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“Esas acciones terroristas del Eln claro que generan temor y requieren contundencia de parte del Estado, en ningún momento se minimizan, lo que se hace es atenderlas, pero el paro nacional no existe”. Lo dijo esta mañana el ministro del Interior, Daniel Palacios, en declaraciones a Blu Radio.
El ministro reiteró la posición del Gobierno Nacional, en el sentido de que los “ataques terroristas del Eln” también son perpetrados buscando generar “una interferencia en el proceso electoral”, porque el grupo ilegal “pretende incidir en el proceso electoral, en política, generando miedo”.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, advirtió que el paro armado convocado por el Eln y los atentados y ola de violencia registrados este miércoles “contribuyen enormemente a incrementar la carestía de los productos y alimentos que los colombianos consumimos, gracias a que se impide el tránsito por las carreteras, represa el suministro de alimentos , genera escasez y por supuesto el incremento de los precios.
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La afirmación de Palacios negando la existencia de un paro armado declarado por la guerrilla del Eln, contrasta con una declaración del ministro de Defensa, Diego Molano, quien se refirió al paro: " Faltando 20 días para las elecciones, los terroristas del ELN anuncian paro armado y después un candidato habla de darles perdón social. Aquí no van a amedrentar a los colombianos para que luego otros los perdonen”, expresó.
No es la primera vez que Palacios genera controversia con sus afirmaciones si se tiene en cuenta que hace dos semanas aseguró que la crisis humanitaria no tenía las dimensiones denunciadas por la Iglesia católica, calificando las denuncias de “extravagantes”.
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Palacios negó que el 72 % de la población chocoana estuviera en riesgo, contradiciendo a la Defensoría del Pueblo, y agregó que Chocó tiene “una de las tasas más altas de esclarecimiento del país en homicidios”, con más de 900 capturas el año anterior.
Lo que no puntualizó Palacios es que Quibdó figura entre las capitales más violentas del país: la tasa de homicidios en 2021 fue de 102 por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio nacional fue de 26, usando datos de la Policía.
“En 2022 hemos tenido cuatro desplazamientos y dos confinamientos que han sido certificados por la Unidad de Víctimas, atendidos en 48 horas”, continuó Palacios, asegurando que se trataba de máximo 2.800 personas afectadas y de alguna manera restándole importancia a la crisis.
El ministro citaba datos incompletos. La Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios ha registrado confinamientos en Bojayá de 2.326 indígenas y en el municipio de Bajo Baudó de 1.077, mientras prepara un nuevo informe sobre el río San Juan, donde se han desplazado ocho comunidades en el último mes y por lo menos 39 se encuentran en confinamiento total, incluyendo la cabecera municipal del litoral del San Juan. Según su personero, Cleider Palacios, “el 100 % de las comunidades están confinadas, hay desplazamientos entre veredas, la gente busca resguardarse de los combates”. En la cabecera municipal del litoral del San Juan ya hay desabastecimiento de alimentos.
La declaración de Palacios generó descontento entre la población chocoana y frustró un encuentro en Chocó, la semana pasada, entre voceros del gobierno Duque, la Iglesia, la Defensoría del Pueblo, autoridades locales y otros organismos.
Por el distanciamiento entre las partes producido por la negación de Palacios sobre los hechos en Chocó, se trabaja ahora en un acercamiento con la Iglesia y el Gobierno Nacional, en procura de limar asperezas que permitan recuperar el clima ideal para darle vía libre al encuentro en el que se estudiarán soluciones para procurar aliviar la difícil situación de orden público que afecta a uno de los departamentos más pobres del país.