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Colombia tiene más de 6.300 km de frontera terrestre con cinco países y costas en los océanos Pacífico y Atlántico. Son zonas de una riqueza cultural y natural inimaginables, y de constantes flujos de migrantes avivados tanto por la hermandad entre naciones como por los vaivenes políticos de la región. En algunas de estas fronteras hay grupos armados ilegales, rutas de narcos, contrabandistas o traficantes de personas. ¿Cómo fortalecer la presencia del Estado, aprovechar las oportunidades de integración, dinamizar la economía y aprender de los ejemplos de resiliencia de indígenas, afros y otras comunidades de esas zonas? El Espectador, la Fundación Paz y Reconciliación, y la Friedrich Ebert Stiftung Colombia (Fescol) recorrieron las zonas limítrofes del país y documentaron su situación. Quinta entrega.
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El paso por el puente de Rumichaca, entre Colombia y Ecuador, está tranquilo. Hace dos meses esta frontera fue reabierta, por lo que en el paso que une a ambos países ahora solo hay funcionarios de Migración que piden el documento de identidad y el carné de vacunas a quienes entran al vecino país, mientras que en el sentido contrario no hay ninguna restricción.
A simple vista, los flujos de migrantes continúan. Mientras algunos haitianos toman colectivos del lado ecuatoriano para entrar a Colombia, junto a ellos aparecen venezolanos que retornan a su país, como es el caso de Vanessa, quien llegó caminando a Ipiales junto a su esposo, su prima, sus dos hijos, un perro y tres grandes maletas en las que llevaban lo que pudieron conseguir en año y medio en Perú. “Allá hay mucha xenofobia y cada vez era más difícil conseguir trabajo. En Venezuela por lo menos uno sabe que tiene a la familia, que lo ayuda a uno”, dijo el hombre del grupo. A finales de año los flujos de retorno de venezolanos suelen subir debido a las festividades decembrinas, ya que aprovechan esta época para visitar a sus familias. Pero últimamente el regreso se ha mantenido, en su mayoría, por las difíciles condiciones que se presentan para regularizarse como para mantener una calidad de vida. En otros casos han sido víctimas de robo y hasta de trata de personas, por lo que prefieren regresar a su país.
“Mi hija nació antes de tiempo, porque él me cogió a golpes”, recuerda Natalia*, quien llegó con sus tres hijos a Ipiales, luego de que huyó de la habitación en la que vivía con su pareja en Piura. Era víctima de un matrimonio servil. “Él me dio lo del arriendo y la señora de la casa me dijo que no le pagara y que con eso me fuera. Vendí la bombona de gas y el televisor, y de eso me quitaron 250 soles en la trocha para pasar de Perú a Ecuador con mis hijos, pagué 30 dólares en un tiquete de bus para Tulcán y con cinco dólares que me quedaron pagué un carro para pasar a Ipiales”, narra Natalia, quien esperaba recibir la ayuda de cooperación no solo para hacer la denuncia, sino además para facilitar su tránsito con sus hijos de cinco y tres años, y un bebé de tres meses.
En el paso fronterizo de Ecuados y Perú, a Elena* le quitaron todo presuntos integrantes del Tren de Aragua, quienes habrían interceptado el bus en el que iba camino a Quito para encontrarse con su hija y su nieto. Iba sola, por lo que no le quedó más que devolverse ante el temor que le ocurriera algo de nuevo y la imposibilidad de que su familia le ayudara.
La situación tampoco es fácil para los que van a los países del sur. Alfredo Córdoba y su esposa Anru salieron con tres familias, entre ellas uno de sus hijos y dos vecinos, de Venezuela con el fin de llegar a Perú, donde está una de sus hijas. “Soy técnico industrial y podía ganarme hasta 200 dólares haciendo un trabajo, pero ahora no hay quién le dé a uno trabajo. Mi esposa era jefa de calle, la que entregaba las bolsas que daba el gobierno, pero eso no alcanza para nada y sí tenía que ir a todas las cosas que organizaba el partido”. Llegaron en bus a Bogotá, donde pagaron un transporte para llegar a Cali, pero los engañaron y los dejaron botados en Ibagué. Desde ahí les ha tocado limpiar vidrios y pedir dinero para poder continuar el viaje.
En el caso de la pareja Ángel Romero y Carla López, ella va embarazada. Viajan con cinco personas más, y aunque fue fácil llegar de Cúcuta a Ipiales, el camino que les queda a Montevideo es largo, pues pasaron la frontera de Colombia con Ecuador por trocha, sin dinero y mucho más que los celulares para comunicarse con su familia, la cédula y la partida de nacimiento. “Soy estudiante y también trabajaba, pero con dos dólares de salario mínimo no podíamos vivir, solo una harina pan vale tres dólares. Salimos caminando pidiendo cola (aventón a los carros)”, manifestó Ángel, a quien complementó Carla diciendo que tiene una hermana enferma y otra que sigue estudiando a la que necesitan ayudar.
Para Juan pablo Velasco, psicosocial de la Fundación Paso a Paso, que cuenta con albergues en Ipiales, son varias las características que se resaltan de quienes deciden migrar, pues mientras los haitianos y africanos suelen llegar con visas de Brasil y Chile, así como con recursos para hospedarse en hoteles y seguir su camino, en el caso de los venezolanos muchos llegan sin dinero, víctimas de casos de xenofobia, requerimientos de protección o asesoramiento legal para su regularización, como se registra violencia de género y niños no acompañados. Por esto último se ha fortalecido la búsqueda de menores de edad para que participen en las aldeas infantiles y así garantizar que no caigan en mendicidad ajena.
Pese a ello, existe un vacío legal con respecto a los mayores de 14 años y menores de 18, pues se han alertado casos de adolescentes que viajan sin un familiar de primer grado o sin una red de apoyo, que son coaptadas por redes de trata en el departamento u otras zonas de Ecuador, pero sobre las que no existe un tratamiento especial ante estas vulnerabilidades. Algo similar ocurriría con aquellos que son llevados a Putumayo como raspachines o quienes terminan en manos de redes venezolanas que controlan los mismos pasos irregulares en la frontera.
Lo que destacan las organizaciones que acompañan a los migrantes en Ipiales es que no es un tránsito menor, ya que tan solo en enero la Fundación Paso a Paso atendió a 6.000 migrantes que entraban y salían del país, mientras que en la vía de Pasto a Ipiales es imposible no encontrarse a caminantes andando en grupo por el borde de la carretera.
El otro problema surge de la forma en como atraviesan la frontera. Mientras estuvo cerrado el paso por Rumichaca comenzaron a aparecer pasos ilegales por la extensa frontera entre Ipiales y Tulcán. Las autoridades locales señalan que son más de 102 los que han sido identificados, pero los lugareños dicen que en verdad son seis las que más se usan. A tan solo metros del puente de Rumichaca está el ingreso a tres caminos, por los que los migrantes deben caminar hasta seis horas para llegar a Ecuado,r y si van en compañía de coyotes, deben pagar entre 10 y 50 dólares por el acompañamiento, a lo que se le suman servicios como para que le carguen una maleta o niños que pueden ir desde los cinco dólares.
Entre estas trochas irregulares hay pasos que ya existían y que eran utilizados exclusivamente para el transporte de contrabando, como ocurría en el municipio de Carlosama. “Como eso es montaña, hay por lo menos ocho pasos cerca del puente de Rumichaca, por donde los migrantes les toca casi que hasta escalar para cruzar la frontera, y por eso es que es normal ver a los bomberos rescatando a personas que se han caído al río Guáitara. En otros puntos hay tarabitas (tablas sostenidas con sogas suspendidas en altura), donde les cobran hasta diez dólares para cruzarlos sobre el río, mientras que en tramos a pie los dueños de las fincas tienen peajes, donde también obligan a los migrantes a pagar”, dijo a este medio una fuente que prefirió no ser nombrada.
En San Carlos, camino de Ipiales al aeropuerto del municipio, se encuentra una de estas trochas que se fortalecieron durante el cierre del Rumichaca. En los mejores momentos había hasta 700 motociclistas, que desde las 4 de la mañana comenzaban a cruzar la trocha hacia Tulcán con venezolanos y de regreso a Colombia con haitianos y africanos.
“Eso fue un improviso, porque antes solo pasaban caballos, pero como la gente quería pasar de aquí para allá, el que tenía moto se empezó a meter. Empezaron a venir más personas de todos los pueblitos que necesitan para vivir”, indicó Álvaro, uno de los pocos motociclistas que todavía se encuentran en la zona prestando el servicio. Cobran $10.000 o tres dólares, dependiendo la moneda que maneje el usuario, y se demoran 20 minutos en cruzar de un lado a otro. En los mejores momentos se hacían hasta 10 viajes diarios, pero hoy no hacen más de cinco, por la apertura de la frontera, y entre los que más transportan son personas de la zona que toman este paso para ahorrar tiempo y que han naturalizado la trocha ilegal para transportarse.
Al respecto, Amílcar Pantoja, secretario de Gobierno de Nariño, indica que como este hay otro paso en Chilis, donde para los ecuatorianos este es binacional, pero para los colombianos no. Así como indica que sigue siendo constante el uso de estos pasos irregulares, ya que se han dejado montadas estructuras, pero no son tantos como antes, en gran parte por la apertura del Rumichaca, que además ha servido para reducir las violencias en la zona.
“Entre estas dinámicas debe incluirse el accidente con el bus, la semana pasada en la vía Pasto-Ipiales (seis personas murieron y 26 más resultaron heridas). Traían a los venezolanos desde Cúcuta, y eso es una muestra de que tienen rutas determinadas para transitarlos de manera irregular. Otra cosa que nos preocupa es el riesgo latente de que sean reclutados por grupos armados o para cometer acciones delictivas. Por eso hemos propiciado escenarios institucionales, como las mesas de migrantes que antes solo estaban en Pasto y ahora ya tenemos en Ipiales y Remedios”.
No es para menos, aunque de acuerdo con Migración Colombia, Nariño es más un departamento de tránsito que de estadía para los venezolanos, son cerca de 44.130 los que están afiliados a alguno de los regímenes de salud en el departamento, principalmente en Tumaco, Pasto e Ipiales, donde algunos han optado por establecerse en casas ocupadas en el barrio San Felipe, que de acuerdo con Pantoja, es conocido por el expendio de drogas. Quienes viven en la casa 20-40, que antes era un hostal y que ya ha sido desalojada, señalan que no están allí por gusto, sino por las necesidades de darle un hogar a su familia. “Llegué acá por una amiga, porque literalmente estábamos durmiendo en la calle, y mis dos niños se estaban enfermando. Uno no se quedaría en una casa en tan mal estado, que le caen a uno goteras en el tetero, si no fuera por necesidad y porque de alguna forma le brindaron una ayuda a uno acá”, dice una de las migrantes que vive en la casa.
Esto, para Luz Marina Aux, representante del club Kiwanis Nubes Verdes, con albergues para caminantes en la vía Pasto-Ipiales, no debe dejarse en un segundo plano. “Como no ingresan de forma regular, no hay responsabilidad del Gobierno de encargarse de esa población, porque hacen de cuenta que no existe. Evidenciamos que es obligación del territorio atenderla, pero no ocurre”, por lo que tanto ella como los miembros de otras fundaciones financiadas por organizaciones externas o privadas señalan que lo que viene ahora será lo fundamental, ya que además de la ayuda humanitaria se tendrá que comenzar a pensar en la estabilización de quienes se quedaron, lo que no solo incluye su regularización, sino además ofertas que eviten que sean instrumentalizados por bandas en la región, donde se habla de la presencia del Eln, disidencias de las Farc y una facción del Tren de Arauga, que estaría detrás de los pasos ilegales, sino también para reducir la xenofobia, que es lo que al fin de cuentas será fundamental para garantizar una calidad de vida a quienes se quedan en Nariño.
