Los riesgos de reclamar tierras en Colombia

Jueces de tierras, reclamantes, abogados de víctimas e incluso periodistas hacen parte de la larga lista de personas que han recibido intimidaciones por su participación en los procesos de restitución de tierras en Colombia. La cifra de amenazados, a partir de 2012, asciende a más de 500, según reveló en septiembre pasado un informe de Human Rights Watch, que además documentaba 17 casos de asesinatos de líderes desde 2008, claramente relacionados con sus reclamos en relación con la restitución.

El fenómeno parece agravarse a medida que aumentan los reclamos, avanzan las solicitudes de restitución y las familias empiezan a retornar a sus hogares. Y es que para el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), además de la violencia en los procesos de restitución de tierras existen dinámicas subyacentes que están en la sombra y que reúnen intereses legales e ilegales.

De acuerdo con el informe "Actores armados ilegales y Procesos de restitución y reclamación de tierras en Colombia", presentado por CITpax, los grupos armados son quienes menos interés tienen en que no se den los procesos de restitución de tierras a campesinos y comunidades; detrás de estos se encuentran actores legales que tienen intereses particulares sobre las tierras reclamadas: " actores tradicionales –algunos económicos, otros políticos y empresariales–; en otros, aparentemente miembros –o ex miembros– de la Fuerza Pública. Cada uno de ellos tiene también cierta capacitad de infiltrar a las instituciones estatales (Incoder, Defensoría, Fiscalía, etc.), lo cual constituye una estrategia parcialmente “no violenta” que complementa las acciones armadas contra quienes reclaman sus tierras e impulsan los procesos de restitución", señala el documento.

Las cifras señalan a Antioquia como el departamento en donde más hechos de violencia contra reclamantes se han registrado desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras). Lo siguen Tolima, Bolívar, Cesar, Meta, Córdoba, Magdalena, Norte de Santander y Valle del Cauca.

El informe asegura que los hechos violentos reflejan diferentes niveles de afectación. En el caso de Antioquia, por ejemplo, "algunos de los municipios más afectados forman parte de la subregión del Urabá, allí persiste la operación de grupos armados ilegales de distinto orden y el nivel de despojo de tierras ha alcanzado dimensiones considerables".

En cuanto a los presuntos responsables de las acciones contra los reclamantes, CITpax señala que los reportes señalan en el 60% de los casos a actores desconocidos y agentes individuales (generalmente personas que ocupan los predios solicitados por los reclamantes). El otro 40% de los casos corresponden a eventos en los que están vinculados desde desmovilizados de las AUC, bandas criminales, guerrillas, hasta otros grupos criminales.

La caracterización por departamentos demuestra que las zonas en donde las guerrillas han sido señaladas como presuntas responsables de acciones violentas contra los reclamantes son Tolima, Cundinamarca y Nariño. En el caso de departamentos como Cesar, Valle del Cauca, Magdalena, Bolívar, Meta, los hechos han sido atribuidos en su mayoría a estructuras post-desmovilización (bandas criminales), mientras que presuntos desmovilizados de las AUC han sido señalados de perpetrar las acciones violentas en Córdoba, Cundinamarca, Tolima y Bolívar, entre otros.

Preocupa el caso de Antioquia, cuyos reportes señalan actividades violentas contra reclamantes por parte de tres actores: guerrillas, bandas criminales y desmovilizados de las AUC.

Pero la situación podría ser más grave de lo que muestran las cifras. El CITpax señala que muchos casos no aparecen los registros oficiales por dos razones fundamentales: falta de denuncia por parte de las víctimas (autocensura) o por consideraciones técnicas de algunas entidades como el caso de la Unidad de Restitución de Tierras que sólo recopilan registros de violencia reportados ante ella y deja por fuera los procesos que se realizan ante otras instancias.

* Casos emblemáticos

El documento del CITpax también presenta siete estudios de caso, donde se desarrollan procesos de restitución de tierras (Montes de María, Alto y Bajo Atrato Chocoano, Urabá antioqueño, Cesar, Las Pavas, Meta y Magdalena) que además de ejemplificar el impacto violento de los actores armados ilegales sobre reclamantes, da cuenta de la posible existencia de alianzas para favorecer intereses legales e ilegales. En el caso de los Montes de María, por ejemplo, el texto señala que existen varios "indicios que apuntan hacia la conformación o patrocinio de grupos armados ilegales por parte de empresarios de la zona para obstaculizar la restitución de tierras y favorecer el éxito de sus negocios"

El informe reseña declaraciones entregadas por un desmovilizado quien afirma que algunas empresas -que se habrían apropiado fraudulentamente de predios de campesinos desplazados- apoyadas por mandatarios locales estarían buscando conformar grupos armados para eviten la restitución de las tierras: "[…] [los empresarios] quieren que se les reclute un ejército para el servicio de ellos, para la gente de Génesis, para las agropecuarias del Caribe, todas estas las que están sentadas aquí en Ovejas, en el Carmen de Bolívar, en María la Baja, todos esos sectores acá de Bolívar. Y lo que están buscando ellos es que ahorita que se agudice lo del tema de restitución de tierras […] tener un ejército pa’ poder defender los propios intereses. Entonces ellos están buscando que yo les lidere esto acá. Que yo les haga una micro empresa para el financiamiento de la guerra. […] Se está hablando de unas mil, mil doscientas personas para meterlas acá en toda la región de los Montes de María en Sucre, en el Sur de Bolívar […]", señala el texto citando al desmovilizado.

El caso de los Montes de María y los otros seis señalados por CITpax, demuestran la forma en la que las acciones violentas contra los reclamantes de tierras por parte de grupos ilegales parecen en muchos casos estar en una frontera porosa y con frecuencia se mueven entre lo legal y lo ilegal.

Jueces de tierras, reclamantes, abogados de víctimas e incluso periodistas hacen parte de la larga lista de personas que han recibido intimidaciones por su participación en los procesos de restitución de tierras en Colombia. La cifra de amenazados, a partir de 2012, asciende a más de 500, según reveló en septiembre pasado un informe de Human Rights Watch, que además documentaba 17 casos de asesinatos de líderes desde 2008, claramente relacionados con sus reclamos en relación con la restitución.

El fenómeno parece agravarse a medida que aumentan los reclamos, avanzan las solicitudes de restitución y las familias empiezan a retornar a sus hogares. Y es que para el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), además de la violencia en los procesos de restitución de tierras existen dinámicas subyacentes que están en la sombra y que reúnen intereses legales e ilegales.

De acuerdo con el informe "Actores armados ilegales y Procesos de restitución y reclamación de tierras en Colombia", presentado por CITpax, los grupos armados son quienes menos interés tienen en que no se den los procesos de restitución de tierras a campesinos y comunidades; detrás de estos se encuentran actores legales que tienen intereses particulares sobre las tierras reclamadas: " actores tradicionales –algunos económicos, otros políticos y empresariales–; en otros, aparentemente miembros –o ex miembros– de la Fuerza Pública. Cada uno de ellos tiene también cierta capacitad de infiltrar a las instituciones estatales (Incoder, Defensoría, Fiscalía, etc.), lo cual constituye una estrategia parcialmente “no violenta” que complementa las acciones armadas contra quienes reclaman sus tierras e impulsan los procesos de restitución", señala el documento.

Las cifras señalan a Antioquia como el departamento en donde más hechos de violencia contra reclamantes se han registrado desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras). Lo siguen Tolima, Bolívar, Cesar, Meta, Córdoba, Magdalena, Norte de Santander y Valle del Cauca.

El informe asegura que los hechos violentos reflejan diferentes niveles de afectación. En el caso de Antioquia, por ejemplo, "algunos de los municipios más afectados forman parte de la subregión del Urabá, allí persiste la operación de grupos armados ilegales de distinto orden y el nivel de despojo de tierras ha alcanzado dimensiones considerables".

En cuanto a los presuntos responsables de las acciones contra los reclamantes, CITpax señala que los reportes señalan en el 60% de los casos a actores desconocidos y agentes individuales (generalmente personas que ocupan los predios solicitados por los reclamantes). El otro 40% de los casos corresponden a eventos en los que están vinculados desde desmovilizados de las AUC, bandas criminales, guerrillas, hasta otros grupos criminales.

La caracterización por departamentos demuestra que las zonas en donde las guerrillas han sido señaladas como presuntas responsables de acciones violentas contra los reclamantes son Tolima, Cundinamarca y Nariño. En el caso de departamentos como Cesar, Valle del Cauca, Magdalena, Bolívar, Meta, los hechos han sido atribuidos en su mayoría a estructuras post-desmovilización (bandas criminales), mientras que presuntos desmovilizados de las AUC han sido señalados de perpetrar las acciones violentas en Córdoba, Cundinamarca, Tolima y Bolívar, entre otros.

Preocupa el caso de Antioquia, cuyos reportes señalan actividades violentas contra reclamantes por parte de tres actores: guerrillas, bandas criminales y desmovilizados de las AUC.

Pero la situación podría ser más grave de lo que muestran las cifras. El CITpax señala que muchos casos no aparecen los registros oficiales por dos razones fundamentales: falta de denuncia por parte de las víctimas (autocensura) o por consideraciones técnicas de algunas entidades como el caso de la Unidad de Restitución de Tierras que sólo recopilan registros de violencia reportados ante ella y deja por fuera los procesos que se realizan ante otras instancias.

* Casos emblemáticos

El documento del CITpax también presenta siete estudios de caso, donde se desarrollan procesos de restitución de tierras (Montes de María, Alto y Bajo Atrato Chocoano, Urabá antioqueño, Cesar, Las Pavas, Meta y Magdalena) que además de ejemplificar el impacto violento de los actores armados ilegales sobre reclamantes, da cuenta de la posible existencia de alianzas para favorecer intereses legales e ilegales. En el caso de los Montes de María, por ejemplo, el texto señala que existen varios "indicios que apuntan hacia la conformación o patrocinio de grupos armados ilegales por parte de empresarios de la zona para obstaculizar la restitución de tierras y favorecer el éxito de sus negocios"

El informe reseña declaraciones entregadas por un desmovilizado quien afirma que algunas empresas -que se habrían apropiado fraudulentamente de predios de campesinos desplazados- apoyadas por mandatarios locales estarían buscando conformar grupos armados para eviten la restitución de las tierras: "[…] [los empresarios] quieren que se les reclute un ejército para el servicio de ellos, para la gente de Génesis, para las agropecuarias del Caribe, todas estas las que están sentadas aquí en Ovejas, en el Carmen de Bolívar, en María la Baja, todos esos sectores acá de Bolívar. Y lo que están buscando ellos es que ahorita que se agudice lo del tema de restitución de tierras […] tener un ejército pa’ poder defender los propios intereses. Entonces ellos están buscando que yo les lidere esto acá. Que yo les haga una micro empresa para el financiamiento de la guerra. […] Se está hablando de unas mil, mil doscientas personas para meterlas acá en toda la región de los Montes de María en Sucre, en el Sur de Bolívar […]", señala el texto citando al desmovilizado.

El caso de los Montes de María y los otros seis señalados por CITpax, demuestran la forma en la que las acciones violentas contra los reclamantes de tierras por parte de grupos ilegales parecen en muchos casos estar en una frontera porosa y con frecuencia se mueven entre lo legal y lo ilegal.