Matrimonios por conveniencia

Mauricio sólo duró unas horas en suelo español y no lo podía creer. Llegó en el vuelo de las 10:30 a.m. a ese inmenso aeropuerto de Barajas, en Madrid, y ahora, cuando caía la tarde, estaba de regreso a Colombia. Todo lo que había soñado en eso quedó, ella nunca apareció a recibirlo.

No pudo explicarles a las autoridades españolas por qué su esposa no lo esperó. Claro que él sí sabía: la mujer se “corrió”, y con ella se fueron los $18 millones que le había pagado y la oportunidad de una nueva vida en España.

Mauricio conoció a Luz Marina el año pasado, durante las fiestas de diciembre, una época que los colombianos residentes en otros países aprovechan para regresar, ver a su seres queridos y gastar a manos llenas lo que ganaron con tanto trabajo.

Él, un joven de Dosquebradas con 22 años y ella, nacida en Pereira y ya con nacionalidad española, vieron que un matrimonio sería una excelente oportunidad de negocio. Mauricio necesitaba llegar a España legalmente y Luz Marina vio que unos pesitos de más no le caerían mal.

Se casaron en Colombia por la módica suma de $18 millones. Ella retornó a España e inició los trámites para llevarse a su esposo. Meses después Mauricio recibió la tarjeta de invitación para reagrupación familiar en España y planeó su viaje con un equipaje más lleno de sueños que de otra cosa.

Todo terminó mal, porque Luz Marina no se apareció a recibirlo y él, al retornar a Dosquebradas, la demandó, proceso que está en curso.

Un típico caso de matrimonio por conveniencia, de esos que terminan en un Juzgado de Paz (así se llama la instancia ante la cual se denuncian) o, peor aún, en hechos de sangre, como el ocurrido en el barrio Buenos Aires de Dosquebradas, donde una mujer fue asesinada para no pagarle $16 millones por el matrimonio convenido.

Eisenhower D’Janon Zapata Valencia, juez de paz de reconsideración de Dosquebradas, le dijo a El Espectador que se trata de “un negocio montado por redes en Pereira, Panamá, España y Oriente Medio”.

“Este año hemos sentenciado en cuatro casos a que se les devuelva a los afectados hasta $20 millones”. Zapata ahora conoce como abogado de dos divorcios en los que, después de 1 ó 2 años, cuando el objetivo de conseguir la residencia o la nacionalidad en el extranjero se ha cumplido, la pareja se separa para no entrar en conflictos por temas de patrimonio.

Como el matrimonio es legal, no clasifica en la modalidad delictiva de estafa. “El problema más grave es que las víctimas no denuncian por amenazas”, anota el juez de Paz. De hecho, el director del DAS en Risaralda, Santiago Vásquez, le confirmó a este diario que no tiene conocimiento de investigaciones en esa entidad por casos de matrimonio por conveniencia.

La falta de investigaciones contrasta con los rumores que corren por las calles de Pereira y Dosquebradas, en donde parece común decir que hay redes especializadas en la trata de personas que se dedican también al matrimonio por conveniencia. Cuando son las redes delincuenciales las que organizan el trato, ellas mismas se encargan de que las partes cumplan por las buenas o por las malas. Así ocurrió con la mujer del Barrio Buenos Aires, de Dosquebradas.

Hace mes y medio cayó una red que, con ayuda de un sacerdote colombiano, cobraba 10 mil euros (más de $30 millones) por matrimonios en los que unían a españoles de bajo nivel económico con colombianos. El europeo recibía 4.000 euros por prestarse para la farsa.

Los casos más comunes ocurrían en España, pero pronto se extendieron a otros escenarios de la ruta migratoria de colombianos, como otros países europeos, Panamá, Israel y, recientemente, Argentina.

Según el juez Zapata, la Policía capturó este año nueve personas de estas redes.

Los delincuentes se aprovechan de las dificultades que tiene la justicia para perseguir el delito, pues ante el bajo índice de denuncia también es escaso el de comprobación del flagelo, cuya diferencia con el matrimonio servil (en donde la víctima es explotada por medio de trabajo, prostitución y otros) es muy tenue.

“Las autoridades (notarías, iglesia), no se sabe si por negligencia, desconocimiento, o por indiferencia, se prestan para efectuar matrimonios en los que se deduce que algo está pasando: si el que se casa con la joven le duplica o le triplica la edad, algo está pasando”, advierte el mismo juez.

Carlos Mario Orozco, director del Colectivo de Derechos Humanos Codhec Eje Cafetero, señala que la efectividad de estos matrimonios es del 90% y que, del 10% que no llega a buen término, el 1,5% termina en hechos de violencia. “Es muy difícil hacerles seguimiento porque no se puede poner a un detective por cada caso. Son ciudadanos del común. Pero al Codhec le preocupa porque son un factor que genera violencia”, concluyó.

Mauricio sólo duró unas horas en suelo español y no lo podía creer. Llegó en el vuelo de las 10:30 a.m. a ese inmenso aeropuerto de Barajas, en Madrid, y ahora, cuando caía la tarde, estaba de regreso a Colombia. Todo lo que había soñado en eso quedó, ella nunca apareció a recibirlo.

No pudo explicarles a las autoridades españolas por qué su esposa no lo esperó. Claro que él sí sabía: la mujer se “corrió”, y con ella se fueron los $18 millones que le había pagado y la oportunidad de una nueva vida en España.

Mauricio conoció a Luz Marina el año pasado, durante las fiestas de diciembre, una época que los colombianos residentes en otros países aprovechan para regresar, ver a su seres queridos y gastar a manos llenas lo que ganaron con tanto trabajo.

Él, un joven de Dosquebradas con 22 años y ella, nacida en Pereira y ya con nacionalidad española, vieron que un matrimonio sería una excelente oportunidad de negocio. Mauricio necesitaba llegar a España legalmente y Luz Marina vio que unos pesitos de más no le caerían mal.

Se casaron en Colombia por la módica suma de $18 millones. Ella retornó a España e inició los trámites para llevarse a su esposo. Meses después Mauricio recibió la tarjeta de invitación para reagrupación familiar en España y planeó su viaje con un equipaje más lleno de sueños que de otra cosa.

Todo terminó mal, porque Luz Marina no se apareció a recibirlo y él, al retornar a Dosquebradas, la demandó, proceso que está en curso.

Un típico caso de matrimonio por conveniencia, de esos que terminan en un Juzgado de Paz (así se llama la instancia ante la cual se denuncian) o, peor aún, en hechos de sangre, como el ocurrido en el barrio Buenos Aires de Dosquebradas, donde una mujer fue asesinada para no pagarle $16 millones por el matrimonio convenido.

Eisenhower D’Janon Zapata Valencia, juez de paz de reconsideración de Dosquebradas, le dijo a El Espectador que se trata de “un negocio montado por redes en Pereira, Panamá, España y Oriente Medio”.

“Este año hemos sentenciado en cuatro casos a que se les devuelva a los afectados hasta $20 millones”. Zapata ahora conoce como abogado de dos divorcios en los que, después de 1 ó 2 años, cuando el objetivo de conseguir la residencia o la nacionalidad en el extranjero se ha cumplido, la pareja se separa para no entrar en conflictos por temas de patrimonio.

Como el matrimonio es legal, no clasifica en la modalidad delictiva de estafa. “El problema más grave es que las víctimas no denuncian por amenazas”, anota el juez de Paz. De hecho, el director del DAS en Risaralda, Santiago Vásquez, le confirmó a este diario que no tiene conocimiento de investigaciones en esa entidad por casos de matrimonio por conveniencia.

La falta de investigaciones contrasta con los rumores que corren por las calles de Pereira y Dosquebradas, en donde parece común decir que hay redes especializadas en la trata de personas que se dedican también al matrimonio por conveniencia. Cuando son las redes delincuenciales las que organizan el trato, ellas mismas se encargan de que las partes cumplan por las buenas o por las malas. Así ocurrió con la mujer del Barrio Buenos Aires, de Dosquebradas.

Hace mes y medio cayó una red que, con ayuda de un sacerdote colombiano, cobraba 10 mil euros (más de $30 millones) por matrimonios en los que unían a españoles de bajo nivel económico con colombianos. El europeo recibía 4.000 euros por prestarse para la farsa.

Los casos más comunes ocurrían en España, pero pronto se extendieron a otros escenarios de la ruta migratoria de colombianos, como otros países europeos, Panamá, Israel y, recientemente, Argentina.

Según el juez Zapata, la Policía capturó este año nueve personas de estas redes.

Los delincuentes se aprovechan de las dificultades que tiene la justicia para perseguir el delito, pues ante el bajo índice de denuncia también es escaso el de comprobación del flagelo, cuya diferencia con el matrimonio servil (en donde la víctima es explotada por medio de trabajo, prostitución y otros) es muy tenue.

“Las autoridades (notarías, iglesia), no se sabe si por negligencia, desconocimiento, o por indiferencia, se prestan para efectuar matrimonios en los que se deduce que algo está pasando: si el que se casa con la joven le duplica o le triplica la edad, algo está pasando”, advierte el mismo juez.

Carlos Mario Orozco, director del Colectivo de Derechos Humanos Codhec Eje Cafetero, señala que la efectividad de estos matrimonios es del 90% y que, del 10% que no llega a buen término, el 1,5% termina en hechos de violencia. “Es muy difícil hacerles seguimiento porque no se puede poner a un detective por cada caso. Son ciudadanos del común. Pero al Codhec le preocupa porque son un factor que genera violencia”, concluyó.