fractura de tobillo, dedo gordo, dos dedos pequeños, tibia, peroné, húmero, amputación de un dedo y dislocación de la mandíbula. Trabajaba con la Alcaldía de allá, pero por un comentario que hice dijeron que estaba con la oposición, ahí mi cirugía estaba planificada, pero por decir eso me sacaron, no me la hicieron”.
Wílder, su familia y Silgio son parte de los últimos grupos de migrantes con vocación de permanencia que llegaron al CAI, ya que a partir del próximo 1° de febrero la dinámica cambiará. Desde ese día solo se atenderán migrantes transitorios, quienes recibirán orientación sobre su estadía en el país y los servicios básicos que se brindan en el lugar. “El CAI quedará como un lugar de tránsito, con la capacidad de atender a 100 personas al día. Estamos viendo que hay muchas necesidades de las personas al ingresar al país, pero que hay quienes necesitan apoyo cuando ya están viviendo en las comunidades, e incluso las mismas comunidades. La Guajira es el departamento con el índice más alto de pobreza multidimensional”, manifiesta Irene Van Rij, jefe de suboficina de Acnur región Caribe.
Según las estimaciones de Acnur, la dinámica migrante en La Guajira demuestra que la tendencia de la mayoría de personas está orientada a permanecer en el departamento, lo cual representa retos no solo en el camino, sino en la estadía. “En estos flujos existen riesgos en el viaje: la violencia de género, el fraude y la extorsión. El no conocer el país también genera dificultades. Debido a las condiciones de La Guajira el acceso a medios de vida es impresionante. Según las personas que hemos entrevistado, las necesidades más grandes son el acceso a alimentos, transporte, alojamiento, acceso a agua limpia y servicios sanitarios. Esas son las tendencias que hemos identificado en los monitoreos, esto tiene mucho que ver con las necesidades que tienen las comunidades”, agrega Van Rij.
Los wayuus, un pueblo binacional entre Colombia y Venezuela
Precisamente las comunidades en las que se evidencian en mayor medida las necesidades, identificadas desde Acnur, son las de población indígena wayuu, la más numerosa tanto en Colombia como en Venezuela, representando cerca del 11 % de la población del estado Zulia en el país vecino y el 45 % del departamento de La Guajira. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 de población indígena de Colombia CNPV 2018, se ha evidenciado un incremento de estas comunidades. En su momento se censaron 380.460 individuos autorreconocidos como población indígena wayuu.
La gran mayoría de ellos se encuentran en la Alta y Baja Guajira, especialmente en Uribia, el municipio indígena de Colombia. Hasta este punto han llegado 16.000 migrantes, refugiados y retornados. De esa cifra, cerca de 9.000 son colombianos que volvieron al país. “Uribia es el municipio más grande en extensión del territorio del departamento. Somos uno de los municipios costeros, tenemos 485 km de mar Caribe y somos el municipio más grande en zona de frontera con el vecino país, con más de 480 trochas invisibles. Necesitamos un poquito más de apoyo, que volteen la mirada a Uribia. Acá aglomeramos demasiada población migrante por esas trochas. De pronto en Maicao la migración es más visible porque es zona urbana, pero si miramos la zona rural de Uribia vemos cuantas rancherías se volvieron a poblar de esos colombianos retornados que son wayuu colombianos, pero que en su momento, por el fácil acceso de generación de empleo miraban a Venezuela y no a Colombia”, explica el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar.
Uribia está conformado por más de 21 corregimientos, y de los cerca de 200.000 habitantes del municipio, 150.000 se encuentran a los alrededores de la cabecera municipal, principalmente población wayuu, con dificultades de acceso a alimentación y agua potable. “Se nos dificulta mucho como administración municipal poder garantizar 100 % los servicios, principalmente por el corto recurso que tenemos, $300.000 millones al año en todos los sectores, donde hay una población de más de 21 corregimientos en 88.200 km2, área totalmente dispersa de difícil acceso”, agrega Henríquez.
Son esas falencias las que percibe la población wayuu, que no solo vive entre la frontera de Colombia y Venezuela. “El ejercicio de la integración fronteriza para nosotros no es nuevo. Si bien la migración ha puesto muchas etiquetas a esta vivencia transnacional del pueblo wayuu, ahora nos dicen que somos una población pendular que va y viene en la frontera. En esa dinámica hay historias que impregnan la realidad de La Guajira que tiene que ver con la violencia surgida del conflicto armado colombiano. También podemos hablar de cuatro décadas, de una vivencia administrativa marcada por la corrupción en el departamento y que de alguna manera va deteriorando la calidad de vida de la población guajira. Esta ola migratoria en ese contexto del departamento lo hace mucho más difícil y hace que resalten más etiquetas de desigualdades y barreras frente al acceso a salud y educación”, sostiene Olimpia Palmar, wayuu colombiana retornada y comunicadora social de la Red de Comunicadores Wayuu.
La realidad de las familias wayuu también se ve en Riohacha, la capital de La Guajira. Sumaain Wayuu es una comunidad que está a escasos diez minutos de la cabecera municipal, pese a su cercanía allí no hay luz, internet y el agua llega una vez a la semana. Allí viven cerca de 800 familias migrantes, en su mayoría wayuu. “Acá no nos brindan la oportunidad de estudiar, no nos hacen partícipes de los planes de desarrollo. A nuestra gente le toca dedicarse al mototaxismo y a las artesanías. No tenemos beneficios de ninguna autoridad, estamos sin territorio”, dice Carlos Uriana, líder de Sumaain.
La comunidad internacional continúa reuniendo esfuerzos para aportar y buscar soluciones. Aldeas Infantiles lleva su oferta educativa a los niños y las niñas que no tienen acceso a este servicio en Colombia debido a que no cuentan con la documentación para permanecer en el país. Entidades como Acnur se han empeñado en trabajar en contra de la xenofobia y otras problemáticas que acechan a la población migrante, que ingresa al departamento, en la mayoría de los casos, por algunas de las 216 trochas a lo largo de los 249 km de frontera.