MinDefensa advierte violencia financiada por disidencias y Eln para el 20 de julio

Al término del consejo de seguridad que se adelantó en la tarde de este martes 6 de julio en Cali, el ministro de Defensa, Diego Molano, en compañía del director general de la Policía, mayor Jorge Luis Vargas, y el general Luis Fernando Navarro, comandante del Ejército Nacional, señaló que tienen “información precisa de inteligencia que señala que las disidencias de las Farc y el Eln han intentando financiar acciones violentas y de criminalidad en Cali”, y agregó que estarían intentándolo nuevamente para que grupos de violentos se trasladen hasta Bogotá y cometan hechos delictivos durante las celebraciones del 20 de julio.

Según Molano, ese financiamiento ha quedado evidenciado “con las capturas que se han realizado en los últimos dos meses”, haciendo referencia a las once personas que han sido detenidas señaladas de pertenecer a la disidencia de Dagoberto Ramos, a la disidencia de la Segunda Marquetalia y a redes urbanas del Eln. Según las autoridades, serían los encargados de promover y organizar la violencia que se ha vivido en Cali desde que iniciaron las manifestaciones por el paro nacional el 28 de abril.

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El ministro también agregó que, tanto las disidencias de las Farc como el Eln, les han quedado mal en los pagos a las organizaciones criminales y a los individuos que han buscado para generar violencia, pero que, con miras a las movilizaciones convocadas por el Comité del Paro para el próximo 20 de julio, habrían reactivado su estrategia de financiar acciones delictivas. Ese día se instala la última legislatura del Congreso y se busca exigir que se tramiten las leyes que respondan al paquete de medidas que le pidieron al Gobierno desde junio de 2020 y, además, coincide con la celebración de la independencia del país.

Siguiendo con esta hipótesis, el general de la Policía Nacional apuntó que este financiamiento busca que grupos de personas se desplacen desde Cali hacia Bogotá para “bloquear vías, afectar infraestructura tanto pública como privada, cometer hurtos y ejercer violencia contra servidores públicos”.

El consejo de seguridad, que también contó con la participación del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, un delegado de la secretaría de seguridad del departamento y el viceministro del Interior Juan Pablo Díaz Granados, sirvió para analizar esta información y mantener, entre otras disposiciones, la asistencia militar que decretó el presidente Iván Duque desde el 28 de mayo.

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El general Luis Fernando Navarro señaló sobre este tema en particular que más de 5.000 hombres, 88 vehículos y 22 aeronaves seguirán prestando servicio en el departamento para “unir y focalizar esfuerzos para mantener seguras las vías, las ciudades, los centros de producción y las vías logísticas de abastecimiento”.

Por último, el ministro Molano agregó que todos los dispositivos de la Policía Nacional y del Ejército que se han dispuesto en Cali continuarán mientras que Jorge Iván Ospina recordó que se mantiene un fondo de $500 millones para “poder pagarle a cualquier persona que nos dé información sobre eventos de vandalismo, quema de vehículos o daños contra propiedad pública o privada”.

Al término del consejo de seguridad que se adelantó en la tarde de este martes 6 de julio en Cali, el ministro de Defensa, Diego Molano, en compañía del director general de la Policía, mayor Jorge Luis Vargas, y el general Luis Fernando Navarro, comandante del Ejército Nacional, señaló que tienen “información precisa de inteligencia que señala que las disidencias de las Farc y el Eln han intentando financiar acciones violentas y de criminalidad en Cali”, y agregó que estarían intentándolo nuevamente para que grupos de violentos se trasladen hasta Bogotá y cometan hechos delictivos durante las celebraciones del 20 de julio.

Según Molano, ese financiamiento ha quedado evidenciado “con las capturas que se han realizado en los últimos dos meses”, haciendo referencia a las once personas que han sido detenidas señaladas de pertenecer a la disidencia de Dagoberto Ramos, a la disidencia de la Segunda Marquetalia y a redes urbanas del Eln. Según las autoridades, serían los encargados de promover y organizar la violencia que se ha vivido en Cali desde que iniciaron las manifestaciones por el paro nacional el 28 de abril.

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El ministro también agregó que, tanto las disidencias de las Farc como el Eln, les han quedado mal en los pagos a las organizaciones criminales y a los individuos que han buscado para generar violencia, pero que, con miras a las movilizaciones convocadas por el Comité del Paro para el próximo 20 de julio, habrían reactivado su estrategia de financiar acciones delictivas. Ese día se instala la última legislatura del Congreso y se busca exigir que se tramiten las leyes que respondan al paquete de medidas que le pidieron al Gobierno desde junio de 2020 y, además, coincide con la celebración de la independencia del país.

Siguiendo con esta hipótesis, el general de la Policía Nacional apuntó que este financiamiento busca que grupos de personas se desplacen desde Cali hacia Bogotá para “bloquear vías, afectar infraestructura tanto pública como privada, cometer hurtos y ejercer violencia contra servidores públicos”.

El consejo de seguridad, que también contó con la participación del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, un delegado de la secretaría de seguridad del departamento y el viceministro del Interior Juan Pablo Díaz Granados, sirvió para analizar esta información y mantener, entre otras disposiciones, la asistencia militar que decretó el presidente Iván Duque desde el 28 de mayo.

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El general Luis Fernando Navarro señaló sobre este tema en particular que más de 5.000 hombres, 88 vehículos y 22 aeronaves seguirán prestando servicio en el departamento para “unir y focalizar esfuerzos para mantener seguras las vías, las ciudades, los centros de producción y las vías logísticas de abastecimiento”.

Por último, el ministro Molano agregó que todos los dispositivos de la Policía Nacional y del Ejército que se han dispuesto en Cali continuarán mientras que Jorge Iván Ospina recordó que se mantiene un fondo de $500 millones para “poder pagarle a cualquier persona que nos dé información sobre eventos de vandalismo, quema de vehículos o daños contra propiedad pública o privada”.