Nueve indígenas desplazados han muerto en el Chocó en el último mes
Los desplazados presentan enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Un menor de 40 días de nacido fue la última víctima.
Una difícil situación atraviesan alrededor de 200 indígenas desplazados en Chocó, que se encuentran en el medio San Juan e Istmina, quienes han presentado enfermedades respiratorias y gastrointestinales, que mantienen a ocho personas hospitalizadas y, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, han provocado la muerte de nueve menores de edad.
Una verificación en la zona del ente de control evidenció que, pese a las condiciones de desplazamiento, no se han realizado jornadas de salud y entrega de alimentos como respuesta humanitaria a los 125 adultos y 80 niños, niñas y adolescentes, que se han identificado en la zona.
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“Hay carencia en materia sanitaria en Puerto Olave, La Lerma, Unión Wounaan, Unión Chocó y San Cristóbal. Reiteramos el urgente llamado para que se realicen visitas médicas que permitan atender las infecciones intestinales que atacan a los niños, niñas y adolescentes”, dijo Carlos Camargo, defensor del Pueblo, quien agregó que los adultos han sido los más afectados por las enfermedades respiratorias.
La Defensoría advirtió que al menos 980 personas han sido desplazadas o están confinadas desde septiembre de 2021 por acciones de grupos armados ilegales. El último caso que registró la Defensoría regional fue el de comunidades indígenas de Unión Chocó y San Cristóbal, que se movilizaron a Puerto Olave, La Lerma y Unión Wounaan.
Por esto, el defensor del Pueblo señaló que se instauró una acción de tutela para que se brinde atención humanitaria y se garantice el retorno con garantías de estas comunidades indígenas, así como se solicitó a la Secretaría de Salud del departamento y a la Nueva EPS hacer jornadas de salud urgentes para atender las patologías y prevenir posibles epidemias.
En noviembre del año pasado, la Defensoría alertó sobre el aumento de los desplazamientos masivos en Chocó por enfrentamientos entre el Eln y otros grupos armados, que obligaron a por lo menos 200 personas de la comunidad de Pie de Docampadó, al sur del municipio chocoano, Bajo Baudó, a salir de sus territorios.
En diciembre de 2021, un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó que casi 3.000 personas permanecían confinadas el Bajo Baudó por cuenta de los enfrentamientos armados que se presentaban desde noviembre. Los afectados pertenecían a las comunidades indígenas Embera y Wounaan de Buenavista, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Unión Pitalito, Puerto Gálves y Santa Rosa de Iguá.
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En esa ocasión, la OCHA aseguró que era prioritaria la entrada de una brigada médica para atender casos de desnutrición, así como de salud mental con enfoque diferencial étnico. Además, hizo un llamado al Gobierno Nacional para establecer estrategias de recolección y potabilización de agua, así como de alojamiento, teniendo en cuenta el hacinamiento en que permanecen las comunidades.
Una difícil situación atraviesan alrededor de 200 indígenas desplazados en Chocó, que se encuentran en el medio San Juan e Istmina, quienes han presentado enfermedades respiratorias y gastrointestinales, que mantienen a ocho personas hospitalizadas y, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, han provocado la muerte de nueve menores de edad.
Una verificación en la zona del ente de control evidenció que, pese a las condiciones de desplazamiento, no se han realizado jornadas de salud y entrega de alimentos como respuesta humanitaria a los 125 adultos y 80 niños, niñas y adolescentes, que se han identificado en la zona.
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“Hay carencia en materia sanitaria en Puerto Olave, La Lerma, Unión Wounaan, Unión Chocó y San Cristóbal. Reiteramos el urgente llamado para que se realicen visitas médicas que permitan atender las infecciones intestinales que atacan a los niños, niñas y adolescentes”, dijo Carlos Camargo, defensor del Pueblo, quien agregó que los adultos han sido los más afectados por las enfermedades respiratorias.
La Defensoría advirtió que al menos 980 personas han sido desplazadas o están confinadas desde septiembre de 2021 por acciones de grupos armados ilegales. El último caso que registró la Defensoría regional fue el de comunidades indígenas de Unión Chocó y San Cristóbal, que se movilizaron a Puerto Olave, La Lerma y Unión Wounaan.
Por esto, el defensor del Pueblo señaló que se instauró una acción de tutela para que se brinde atención humanitaria y se garantice el retorno con garantías de estas comunidades indígenas, así como se solicitó a la Secretaría de Salud del departamento y a la Nueva EPS hacer jornadas de salud urgentes para atender las patologías y prevenir posibles epidemias.
En noviembre del año pasado, la Defensoría alertó sobre el aumento de los desplazamientos masivos en Chocó por enfrentamientos entre el Eln y otros grupos armados, que obligaron a por lo menos 200 personas de la comunidad de Pie de Docampadó, al sur del municipio chocoano, Bajo Baudó, a salir de sus territorios.
En diciembre de 2021, un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó que casi 3.000 personas permanecían confinadas el Bajo Baudó por cuenta de los enfrentamientos armados que se presentaban desde noviembre. Los afectados pertenecían a las comunidades indígenas Embera y Wounaan de Buenavista, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Unión Pitalito, Puerto Gálves y Santa Rosa de Iguá.
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En esa ocasión, la OCHA aseguró que era prioritaria la entrada de una brigada médica para atender casos de desnutrición, así como de salud mental con enfoque diferencial étnico. Además, hizo un llamado al Gobierno Nacional para establecer estrategias de recolección y potabilización de agua, así como de alojamiento, teniendo en cuenta el hacinamiento en que permanecen las comunidades.