Medio país inundado y las lluvias apenas empiezan

Lo han alertado varias veces los organismos de emergencia y de control: la segunda temporada de lluvias del año -que se espera comience este mes- podría venir acompañada del fenómeno de La Niña, es decir, en algunas zonas del país las lluvias aumentarían hasta en un 80 % y se extenderían incluso hasta enero de 2022. Un pronóstico que desde ya ha levantado las alertas en alcaldías y gobernaciones de varias regiones en las que, aun sin estar oficialmente en temporada, las precipitaciones vienen dejando estragos desde julio pasado.

Las cifras son preocupantes. De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, solo en agosto las lluvias afectaron 161 municipios de 26 departamentos del país, en los que se reportaron 221 eventos relacionados con las lluvias, siendo Norte de Santander, Cundinamarca, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar y Tolima los departamentos más afectados. Una radiografía a la que hay que sumarles las por lo menos 20.500 familias que han resultado damnificadas, 12.945 viviendas afectadas y 63 destruidas. Además, siete personas han muerto, ocho han resultado heridas y una más se encuentra desaparecida.

El problema de fondo, que se replica en todo el país, lo esbozó el propio gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, quien hace días viene alertando sobre la grave situación que se vive en la subregión de La Mojana, conformada por 11 municipios de cuatro departamentos del norte del país, por cuenta de las inundaciones tras el desbordamiento del río Cauca y el rompimiento del dique de contención: “Se han venido invirtiendo muchos millones de pesos en mitigación, pero hemos estado atendiendo lo urgente y no lo importante para resolver el tema de raíz. ¡Señores, no más! Debemos dar una solución definitiva para La Mojana. ¡Esto no aguanta un papel más! ¡Esto no aguanta un diagnóstico más!”. La situación es tan crítica, que precisamente se espera que este miércoles se adelante una reunión en Presidencia con los gobernadores de Sucre, Bolívar y Antioquia -departamentos de La Mojana- para trazar la hoja de ruta con soluciones estructurales que permita solucionar el problema en la zona.

En otras regiones del país la situación no es distinta. En Cali, por ejemplo, cerca de 200 familias fueron desalojadas del jarillón del río Cauca, en el sector Brisas del Nuevo Amanecer, como medida preventiva ante el aumento de lluvias en la zona y la posibilidad de un colapso del dique que protege a la ciudad de un posible desbordamiento del afluente, lo que podría afectar a cerca de un millón de familias de 14 barrios de Cali. “Recordemos la importancia del jarillón en esta temporada de lluvias, el jarillón es el anillo protector contra inundaciones de nuestra ciudad y por eso debemos mantenerlo libre y reforzado. Las personas que sean sorprendidas invadiendo o arrojando escombros allí serán judicializadas, entendamos que de este lugar depende la seguridad de miles de caleños y caleñas”, aseguró Eli Shnaider, gerente del Plan Jarillón Cali.

Por su parte, en Santander, las fuertes lluvias que se presentaron la noche del 30 de agosto afectaron la movilidad en la vía nacional que comunica a Bucaramanga con Bogotá. Las precipitaciones que se registraron, principalmente en las veredas de Piedecuesta, generaron la creciente súbita del río Manco y Umpalá que bordea la vía entre los sectores de Curos y Pescadero. Según la oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo de Piedecuesta, las zonas afectadas fueron Cobim, Miraflores, El Canelo y La Banca, y las veredas Cartagena, San Isidro y Chucurí.

Ese mismo día también se registraron emergencias en Santa Marta, en donde más de 50 barrios resultaron afectados tras las fuertes lluvias tanto en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta como en el casco urbano. De hecho, la Gobernación de Magdalena declaró la calamidad pública en el departamento, con el objetivo de tomar medidas por adelantado ante cualquier eventualidad que afecte a la ciudadanía. “La idea es prepararnos para mejorar la capacidad de respuesta en caso de generarse un escenario crítico. En estos momentos en el Magdalena llueve y es normal que puedan crearse algunas situaciones de emergencia”, señaló Jaime Avendaño, jefe de la oficina de Gestión del Riesgo de Desastre Departamental.

En medio de los desastres, inundaciones, deslizamientos, bloqueos y desbordamientos, las autoridades insisten en la urgencia de los planes de mitigación del riesgo creados por los consejos municipales de gestión, los consejos departamentales y las gobernaciones. “Se deben orientar estos planes a futuro, considerando cómo han estado las lluvias, si están saturados sus suelos, qué alertas están vigentes y tomar las medidas preventivas desde ya. La segunda temporada de lluvias inicia en septiembre, el mes más lluvioso es octubre y esperamos un noviembre algo similar”, explicó recientemente a El Espectador la directora del Ideam, Yolanda González.

Lo han alertado varias veces los organismos de emergencia y de control: la segunda temporada de lluvias del año -que se espera comience este mes- podría venir acompañada del fenómeno de La Niña, es decir, en algunas zonas del país las lluvias aumentarían hasta en un 80 % y se extenderían incluso hasta enero de 2022. Un pronóstico que desde ya ha levantado las alertas en alcaldías y gobernaciones de varias regiones en las que, aun sin estar oficialmente en temporada, las precipitaciones vienen dejando estragos desde julio pasado.

Las cifras son preocupantes. De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, solo en agosto las lluvias afectaron 161 municipios de 26 departamentos del país, en los que se reportaron 221 eventos relacionados con las lluvias, siendo Norte de Santander, Cundinamarca, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar y Tolima los departamentos más afectados. Una radiografía a la que hay que sumarles las por lo menos 20.500 familias que han resultado damnificadas, 12.945 viviendas afectadas y 63 destruidas. Además, siete personas han muerto, ocho han resultado heridas y una más se encuentra desaparecida.

El problema de fondo, que se replica en todo el país, lo esbozó el propio gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, quien hace días viene alertando sobre la grave situación que se vive en la subregión de La Mojana, conformada por 11 municipios de cuatro departamentos del norte del país, por cuenta de las inundaciones tras el desbordamiento del río Cauca y el rompimiento del dique de contención: “Se han venido invirtiendo muchos millones de pesos en mitigación, pero hemos estado atendiendo lo urgente y no lo importante para resolver el tema de raíz. ¡Señores, no más! Debemos dar una solución definitiva para La Mojana. ¡Esto no aguanta un papel más! ¡Esto no aguanta un diagnóstico más!”. La situación es tan crítica, que precisamente se espera que este miércoles se adelante una reunión en Presidencia con los gobernadores de Sucre, Bolívar y Antioquia -departamentos de La Mojana- para trazar la hoja de ruta con soluciones estructurales que permita solucionar el problema en la zona.

En otras regiones del país la situación no es distinta. En Cali, por ejemplo, cerca de 200 familias fueron desalojadas del jarillón del río Cauca, en el sector Brisas del Nuevo Amanecer, como medida preventiva ante el aumento de lluvias en la zona y la posibilidad de un colapso del dique que protege a la ciudad de un posible desbordamiento del afluente, lo que podría afectar a cerca de un millón de familias de 14 barrios de Cali. “Recordemos la importancia del jarillón en esta temporada de lluvias, el jarillón es el anillo protector contra inundaciones de nuestra ciudad y por eso debemos mantenerlo libre y reforzado. Las personas que sean sorprendidas invadiendo o arrojando escombros allí serán judicializadas, entendamos que de este lugar depende la seguridad de miles de caleños y caleñas”, aseguró Eli Shnaider, gerente del Plan Jarillón Cali.

Por su parte, en Santander, las fuertes lluvias que se presentaron la noche del 30 de agosto afectaron la movilidad en la vía nacional que comunica a Bucaramanga con Bogotá. Las precipitaciones que se registraron, principalmente en las veredas de Piedecuesta, generaron la creciente súbita del río Manco y Umpalá que bordea la vía entre los sectores de Curos y Pescadero. Según la oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo de Piedecuesta, las zonas afectadas fueron Cobim, Miraflores, El Canelo y La Banca, y las veredas Cartagena, San Isidro y Chucurí.

Ese mismo día también se registraron emergencias en Santa Marta, en donde más de 50 barrios resultaron afectados tras las fuertes lluvias tanto en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta como en el casco urbano. De hecho, la Gobernación de Magdalena declaró la calamidad pública en el departamento, con el objetivo de tomar medidas por adelantado ante cualquier eventualidad que afecte a la ciudadanía. “La idea es prepararnos para mejorar la capacidad de respuesta en caso de generarse un escenario crítico. En estos momentos en el Magdalena llueve y es normal que puedan crearse algunas situaciones de emergencia”, señaló Jaime Avendaño, jefe de la oficina de Gestión del Riesgo de Desastre Departamental.

En medio de los desastres, inundaciones, deslizamientos, bloqueos y desbordamientos, las autoridades insisten en la urgencia de los planes de mitigación del riesgo creados por los consejos municipales de gestión, los consejos departamentales y las gobernaciones. “Se deben orientar estos planes a futuro, considerando cómo han estado las lluvias, si están saturados sus suelos, qué alertas están vigentes y tomar las medidas preventivas desde ya. La segunda temporada de lluvias inicia en septiembre, el mes más lluvioso es octubre y esperamos un noviembre algo similar”, explicó recientemente a El Espectador la directora del Ideam, Yolanda González.