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La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) lanzó este viernes 18 de junio un informe en el que alerta que 1.946 personas, pertenecientes a tres cabildos indígenas del Resguardo Indígena Emberá Katío del Alto Sinú, y a una comunidad campesina de la vereda Naín, municipio de Tierralta, se han desplazado masivamente desde el 19 de abril de este año. Según las autoridades, esta situación se presenta por los enfrentamientos que sostienen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como “Clan del Golfo”, y la fuerza pública.
El informe también señala que al interior del resguardo indígena, donde viven más de 30 comunidades indígenas de los cabildos Karagaby, Kamaenka e Iwagadó, fueron desplazadas, en un primer momento, casi 300 personas hacia la comunidad de Zabaletas, a orillas del río Esmeralda y, posteriormente, confinadas. Bajo estas circunstancias a los pobladores se les ha limitado el acceso a bienes y servicios, lo que ha generado dificultades para abastecerse de comida, acceder a servicios de salud primarios y a fuentes de agua. La OCHA también advierte de la siempre de minas antipersonales lo que le impide a la comunidad cazar, pescar o sembrar la tierra.
Pero, para este organismo, el desplazamiento y el confinamiento de estas casi 2.000 personas no es lo único que llama la atención, ya que advierten que las condiciones en las que se encuentran en la capital del departamento no son las óptimas, a pesar de que que rescatan las labores del gobierno local.
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Esta oficina de la ONU agrega que “en términos de alojamientos, salud, seguridad alimentaria y protección de las comunidades desplazadas y confinadas no alcanza a cubrir las necesidades identificadas, por lo que se requiere acciones de complementariedad”, y afirman que los bloqueos producto del paro nacional afectaron la llegada de ayuda humanitaria para estas comunidades.
Esta situación en la región no es nueva, pues como lo evidenciaron en su momento las alertas tempranas 005 del 2018 y la 054 del 2019 de la Defensoría del Pueblo, en 2.018 y 2.019 miembros de estas comunidades indígenas ya se habían desplazado de manera masiva por situaciones similares. Las AGC controlan la zona desde la desmovilización de las FARC en el 2.016 y, desde entonces, han ampliado su presencia en las zonas rurales de Tierralta donde se lucran de las rentas ilícitas, principalmente de las más de 2.500 hectáreas de hoja de coca que hay sembradas.
El informe del organismo señala que es “urgente una intervención integral por parte del Estado para atender todas las necesidades humanitarias y de protección” para subsanar las situaciones que ponen en riesgo a las comunidades indígenas y campesinas, líderes y lideresas sociales, afrodescendientes, mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
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Además, señalan que los albergues no dan abasto para la cantidad de personas que se encuentran en el parque de Montería y que las carpas entregadas por las autoridades ya están dañadas. Preocupan también las condiciones de salud de las comunidades, no solo por la pandemia de covid-19, sino también por casos de tuberculosis y la evidente desnutrición en algunos menores de edad.
Por último, esta oficina y las autoridades competentes señalan que no existen las condiciones para que estas personas regresen a sus territorios de origen y que, incluso, la cantidad de personas desplazadas y confinadas podrían aumentar en las próximas semanas.