Más de 200.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en Colombia
La Defensoría del Pueblo insistió en la importancia de tener un registro unificado de personas desaparecidas y en que se fortalezcan los mecanismos de coordinación interinstitucional para dar respuestas a las familias de las personas dadas por desaparecidas.
Cerca de 200.000 personas permanecen desaparecidas en Colombia, según los registros de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), que administra el Registro Único de Víctimas (RUV). Desde 2011 hasta el 31 de agosto de 2021, fueron víctimas directas de desaparición forzada 50.522 personas. Sin embargo, esta cifra puede ser mayor, pues el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reporta 82.998 personas desaparecidas forzadamente entre 1958 y 2017.
Las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, también varían. Entre 2017 y 2021 un total de 16.361 personas fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 10.362 son hombres y 5.999 son mujeres. Se considera que alrededor del 20% de los casos corresponden a desapariciones presuntamente forzadas. Las cinco regiones que más han reportado hechos de desaparición son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Meta y Norte de Santander; así como la mayor parte de las cifras corresponden a desapariciones forzadas que se derivan del conflicto armado interno.
(También puede leer: Humberto Rojas desapareció en junio de 2021 en Chinauta, Cundinamarca)
Ante la variedad de cifras que manejan las diferentes entidades, la Defensoría del Pueblo manifestó que es necesario que Colombia cuente con un reporte unificado de personas desaparecidas, y además que se mejoren los mecanismos de coordinación interinstitucional para darles respuesta efectiva a las familias de las personas dadas por desaparecidas.
“Hay que fortalecer el conocimiento y la capacitación de los funcionarios que atienden a los familiares de las personas desaparecidas y, sobre todo, entender que la labor de búsqueda de los desaparecidos es una obligación que alivia el sufrimiento humano”, sostuvo el defensor del pueblo, Carlos Camargo, durante el lanzamiento del ‘Informe Defensorial Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y Estatuto Jurídico de las Personas Desaparecidas (EJPD).
(Lea: Carlos Néstor Gómez desapareció hace casi 10 años en Taminango, Nariño)
El informe fue elaborado en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con el fin de realizar seguimiento a la política pública sobre Desaparición Forzada en lo referente al Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), y aquella que regula el Estatus Jurídico de las Personas Desaparecidas (EJPD).
En el informe se abordan diferentes aspectos de la desaparición en Colombia. Uno de estos, son las consecuencias que ha dejado esta problemática en los familiares de las personas dadas por desaparecidas. “La integridad personal de uno se opaca, porque uno muchas veces ya no quiere ni comer, entre la incertidumbre, qué estará pasando, si está viva, ya comió, no comió, será que me la mataron, será que la dejaron en la carretera botada, será que está en estado de descomposición, será que le dieron el tiro de gracia, será que la amarraron a un palo a que se la coman las hormigas. Eso es una incertidumbre que usted no la dimensiona”, sostiene una de las personas entrevistadas en el informe.
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La desaparición tiene otras consecuencias humanitarias entre las cuales se destacan la afectación familiar y necesidad de atención psicosocial, la afectación económica cuando la persona desaparecida funge como proveedor económico del hogar y con su ausencia se vuelve crítica la necesidad de generar ingresos económicos. Además, esto se agrava con la vulneración al derecho de propiedad por desplazamiento, despojo y necesidad de restitución de sus tierras en contextos de violencia, que a su vez conllevan la pérdida de los documentos necesarios para acceder al proceso económico y jurídico que facilite el acceso al trabajo formal, se explica en el informe.
Es por esto, que la Defensoría recomendó entre otras cosas, mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional a través de reuniones periódicas de seguimiento del Mecanismo de Búsqueda Urgente, MBU, con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Consejo Superior de la Judicatura, se invite al CICR, y se trabaje con el Sistema Nacional de Derechos Humanos para formular lineamientos y planes de política que garanticen que la respuesta estatal sea integral.
“No es posible que en muchos casos los familiares de las personas desaparecidas sean los que tengan que asumir la búsqueda con sus propios medios y riesgo, desconociendo las normas que los protegen, sin apoyo jurídico ni económico y, además, enfrentando la indiferencia de algunos funcionarios. Un objetivo de este documento es sentar las bases para que esto cambie y sepan que no están solas en tan dolorosa situación”, concluyó el Defensor del Pueblo.
(Si quiere reportar a una persona desaparecida debe ingresar a https://www.elespectador.com/desaparecidos-colombia/ y llenar un breve formulario con los datos, números de contacto, breve descripción de los hechos y una fotografía reciente del pariente o allegado que está buscando. El Espectador abre este espacio para apoyarlo, poniendo al servicio sus canales de difusión para amplificar el llamado de auxilio).
Cerca de 200.000 personas permanecen desaparecidas en Colombia, según los registros de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), que administra el Registro Único de Víctimas (RUV). Desde 2011 hasta el 31 de agosto de 2021, fueron víctimas directas de desaparición forzada 50.522 personas. Sin embargo, esta cifra puede ser mayor, pues el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reporta 82.998 personas desaparecidas forzadamente entre 1958 y 2017.
Las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, también varían. Entre 2017 y 2021 un total de 16.361 personas fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 10.362 son hombres y 5.999 son mujeres. Se considera que alrededor del 20% de los casos corresponden a desapariciones presuntamente forzadas. Las cinco regiones que más han reportado hechos de desaparición son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Meta y Norte de Santander; así como la mayor parte de las cifras corresponden a desapariciones forzadas que se derivan del conflicto armado interno.
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Ante la variedad de cifras que manejan las diferentes entidades, la Defensoría del Pueblo manifestó que es necesario que Colombia cuente con un reporte unificado de personas desaparecidas, y además que se mejoren los mecanismos de coordinación interinstitucional para darles respuesta efectiva a las familias de las personas dadas por desaparecidas.
“Hay que fortalecer el conocimiento y la capacitación de los funcionarios que atienden a los familiares de las personas desaparecidas y, sobre todo, entender que la labor de búsqueda de los desaparecidos es una obligación que alivia el sufrimiento humano”, sostuvo el defensor del pueblo, Carlos Camargo, durante el lanzamiento del ‘Informe Defensorial Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y Estatuto Jurídico de las Personas Desaparecidas (EJPD).
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El informe fue elaborado en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con el fin de realizar seguimiento a la política pública sobre Desaparición Forzada en lo referente al Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), y aquella que regula el Estatus Jurídico de las Personas Desaparecidas (EJPD).
En el informe se abordan diferentes aspectos de la desaparición en Colombia. Uno de estos, son las consecuencias que ha dejado esta problemática en los familiares de las personas dadas por desaparecidas. “La integridad personal de uno se opaca, porque uno muchas veces ya no quiere ni comer, entre la incertidumbre, qué estará pasando, si está viva, ya comió, no comió, será que me la mataron, será que la dejaron en la carretera botada, será que está en estado de descomposición, será que le dieron el tiro de gracia, será que la amarraron a un palo a que se la coman las hormigas. Eso es una incertidumbre que usted no la dimensiona”, sostiene una de las personas entrevistadas en el informe.
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La desaparición tiene otras consecuencias humanitarias entre las cuales se destacan la afectación familiar y necesidad de atención psicosocial, la afectación económica cuando la persona desaparecida funge como proveedor económico del hogar y con su ausencia se vuelve crítica la necesidad de generar ingresos económicos. Además, esto se agrava con la vulneración al derecho de propiedad por desplazamiento, despojo y necesidad de restitución de sus tierras en contextos de violencia, que a su vez conllevan la pérdida de los documentos necesarios para acceder al proceso económico y jurídico que facilite el acceso al trabajo formal, se explica en el informe.
Es por esto, que la Defensoría recomendó entre otras cosas, mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional a través de reuniones periódicas de seguimiento del Mecanismo de Búsqueda Urgente, MBU, con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Consejo Superior de la Judicatura, se invite al CICR, y se trabaje con el Sistema Nacional de Derechos Humanos para formular lineamientos y planes de política que garanticen que la respuesta estatal sea integral.
“No es posible que en muchos casos los familiares de las personas desaparecidas sean los que tengan que asumir la búsqueda con sus propios medios y riesgo, desconociendo las normas que los protegen, sin apoyo jurídico ni económico y, además, enfrentando la indiferencia de algunos funcionarios. Un objetivo de este documento es sentar las bases para que esto cambie y sepan que no están solas en tan dolorosa situación”, concluyó el Defensor del Pueblo.
(Si quiere reportar a una persona desaparecida debe ingresar a https://www.elespectador.com/desaparecidos-colombia/ y llenar un breve formulario con los datos, números de contacto, breve descripción de los hechos y una fotografía reciente del pariente o allegado que está buscando. El Espectador abre este espacio para apoyarlo, poniendo al servicio sus canales de difusión para amplificar el llamado de auxilio).