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Líderes de 19 organizaciones que velan por los derechos de las mujeres y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, le presentaron a la CIDH un informe en el que detallan las cifras de los casos de violencia de género durante las manifestaciones del paro nacional.
Asimismo, presentaron al órgano una serie de peticiones, entre las que se incluye la solicitud de que se le brinde acompañamiento técnico al Estado para “asegurar que la investigación de casos de violencia policial contra personas LGBTI en el marco del Paro Nacional se realicen de manera imparcial, seria y libre de prejuicios”.
Los defensores de derechos humanos presentaron un balance de las cifras entregadas por distintas plataformas, como la Campaña Defender la Libertad y la ONG Temblores, así como las que tiene consignadas la Defensoría del Pueblo. Si bien el número de casos difiere entre los reportes, todos los informes señalan que, hasta finales de mayo, más de 20 mujeres habrían sido víctimas de violencia sexual en el país. Los principales sospechosos en la mayoría de los casos serían integrantes de la fuerza pública.
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Además, las organizaciones de personas LGBTIQ señalan que la violencia policial no es exclusiva de las manifestaciones y que en los últimos años ha sido un fenómeno constante. Según un informe de Colombia Diversa, 109 personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas fueron víctimas de violencia por parte de la fuerza pública en 2019, mientras que para 2020 esa cifra aumentó a 174.
El informe le pide a la comisión que esté dispuesta a recibir más testimonios incluso cuando finalice su visita al país, toda vez que se deben considerar “los conocidos obstáculos que enfrentan las mujeres y personas LGBTIQ para denunciar con rapidez la violencia sexual y la violencia basada en género”.
Las organizaciones le exigen al Estado colombiano que “las investigaciones disciplinarias por abusos de autoridad contra mujeres y personas LGBTIQ en el marco del paro nacional” pasen de la Inspección General de la Policía Nacional a la Procuraduría “para fortalecer y garantizar el acceso a la justicia”. También que las denuncias por violencias basadas en género, por prejuicio y de violencia sexual y que involucren a algún miembro de la fuerza pública, sean investigadas por la justicia ordinaria y no por la Penal Militar.
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Las casi 20 organizaciones le piden a la comisión que le recomiende al Estado colombiano la realización de una profunda reforma a la Policía Nacional, incluyendo al Esmad, así como la creación de un grupo interdisciplinario con enfoque diferencial que “contribuya en el esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública en el marco del paro nacional 2021″. Por último, le solicitan a diferentes entidades del país que entreguen la información correspondiente al número total de hechos de violencia contra las mujeres y las personas LGBTIQ que hayan sucedido desde el comienzo de las movilizaciones.
Mañana, jueves 10 de junio, a las 11:30 a.m. los voceros que están en la reunión con la comisión realizarán una rueda de prensa para presentar los resultados de esta reunión.