Ordenan arresto por cinco días al alcalde de Pereira, Mauricio Salazar
El mandatario no ofreció soluciones tendientes a proteger a los habitantes de calle beneficiarios de un programa de la alcaldía anterior.
El Juzgado Décimo Penal Municipal de Pereira ordenó arrestar al alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, y su secretaria de Desarrollo Social, Diana Cristina Grisales, por el desacato de un fallo de tutela.
Se trata de una solicitud que hicieron habitantes de calle que eran beneficiarios de un programa de albergues de la administración anterior, para proteger sus derechos a la dignidad, igualdad, seguridad social y salud. Según ellos, fueron notificados de que la atención del programa “Granja Habitante de Calle” terminaría el 30 de diciembre de 2023.
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El juzgado determinó que “en el término máximo e improrrogable de 48 horas a partir de la hora de la notificación (29 de diciembre), la Alcaldía debía realizar las acciones, gestiones y trámites correspondientes tendientes a atender y asegurar los derechos de la población vulnerable que se encuentra en el programa”.
El pasado 2 de enero, los beneficiarios presentaron un incidente de desacato, pues la Alcaldía no cumplió con lo que ordenó el fallo. Ante eso, un juez ordenó una sanción “consistente en cinco días de arresto y multa de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes en favor del Consejo Superior de la Judicatura”.
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La explicación que dio el alcalde Salazar fue que el primer fallo le obligaba a continuar con un programa con el que no estaba de acuerdo. “Quieren obligarme a continuar con el proyecto de la ‘Granja Habitante de Calle’, el cual está costando al municipio seis millones de pesos mensuales por cada persona, entre otras cosas, debido a que proporciona seis comidas al día a cada habitante, con el agravante de que no están obligados a hacer un proceso de rehabilitación”, indicó Salazar.
Ante la orden de arresto, Salazar respondió que se trata de un fallo en primera instancia, por lo que apelará
y propondrá al juez la creación de un nuevo albergue que le cueste menos a la ciudad “para así poder brindar alimentación a niños y adultos mayores que actualmente están aguantando de hambre. Si el juez no acepta mi propuesta, asumiré los cinco días de arresto”.
El Juzgado Décimo Penal Municipal de Pereira ordenó arrestar al alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, y su secretaria de Desarrollo Social, Diana Cristina Grisales, por el desacato de un fallo de tutela.
Se trata de una solicitud que hicieron habitantes de calle que eran beneficiarios de un programa de albergues de la administración anterior, para proteger sus derechos a la dignidad, igualdad, seguridad social y salud. Según ellos, fueron notificados de que la atención del programa “Granja Habitante de Calle” terminaría el 30 de diciembre de 2023.
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El juzgado determinó que “en el término máximo e improrrogable de 48 horas a partir de la hora de la notificación (29 de diciembre), la Alcaldía debía realizar las acciones, gestiones y trámites correspondientes tendientes a atender y asegurar los derechos de la población vulnerable que se encuentra en el programa”.
El pasado 2 de enero, los beneficiarios presentaron un incidente de desacato, pues la Alcaldía no cumplió con lo que ordenó el fallo. Ante eso, un juez ordenó una sanción “consistente en cinco días de arresto y multa de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes en favor del Consejo Superior de la Judicatura”.
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La explicación que dio el alcalde Salazar fue que el primer fallo le obligaba a continuar con un programa con el que no estaba de acuerdo. “Quieren obligarme a continuar con el proyecto de la ‘Granja Habitante de Calle’, el cual está costando al municipio seis millones de pesos mensuales por cada persona, entre otras cosas, debido a que proporciona seis comidas al día a cada habitante, con el agravante de que no están obligados a hacer un proceso de rehabilitación”, indicó Salazar.
Ante la orden de arresto, Salazar respondió que se trata de un fallo en primera instancia, por lo que apelará
y propondrá al juez la creación de un nuevo albergue que le cueste menos a la ciudad “para así poder brindar alimentación a niños y adultos mayores que actualmente están aguantando de hambre. Si el juez no acepta mi propuesta, asumiré los cinco días de arresto”.