Más de 600 familias permanecen confinadas en Bajo Baudó, Chocó

Un total de 2.963 personas, pertenecientes a las comunidades indígenas Embera y Wounaan de Buenavista, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Unión Pitalito, Puerto Gálves y Santa Rosa de Iguá, permanecen confinadas en el Bajo Baudó, Cauca desde el 27 de noviembre, por cuenta de enfrentamientos prolongados entre un Grupo Armado Organizado (GAO) y un Grupo Delictivo Organizado (GDO).

Estos hechos también llevaron al desplazamiento forzado de al menos 200 personas pertenecientes a la comunidad afrodescendiente de Pie de Docampadó, quienes tuvieron que movilizarse hacia la comunidad indígena de Puerto Chichiliano.

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“Preocupa que, estas mismas comunidades ya se encontraban confinadas desde el mes de julio por cuenta de la incursión del GDO, amenazas contra la población, reclutamiento forzado de jóvenes, secuestros y torturas. Esto indicaría vacíos de protección que no solo han llevado a la configuración un nuevo confinamiento, sino también a un mayor control social por parte de los grupos armados a través de su permanencia al interior de las comunidades”, señaló la OCHA, quien también alertó sobre el aumento de casos de desnutrición e intentos de suicidio.

La situación humanitaria del municipio es aún más complicada si se tiene en cuenta que el 19 de noviembre se registraron inundaciones por el desbordamiento del río Docampadó, que afectaron a más de cuatro mil personas. “Esto implicaría una doble afectación a la que se agregan restricciones de acceso para la atención a víctimas por violencia armada y desastres naturales”, apuntó la oficina de la ONU.

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El informe solicitó la entrega urgente de de kits alimentarios, así como de acciones encaminadas a la resiliencia climática de los cultivos. En términos de protección, la entidad pidió el ingreso de una misión de verificación a las comunidades confinadas y desplazadas, además de apoyo a la Personería municipal para el ingreso y toma de declaraciones.

Con respecto a las medidas de salud, la OCHA aseguró que es prioritaria la entrada de una brigada médica que pueda atender casos de desnutrición, así como de salud mental con enfoque diferencial étnico. Además, hizo un llamado al gobierno nacional para establecer estrategias de recolección y potabilitación de agua, así como de alojamiento, teniendo en cuenta las condiciones de hacinamiento en las que permanecen las comunidades.

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El 3 de diciembre se llevó a cabo el Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) que contó con la presencia de la Alcaldía municipal y sus dependencias, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y socios del ELC Chocó (MAPP-OEA, ACNUR, OCHA y UNVMC), donde se estableció el compromiso de generar una misión de verificación una vez las condiciones de seguridad en la zona mejoren.

El Bajo Baudó representa al 37% (9.720) de las víctimas por efectos de la violencia armada en el Chocó, y al menos el 80% de las víctimas ha sido confinada en dos ocasiones durante el 2021.

Un total de 2.963 personas, pertenecientes a las comunidades indígenas Embera y Wounaan de Buenavista, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Unión Pitalito, Puerto Gálves y Santa Rosa de Iguá, permanecen confinadas en el Bajo Baudó, Cauca desde el 27 de noviembre, por cuenta de enfrentamientos prolongados entre un Grupo Armado Organizado (GAO) y un Grupo Delictivo Organizado (GDO).

Estos hechos también llevaron al desplazamiento forzado de al menos 200 personas pertenecientes a la comunidad afrodescendiente de Pie de Docampadó, quienes tuvieron que movilizarse hacia la comunidad indígena de Puerto Chichiliano.

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“Preocupa que, estas mismas comunidades ya se encontraban confinadas desde el mes de julio por cuenta de la incursión del GDO, amenazas contra la población, reclutamiento forzado de jóvenes, secuestros y torturas. Esto indicaría vacíos de protección que no solo han llevado a la configuración un nuevo confinamiento, sino también a un mayor control social por parte de los grupos armados a través de su permanencia al interior de las comunidades”, señaló la OCHA, quien también alertó sobre el aumento de casos de desnutrición e intentos de suicidio.

La situación humanitaria del municipio es aún más complicada si se tiene en cuenta que el 19 de noviembre se registraron inundaciones por el desbordamiento del río Docampadó, que afectaron a más de cuatro mil personas. “Esto implicaría una doble afectación a la que se agregan restricciones de acceso para la atención a víctimas por violencia armada y desastres naturales”, apuntó la oficina de la ONU.

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El informe solicitó la entrega urgente de de kits alimentarios, así como de acciones encaminadas a la resiliencia climática de los cultivos. En términos de protección, la entidad pidió el ingreso de una misión de verificación a las comunidades confinadas y desplazadas, además de apoyo a la Personería municipal para el ingreso y toma de declaraciones.

Con respecto a las medidas de salud, la OCHA aseguró que es prioritaria la entrada de una brigada médica que pueda atender casos de desnutrición, así como de salud mental con enfoque diferencial étnico. Además, hizo un llamado al gobierno nacional para establecer estrategias de recolección y potabilitación de agua, así como de alojamiento, teniendo en cuenta las condiciones de hacinamiento en las que permanecen las comunidades.

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El 3 de diciembre se llevó a cabo el Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) que contó con la presencia de la Alcaldía municipal y sus dependencias, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y socios del ELC Chocó (MAPP-OEA, ACNUR, OCHA y UNVMC), donde se estableció el compromiso de generar una misión de verificación una vez las condiciones de seguridad en la zona mejoren.

El Bajo Baudó representa al 37% (9.720) de las víctimas por efectos de la violencia armada en el Chocó, y al menos el 80% de las víctimas ha sido confinada en dos ocasiones durante el 2021.