“Nos informaron que el asesino de Lucas Villa fue sacado del país”: Sidssy Uribe
La familia Uribe Vásquez sigue pidiendo justicia y reparación. Cree que se trata de un crimen de Estado y dice que recibieron amenazas de muerte.
Hace un año el país estaba a la expectativa por el desenlace que tendría el atentado contra Lucas Villa Vásquez, el líder estudiantil atacado en inmediaciones del viaducto César Gaviria Trujillo, que conecta a Pereira con el municipio Dosquebradas, en Risaralda.
En medio de la muchedumbre, la noche del jueves 5 de mayo de 2021 la humanidad de Villa fue sacudida con ocho impactos de bala. El sicario (o tal vez fueron varios) atacó en el sitio donde Villa y otros jóvenes departían durante las protestas pacíficas del paro nacional, donde los estudiantes fueron los protagonistas para exigir un mejor país con garantías para la educación, el trabajo y la salud, entre otras peticiones.
Fueron seis días de lenta y dolorosa agonía. El 11 de mayo, el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, que días antes había diagnosticado la muerte cerebral de Lucas, anunció la muerte del carismático estudiante. Un año después de su deceso, el crimen no ha sido resuelto.
(Los invitamos a leer: “La guerra no para en Antioquia”)
Lucas Villa era un joven artista y profesor de yoga, estudiaba Ciencias del Deporte en la Universidad Tecnológica de Pereira. Durante el paro nacional del año pasado (2021) se convirtió en el rostro de las manifestaciones pacíficas, pues en varios videos que se difundieron por redes sociales se le veía danzando y dialogando con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Sidssy Uribe Vásquez, hermana de Lucas, le comentó a El Espectador que “la Fiscalía manifiesta avances, pero después de todo este tiempo deberían ser más significativos. Desde hace casi un año no se ha pronunciado en referencia al caso de mi hermano”.
En junio del año pasado, el general Fernando Murillo, director de la Dijín de la Policía, le atribuyó a la organización criminal La Cordillera el asesinato de Lucas Villa y desestimó un señalamiento según el cual, supuestamente, uniformados de la Policía habrían participado en el crimen.
Esta hipótesis es parcialmente similar a la planteada por la familia Uribe Vásquez, que ha concluido que en este crimen estarían involucrados agentes de las unidades Seccionales de Investigación Judicial y Criminal (Sijín), así como la organización criminal La Cordillera. “Eso es información de la familia, no es algo que esté vinculado a la Fiscalía. Lo hemos hecho porque queremos justicia y muchas de las acciones que observamos por parte de la justicia institucional han sido precarias”, afirma Sidssy.
Una fuente involucrada en el proceso le dijo a El Espectador que los fiscales encargados del caso están desarrollando con minuciosidad la indagación para buscar al responsable del homicidio. “Ellos han ido un poco más allá de esa valoración inicial que señalaba simplemente a una banda criminal desarticulada como los responsables. El camino más fácil sería atribuir esa muerte a La Cordillera, pero las actividades que la Fiscalía viene desplegando pretenden ir más allá de los autores materiales”.
La Cordillera es una organización al margen de la ley dedicada al sicariato y al tráfico de estupefacientes en Risaralda. Ha estado vinculada antes con asesinatos selectivos, amenazas a líderes sociales y el pasado 2 de mayo de 2022 fue señalada por el equipo de seguridad de Gustavo Petro de preparar un atentado en contra del candidato presidencial en su frustrada visita a Pereira en el marco de su campaña.
Según Sidssy, la situación en Risaralda es bastante complicada y se ha venido presentado una cooptación del territorio por la economía ilegal que domina ese grupo delincuencial. Según ella, esa es una de las razones directas por las que su hermano está muerto. “Necesitamos que investiguen y depuren esa situación acá en la región. En Pereira, lastimosamente, se manifiesta una cultura ‘traqueta’, del hombre arrecho, al que si algo no le sirve responde con disparos”, afirma.
La hermana del líder estudiantil asegura que “nos informaron que hace aproximadamente cinco meses el sicario que asesinó a Lucas fue sacado del país. No sabemos si está protegido o amenazado, la verdad lo ignoramos. Esta información ha sido proporcionada por fuentes que nos han ayudado en la investigación, es una persona que debemos proteger”.
La fuente vinculada al proceso, que pidió la reserva de su identidad, asegura que la Fiscalía se contactó con la familia para incluir esa información en la investigación e indagar sobre esta. Añadió que el ataque contra Lucas no fue indiscriminado y efectivamente iba dirigido hacia él. No descartó que al crimen fueran vinculados agentes estatales, ya sea por acción u omisión durante el asesinato. Por lo que indican estas primeras hipótesis, Sidssy argumenta que el homicidio de su hermano posiblemente se trata de un crimen de Estado.
Y es que, según activistas locales y familiares, que la Policía no acudiera al lugar de los hechos, a pesar de que tenían unidades desplegadas muy cerca del sitio, probaría una presunta complicidad.
Según datos de la Policía Nacional, ese día había 28 policías en varios vehículos y prestaron su servicio en el CAI del 20 de Julio, el más cercano al barrio San Judas, en Pereira, por donde escaparon los sicarios. Sin embargo, ninguno de ellos llegó para auxiliar a Lucas ni a los otros dos heridos.
Ha sido un proceso arduo para la familia, pues han tenido que lidiar con testigos que desconfían del ente investigador. “Nos toca mediar entre los testigos y la Fiscalía para que puedan acceder y se sientan en confianza al lado de los abogados que llevan el proceso”, manifiesta Sidssy.
Desde el asesinato de Lucas, la familia ha estado al frente del proceso acompañada por la Corporación Jurídica Libertad, una organización no gubernamental (ONG) creada en 1993 en Medellín, que se ha destacado por realizar el acompañamiento y la defensa de comunidades afectadas por ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.
La familia no ha descartado que, si el caso no avanza, podría ser llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Cuando la CIDH vino aquí al país se les expuso la situación, pero creo que hay que esperar a que se agoten las instancias; no sé hasta qué momento será eso”, asegura Sidssy Uribe.
Además, señala que se han visto afectados por las amenazas que han recibido. “Nos han dejado muy claro que si seguimos con el proceso nos pueden matar. Una de mis hermanas ya salió del país y yo tengo seguimientos que me mantienen en un estado de zozobra, mucho más después de las declaraciones en las que hago público que el asesino de mi hermano se fue hace casi cinco meses del país. Nos han robado la libertad y la tranquilidad”, dice Sidssy.
La familia también cuenta que la Fiscalía les brindó esquemas de seguridad, pero que no se sintieron a gusto con ellos, pues eran excesivos ya que debían restringir su salida al espacio público. Stella Vásquez, madre de Lucas Villa, espera reparación por parte del Estado, pues será un proceso largo y desgastante del que se han visto afectados emocional y económicamente.
El caso está en la Fiscalía en Bogotá, ya que en Pereira no se dieron las garantías necesarias para desarrollar la investigación.
Mientras avanza el proceso penal, Sidssy recuerda a Lucas y lo que quería transmitir con sus procesos de movilización social: “Lucas quería que no tuviéramos miedo, sabía que teníamos derechos y por ello teníamos que luchar. Él salió con miedo y lo mataron, su mensaje era por nuestro derecho a ser libres. No podemos permitir que manifestar lo que pensamos sea un crimen y tengamos que pagar por eso”.
Hace un año el país estaba a la expectativa por el desenlace que tendría el atentado contra Lucas Villa Vásquez, el líder estudiantil atacado en inmediaciones del viaducto César Gaviria Trujillo, que conecta a Pereira con el municipio Dosquebradas, en Risaralda.
En medio de la muchedumbre, la noche del jueves 5 de mayo de 2021 la humanidad de Villa fue sacudida con ocho impactos de bala. El sicario (o tal vez fueron varios) atacó en el sitio donde Villa y otros jóvenes departían durante las protestas pacíficas del paro nacional, donde los estudiantes fueron los protagonistas para exigir un mejor país con garantías para la educación, el trabajo y la salud, entre otras peticiones.
Fueron seis días de lenta y dolorosa agonía. El 11 de mayo, el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, que días antes había diagnosticado la muerte cerebral de Lucas, anunció la muerte del carismático estudiante. Un año después de su deceso, el crimen no ha sido resuelto.
(Los invitamos a leer: “La guerra no para en Antioquia”)
Lucas Villa era un joven artista y profesor de yoga, estudiaba Ciencias del Deporte en la Universidad Tecnológica de Pereira. Durante el paro nacional del año pasado (2021) se convirtió en el rostro de las manifestaciones pacíficas, pues en varios videos que se difundieron por redes sociales se le veía danzando y dialogando con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Sidssy Uribe Vásquez, hermana de Lucas, le comentó a El Espectador que “la Fiscalía manifiesta avances, pero después de todo este tiempo deberían ser más significativos. Desde hace casi un año no se ha pronunciado en referencia al caso de mi hermano”.
En junio del año pasado, el general Fernando Murillo, director de la Dijín de la Policía, le atribuyó a la organización criminal La Cordillera el asesinato de Lucas Villa y desestimó un señalamiento según el cual, supuestamente, uniformados de la Policía habrían participado en el crimen.
Esta hipótesis es parcialmente similar a la planteada por la familia Uribe Vásquez, que ha concluido que en este crimen estarían involucrados agentes de las unidades Seccionales de Investigación Judicial y Criminal (Sijín), así como la organización criminal La Cordillera. “Eso es información de la familia, no es algo que esté vinculado a la Fiscalía. Lo hemos hecho porque queremos justicia y muchas de las acciones que observamos por parte de la justicia institucional han sido precarias”, afirma Sidssy.
Una fuente involucrada en el proceso le dijo a El Espectador que los fiscales encargados del caso están desarrollando con minuciosidad la indagación para buscar al responsable del homicidio. “Ellos han ido un poco más allá de esa valoración inicial que señalaba simplemente a una banda criminal desarticulada como los responsables. El camino más fácil sería atribuir esa muerte a La Cordillera, pero las actividades que la Fiscalía viene desplegando pretenden ir más allá de los autores materiales”.
La Cordillera es una organización al margen de la ley dedicada al sicariato y al tráfico de estupefacientes en Risaralda. Ha estado vinculada antes con asesinatos selectivos, amenazas a líderes sociales y el pasado 2 de mayo de 2022 fue señalada por el equipo de seguridad de Gustavo Petro de preparar un atentado en contra del candidato presidencial en su frustrada visita a Pereira en el marco de su campaña.
Según Sidssy, la situación en Risaralda es bastante complicada y se ha venido presentado una cooptación del territorio por la economía ilegal que domina ese grupo delincuencial. Según ella, esa es una de las razones directas por las que su hermano está muerto. “Necesitamos que investiguen y depuren esa situación acá en la región. En Pereira, lastimosamente, se manifiesta una cultura ‘traqueta’, del hombre arrecho, al que si algo no le sirve responde con disparos”, afirma.
La hermana del líder estudiantil asegura que “nos informaron que hace aproximadamente cinco meses el sicario que asesinó a Lucas fue sacado del país. No sabemos si está protegido o amenazado, la verdad lo ignoramos. Esta información ha sido proporcionada por fuentes que nos han ayudado en la investigación, es una persona que debemos proteger”.
La fuente vinculada al proceso, que pidió la reserva de su identidad, asegura que la Fiscalía se contactó con la familia para incluir esa información en la investigación e indagar sobre esta. Añadió que el ataque contra Lucas no fue indiscriminado y efectivamente iba dirigido hacia él. No descartó que al crimen fueran vinculados agentes estatales, ya sea por acción u omisión durante el asesinato. Por lo que indican estas primeras hipótesis, Sidssy argumenta que el homicidio de su hermano posiblemente se trata de un crimen de Estado.
Y es que, según activistas locales y familiares, que la Policía no acudiera al lugar de los hechos, a pesar de que tenían unidades desplegadas muy cerca del sitio, probaría una presunta complicidad.
Según datos de la Policía Nacional, ese día había 28 policías en varios vehículos y prestaron su servicio en el CAI del 20 de Julio, el más cercano al barrio San Judas, en Pereira, por donde escaparon los sicarios. Sin embargo, ninguno de ellos llegó para auxiliar a Lucas ni a los otros dos heridos.
Ha sido un proceso arduo para la familia, pues han tenido que lidiar con testigos que desconfían del ente investigador. “Nos toca mediar entre los testigos y la Fiscalía para que puedan acceder y se sientan en confianza al lado de los abogados que llevan el proceso”, manifiesta Sidssy.
Desde el asesinato de Lucas, la familia ha estado al frente del proceso acompañada por la Corporación Jurídica Libertad, una organización no gubernamental (ONG) creada en 1993 en Medellín, que se ha destacado por realizar el acompañamiento y la defensa de comunidades afectadas por ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.
La familia no ha descartado que, si el caso no avanza, podría ser llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Cuando la CIDH vino aquí al país se les expuso la situación, pero creo que hay que esperar a que se agoten las instancias; no sé hasta qué momento será eso”, asegura Sidssy Uribe.
Además, señala que se han visto afectados por las amenazas que han recibido. “Nos han dejado muy claro que si seguimos con el proceso nos pueden matar. Una de mis hermanas ya salió del país y yo tengo seguimientos que me mantienen en un estado de zozobra, mucho más después de las declaraciones en las que hago público que el asesino de mi hermano se fue hace casi cinco meses del país. Nos han robado la libertad y la tranquilidad”, dice Sidssy.
La familia también cuenta que la Fiscalía les brindó esquemas de seguridad, pero que no se sintieron a gusto con ellos, pues eran excesivos ya que debían restringir su salida al espacio público. Stella Vásquez, madre de Lucas Villa, espera reparación por parte del Estado, pues será un proceso largo y desgastante del que se han visto afectados emocional y económicamente.
El caso está en la Fiscalía en Bogotá, ya que en Pereira no se dieron las garantías necesarias para desarrollar la investigación.
Mientras avanza el proceso penal, Sidssy recuerda a Lucas y lo que quería transmitir con sus procesos de movilización social: “Lucas quería que no tuviéramos miedo, sabía que teníamos derechos y por ello teníamos que luchar. Él salió con miedo y lo mataron, su mensaje era por nuestro derecho a ser libres. No podemos permitir que manifestar lo que pensamos sea un crimen y tengamos que pagar por eso”.