Policía dice tener todo listo para iniciar aspersión con glifosato en San José del Guaviare
Jorge Luis Vargas, director general de la Policía, afirmó que además de la del Guaviare, hay “otras cinco bases de aspersión terminando el alistamiento”. Este anunció se da después de que el Gobierno informara que el decreto expedido el lunes 12 de abril “no reactiva automáticamente” la aspersión aérea con glifosato.
El director de la Policía, mayor general Jorge Luis Vargas, afirmó que están preparados para iniciar con la aspersión aérea cuando se cumplan los protocolos. “Las aeronaves, que son de alta precisión, geolocalizadas, se encuentran ya en la base de San José del Guaviare, los helicópteros de seguridad y las tripulaciones se encuentran entrenadas. Las otras cinco bases de aspersión están terminando el alistamiento”, dijo.
Blu Radio conoció que la Policía Nacional ya tiene lista la mezcla de este químico, así como los equipos y los aviones AT-802F. De acuerdo con ese medio, fuentes oficiales también informaron que los territorios en donde se iniciarían la aspersión son: San José de Guaviare, Tumaco, Putumayo y el Bajo Cauca antioqueño. “Esperamos que a partir del cumplimiento de requisitos dispuestos en el decreto, demos inicio de manera precisa a la aspersión aérea”, agregó Vargas.
Leer: Gobierno expide decreto para dar luz verde al regreso de la aspersión aérea con glifosato
El gobierno anunció en la noche del lunes (12 de abril) la expedición del decreto que regula la aspersión aérea con glifosato. Este contiene el marco normativo para controlar el riesgo para la salud y el medio ambiente del uso del glifosato como estrategia para destruir los cultivos de uso ilícito en el país. La aspersión de glifosato fue suspendida por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) en octubre de 2015. La decisión había sido anunciada desde mayo de ese año como una medida para dar cumplimiento al concepto de la Organización Mundial de la Salud según el cual el glifosato puede ser dañino para la salud humana. Esta definición hizo que el Ministerio de Salud elevara una solicitud al Consejo Nacional de Estupefacientes para suspender esta práctica. (Leer: Consejo Nacional de Estupefacientes suspende fumigaciones con glifosato contra cultivos ilícitos)
Retomar la aspersión ha sido una decisión cuestionada y criticada por organizaciones sociales. Hace solo un mes se realizó una movilización en Tumaco y en otros nueve municipios de Nariño para rechazar el regreso de esa práctica. Esta fue organizada por el Comité por la Vida y la no Aspersión Aérea-Costa Pacífica de Nariño. Las comunidades afirmaron que el regreso de la aspersión “sería una agresión directa en contra de los derechos fundamentales de consulta previa, soberanía alimentaria, vida digna, salud, mínimo vital y paz”.
“Pediremos a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre violación de principios de precaución. ¡Congreso debe prohibir uso de glifosato!”, expresó Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde. (Leer: Decreto que regula la aspersión aérea con glifosato: críticas y apoyos del mundo político)
El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien hace parte de la Coalición de la Esperanza, también dio su parte de la situación: “Es comprobado que la fumigación con glifosato a los cultivos ilícitos causa cáncer y severos daños ambientales. Y viene después la resiembra. Es ineficaz además. Por eso no sabemos si la insistencia del gobierno en fumigar es una insensatez o una estupidez. O las dos”, dijo.
Según el Gobierno, el decreto acata lo ordenado por la Corte Constitucional en 2017 como una “alternativa de regulación al proceso decisorio para que el Consejo Nacional de Estupefacientes decida si reanuda o no el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea”. Aunque la Policía anunció que las aeronaves ya están listas en San José del Guaviare, el comunicado de ayer del Gobierno explicaba que el decreto “no reactiva automáticamente” la aspersión aérea con glifosato, pues hace falta que el CNE verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos por el alto tribunal para este fin.
Lea también: Los puntos clave de la audiencia de la ANLA sobre aspersión aérea con glifosato
El CNE, que es el que tiene la última palabra, está presidido por el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y sus miembros son los ministros de Salud, Educación, Agricultura, el director general de la Policía Nacional, el director general de Aduanas, el jefe del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil y la procuradora general de la Nación.
También le puede interesar: Comunidades de Nariño protestan contra las fumigaciones con glifosato
De la erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea están excluidas las áreas del Sistema Parques Nacionales Naturales, los Parques Naturales Regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados. Además indica que debe adelantarse una consulta previa cuando la ejecución del programa de erradicación sea susceptible de afectar directamente las comunidades étnicas.
Por otro lado y con base en los cálculos y proyecciones realizadas por el Ministerio de Defensa en 2020, el Gobierno afirma que erradicar una hectárea de cultivos ilícitos de coca cuesta $4.8 millones a través de la aspersión terrestre, $3.2 millones a través de Grupos Móviles de Erradicación (GME), $3.0 a través de la Fuerza Pública y $1.8 millones mediante la aspersión aérea. Sin embargo, después de exponer estas cifras, el Gobierno indica que “el factor económico no es lo más importante”, sino que con esta última modalidad “se están evitando muertes de los héroes de la patria, el valor de esas vidas son incalculables”.
Leer: Entre 2016 y 2020, 75 líderes de sustitución de coca fueron asesinados
“Duque argumenta que no hay presupuesto para el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que proporciona recursos a las familias que quieren sustituir cultivos de coca, pero sí para el Glifosato”, dijo el senador Feliciano Valencia, líder de la comunidad indígena Nasa. Esta es otra de las críticas. Los pocos avances que evidencian las comunidades en la implementación de este programa, especialmente de los proyectos productivos.
Arnobis Zapata, coordinador general de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, dijo a El Espectador que en 2020 no se hizo nada, aunque se ha entregado la asistencia alimentaria, los proyectos productivos están en veremos. “La gente está decepcionada. Los campesinos dijeron que esperaban hasta el fin de año para que el Gobierno implementara el proyecto productivo de $19 millones, sino volverían a sembrar coca porque no pueden seguir aguantando hambre”, dijo.
El director de la Policía, mayor general Jorge Luis Vargas, afirmó que están preparados para iniciar con la aspersión aérea cuando se cumplan los protocolos. “Las aeronaves, que son de alta precisión, geolocalizadas, se encuentran ya en la base de San José del Guaviare, los helicópteros de seguridad y las tripulaciones se encuentran entrenadas. Las otras cinco bases de aspersión están terminando el alistamiento”, dijo.
Blu Radio conoció que la Policía Nacional ya tiene lista la mezcla de este químico, así como los equipos y los aviones AT-802F. De acuerdo con ese medio, fuentes oficiales también informaron que los territorios en donde se iniciarían la aspersión son: San José de Guaviare, Tumaco, Putumayo y el Bajo Cauca antioqueño. “Esperamos que a partir del cumplimiento de requisitos dispuestos en el decreto, demos inicio de manera precisa a la aspersión aérea”, agregó Vargas.
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El gobierno anunció en la noche del lunes (12 de abril) la expedición del decreto que regula la aspersión aérea con glifosato. Este contiene el marco normativo para controlar el riesgo para la salud y el medio ambiente del uso del glifosato como estrategia para destruir los cultivos de uso ilícito en el país. La aspersión de glifosato fue suspendida por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) en octubre de 2015. La decisión había sido anunciada desde mayo de ese año como una medida para dar cumplimiento al concepto de la Organización Mundial de la Salud según el cual el glifosato puede ser dañino para la salud humana. Esta definición hizo que el Ministerio de Salud elevara una solicitud al Consejo Nacional de Estupefacientes para suspender esta práctica. (Leer: Consejo Nacional de Estupefacientes suspende fumigaciones con glifosato contra cultivos ilícitos)
Retomar la aspersión ha sido una decisión cuestionada y criticada por organizaciones sociales. Hace solo un mes se realizó una movilización en Tumaco y en otros nueve municipios de Nariño para rechazar el regreso de esa práctica. Esta fue organizada por el Comité por la Vida y la no Aspersión Aérea-Costa Pacífica de Nariño. Las comunidades afirmaron que el regreso de la aspersión “sería una agresión directa en contra de los derechos fundamentales de consulta previa, soberanía alimentaria, vida digna, salud, mínimo vital y paz”.
“Pediremos a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre violación de principios de precaución. ¡Congreso debe prohibir uso de glifosato!”, expresó Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde. (Leer: Decreto que regula la aspersión aérea con glifosato: críticas y apoyos del mundo político)
El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien hace parte de la Coalición de la Esperanza, también dio su parte de la situación: “Es comprobado que la fumigación con glifosato a los cultivos ilícitos causa cáncer y severos daños ambientales. Y viene después la resiembra. Es ineficaz además. Por eso no sabemos si la insistencia del gobierno en fumigar es una insensatez o una estupidez. O las dos”, dijo.
Según el Gobierno, el decreto acata lo ordenado por la Corte Constitucional en 2017 como una “alternativa de regulación al proceso decisorio para que el Consejo Nacional de Estupefacientes decida si reanuda o no el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea”. Aunque la Policía anunció que las aeronaves ya están listas en San José del Guaviare, el comunicado de ayer del Gobierno explicaba que el decreto “no reactiva automáticamente” la aspersión aérea con glifosato, pues hace falta que el CNE verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos por el alto tribunal para este fin.
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El CNE, que es el que tiene la última palabra, está presidido por el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y sus miembros son los ministros de Salud, Educación, Agricultura, el director general de la Policía Nacional, el director general de Aduanas, el jefe del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil y la procuradora general de la Nación.
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De la erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea están excluidas las áreas del Sistema Parques Nacionales Naturales, los Parques Naturales Regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados. Además indica que debe adelantarse una consulta previa cuando la ejecución del programa de erradicación sea susceptible de afectar directamente las comunidades étnicas.
Por otro lado y con base en los cálculos y proyecciones realizadas por el Ministerio de Defensa en 2020, el Gobierno afirma que erradicar una hectárea de cultivos ilícitos de coca cuesta $4.8 millones a través de la aspersión terrestre, $3.2 millones a través de Grupos Móviles de Erradicación (GME), $3.0 a través de la Fuerza Pública y $1.8 millones mediante la aspersión aérea. Sin embargo, después de exponer estas cifras, el Gobierno indica que “el factor económico no es lo más importante”, sino que con esta última modalidad “se están evitando muertes de los héroes de la patria, el valor de esas vidas son incalculables”.
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“Duque argumenta que no hay presupuesto para el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que proporciona recursos a las familias que quieren sustituir cultivos de coca, pero sí para el Glifosato”, dijo el senador Feliciano Valencia, líder de la comunidad indígena Nasa. Esta es otra de las críticas. Los pocos avances que evidencian las comunidades en la implementación de este programa, especialmente de los proyectos productivos.
Arnobis Zapata, coordinador general de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, dijo a El Espectador que en 2020 no se hizo nada, aunque se ha entregado la asistencia alimentaria, los proyectos productivos están en veremos. “La gente está decepcionada. Los campesinos dijeron que esperaban hasta el fin de año para que el Gobierno implementara el proyecto productivo de $19 millones, sino volverían a sembrar coca porque no pueden seguir aguantando hambre”, dijo.