Opinión / De un país reactivo hacia un país preventivo
Este 8 de marzo se cumple un mes de la tragedia que segó las vidas de 17 personas y dejó por lo menos 30 heridos en Dosquebradas (Risaralda), a causa de un deslizamiento de tierra. ¿Por qué siguen ocurriendo este tipo desastres en Colombia? Aquí las reflexiones de Nelson Obregón Neira, investigador el área de hidrociencias de la Universidad Javeriana de Bogotá.
Nelson Obregón Neira*
La Ley 1523 de 2012 adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, lo cual representa un gran hito para nuestro país. La concepción de sus tres pilares (conocimiento, atención y reducción del riesgo), representa un logro del pensamiento positivista y antropocéntrico de nuestra era. Definitivamente, como dicen nuestros estudiantes, es un gran “cabezazo”.
Los mismos estudiantes y en general el ciudadano de a pie se pregunta qué tanto conoces el riesgo, qué tanto atendemos el riesgo y qué tanto lo reducimos. Preguntas fundamentales para evaluar nuestra política. El sentido común y la observación diaria (incluyendo el desastre reciente en Pereira y Dosquedradas) sugieren que la atención es buena. Reaccionamos ante el desastre, brotan los principios y valores de la solidaridad e incluso de la compasión. El sistema parece funcionar. Se ven recursos para atender a los afectados en el corto plazo desde la ocurrencia del evento de desastre. También nos preguntamos si hemos reducido el riesgo: por supuesto que no. Lo contradictorio en este pilar es que tenemos normas de ordenación y planificación de todo.
(Lo invitamos a leer: “Hay carencias en el sistema de gestión de desastres: Camilo Flórez Góngora)
Existen más de 50 instrumentos de estos a los cuales un alcalde debe enfrentarse para ordenar, controlar y planear su territorio. Incluso tenemos planes y programas para la gestión del riesgo de desastres en diferentes ámbitos geográficos: nacionales, regionales, y locales. Tenemos Esquemas de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial y Planes de Ordenamiento Territorial, dependiendo del número de habitantes. Es decir, no sólo ordenamos el territorio, sino también lo planeamos. Definimos qué queremos en relación al uso y la cobertura del suelo. También tenemos guías (que nos encantan en Colombia) de atención, de reducción, de formulación de instrumentos relacionados con el territorio y la gestión del riesgo.
Entonces ¿por qué siguen en forma persistente ocurriendo los desastres como el de Pereira? La respuesta no es sencilla, tampoco se pretende abordar plenamente en estas líneas. Intervienen factores culturales, sociales, económicos y por supuesto históricos que tienen que ver incluso con el desplazamiento de personas por la violencia. No les resulta fácil a los gobernadores y alcaldes gestionar esta “herencia”. Los instrumentos se tienen, los recursos para atender el desastre, se puede decir que se tienen, pero no se conoce el “estado mental” de las comunidades que habitan estos contextos de riesgo. Es un estado mental donde prevalece ante todo la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la seguridad hídrica. Nuestra condición humana nos pone a pensar de inmediato (y a priorizar), en un techo para dormir, en la comida, la “luz” y el agua; es decir, en las condiciones básicas. Esta priorización, mezclada con otros factores externos de presión social, de violencia, de desplazamiento oscurece la reflexión de habitar entornos altamente expuestos, generados no solamente por la ubicación de la vivienda (el talud inestable o la orilla cercana al rio), sino también por la amenaza de ocurrencia de eventos extremos de naturaleza hidroclimatológica, tales como las tormentas de alta intensidad durante períodos prolongados de lluvia.
La Ley 1523 de 2012 adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, lo cual representa un gran hito para nuestro país. La concepción de sus tres pilares (conocimiento, atención y reducción del riesgo), representa un logro del pensamiento positivista y antropocéntrico de nuestra era. Definitivamente, como dicen nuestros estudiantes, es un gran “cabezazo”.
Los mismos estudiantes y en general el ciudadano de a pie se pregunta qué tanto conoces el riesgo, qué tanto atendemos el riesgo y qué tanto lo reducimos. Preguntas fundamentales para evaluar nuestra política. El sentido común y la observación diaria (incluyendo el desastre reciente en Pereira y Dosquedradas) sugieren que la atención es buena. Reaccionamos ante el desastre, brotan los principios y valores de la solidaridad e incluso de la compasión. El sistema parece funcionar. Se ven recursos para atender a los afectados en el corto plazo desde la ocurrencia del evento de desastre. También nos preguntamos si hemos reducido el riesgo: por supuesto que no. Lo contradictorio en este pilar es que tenemos normas de ordenación y planificación de todo.
(Lo invitamos a leer: “Hay carencias en el sistema de gestión de desastres: Camilo Flórez Góngora)
Existen más de 50 instrumentos de estos a los cuales un alcalde debe enfrentarse para ordenar, controlar y planear su territorio. Incluso tenemos planes y programas para la gestión del riesgo de desastres en diferentes ámbitos geográficos: nacionales, regionales, y locales. Tenemos Esquemas de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial y Planes de Ordenamiento Territorial, dependiendo del número de habitantes. Es decir, no sólo ordenamos el territorio, sino también lo planeamos. Definimos qué queremos en relación al uso y la cobertura del suelo. También tenemos guías (que nos encantan en Colombia) de atención, de reducción, de formulación de instrumentos relacionados con el territorio y la gestión del riesgo.
Entonces ¿por qué siguen en forma persistente ocurriendo los desastres como el de Pereira? La respuesta no es sencilla, tampoco se pretende abordar plenamente en estas líneas. Intervienen factores culturales, sociales, económicos y por supuesto históricos que tienen que ver incluso con el desplazamiento de personas por la violencia. No les resulta fácil a los gobernadores y alcaldes gestionar esta “herencia”. Los instrumentos se tienen, los recursos para atender el desastre, se puede decir que se tienen, pero no se conoce el “estado mental” de las comunidades que habitan estos contextos de riesgo. Es un estado mental donde prevalece ante todo la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la seguridad hídrica. Nuestra condición humana nos pone a pensar de inmediato (y a priorizar), en un techo para dormir, en la comida, la “luz” y el agua; es decir, en las condiciones básicas. Esta priorización, mezclada con otros factores externos de presión social, de violencia, de desplazamiento oscurece la reflexión de habitar entornos altamente expuestos, generados no solamente por la ubicación de la vivienda (el talud inestable o la orilla cercana al rio), sino también por la amenaza de ocurrencia de eventos extremos de naturaleza hidroclimatológica, tales como las tormentas de alta intensidad durante períodos prolongados de lluvia.