Organizaciones sociales de Arauca piden blindaje humanitario
El atentado del miércoles en la noche en Saravena, que iría dirigido contra líderes y lideresas sociales, fue ejecutado por disidencias de las Farc.
La carrera 16A número 28-49, en el centro de Saravena (Arauca) es la dirección del edificio en donde funciona una sede de cuatro pisos que aloja a líderes y lideresas sociales, así como a defensores de derechos humanos que participan en un taller de capacitación.
A unos 15 metros de ese lugar, hacia las 10:40 de la noche del miércoles 19 de enero, explotó una camioneta que dejó semidestruido el inmueble. Una de las paredes se desplomó por el impacto. Las puertas, ventanas y techos quedaron fracturados por la potencia de la explosión.
“Fue bastante terrible lo que pasó, pero afortunadamente la mayoría estamos bien”, le comenta a El Espectador Sonia López, quien forma parte de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, una de las organizaciones con oficina en el mencionado inmueble. Allí también funcionan la CUT, la Asociación Juvenil Estudiantil Regional, la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán, la Asociación de Mujeres, la Asociación Juvenil Estudiantil Regional y un medio de comunicación alternativo.
Son 50 personas que, paradójicamente, por motivos de seguridad pernoctaban en el edificio. Cinco de ellas sufrieron heridas leves producidas por las esquirlas que se atomizaron en la zona, entre ellas Weimar Cetina, presidente de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal de Arauca, uno de los participantes del taller de derechos humanos y mecanismos de autoprotección.
En la misma cuadra donde se registró el atentado están las sedes del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Sena. Al frente queda la sede de la Flota Libertadores. La única víctima fatal del atentado fue Simeón Delgado, vigilante de la sede del ICA.
Desde el 9 de enero pasado las disidencias de las Farc anunciaron sus amenazas contra líderes y lideresas sociales, y comenzaron a ejecutar su plan atacando la estructura de la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de Saravena, un emblema de la resistencia civil.
(Corte empata en discusión de aborto y nuevamente entran en escena los conjueces)
“La idea es volar los negocios de esos manes de juntas, presidentes de juntas (de acción comunal), líderes de ellos. Toda esa mierda hay que matar”, dice un hombre en un audio conocido ese 9 de enero. La voz es de Antonio Medina, integrante del frente 28 de las disidencias de las Farc y protagonista de las acciones armadas que azotan a esta región del país. “Estamos ante un genocidio, se está cumpliendo el anuncio de alias Medina”, dijo Luis Lasso, personero de Arauca, a RCN Radio.
“Por ese motivo, y por las amenazas que se habían publicado hace unos días por parte de las disidencias, pensamos que efectivamente el ataque de la noche del miércoles iba dirigido contra nosotros”, dice López.
El Congreso de los Pueblos va en la misma línea al señalar que “sin duda se ha desatado un plan para afectarnos de todas las maneras posibles”. En un comunicado dejan entrever que temían un atentado, razón por la cual “desde los primeros días de enero el acceso por la calle donde se encuentra la sede había sido bloqueada para evitar el parqueo de vehículos, lo que evitó que los individuos que dejaron la camioneta con explosivos la hicieran detonar justo al frente de la sede”.
Lo irónico, como afirma López, es que la sede donde operan las organizaciones del proceso social queda a tres cuadras de un cordón de seguridad con garitas en las que hay presencia permanente de policías y hay restricción para el ingreso de motos y carros. Aun así, los violentos lograron perpetrar el ataque.
La defensora de derechos humanos expresó que es importante que el Estado acompañe a la población civil de manera permanente, y les han pedido a los organismos internacionales como la OEA, la ONU y la Cruz Roja Internacional que “en desarrollo de sus funciones como garantes de los derechos humanos hacer una acompañamiento permanente a las comunidades que pueda servir como una especie de blindaje humanitario para evitar nuevos ataques”.
En igual dirección, las organizaciones sociales le exigieron a la Defensoría del Pueblo adelantar las alertas necesarias y poner en funcionamiento todos los protocolos que se requieran para proteger a la población civil.
También hicieron un llamado a actores armados y a los responsables de los atentados a cesar estas acciones contra civiles, líderes y lideresas sociales del municipio y del departamento.
El atentado terrorista, atribuido por las autoridades a las disidencias de la Farc, más otra serie de hechos violentos ejecutados durante los últimos meses, dan cuenta de que Saravena es uno de los municipios más golpeados por los enfrentamientos entre las disidencias farianas con el Eln y otros actores armados, incluso bandas criminales venezolanas.
Por ejemplo, en agosto de 2021, fueron masacrados tres jóvenes en la vereda Bajo Pescado de Saravena. En la escena del crimen fue dejado un aviso con el nombre de la banda criminal El Tren de Aragua, de la cual se sabe que hace presencia en algunas ciudades del país.
Sin embargo, en la zona fundamentalmente hace presencia el Eln y las disidencias de las Farc, que desde el año pasado vienen en una escalada violenta que ha dejado a cientos de miles de civiles en medio de una cruda disputa por las rentas criminales del departamento fronterizo.
(Parricidas: no siempre pierden su derecho a la herencia)
Guerra por las rentas criminales
Según un oficial del Ejército en Arauca, el plan de Medina, cuya verdadera identidad es Ómar Pardo Galeano, es quitarle una tajada de las rentas criminales al Frente de Guerra Oriental de Eln, comandado por alias Pablito, otro líder criminal que se caracteriza por ser uno de los más violentos del Comando Central del grupo ilegal y que hace varios años hace presencia en el departamento. Una disputa que se evidenció públicamente con la masacre de 27 personas, perpetrada durante la primera semana de 2022.
El sector venezolano limítrofe con los municipios de Saravena y Arauquita se caracteriza por una intensa e ilegal dinámica fronteriza internacional que aprovechan los grupos armados ilegales para trazar un extenso corredor de movilidad estratégico para los grupos criminales. “Allí controlan a la población y sus actividades (ingreso y salida), realizan todo tipo de acciones delictivas relacionadas con el contrabando de combustibles, semovientes, mercancías y tráfico de armas. También es utilizada para el tránsito de secuestrados hacia el territorio venezolano del Nula”, advierte el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría.
La carrera 16A número 28-49, en el centro de Saravena (Arauca) es la dirección del edificio en donde funciona una sede de cuatro pisos que aloja a líderes y lideresas sociales, así como a defensores de derechos humanos que participan en un taller de capacitación.
A unos 15 metros de ese lugar, hacia las 10:40 de la noche del miércoles 19 de enero, explotó una camioneta que dejó semidestruido el inmueble. Una de las paredes se desplomó por el impacto. Las puertas, ventanas y techos quedaron fracturados por la potencia de la explosión.
“Fue bastante terrible lo que pasó, pero afortunadamente la mayoría estamos bien”, le comenta a El Espectador Sonia López, quien forma parte de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, una de las organizaciones con oficina en el mencionado inmueble. Allí también funcionan la CUT, la Asociación Juvenil Estudiantil Regional, la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán, la Asociación de Mujeres, la Asociación Juvenil Estudiantil Regional y un medio de comunicación alternativo.
Son 50 personas que, paradójicamente, por motivos de seguridad pernoctaban en el edificio. Cinco de ellas sufrieron heridas leves producidas por las esquirlas que se atomizaron en la zona, entre ellas Weimar Cetina, presidente de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal de Arauca, uno de los participantes del taller de derechos humanos y mecanismos de autoprotección.
En la misma cuadra donde se registró el atentado están las sedes del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Sena. Al frente queda la sede de la Flota Libertadores. La única víctima fatal del atentado fue Simeón Delgado, vigilante de la sede del ICA.
Desde el 9 de enero pasado las disidencias de las Farc anunciaron sus amenazas contra líderes y lideresas sociales, y comenzaron a ejecutar su plan atacando la estructura de la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de Saravena, un emblema de la resistencia civil.
(Corte empata en discusión de aborto y nuevamente entran en escena los conjueces)
“La idea es volar los negocios de esos manes de juntas, presidentes de juntas (de acción comunal), líderes de ellos. Toda esa mierda hay que matar”, dice un hombre en un audio conocido ese 9 de enero. La voz es de Antonio Medina, integrante del frente 28 de las disidencias de las Farc y protagonista de las acciones armadas que azotan a esta región del país. “Estamos ante un genocidio, se está cumpliendo el anuncio de alias Medina”, dijo Luis Lasso, personero de Arauca, a RCN Radio.
“Por ese motivo, y por las amenazas que se habían publicado hace unos días por parte de las disidencias, pensamos que efectivamente el ataque de la noche del miércoles iba dirigido contra nosotros”, dice López.
El Congreso de los Pueblos va en la misma línea al señalar que “sin duda se ha desatado un plan para afectarnos de todas las maneras posibles”. En un comunicado dejan entrever que temían un atentado, razón por la cual “desde los primeros días de enero el acceso por la calle donde se encuentra la sede había sido bloqueada para evitar el parqueo de vehículos, lo que evitó que los individuos que dejaron la camioneta con explosivos la hicieran detonar justo al frente de la sede”.
Lo irónico, como afirma López, es que la sede donde operan las organizaciones del proceso social queda a tres cuadras de un cordón de seguridad con garitas en las que hay presencia permanente de policías y hay restricción para el ingreso de motos y carros. Aun así, los violentos lograron perpetrar el ataque.
La defensora de derechos humanos expresó que es importante que el Estado acompañe a la población civil de manera permanente, y les han pedido a los organismos internacionales como la OEA, la ONU y la Cruz Roja Internacional que “en desarrollo de sus funciones como garantes de los derechos humanos hacer una acompañamiento permanente a las comunidades que pueda servir como una especie de blindaje humanitario para evitar nuevos ataques”.
En igual dirección, las organizaciones sociales le exigieron a la Defensoría del Pueblo adelantar las alertas necesarias y poner en funcionamiento todos los protocolos que se requieran para proteger a la población civil.
También hicieron un llamado a actores armados y a los responsables de los atentados a cesar estas acciones contra civiles, líderes y lideresas sociales del municipio y del departamento.
El atentado terrorista, atribuido por las autoridades a las disidencias de la Farc, más otra serie de hechos violentos ejecutados durante los últimos meses, dan cuenta de que Saravena es uno de los municipios más golpeados por los enfrentamientos entre las disidencias farianas con el Eln y otros actores armados, incluso bandas criminales venezolanas.
Por ejemplo, en agosto de 2021, fueron masacrados tres jóvenes en la vereda Bajo Pescado de Saravena. En la escena del crimen fue dejado un aviso con el nombre de la banda criminal El Tren de Aragua, de la cual se sabe que hace presencia en algunas ciudades del país.
Sin embargo, en la zona fundamentalmente hace presencia el Eln y las disidencias de las Farc, que desde el año pasado vienen en una escalada violenta que ha dejado a cientos de miles de civiles en medio de una cruda disputa por las rentas criminales del departamento fronterizo.
(Parricidas: no siempre pierden su derecho a la herencia)
Guerra por las rentas criminales
Según un oficial del Ejército en Arauca, el plan de Medina, cuya verdadera identidad es Ómar Pardo Galeano, es quitarle una tajada de las rentas criminales al Frente de Guerra Oriental de Eln, comandado por alias Pablito, otro líder criminal que se caracteriza por ser uno de los más violentos del Comando Central del grupo ilegal y que hace varios años hace presencia en el departamento. Una disputa que se evidenció públicamente con la masacre de 27 personas, perpetrada durante la primera semana de 2022.
El sector venezolano limítrofe con los municipios de Saravena y Arauquita se caracteriza por una intensa e ilegal dinámica fronteriza internacional que aprovechan los grupos armados ilegales para trazar un extenso corredor de movilidad estratégico para los grupos criminales. “Allí controlan a la población y sus actividades (ingreso y salida), realizan todo tipo de acciones delictivas relacionadas con el contrabando de combustibles, semovientes, mercancías y tráfico de armas. También es utilizada para el tránsito de secuestrados hacia el territorio venezolano del Nula”, advierte el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría.