¿Por qué pelean los vendedores informales en Bucaramanga?

En 2017, la alcaldía de Bucaramanga y la Universidad Pontificia Bolivariana elaboraron un instrumento de planificación para reestructurar el espacio público y brindar un ambiente de calidad para los ciudadanos. El plan cuenta con siete líneas estratégicas y cuatro programas transversales, uno de ellos recibe el nombre de “Ventas en el Espacio Público”, que pretende regular y normalizar las ventas ambulantes, semiestacionarias o estacionarias en las calles de la ciudad.

La medida se desarrolla desde agosto de 2018 para los comerciantes informales que habitan las zonas del intercambiador de la Avenida Quebradaseca con carrera 15, el parque Centenario y el parque Antonia Santos; pero las dificultades en la implementación se concentran en el centro de Bucaramanga debido a que los comerciantes afirman que las personas más antiguas en esta labor fueron desplazadas por aquellas que hace poco comienzan su vida comercial.

“Desde el principio nos dijeron mentiras. No todos quedaron en el mismo puesto, metieron a personas nuevas y dejaron a las antiguas por fuera. Es un plan maestro asesino para los vendedores”, afirmó Rafael Páez, presidente de la Corporación de Vendedores Informales, quien lleva trabajando 21 años en la zona.

Páez realizó el proceso de inscripción al plan, pero la deuda de 10 comparendos, de los cuales 7 son por invasión al espacio público, no le permitió completar los requisitos.

Para ser aprobado en el programa se deben cumplir siete pasos: jornadas de capacitación con el Instituto de Empleo de Bucaramanga, Imebu; entrevista psicológica, visita de personal de trabajo social a los hogares, fase de elección de mobiliario y ubicación, liquidación de retribución para el municipio por la ocupación del espacio, suscripción de contrato y acta de iniciación del proceso.

El proyecto tiene una duración de 20 años y la inversión del estudio fue de $1.200 millones.

Los vendedores, ¿víctimas o culpables?

La principal razón de la protesta tiene que ver con la página para realizar la inscripción, pues es abierta a todo el público lo que significa que muchos que no eran vendedores accedieron al proyecto.

Esta circunstancia provocó que aquellos que llevaban décadas trabajando en el centro de la ciudad no tuvieran prioridad sobre los que eran nuevos o llevaban pocos años. A esto se suma el elevado costo del proceso, ya que el mobiliario con el que deben trabajar cuesta entre $ 700.000 y un $ 1.000.000.

Sandra Sánchez fue una de las protagonistas de última protesta. La menifestación se llevó a cabo el martes 26 de marzo en la carrera 16 entre calles 34 y 36. La discusión que se presentó fue a causa del trato de los comerciantes frente al mobiliario que ella utiliza para sus ventas.

“Hace como un mes trabajo con el módulo del plan y eso me ha traído problemas con los compañeros. A mí y a mi familia nos han agredido de forma física y verbal. Me han hecho mucho daño”. Sánchez tiene 39 años y es de Barbosa (Santander). Hace un año trabaja en la carrera 16 vendiendo ropa. Parte de su mercancía fue dañada durante la manifestación.

La situación la ha llevado a seguir trabajando sin el módulo, nombre que le dan al carro donde almacenan y exhiben su mercancía, por miedo a que los demás vendedores la ataquen de nuevo. A pesar de los inconvenientes presentados, algunas personas que han accedido al programa consideran que tomaron la decisión correcta, Ana Belén Serrano, es una de ellas.

“A mí me parece que esta medida nos beneficia mucho, yo me siento más segura y ya no le tengo que correr a ningún policía a diferencia de algunos compañeros. Además, es la primera vez que nos reubican en las calles”. Lleva 30 de sus 58 años vendiendo dulces, galletas y cigarrillos.

La respuesta frente a la discusión

Julián Constantino Carvajal, director y encargado del proyecto, manifestó que la oportunidad para acceder al programa está abierta para todos, de esta manera cualquier puede inscribirse y si aprueba todos los pasos queda dentro.

Son aproximadamente 900 personas capacitadas que se encuentran desarrollando el proceso. Sin embargo, solo hay un cupo de 300 para trabajar en el centro con las ubicaciones asignadas por los encargados de la infraestructura.

Respecto al total de vendedores ambulantes que habitan en la ciudad o en el centro no hay un número concreto. Rafael Páez indica que hay 3.000, según un censo que realizó desde la calle 12 hasta la 20 y desde la carrera 31 hasta la 37, sin contar a los venezolanos que llegan constantemente por la crisis en su país.

Por otra parte, Constantino Carvajal mencionó que en 2016 se realizó una caracterización a esta población y se encontraron 1.500 negociantes informales contando varias zonas, y entre 800 y 900 solo en el centro. Esa base de datos fue utilizada como insumo del proceso, pero no como regla para aceptar o eximir a alguna persona.

Lea: Teatro Santander volverá a abrir sus puertas tras casi 20 años de estar cerrado

En 2017, la alcaldía de Bucaramanga y la Universidad Pontificia Bolivariana elaboraron un instrumento de planificación para reestructurar el espacio público y brindar un ambiente de calidad para los ciudadanos. El plan cuenta con siete líneas estratégicas y cuatro programas transversales, uno de ellos recibe el nombre de “Ventas en el Espacio Público”, que pretende regular y normalizar las ventas ambulantes, semiestacionarias o estacionarias en las calles de la ciudad.

La medida se desarrolla desde agosto de 2018 para los comerciantes informales que habitan las zonas del intercambiador de la Avenida Quebradaseca con carrera 15, el parque Centenario y el parque Antonia Santos; pero las dificultades en la implementación se concentran en el centro de Bucaramanga debido a que los comerciantes afirman que las personas más antiguas en esta labor fueron desplazadas por aquellas que hace poco comienzan su vida comercial.

“Desde el principio nos dijeron mentiras. No todos quedaron en el mismo puesto, metieron a personas nuevas y dejaron a las antiguas por fuera. Es un plan maestro asesino para los vendedores”, afirmó Rafael Páez, presidente de la Corporación de Vendedores Informales, quien lleva trabajando 21 años en la zona.

Páez realizó el proceso de inscripción al plan, pero la deuda de 10 comparendos, de los cuales 7 son por invasión al espacio público, no le permitió completar los requisitos.

Para ser aprobado en el programa se deben cumplir siete pasos: jornadas de capacitación con el Instituto de Empleo de Bucaramanga, Imebu; entrevista psicológica, visita de personal de trabajo social a los hogares, fase de elección de mobiliario y ubicación, liquidación de retribución para el municipio por la ocupación del espacio, suscripción de contrato y acta de iniciación del proceso.

El proyecto tiene una duración de 20 años y la inversión del estudio fue de $1.200 millones.

Los vendedores, ¿víctimas o culpables?

La principal razón de la protesta tiene que ver con la página para realizar la inscripción, pues es abierta a todo el público lo que significa que muchos que no eran vendedores accedieron al proyecto.

Esta circunstancia provocó que aquellos que llevaban décadas trabajando en el centro de la ciudad no tuvieran prioridad sobre los que eran nuevos o llevaban pocos años. A esto se suma el elevado costo del proceso, ya que el mobiliario con el que deben trabajar cuesta entre $ 700.000 y un $ 1.000.000.

Sandra Sánchez fue una de las protagonistas de última protesta. La menifestación se llevó a cabo el martes 26 de marzo en la carrera 16 entre calles 34 y 36. La discusión que se presentó fue a causa del trato de los comerciantes frente al mobiliario que ella utiliza para sus ventas.

“Hace como un mes trabajo con el módulo del plan y eso me ha traído problemas con los compañeros. A mí y a mi familia nos han agredido de forma física y verbal. Me han hecho mucho daño”. Sánchez tiene 39 años y es de Barbosa (Santander). Hace un año trabaja en la carrera 16 vendiendo ropa. Parte de su mercancía fue dañada durante la manifestación.

La situación la ha llevado a seguir trabajando sin el módulo, nombre que le dan al carro donde almacenan y exhiben su mercancía, por miedo a que los demás vendedores la ataquen de nuevo. A pesar de los inconvenientes presentados, algunas personas que han accedido al programa consideran que tomaron la decisión correcta, Ana Belén Serrano, es una de ellas.

“A mí me parece que esta medida nos beneficia mucho, yo me siento más segura y ya no le tengo que correr a ningún policía a diferencia de algunos compañeros. Además, es la primera vez que nos reubican en las calles”. Lleva 30 de sus 58 años vendiendo dulces, galletas y cigarrillos.

La respuesta frente a la discusión

Julián Constantino Carvajal, director y encargado del proyecto, manifestó que la oportunidad para acceder al programa está abierta para todos, de esta manera cualquier puede inscribirse y si aprueba todos los pasos queda dentro.

Son aproximadamente 900 personas capacitadas que se encuentran desarrollando el proceso. Sin embargo, solo hay un cupo de 300 para trabajar en el centro con las ubicaciones asignadas por los encargados de la infraestructura.

Respecto al total de vendedores ambulantes que habitan en la ciudad o en el centro no hay un número concreto. Rafael Páez indica que hay 3.000, según un censo que realizó desde la calle 12 hasta la 20 y desde la carrera 31 hasta la 37, sin contar a los venezolanos que llegan constantemente por la crisis en su país.

Por otra parte, Constantino Carvajal mencionó que en 2016 se realizó una caracterización a esta población y se encontraron 1.500 negociantes informales contando varias zonas, y entre 800 y 900 solo en el centro. Esa base de datos fue utilizada como insumo del proceso, pero no como regla para aceptar o eximir a alguna persona.

Lea: Teatro Santander volverá a abrir sus puertas tras casi 20 años de estar cerrado