Necesitamos a los operadores del PAE que sí prestan el servicio: Juan David Vélez

Después del lamentable episodio en el que estudiantes de La Ceja, Antioquia, terminaron consumiendo carne de caballo, la opinión pública volvió a dirigir su mirada hacia las irregularidades que se presentan en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

El balance que dejó la Contraloría el año pasado es preocupante: aunque el programa tuvo una cobertura del 74,4 %, al menos 1,5 millones de niños y niñas no habrían recibido la comida, mientras que 13 de las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) presentaron fallas en cobertura, calidad y logística.

(Le puede interesar: “No toleraremos las vías de hecho”: Anibal Gaviria sobre protestas en Buriticá)

Este 2022 no ha estado exento de alertas. A mediados de julio la Procuraduría advirtió que más de 180 mil menores de edad no estarían recibiendo alimentos. El caso más inquietante es el del Magdalena, donde no se ha podido adjudicar el contrato a un operador, situación que afecta a más de 147 mil estudiantes.

El Espectador habló con Juan David Vélez, director encargado de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender, quien aseguró que es preciso depurar a todos los operadores que no están aportando al programa y llegar a una cobertura de seis millones de niños con el PAE.

¿Cómo valora el balance que deja la operación del PAE en 2022 en el país?

En 2018 solo 25 secretarías de Educación habían iniciado el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Este año tuvimos la ventaja de que comenzaron 67 entidades; casi que triplicamos el número de secretarías que empezaron a tiempo. Es un gran avance.

Hay que reconocer que antes existían barreras institucionales que se modificaron con la Ley 2167 del 22 de diciembre de 2021. En términos prácticos, nosotros conocíamos el presupuesto aprobado para las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) a mediados de octubre, lo que quería decir que podíamos asignarles los recursos a finales de ese mes. Esto dificultaba el proceso para las secretarías de Educación, porque solo tenían noviembre y diciembre para pedir vigencias futuras e iniciar procesos de contratación. Ahora ya no tienen que esperar hasta ese momento, sino que, de antemano, ninguna de las entidades puede bajar sus aportes en el PAE.

La mayoría de las 67 entidades que iniciaron a tiempo contaban con recursos propios para sacar adelante el PAE. Esperamos que en 2023 estemos cercanos a las 96 ETC en cobertura, a menos que exista un caso excepcional.

¿Qué avances ha tenido la estrategia ‘PAEstar al Día’, para que las familias accedan a los menús y el número de raciones de cada institución educativa?

Esta iniciativa hace parte de un sistema de información del PAE que consta de cuatro fases, las cuales ya fueron contratadas. Estaremos finalizando la primera etapa a inicios de septiembre y la segunda debería terminar en diciembre. La fase uno incluye la estrategia de ‘PAEstar al Día’, y todo su enfoque se desarrollará en la etapa cuatro, que estaría lista para finales de 2023. Nuestro objetivo es que los padres de familia tengan la oportunidad de conocer y hacer veeduría a los alimentos que se están entregando en las instituciones educativas.

¿Cuáles son las entidades territoriales con más problemas en su operación este año?

Las administraciones se posesionaron en 2020 y en marzo de ese año cambiaron a un esquema de PAE en casa, lo que significa que solo este año conocieron lo que es el PAE en colegios.

En esa línea, hay dos situaciones que afectan el programa y que dificultan el trabajo para las entidades. Primero, muchos operadores se acostumbraron a entregar alimentos en crudo o entregar raciones industrializadas, además de hacerlo sin constancia. En algunos casos se entregaban una vez al mes. En segundo lugar, el alza de los precios de los alimentos ha afectado a la economía e impactado sobre el PAE.

(También puede leer: Habitantes de La Mojana exigen pago de incentivos en sedes del Banco Agrario)

El caso de Magdalena es muy diciente: presentaron tres veces el proceso de contratación y no se le ha podido adjudicar a ningún operador. Es una situación preocupante para nosotros, pero entendemos que la ETC se ha enfrentado a dinámicas que impiden la correcta operación del programa.

En Santa Marta, por ejemplo, han manifestado dificultades con el equilibrio de los contratos, debido a que los precios están muy elevados. También está el caso de Cartagena, entidad que hizo su proceso de planeación de manera correcta y que contrató a través de Bolsa Mercantil, pero los operadores no fueron los idóneos.

Con la normativa que empezó a regir este año, si las entidades son juiciosas, podrán empezar a depurar a los operadores que no deberían estar prestando el servicio de alimentación a las personas más vulnerables.

¿Cuál es la expectativa de Alimentos para Aprender sobre niños beneficiados por el PAE?

Este año esperamos terminar con una atención a seis millones de niños del país; el año pasado cerró en 5’846.000. Creo que vamos por buen camino. Desde la Nación asignamos $18 mil millones para aquellas secretarías de Educación que tienen una cobertura muy por debajo del promedio; hay algunas que están cercanas al orden del 40 % de alcance. Queremos que incrementen por lo menos un 10 % su atención a niños y niñas.

(Le puede interesar: Trabajadora del Canal TRO murió en Bucaramanga tras ser víctima de intento de robo)

Nosotros le apuntamos a lo que están implementando en otros países de América Latina, donde la cobertura ya llega a todo el bachillerato. Sabemos que el nuevo gobierno tiene la línea de la importancia de combatir el hambre y la corrupción, así que considero que tenemos las herramientas para que siga avanzando el programa.

¿En qué tiene que trabajar el nuevo gobierno para mitigar las irregularidades y los problemas en el PAE?

Este es un programa sensible y que supone grandes retos para la administración pública. Lo primero es que se debe aumentar la cobertura de alimentación para continuar en la lucha contra el hambre. En segundo lugar, reconocer que hay una gran disparidad en el territorio, por lo que varias entidades no cuentan con las herramientas técnicas suficientes para prestar un servicio en condiciones, por ello es necesario prestar especial atención a los municipios con menos recursos propios. En tercer lugar, el programa evidencia que, aunque tenemos 44 mil sedes, no todas tienen como prioridad la preparación de comida caliente. Los alimentos industrializados son la última opción, pero es la única manera de llegar a algunas regiones. Finalmente, hace falta que el PAE fortalezca la economía local a través de incentivos en el agro y estos alimentos abastezcan a sus habitantes.

¿Cómo operan las sanciones en casos de alimentos en mal estado o diferentes a los establecidos en el contrato?

Además de las multas y caducidades que puedan efectuarse por incumplimientos en el PAE, si estas irregularidades están relacionadas con presuntos actos de corrupción, nosotros, a través de información de nuestras auditorías y de la comunidad, ponemos la denuncia ante los entes de control. Aprovecho para hacer un llamado para que la Procuraduría y la Contraloría aceleren los procesos fiscales y disciplinarios contra estos contratistas, ya que necesitamos que estén los que realmente prestan el servicio.

Después del lamentable episodio en el que estudiantes de La Ceja, Antioquia, terminaron consumiendo carne de caballo, la opinión pública volvió a dirigir su mirada hacia las irregularidades que se presentan en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

El balance que dejó la Contraloría el año pasado es preocupante: aunque el programa tuvo una cobertura del 74,4 %, al menos 1,5 millones de niños y niñas no habrían recibido la comida, mientras que 13 de las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) presentaron fallas en cobertura, calidad y logística.

(Le puede interesar: “No toleraremos las vías de hecho”: Anibal Gaviria sobre protestas en Buriticá)

Este 2022 no ha estado exento de alertas. A mediados de julio la Procuraduría advirtió que más de 180 mil menores de edad no estarían recibiendo alimentos. El caso más inquietante es el del Magdalena, donde no se ha podido adjudicar el contrato a un operador, situación que afecta a más de 147 mil estudiantes.

El Espectador habló con Juan David Vélez, director encargado de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender, quien aseguró que es preciso depurar a todos los operadores que no están aportando al programa y llegar a una cobertura de seis millones de niños con el PAE.

¿Cómo valora el balance que deja la operación del PAE en 2022 en el país?

En 2018 solo 25 secretarías de Educación habían iniciado el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Este año tuvimos la ventaja de que comenzaron 67 entidades; casi que triplicamos el número de secretarías que empezaron a tiempo. Es un gran avance.

Hay que reconocer que antes existían barreras institucionales que se modificaron con la Ley 2167 del 22 de diciembre de 2021. En términos prácticos, nosotros conocíamos el presupuesto aprobado para las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) a mediados de octubre, lo que quería decir que podíamos asignarles los recursos a finales de ese mes. Esto dificultaba el proceso para las secretarías de Educación, porque solo tenían noviembre y diciembre para pedir vigencias futuras e iniciar procesos de contratación. Ahora ya no tienen que esperar hasta ese momento, sino que, de antemano, ninguna de las entidades puede bajar sus aportes en el PAE.

La mayoría de las 67 entidades que iniciaron a tiempo contaban con recursos propios para sacar adelante el PAE. Esperamos que en 2023 estemos cercanos a las 96 ETC en cobertura, a menos que exista un caso excepcional.

¿Qué avances ha tenido la estrategia ‘PAEstar al Día’, para que las familias accedan a los menús y el número de raciones de cada institución educativa?

Esta iniciativa hace parte de un sistema de información del PAE que consta de cuatro fases, las cuales ya fueron contratadas. Estaremos finalizando la primera etapa a inicios de septiembre y la segunda debería terminar en diciembre. La fase uno incluye la estrategia de ‘PAEstar al Día’, y todo su enfoque se desarrollará en la etapa cuatro, que estaría lista para finales de 2023. Nuestro objetivo es que los padres de familia tengan la oportunidad de conocer y hacer veeduría a los alimentos que se están entregando en las instituciones educativas.

¿Cuáles son las entidades territoriales con más problemas en su operación este año?

Las administraciones se posesionaron en 2020 y en marzo de ese año cambiaron a un esquema de PAE en casa, lo que significa que solo este año conocieron lo que es el PAE en colegios.

En esa línea, hay dos situaciones que afectan el programa y que dificultan el trabajo para las entidades. Primero, muchos operadores se acostumbraron a entregar alimentos en crudo o entregar raciones industrializadas, además de hacerlo sin constancia. En algunos casos se entregaban una vez al mes. En segundo lugar, el alza de los precios de los alimentos ha afectado a la economía e impactado sobre el PAE.

(También puede leer: Habitantes de La Mojana exigen pago de incentivos en sedes del Banco Agrario)

El caso de Magdalena es muy diciente: presentaron tres veces el proceso de contratación y no se le ha podido adjudicar a ningún operador. Es una situación preocupante para nosotros, pero entendemos que la ETC se ha enfrentado a dinámicas que impiden la correcta operación del programa.

En Santa Marta, por ejemplo, han manifestado dificultades con el equilibrio de los contratos, debido a que los precios están muy elevados. También está el caso de Cartagena, entidad que hizo su proceso de planeación de manera correcta y que contrató a través de Bolsa Mercantil, pero los operadores no fueron los idóneos.

Con la normativa que empezó a regir este año, si las entidades son juiciosas, podrán empezar a depurar a los operadores que no deberían estar prestando el servicio de alimentación a las personas más vulnerables.

¿Cuál es la expectativa de Alimentos para Aprender sobre niños beneficiados por el PAE?

Este año esperamos terminar con una atención a seis millones de niños del país; el año pasado cerró en 5’846.000. Creo que vamos por buen camino. Desde la Nación asignamos $18 mil millones para aquellas secretarías de Educación que tienen una cobertura muy por debajo del promedio; hay algunas que están cercanas al orden del 40 % de alcance. Queremos que incrementen por lo menos un 10 % su atención a niños y niñas.

(Le puede interesar: Trabajadora del Canal TRO murió en Bucaramanga tras ser víctima de intento de robo)

Nosotros le apuntamos a lo que están implementando en otros países de América Latina, donde la cobertura ya llega a todo el bachillerato. Sabemos que el nuevo gobierno tiene la línea de la importancia de combatir el hambre y la corrupción, así que considero que tenemos las herramientas para que siga avanzando el programa.

¿En qué tiene que trabajar el nuevo gobierno para mitigar las irregularidades y los problemas en el PAE?

Este es un programa sensible y que supone grandes retos para la administración pública. Lo primero es que se debe aumentar la cobertura de alimentación para continuar en la lucha contra el hambre. En segundo lugar, reconocer que hay una gran disparidad en el territorio, por lo que varias entidades no cuentan con las herramientas técnicas suficientes para prestar un servicio en condiciones, por ello es necesario prestar especial atención a los municipios con menos recursos propios. En tercer lugar, el programa evidencia que, aunque tenemos 44 mil sedes, no todas tienen como prioridad la preparación de comida caliente. Los alimentos industrializados son la última opción, pero es la única manera de llegar a algunas regiones. Finalmente, hace falta que el PAE fortalezca la economía local a través de incentivos en el agro y estos alimentos abastezcan a sus habitantes.

¿Cómo operan las sanciones en casos de alimentos en mal estado o diferentes a los establecidos en el contrato?

Además de las multas y caducidades que puedan efectuarse por incumplimientos en el PAE, si estas irregularidades están relacionadas con presuntos actos de corrupción, nosotros, a través de información de nuestras auditorías y de la comunidad, ponemos la denuncia ante los entes de control. Aprovecho para hacer un llamado para que la Procuraduría y la Contraloría aceleren los procesos fiscales y disciplinarios contra estos contratistas, ya que necesitamos que estén los que realmente prestan el servicio.