Los retos de seguridad en la isla de San Andrés

La estratégica ubicación geográfica de la Isla, por limitar con países como Nicaragua y Costa Rica, la convierte en un punto clave para el tránsito y la conexión con Centroamérica, por eso sus 350.000 km2 son aprovechados por economías ilícitas como el narcotráfico y por grupos al margen de la ley como “Los Rastrojos”, que le pasan factura a la seguridad de las islas.

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Así lo describe Ricardo Arias Macías, defensor delegado del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, quien formó parte del foro “Violación de derechos humanos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: pasado, presente y retos para el futuro”, con una exposición detallada sobre la urgencia que vive este territorio.

El experto asegura que “las estructuras armadas del crimen organizado locales y regionales, asociadas con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o el Clan del Golfo, se han fortalecido y existe una tercerización de la violencia, en la que se acentúan grupos de las islas como ‘Los Pussy’ o ‘La Fortaleza’”.

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Por su parte, el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, indicó que la desaparición forzada y la trata de personas son dos de los delitos que no dan tregua y que necesitan de la acción del Estado en distintos frentes para que haya soluciones reales y posibles.

“El daño a las familias es uno de los dolores más grandes en estas situaciones; el caso de Víctor Isaza, en Puerto Nare (Antioquia), desaparecido hace 35 años, es un ejemplo diciente por el que hace poco expresamos disculpamos públicas a su familia, que luego de 30 años pudo volver a su pueblo natal, pues la estigmatización y el miedo no les había permitido estar allí”, aseguró el ministro.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad identificó que entre 1985 y 2016 se presentaron en Colombia 121.000 víctimas de desaparición, que incluso podrían ser más por los subregistros y por la práctica en lugares como el Archipiélago de arrojar cuerpos al mar.

El ministro recordó que “esta cifra es más elevada que la presentada en las dictaduras del Cono Sur, y en islas como San Andrés se ha agudizado desde la década de 1990 por el repertorio de narcotráfico y los grupos residuales de paramilitares presentes allí”.

Entre 2013 y 2020 se registraron 686 casos de trata de personas en la Isla, de los cuales el 82 % son mujeres, una situación trágica que debe tener mayor atención por parte de todos los entes de control.

Otro factor que pone en jaque a las islas es el paso de los cientos de migrantes que ahora prefieren esta ruta que la del tapón del Darién, pues al parecer esta es mucho menos severa e inhumana. Se han encontrado personas de países como Afganistán y Pakistán.

“El problema en el país no es por falta de normativas, pues tenemos bastantes, tanto nacionales como internacionales, sin las cuales tal vez todo estaría peor, pero no han sido eficaces y los delitos siguen latentes. Para disminuir esta situación se deben combinar estrategias, no solo tener un aparato punitivo robusto para bajar la impunidad, sino también más programas sociales como ‘Jóvenes en Paz’, para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, y una oferta de paz contundente”, señala.

Sobre este punto, la Defensoría del Pueblo indica que en esta zona, solo en los primeros 8 meses de 2023, la tasa de homicidios fue de 43,4 por 100.000 habitantes, que supera la de todo 2022. En la alerta temprana emitida se plantearon 26 recomendaciones para enfrentar el problema, entre ellas: el fortalecimiento tanto institucional como comunitario y organizativo, la atención humanitaria, y el acompañamiento del Ministerio Público a la gestión preventiva.

Por último, el ministro hizo un llamado a la comunidad internacional para que mejoren las condiciones de sus ciudadanos que tienen que migrar porque en sus países no tiene oportunidades o alguna otra opción, ya que de lo contrario será muy difícil contener el tránsito de miles de personas por este territorio insular.

La profesora Adriana Santos, directora de la UNAL Sede Caribe, quien participó en la conversación, expresó: “nos unimos a las voces de los líderes del Archipiélago, hoy tenemos la oportunidad de escuchar sus experiencias en un diálogo que busca formar parte de esa sanación y de la búsqueda por la reparación, la justicia y la verdad”.

El profesor Ricardo Peñaranda, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la UNAL, aseguró que “se ha roto el silencio que guardaba la sociedad ante este tipo de violencias en las regiones, algo que hace 20 o 30 años no se veía posible, pero que hoy representa una esperanza para los territorios y sus comunidades”.

La estratégica ubicación geográfica de la Isla, por limitar con países como Nicaragua y Costa Rica, la convierte en un punto clave para el tránsito y la conexión con Centroamérica, por eso sus 350.000 km2 son aprovechados por economías ilícitas como el narcotráfico y por grupos al margen de la ley como “Los Rastrojos”, que le pasan factura a la seguridad de las islas.

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Así lo describe Ricardo Arias Macías, defensor delegado del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, quien formó parte del foro “Violación de derechos humanos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: pasado, presente y retos para el futuro”, con una exposición detallada sobre la urgencia que vive este territorio.

El experto asegura que “las estructuras armadas del crimen organizado locales y regionales, asociadas con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o el Clan del Golfo, se han fortalecido y existe una tercerización de la violencia, en la que se acentúan grupos de las islas como ‘Los Pussy’ o ‘La Fortaleza’”.

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Por su parte, el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, indicó que la desaparición forzada y la trata de personas son dos de los delitos que no dan tregua y que necesitan de la acción del Estado en distintos frentes para que haya soluciones reales y posibles.

“El daño a las familias es uno de los dolores más grandes en estas situaciones; el caso de Víctor Isaza, en Puerto Nare (Antioquia), desaparecido hace 35 años, es un ejemplo diciente por el que hace poco expresamos disculpamos públicas a su familia, que luego de 30 años pudo volver a su pueblo natal, pues la estigmatización y el miedo no les había permitido estar allí”, aseguró el ministro.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad identificó que entre 1985 y 2016 se presentaron en Colombia 121.000 víctimas de desaparición, que incluso podrían ser más por los subregistros y por la práctica en lugares como el Archipiélago de arrojar cuerpos al mar.

El ministro recordó que “esta cifra es más elevada que la presentada en las dictaduras del Cono Sur, y en islas como San Andrés se ha agudizado desde la década de 1990 por el repertorio de narcotráfico y los grupos residuales de paramilitares presentes allí”.

Entre 2013 y 2020 se registraron 686 casos de trata de personas en la Isla, de los cuales el 82 % son mujeres, una situación trágica que debe tener mayor atención por parte de todos los entes de control.

Otro factor que pone en jaque a las islas es el paso de los cientos de migrantes que ahora prefieren esta ruta que la del tapón del Darién, pues al parecer esta es mucho menos severa e inhumana. Se han encontrado personas de países como Afganistán y Pakistán.

“El problema en el país no es por falta de normativas, pues tenemos bastantes, tanto nacionales como internacionales, sin las cuales tal vez todo estaría peor, pero no han sido eficaces y los delitos siguen latentes. Para disminuir esta situación se deben combinar estrategias, no solo tener un aparato punitivo robusto para bajar la impunidad, sino también más programas sociales como ‘Jóvenes en Paz’, para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, y una oferta de paz contundente”, señala.

Sobre este punto, la Defensoría del Pueblo indica que en esta zona, solo en los primeros 8 meses de 2023, la tasa de homicidios fue de 43,4 por 100.000 habitantes, que supera la de todo 2022. En la alerta temprana emitida se plantearon 26 recomendaciones para enfrentar el problema, entre ellas: el fortalecimiento tanto institucional como comunitario y organizativo, la atención humanitaria, y el acompañamiento del Ministerio Público a la gestión preventiva.

Por último, el ministro hizo un llamado a la comunidad internacional para que mejoren las condiciones de sus ciudadanos que tienen que migrar porque en sus países no tiene oportunidades o alguna otra opción, ya que de lo contrario será muy difícil contener el tránsito de miles de personas por este territorio insular.

La profesora Adriana Santos, directora de la UNAL Sede Caribe, quien participó en la conversación, expresó: “nos unimos a las voces de los líderes del Archipiélago, hoy tenemos la oportunidad de escuchar sus experiencias en un diálogo que busca formar parte de esa sanación y de la búsqueda por la reparación, la justicia y la verdad”.

El profesor Ricardo Peñaranda, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la UNAL, aseguró que “se ha roto el silencio que guardaba la sociedad ante este tipo de violencias en las regiones, algo que hace 20 o 30 años no se veía posible, pero que hoy representa una esperanza para los territorios y sus comunidades”.