Ordenan indemnizar a presos en Cali por el hacinamiento

Cada día que un recluso pase en la cárcel Villahermosa de Cali, en condiciones de hacinamiento, se traducirá en dinero para ellos. Por cada mes privado de la libertad el Estado tendrá que pagarle un salario mínimo diario legal vigente ($27.604). Así lo determinó en primera instancia el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, a través de una sentencia que argumenta que esta población ha sufrido vulneración de su derecho a la dignidad, por estar obligados a vivir en condiciones precarias.

Y es que la cárcel Villahermosa de Cali, protagonista del fallo, mantiene una alarmante sobrepoblación. Allí hay 5.974 presos, en unas instalaciones para 2.046. Es decir, por cada cupo hay tres reclusos. Sin embargo, en materia de hacinamiento, la cárcel de la capital del Valle no es la primera del país. Hay otras con mayores problemas, como la de Riohacha (La Guajira) y Andes (Antioquia), donde hay cuatro personas por cada cupo, seguida por las de Santa Marta, Valledupar, Itagüí y Apartadó.

LEA: Ordenan al Gobierno la creación de un plan de contingencia para crisis carcelaria

De ahí que el fallo que apunta a garantizar los derechos de los reclusos lo vean con preocupación las autoridades nacionales, pues de ser confirmada por el Consejo de Estado, podría motivar a otros reclusos a demandar al Estado y de replicarse en el resto de cárceles del país, que generaría un impacto fiscal para la nación de grandes dimensiones que superaría lo que hubiera costado atender el problema a tiempo.

El proceso

Ante las precarias condiciones que se viven en los centros de reclusión del país, en 2014 los abogados de algunos presos en Cali se unieron para instaurar un par de demandas que tenían un objetivo común: que se reconociera el derecho a la dignidad humana de todos los internos, quienes “no están obligados a soportar las condiciones de hacinamiento en las cuales viven dentro de la cárcel del Distrito Judicial de Cali Villahermosa”.

Fue así como empezó un proceso judicial que, cinco años más tarde, terminó en un fallo a favor de los demandantes. La decisión condena al Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), al Ministerio de Justicia del Valle del Cauca y a la Alcaldía de Cali, por ser los directos responsables de garantizar el “bienestar” de quienes están privados de la libertad en dicho establecimiento y no cumplir con ello.

Como medida de “reparación”, los magistrados del tribunal departamental ordenaron que se les pagara una indemnización a todos los reclusos que han pasado por este establecimiento, ya sea en calidad de sindicados o condenados desde el 31 de julio de 2012 a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

Así las cosas, se determinó que por cada 30 días calendario de detención, le tendrán que pagar a cada recluso un salario mínimo legal diario ($27.604). Pero si lleva más de un año, a partir del mes 13 ese monto se duplicaría. Por eso los reclusos más antiguos recibirían más dinero. Sin embargo, el despacho estableció que, en ningún evento, la indemnización podrá superar los 144 salarios mínimos diarios, es decir, $3,5 millones.

LEA: La propuesta para enfrentar el hacinamiento carcelario

Con estas cifras, y teniendo en cuenta la cantidad de reclusos en la cárcel de Cali, la sentencia estima que la indemnización colectiva sumaría $23.849 millones, monto por el que tendrán que responder la Uspec (40 %), el Ministerio de Defensa (30 %), el Inpec (15 %), la Gobernación del Valle (10 % ) y la Alcaldía de Cali (5 % ).

El dinero debe ser depositado en el “fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos”, administrado por la Defensoría del Pueblo, que tendrá la tarea de pagar a quienes participaron del proceso judicial y a los que reúnan las condiciones fijadas en la sentencia.

Decisión trascendental

Como era de esperarse, las partes condenadas apelaron, y el pasado 8 de agosto el caso fue remitido al Consejo de Estado, instancia que se encargará de resolver este pleito que gira en torno a beneficiar económicamente a una población que sufre un drama humanitario o revocar una decisión que, de repetirse a nivel nacional, significaría un gran impacto fiscal para el país.

Sin embargo, ese análisis lo tendrán que hacer teniendo en cuenta la serie de incumplimientos del mismo Estado con los reclusos del país. Como antecedente está que desde 1998 la Corte Constitucional determinó que en las cárceles del país existía “un estado de cosas inconstitucional”.

Esto debido a que en los centros de reclusión se presenta una vulneración masiva y generalizada de varios derechos a un número significativo de personas; a la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones, y a la omisión a la hora de expedir medidas legislativas, administrativas o presupuestales para evitar la vulneración. A pesar de esta sentencia, poco ha cambiado.

Los niveles de hacinamiento en 127 de las 132 cárceles siguen en aumento, como lo demuestran las cifras. Mientras para el 31 de agosto de 2012 el hacinamiento en las cárceles del país alcanzaba el 48 %, hoy la cifra va en 54,9 %. Según el Inpec, actualmente hay 124.605 presos encerrados en instalaciones con capacidad para 80.464.

A pesar de que la nación insiste en que tiene en marcha un plan para mitigar el hacinamiento en el país y contrarrestar el drama humanitario con la creación de 10.000 nuevos cupos, la solución definitiva se demorará. Por ahora será el Consejo de Estado el que determine si ratifica la decisión del Tribunal del Valle, creando un precedente jurisprudencial, o la revoca dándole más tiempo al Gobierno para ver si en algún momento encuentra una solución definitiva.

La estrategia

Para darle manejo a esta problemática, el Inpec informó que este mes puso en marcha el “Plan piloto 10.000”, que consiste en combatir el hacinamiento carcelario priorizando las 20 cárceles más hacinadas del país desde tres ejes fundamentales: jurídico, operativo e infraestructura.

Con el primero busca coordinar un trabajo con los jueces de ejecución de pena y la Defensoría del Pueblo, para revisar los procesos de internos que ya cumplieron los requisitos para acceder a prisión domiciliaria o a la libertad condicional. En cuanto a lo operativo, la idea es trasladar reclusos de los establecimientos más hacinados a otros con mejores condiciones.

Por último, en infraestructura, a corto plazo, la idea es crear 752 cupos en la cárcel de Girón, 608 en Ipiales, 720 en Buga, 124 en Ibagué y 34 en la cárcel de Medellín. A mediano y largo plazo, la idea es incorporar 2.040 cupos en ampliaciones modulares, para internos con detención preventiva; construir una megacárcel en Barranquilla, con 5.000 cupos; otra en Pereira, con 1.500, y una más en Silvia (Cauca), con 500 cupos.

Cada día que un recluso pase en la cárcel Villahermosa de Cali, en condiciones de hacinamiento, se traducirá en dinero para ellos. Por cada mes privado de la libertad el Estado tendrá que pagarle un salario mínimo diario legal vigente ($27.604). Así lo determinó en primera instancia el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, a través de una sentencia que argumenta que esta población ha sufrido vulneración de su derecho a la dignidad, por estar obligados a vivir en condiciones precarias.

Y es que la cárcel Villahermosa de Cali, protagonista del fallo, mantiene una alarmante sobrepoblación. Allí hay 5.974 presos, en unas instalaciones para 2.046. Es decir, por cada cupo hay tres reclusos. Sin embargo, en materia de hacinamiento, la cárcel de la capital del Valle no es la primera del país. Hay otras con mayores problemas, como la de Riohacha (La Guajira) y Andes (Antioquia), donde hay cuatro personas por cada cupo, seguida por las de Santa Marta, Valledupar, Itagüí y Apartadó.

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De ahí que el fallo que apunta a garantizar los derechos de los reclusos lo vean con preocupación las autoridades nacionales, pues de ser confirmada por el Consejo de Estado, podría motivar a otros reclusos a demandar al Estado y de replicarse en el resto de cárceles del país, que generaría un impacto fiscal para la nación de grandes dimensiones que superaría lo que hubiera costado atender el problema a tiempo.

El proceso

Ante las precarias condiciones que se viven en los centros de reclusión del país, en 2014 los abogados de algunos presos en Cali se unieron para instaurar un par de demandas que tenían un objetivo común: que se reconociera el derecho a la dignidad humana de todos los internos, quienes “no están obligados a soportar las condiciones de hacinamiento en las cuales viven dentro de la cárcel del Distrito Judicial de Cali Villahermosa”.

Fue así como empezó un proceso judicial que, cinco años más tarde, terminó en un fallo a favor de los demandantes. La decisión condena al Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), al Ministerio de Justicia del Valle del Cauca y a la Alcaldía de Cali, por ser los directos responsables de garantizar el “bienestar” de quienes están privados de la libertad en dicho establecimiento y no cumplir con ello.

Como medida de “reparación”, los magistrados del tribunal departamental ordenaron que se les pagara una indemnización a todos los reclusos que han pasado por este establecimiento, ya sea en calidad de sindicados o condenados desde el 31 de julio de 2012 a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

Así las cosas, se determinó que por cada 30 días calendario de detención, le tendrán que pagar a cada recluso un salario mínimo legal diario ($27.604). Pero si lleva más de un año, a partir del mes 13 ese monto se duplicaría. Por eso los reclusos más antiguos recibirían más dinero. Sin embargo, el despacho estableció que, en ningún evento, la indemnización podrá superar los 144 salarios mínimos diarios, es decir, $3,5 millones.

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Con estas cifras, y teniendo en cuenta la cantidad de reclusos en la cárcel de Cali, la sentencia estima que la indemnización colectiva sumaría $23.849 millones, monto por el que tendrán que responder la Uspec (40 %), el Ministerio de Defensa (30 %), el Inpec (15 %), la Gobernación del Valle (10 % ) y la Alcaldía de Cali (5 % ).

El dinero debe ser depositado en el “fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos”, administrado por la Defensoría del Pueblo, que tendrá la tarea de pagar a quienes participaron del proceso judicial y a los que reúnan las condiciones fijadas en la sentencia.

Decisión trascendental

Como era de esperarse, las partes condenadas apelaron, y el pasado 8 de agosto el caso fue remitido al Consejo de Estado, instancia que se encargará de resolver este pleito que gira en torno a beneficiar económicamente a una población que sufre un drama humanitario o revocar una decisión que, de repetirse a nivel nacional, significaría un gran impacto fiscal para el país.

Sin embargo, ese análisis lo tendrán que hacer teniendo en cuenta la serie de incumplimientos del mismo Estado con los reclusos del país. Como antecedente está que desde 1998 la Corte Constitucional determinó que en las cárceles del país existía “un estado de cosas inconstitucional”.

Esto debido a que en los centros de reclusión se presenta una vulneración masiva y generalizada de varios derechos a un número significativo de personas; a la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones, y a la omisión a la hora de expedir medidas legislativas, administrativas o presupuestales para evitar la vulneración. A pesar de esta sentencia, poco ha cambiado.

Los niveles de hacinamiento en 127 de las 132 cárceles siguen en aumento, como lo demuestran las cifras. Mientras para el 31 de agosto de 2012 el hacinamiento en las cárceles del país alcanzaba el 48 %, hoy la cifra va en 54,9 %. Según el Inpec, actualmente hay 124.605 presos encerrados en instalaciones con capacidad para 80.464.

A pesar de que la nación insiste en que tiene en marcha un plan para mitigar el hacinamiento en el país y contrarrestar el drama humanitario con la creación de 10.000 nuevos cupos, la solución definitiva se demorará. Por ahora será el Consejo de Estado el que determine si ratifica la decisión del Tribunal del Valle, creando un precedente jurisprudencial, o la revoca dándole más tiempo al Gobierno para ver si en algún momento encuentra una solución definitiva.

La estrategia

Para darle manejo a esta problemática, el Inpec informó que este mes puso en marcha el “Plan piloto 10.000”, que consiste en combatir el hacinamiento carcelario priorizando las 20 cárceles más hacinadas del país desde tres ejes fundamentales: jurídico, operativo e infraestructura.

Con el primero busca coordinar un trabajo con los jueces de ejecución de pena y la Defensoría del Pueblo, para revisar los procesos de internos que ya cumplieron los requisitos para acceder a prisión domiciliaria o a la libertad condicional. En cuanto a lo operativo, la idea es trasladar reclusos de los establecimientos más hacinados a otros con mejores condiciones.

Por último, en infraestructura, a corto plazo, la idea es crear 752 cupos en la cárcel de Girón, 608 en Ipiales, 720 en Buga, 124 en Ibagué y 34 en la cárcel de Medellín. A mediano y largo plazo, la idea es incorporar 2.040 cupos en ampliaciones modulares, para internos con detención preventiva; construir una megacárcel en Barranquilla, con 5.000 cupos; otra en Pereira, con 1.500, y una más en Silvia (Cauca), con 500 cupos.