ONG denuncia la muerte de dos campesinos tras operativos de erradicación forzada en Putumayo

La Asociación Minga denunció en la tarde de este viernes un nuevo caso de presuntos abusos por parte de la Fuerza Pública durante procesos de erradicación de cultivos ilícitos. La organización señaló que en el municipio de Puerto Asís, a la altura del corregimiento de Teteyé (vereda La Caucasia), un grupo de fuerzas policiales de la Unidad Antinarcóticos emprendió acciones violentas contra campesinos de la zona, causándole la muerte a dos de ellos e hiriendo a tres más, a dos con armas de fuego.

“Esta vereda hace parte de la Mesa de Diálogo para la Sustitución Autónoma y Voluntaria de Cultivos de Coca, pactada entre las comunidades y el Ministerio del Interior en agosto de 2019; y que durante el último mes ha reunido a representantes de las veredas, de la alcaldía y la gobernación, el Concejo Municipal, la Fuerza Pública y el Ministerio del Interior, para resolver precisamente las violaciones a lo pactado en esta Mesa”, precisó la asociación.

Según fuentes locales, tras la firma del Acuerdo de Paz las familias cocaleras de esta zona del sur del país se comprometieron a hacer procesos de sustitución colectivos. A pesar de no ser beneficiarios directos de los proyectos productivos dentro del Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), siguieron en firme con sus labores en el marco legal.

También le puede interesar: Campesinos en Argelia (Cauca) expulsan a militares que iban a erradicar cultivos de coca

La Asociación Minga también denunció que en estos operativos hubo violación “a los protocolos de salud exigidos a nivel nacional durante la pandemia por parte de los integrantes de la Fuerza Pública y del grupo de erradicadores, poniendo en riesgo la salud pública y exponiendo a las comunidades a la propagación del virus a través de los agentes externos”.

En diálogo con este diario, Yuly Artunduaga, lideresa campesina del sur de Putumayo, afirmó que las iniciativas a mediano plazo que surgieron del Acuerdo de Paz, como el PNIS, le sirvieron a departamentos como Putumayo a crear “apuestas transformadoras para nuestras regiones periféricas, que a pesar de sus virtudes parecen esfumarse, porque el Gobierno desconoce lo dialogado en La Habana, al incumplir acuerdos individuales y colectivos; mecanismos de asistencia presupuestal y técnica para el desarrollo de los territorios. En lugar de priorizar a las comunidades y sus intenciones de paz, han llenado al campo de operativos de erradicación forzada”.

El Gobierno Nacional se trazó la meta de erradicar 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos de las más de 200 mil que, según cálculos de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, hay sembradas en Colombia.

Según una investigación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante los primeros cuatro meses de este año las erradicaciones en todo el territorio sumaron 17.300 hectáreas, 6.500 menos que en el mismo período de 2019, año en que la meta final era de 100 mil ha.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, no hay pronunciamiento oficial por parte de la Brigada 27 del Ejército, cuerpo militar encargado de cubrir esta zona del país. Asimismo, El Espectador intentó contactarse telefónicamente con el Comando de Policía en Puerto Asís, Putumayo, pero no fue posible obtener respuesta.

La Asociación Minga denunció en la tarde de este viernes un nuevo caso de presuntos abusos por parte de la Fuerza Pública durante procesos de erradicación de cultivos ilícitos. La organización señaló que en el municipio de Puerto Asís, a la altura del corregimiento de Teteyé (vereda La Caucasia), un grupo de fuerzas policiales de la Unidad Antinarcóticos emprendió acciones violentas contra campesinos de la zona, causándole la muerte a dos de ellos e hiriendo a tres más, a dos con armas de fuego.

“Esta vereda hace parte de la Mesa de Diálogo para la Sustitución Autónoma y Voluntaria de Cultivos de Coca, pactada entre las comunidades y el Ministerio del Interior en agosto de 2019; y que durante el último mes ha reunido a representantes de las veredas, de la alcaldía y la gobernación, el Concejo Municipal, la Fuerza Pública y el Ministerio del Interior, para resolver precisamente las violaciones a lo pactado en esta Mesa”, precisó la asociación.

Según fuentes locales, tras la firma del Acuerdo de Paz las familias cocaleras de esta zona del sur del país se comprometieron a hacer procesos de sustitución colectivos. A pesar de no ser beneficiarios directos de los proyectos productivos dentro del Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), siguieron en firme con sus labores en el marco legal.

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La Asociación Minga también denunció que en estos operativos hubo violación “a los protocolos de salud exigidos a nivel nacional durante la pandemia por parte de los integrantes de la Fuerza Pública y del grupo de erradicadores, poniendo en riesgo la salud pública y exponiendo a las comunidades a la propagación del virus a través de los agentes externos”.

En diálogo con este diario, Yuly Artunduaga, lideresa campesina del sur de Putumayo, afirmó que las iniciativas a mediano plazo que surgieron del Acuerdo de Paz, como el PNIS, le sirvieron a departamentos como Putumayo a crear “apuestas transformadoras para nuestras regiones periféricas, que a pesar de sus virtudes parecen esfumarse, porque el Gobierno desconoce lo dialogado en La Habana, al incumplir acuerdos individuales y colectivos; mecanismos de asistencia presupuestal y técnica para el desarrollo de los territorios. En lugar de priorizar a las comunidades y sus intenciones de paz, han llenado al campo de operativos de erradicación forzada”.

El Gobierno Nacional se trazó la meta de erradicar 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos de las más de 200 mil que, según cálculos de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, hay sembradas en Colombia.

Según una investigación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante los primeros cuatro meses de este año las erradicaciones en todo el territorio sumaron 17.300 hectáreas, 6.500 menos que en el mismo período de 2019, año en que la meta final era de 100 mil ha.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, no hay pronunciamiento oficial por parte de la Brigada 27 del Ejército, cuerpo militar encargado de cubrir esta zona del país. Asimismo, El Espectador intentó contactarse telefónicamente con el Comando de Policía en Puerto Asís, Putumayo, pero no fue posible obtener respuesta.