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El sacerdote era predecible. Igual que las distintas pancartas con mensajes como “Ningún promotor del aborto hubiera querido ser abortado” y “Tu hijo es la fuente de ingresos para los abortistas”. Después de todo, se trataba de una protesta contra la interrupción voluntaria del embarazo y la posición en contra es clara en sus convicciones.
Lo inusual, y preocupante, era la presencia de uniformados de la Policía. En las fotografías, publicadas con orgullo en la página de Facebook de 40 Días por la Vida, la organización que convocó la manifestación, aparecen policías marchando con flores blancas en las manos, cargando el toldo que protege al sacerdote del sol y arrodillados orando, además de una camioneta de la Policía con una estatua de la Virgen en el techo y, detrás, la banda de guerra de la institución. Todos ellos indicadores de que los uniformados no estaban allí para prestar seguridad a los protestantes —práctica habitual y legal—, sino que participaban activamente en lo que estaba ocurriendo.
La organización 40 Días por la Vida es la filial colombiana de la internacional 40 Days for Life, que fue creada para “mostrar de manera pacífica a las comunidades las consecuencias negativas del aborto” y busca “poner en acción el deseo de cooperar con Dios para volver realidad su plan de acabar con el aborto”. La versión criolla es clara en su misión y convocatoria: “Durante 40 días haremos una vigilia pacífica para darle vida a esta cadena de oración mundial que busca ponerle fin al aborto”.
En la práctica, sus manifestaciones consisten en realizar oraciones frente a las instituciones prestadoras de servicios (IPS) que ayudan a las mujeres a interrumpir sus embarazos de manera segura y legal. Ese ejercicio cabe dentro de su libertad de expresión y está protegido por la Constitución.
Sin embargo, la participación activa de la Policía en esos eventos ha causado justa incomodidad entre las personas que acuden a esas instituciones para ejercer sus derechos.
El sábado pasado, por ejemplo, en la que la organización 40 Días por la Vida llamó la “tercera procesión solemne”, se pararon frente a la entrada de la sede de Profamilia en Teusaquillo acompañados por la Policía. Profamilia es una IPS privada sin ánimo de lucro, con reconocimiento nacional e internacional, que promueve el respeto por el libre ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de la población colombiana y que ayuda a las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo lícitamente, además de que adelanta campañas nacionales de educación sexual y prevención del embarazo adolescente.
Como varios testigos le contaron a El Espectador, la situación generó mucha incomodidad en las personas que estaban intentado acceder a la sede. El sábado es el día que más usuarios reciben y la presencia de la Policía en la manifestación promovió el mensaje falso de que la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia es ilegal.
Desde 2006, con la sentencia C-355, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres casos: cuando la salud de la madre está en riesgo, en caso de malformación y en el evento de una violación. Desde entonces, la jurisprudencia del alto tribunal ha sido contundente y reiterativa en la defensa del derecho que las mujeres tienen a interrumpir sus embarazos de forma segura cuando alguno de los tres casos las cobijan.
Pese a esta decisión, la aplicación en la práctica se ha visto obstaculizada por la objeción de conciencia ejercida por grupos de médicos —amparados, también, en su derecho constitucional y respaldados por la Procuraduría General de la Nación— y por el vehemente rechazo de la Iglesia católica y los grupos de creyentes que ven el aborto como un asesinato.
Esto afecta, especialmente, a las mujeres en los estratos más pobres de la sociedad, que son quienes más se embarazan durante la adolescencia y quienes menos acceso al aborto legal y seguro tienen.
Según varias organizaciones feministas expertas en el tema, esta es la primera causa de uno de los principales problemas de salud pública que tiene el país: en Colombia abortan cerca de 400.000 mujeres al año, y sólo el 1% de esos procedimientos son legales. Las mujeres siguen prefiriendo hacerlo de manera clandestina que acceder a los espacios legales.
Por eso el papel de Profamilia y Oriéntame, IPS que también fue objeto de manifestaciones, es fundamental para el ejercicio del derecho y para reducir el número de mujeres que mueren por abortos mal practicados.
El Estado también tiene un rol esencial en dar a conocer la sentencia y cerciorarse de que no haya obstáculos para su aplicación.
Cuando El Espectador consultó a la Policía Metropolitana de Bogotá, afirmaron no conocer el incidente y, una vez vieron las fotografías, dijeron que no se trataba de uniformados de esa institución. La Policía Nacional prometió indagar sobre qué hacían los uniformados en esa “concentración” y quién había dado la orden. “Se va a investigar con el ánimo de establecer si hubo una presunta irregularidad o comportamiento a mutuo personal, que no compromete el parecer institucional”.
Las fotografías demuestran que los policías participaron activamente en, por lo menos, manifestaciones frente a dos sedes de Profamilia, una de Oriéntame y una de un lugar cuyo letrero dice “Centro de Apoyo para la Mujer”.
No queda duda, tampoco, de que los uniformados sabían en qué tipo de protesta se encontraban. Los letreros en contra del aborto abundan y son visibles, e incluso hay fotografías de policías abrazando estatuas religiosas y rezando.
Según los testimonios que recibió este diario, la banda de guerra también hizo sentir su presencia en varios momentos de la manifestación ante Profamilia.
La Policía debe responder varias preguntas: ¿La participación de los uniformados en las manifestaciones no viola su obligación de hacer respetar la ley y la Constitución, en este caso, el ejercicio legítimo a la interrupción voluntaria del embarazo? ¿A qué dependencia de la Policía pertenecen los uniformados fotografiados? ¿Están allí en representación de la institución? Y, si están por iniciativa propia, ¿por qué están utilizando bienes de la Policía —como la camioneta— en estas manifestaciones? ¿Por qué hace presencia la banda de guerra y quién autorizó su intervención en la protesta? En un Estado laico, ¿debe la Policía apoyar abiertamente manifestaciones de índole religioso? ¿Quién les responde a las personas que vieron afectado su uso de las IPS por el miedo que les generó ver a la Policía protestando?
No queda más que esperar las respuestas.