Policía en Medellín tiene que disculparse con Big Emma, mujer trans, por intentar manchar su imagen

Emma Hidalgo García, mujer trans, activista y rapera, y cuyo nombre artístico es Big Emma, denunció el pasado 25 de julio en sus redes sociales que había sido víctima de discriminación y abuso policial por parte de uniformados en Medellín. Según su relato, la agresión ocurrió cuando ella ingresó a una estación del sistema del transporte, en medio de la cuarentena generada por el coronavirus. Un auxiliar le exigió exhibir su excusa para circular en medio de la pandemia, pese a que ella manifestó que tenía una urgencia médica y que se dirigía a un hospital. Tras su negativa, el uniformado la insultó burlándose de su identidad de género, ella le contestó y, entonces, un grupo de policías la siguió en el Metro hasta expulsarla del sistema y conducirla a un Centro de Traslado de Protección, donde, según denunció, ocurrieron otro tipo de agresiones. (Lea aquí: Un juez falló a favor de una mujer trans que fue agredida por la Policía en el metro de Medellín)

Tras el incidente, que ella denunció en redes sociales y que fue narrado en un capítulo de La Disidencia, el mismo comandante operativo de la Policía Metropolitana, Iván Santamaría, aseguró en rueda de prensa que la mujer estaba drogada, que tenía Popper en el bolso, que se había saltado el torniquete, y que por eso fue detenida. Big Emma siempre insistió en que esta afirmación era mentira e interpuso la acción de tutela en contra de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el Metro de Medellín y la Subsecretaría de Gobierno local y Convivencia de Medellín, para pedir la protección de sus derechos. Una jueza le dio la razón el pasado 5 de noviembre. (Esta es la Policía transfóbica que NO nos cuida | La Disidencia)

La jueza Laura María Vélez determinó que hay múltiples indicios para determinar que el actuar policivo se desencadenó por un comentario discriminatorio lanzado por un auxiliar a Big Emma, como ella narró. El actuar de la Policía fue desmedido y desproporcionado, puesto que, Emma nunca actuó violentamente antes del uso de la fuerza por parte de la Policía, no alteraba el orden público y, además, contaba con una legítima excepción para circular en el Metro. “No encuentra esta falladora cómo puede tratarse de un uso legítimo de la fuerza por parte de seis miembros de la policía, el sometimiento realizado a Emma Hidalgo García, además de ello haberla esposado, detenido y expulsado del sistema metro aun cuando ya se encontraba neutralizada”, se lee en el fallo.

Todo el registro de las imágenes que obran el expediente dio cuenta de la inferioridad a la que siempre fue sometida Hidalgo, pese a encontrarse completamente neutralizada. Tampoco se evidenció un acompañamiento de personas adscritas a las entidades accionadas, que sintieran afinidad con Emma Hidalgo, y que le brindara un parte de tranquilidad, “quizás entendiendo sus preocupaciones y velando por sus quebrantos de salud urgentes que la llevaron a salir en medio del confinamiento obligatorio, situación que nunca comprendieron los miembros de la policía nacional, quienes le exigieron demostrar fehacientemente la particularidad que la eximia para circular por la ciudad”.

Para la jueza fue claro que la excusa presentada por la mujer trans para su circulación y acceso al sistema metro era que se dirigía al servicio de urgencias de la IPS Sura Molinos, actividad que se encontraba excluida de la cuarentena obligatoria decretada por la Alcaldía de Medellín en ese momento. Dicha excepción no requería que los habitantes de Medellín manifestaran al personal de Policía sus síntomas o diagnósticos para que les permitieran la circulación, como lo exigió el funcionario en este caso.

La jueza tampoco encontró motivo o acción detonante que ameritara el traslado al Centro de Traslado de Protección, que aumentaba aún más el riesgo de contagio y exposición con el coronavirus, ante el contacto con el personal de seguridad y todos los participantes en la cadena de custodia y traslado al CTP.

Sobre las declaraciones del comandante de Policía Metropolitana, coronel Iván Santamaría, la jueza Vélez afirmó que fueron “un intento por enlodar la imagen de Big Emma para justificar el accionar desmedido de sus subordinados que hacen incurrir en contradicciones a su institución”. Por eso, se le ordenó a Santamaría debe pedir disculpas públicas a Emma Hidalgo García por la discriminación de la que fue víctima el 25 de julio de 2020 por miembros de la Policía en el Metro. Aunque el uniformado publicó un video el pasado 8 de noviembre en el que mencionó que cumplía las disposiciones del fallo de tutela, no pidió disculpas directamente a la mujer afectada, por lo que se espera que se acuda al incidente de desacato.

Además, de acuerdo con la jueza, las declaraciones rendidas por funcionario denotan un uso indebido del lenguaje inclusivo, tratando como hombre o con calificativos masculinos a una mujer reconocida legalmente como tal. La jueza también llamó la atención del funcionario porque dio declaraciones a la opinión pública sin verificar lo sucedido, pues del registro fotográfico aportado por el Metro de Medellín, se concluyó que Hidalgo nunca saltó o pasó por alto el control establecido en los torniquetes al ingreso de la estación, y tampoco se probó que se encontraba bajo los efectos de alucinógenos por el hecho de portar una sustancia denominada “Popper”. A ella no se le practicó valoración médica, examen de toxicología o tamizaje que así permitiera concluirlo.

“Ni siquiera las declaraciones brindadas a los medios de comunicación sirvieron para paliar las agresiones a una ciudadana que se vio obligada todo el tiempo a utilizar los gritos como única herramienta para reclamar sus derechos, esposada, despojada de sus pertenencias, y sin el más mínimo sentido de empatía por su situación, en el contexto de una pandemia global que nos llevó a los límites de nuestra existencia, donde el solo hecho de transitar por espacios públicos representaba un desafío a las autoridades de control, apelando como primera opción a la intimidación como medio de represión”, agregó la jueza del Juzgado Once Civil Municipal de Medellín.

La justicia también determinó, en primera instancia, que ni la Policía ni el Metro en Medellín cuentan con un protocolo, planes y programas de capacitación y promoción de los derechos humanos de la población LGTBIQ+, o al menos si los tienen son deficientes. Y dio un jalón de orejas a las instituciones, pues determinó que las entidades accionadas se esforzaron en desacreditar la existencia de los actos discriminatorios denunciados por Hidalgo, como una tendencia marcada a “normalizar” las medidas adoptadas para la reprensión de la mujer trans.

*La Disidencia es un canal de YouTube de El Espectador para hablar sobre diversidad sexual

Emma Hidalgo García, mujer trans, activista y rapera, y cuyo nombre artístico es Big Emma, denunció el pasado 25 de julio en sus redes sociales que había sido víctima de discriminación y abuso policial por parte de uniformados en Medellín. Según su relato, la agresión ocurrió cuando ella ingresó a una estación del sistema del transporte, en medio de la cuarentena generada por el coronavirus. Un auxiliar le exigió exhibir su excusa para circular en medio de la pandemia, pese a que ella manifestó que tenía una urgencia médica y que se dirigía a un hospital. Tras su negativa, el uniformado la insultó burlándose de su identidad de género, ella le contestó y, entonces, un grupo de policías la siguió en el Metro hasta expulsarla del sistema y conducirla a un Centro de Traslado de Protección, donde, según denunció, ocurrieron otro tipo de agresiones. (Lea aquí: Un juez falló a favor de una mujer trans que fue agredida por la Policía en el metro de Medellín)

Tras el incidente, que ella denunció en redes sociales y que fue narrado en un capítulo de La Disidencia, el mismo comandante operativo de la Policía Metropolitana, Iván Santamaría, aseguró en rueda de prensa que la mujer estaba drogada, que tenía Popper en el bolso, que se había saltado el torniquete, y que por eso fue detenida. Big Emma siempre insistió en que esta afirmación era mentira e interpuso la acción de tutela en contra de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el Metro de Medellín y la Subsecretaría de Gobierno local y Convivencia de Medellín, para pedir la protección de sus derechos. Una jueza le dio la razón el pasado 5 de noviembre. (Esta es la Policía transfóbica que NO nos cuida | La Disidencia)

La jueza Laura María Vélez determinó que hay múltiples indicios para determinar que el actuar policivo se desencadenó por un comentario discriminatorio lanzado por un auxiliar a Big Emma, como ella narró. El actuar de la Policía fue desmedido y desproporcionado, puesto que, Emma nunca actuó violentamente antes del uso de la fuerza por parte de la Policía, no alteraba el orden público y, además, contaba con una legítima excepción para circular en el Metro. “No encuentra esta falladora cómo puede tratarse de un uso legítimo de la fuerza por parte de seis miembros de la policía, el sometimiento realizado a Emma Hidalgo García, además de ello haberla esposado, detenido y expulsado del sistema metro aun cuando ya se encontraba neutralizada”, se lee en el fallo.

Todo el registro de las imágenes que obran el expediente dio cuenta de la inferioridad a la que siempre fue sometida Hidalgo, pese a encontrarse completamente neutralizada. Tampoco se evidenció un acompañamiento de personas adscritas a las entidades accionadas, que sintieran afinidad con Emma Hidalgo, y que le brindara un parte de tranquilidad, “quizás entendiendo sus preocupaciones y velando por sus quebrantos de salud urgentes que la llevaron a salir en medio del confinamiento obligatorio, situación que nunca comprendieron los miembros de la policía nacional, quienes le exigieron demostrar fehacientemente la particularidad que la eximia para circular por la ciudad”.

Para la jueza fue claro que la excusa presentada por la mujer trans para su circulación y acceso al sistema metro era que se dirigía al servicio de urgencias de la IPS Sura Molinos, actividad que se encontraba excluida de la cuarentena obligatoria decretada por la Alcaldía de Medellín en ese momento. Dicha excepción no requería que los habitantes de Medellín manifestaran al personal de Policía sus síntomas o diagnósticos para que les permitieran la circulación, como lo exigió el funcionario en este caso.

La jueza tampoco encontró motivo o acción detonante que ameritara el traslado al Centro de Traslado de Protección, que aumentaba aún más el riesgo de contagio y exposición con el coronavirus, ante el contacto con el personal de seguridad y todos los participantes en la cadena de custodia y traslado al CTP.

Sobre las declaraciones del comandante de Policía Metropolitana, coronel Iván Santamaría, la jueza Vélez afirmó que fueron “un intento por enlodar la imagen de Big Emma para justificar el accionar desmedido de sus subordinados que hacen incurrir en contradicciones a su institución”. Por eso, se le ordenó a Santamaría debe pedir disculpas públicas a Emma Hidalgo García por la discriminación de la que fue víctima el 25 de julio de 2020 por miembros de la Policía en el Metro. Aunque el uniformado publicó un video el pasado 8 de noviembre en el que mencionó que cumplía las disposiciones del fallo de tutela, no pidió disculpas directamente a la mujer afectada, por lo que se espera que se acuda al incidente de desacato.

Además, de acuerdo con la jueza, las declaraciones rendidas por funcionario denotan un uso indebido del lenguaje inclusivo, tratando como hombre o con calificativos masculinos a una mujer reconocida legalmente como tal. La jueza también llamó la atención del funcionario porque dio declaraciones a la opinión pública sin verificar lo sucedido, pues del registro fotográfico aportado por el Metro de Medellín, se concluyó que Hidalgo nunca saltó o pasó por alto el control establecido en los torniquetes al ingreso de la estación, y tampoco se probó que se encontraba bajo los efectos de alucinógenos por el hecho de portar una sustancia denominada “Popper”. A ella no se le practicó valoración médica, examen de toxicología o tamizaje que así permitiera concluirlo.

“Ni siquiera las declaraciones brindadas a los medios de comunicación sirvieron para paliar las agresiones a una ciudadana que se vio obligada todo el tiempo a utilizar los gritos como única herramienta para reclamar sus derechos, esposada, despojada de sus pertenencias, y sin el más mínimo sentido de empatía por su situación, en el contexto de una pandemia global que nos llevó a los límites de nuestra existencia, donde el solo hecho de transitar por espacios públicos representaba un desafío a las autoridades de control, apelando como primera opción a la intimidación como medio de represión”, agregó la jueza del Juzgado Once Civil Municipal de Medellín.

La justicia también determinó, en primera instancia, que ni la Policía ni el Metro en Medellín cuentan con un protocolo, planes y programas de capacitación y promoción de los derechos humanos de la población LGTBIQ+, o al menos si los tienen son deficientes. Y dio un jalón de orejas a las instituciones, pues determinó que las entidades accionadas se esforzaron en desacreditar la existencia de los actos discriminatorios denunciados por Hidalgo, como una tendencia marcada a “normalizar” las medidas adoptadas para la reprensión de la mujer trans.

*La Disidencia es un canal de YouTube de El Espectador para hablar sobre diversidad sexual