Paro armado del Eln agravó el desplazamiento en Colombia: Defensoría

El paro armado declarado por el Eln entre el 23 y el 26 de febrero exacerbó la crisis humanitaria de diferentes regiones del país. Así lo informó la Defensoría del Pueblo, que denunció que durante más de 72 horas se presentaron seis eventos de desplazamiento masivo y dos situaciones de confinamiento.

Los departamentos más afectados fueron Arauca, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. Entre los hechos de mayor gravedad se destacan dos desplazamientos masivos que afectaron a 365 personas (85 familias), en los municipios de Istmina y Sipí, en Chocó. Además, hay restricciones a la movilidad de los habitantes de Bojayá, donde 3.700 personas (915 familias) resultaron confinadas.

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A lo anterior se suma la preocupante situación de Buenaventura, Valle del Cauca, donde se profundizaron los conflictos entre grupos armados que están afectando a la población civil, dejando cerca de 8.000 personas indígenas y afrodescendientes confinadas. Las comunidades étnicas se encuentran en particular riesgo por su presencia en puntos estratégicos para los grupos armados.

“Como otras causas de la situación en febrero, están también el pago de extorsiones o vacunas a comerciantes, transportadores y operadores turísticos, entre otros, en las que los grupos armados ilegales exigen financiar la seguridad a través de amenazas a grupos étnicos, líderes políticos, docentes, estudiantes y que, en algunas ocasiones, terminaron en homicidios y feminicidios a líderes sociales y miembros de la Policía”, indicó la Defensoría.

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También se presentaron desplazamientos masivos en Guapi, Suárez y Argelia (Cauca), donde por lo menos 329 personas (111 familias) fueron despojadas de su territorio. “Hacemos un llamado para que el gobierno mire con ojos de bondad a Guapi, Timbiquí, López de Micay e Iscuandé, los cuales hacen parte de la jurisdicción del vicariato apostólico de Guapi. Acá nunca vemos desarrollado proyectos productivos, aun sabiendo que tenemos buenas tierras, tenemos riqueza por nuestros ríos y el mar”, dijo a RCN el padre Ilario Cuero, quien ha trabajado en la Pastoral Social de Guapi, que ha atendido a cerca de 270 familias afectadas por la violencia.

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A la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se presentaron más de 107 afectaciones del Eln durante el paro armado, entre las cuales se registraron 10 vehículos quemados, 18 actos terroristas y siete denuncias de comunidades confinadas. Por su parte, Indepaz denunció 65 acciones violentas que incluyeron restricción de movilidad, patrullajes ilegales y vehículos incinerados, a lo que se suma un aumento del 181% en el desplazamiento forzado en el país durante 2021, de acuerdo con la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha).

El paro armado declarado por el Eln entre el 23 y el 26 de febrero exacerbó la crisis humanitaria de diferentes regiones del país. Así lo informó la Defensoría del Pueblo, que denunció que durante más de 72 horas se presentaron seis eventos de desplazamiento masivo y dos situaciones de confinamiento.

Los departamentos más afectados fueron Arauca, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. Entre los hechos de mayor gravedad se destacan dos desplazamientos masivos que afectaron a 365 personas (85 familias), en los municipios de Istmina y Sipí, en Chocó. Además, hay restricciones a la movilidad de los habitantes de Bojayá, donde 3.700 personas (915 familias) resultaron confinadas.

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A lo anterior se suma la preocupante situación de Buenaventura, Valle del Cauca, donde se profundizaron los conflictos entre grupos armados que están afectando a la población civil, dejando cerca de 8.000 personas indígenas y afrodescendientes confinadas. Las comunidades étnicas se encuentran en particular riesgo por su presencia en puntos estratégicos para los grupos armados.

“Como otras causas de la situación en febrero, están también el pago de extorsiones o vacunas a comerciantes, transportadores y operadores turísticos, entre otros, en las que los grupos armados ilegales exigen financiar la seguridad a través de amenazas a grupos étnicos, líderes políticos, docentes, estudiantes y que, en algunas ocasiones, terminaron en homicidios y feminicidios a líderes sociales y miembros de la Policía”, indicó la Defensoría.

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También se presentaron desplazamientos masivos en Guapi, Suárez y Argelia (Cauca), donde por lo menos 329 personas (111 familias) fueron despojadas de su territorio. “Hacemos un llamado para que el gobierno mire con ojos de bondad a Guapi, Timbiquí, López de Micay e Iscuandé, los cuales hacen parte de la jurisdicción del vicariato apostólico de Guapi. Acá nunca vemos desarrollado proyectos productivos, aun sabiendo que tenemos buenas tierras, tenemos riqueza por nuestros ríos y el mar”, dijo a RCN el padre Ilario Cuero, quien ha trabajado en la Pastoral Social de Guapi, que ha atendido a cerca de 270 familias afectadas por la violencia.

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A la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se presentaron más de 107 afectaciones del Eln durante el paro armado, entre las cuales se registraron 10 vehículos quemados, 18 actos terroristas y siete denuncias de comunidades confinadas. Por su parte, Indepaz denunció 65 acciones violentas que incluyeron restricción de movilidad, patrullajes ilegales y vehículos incinerados, a lo que se suma un aumento del 181% en el desplazamiento forzado en el país durante 2021, de acuerdo con la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha).