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La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, llamó la atención de gobernadores, alcaldes y miembros de la Fuerza Pública del Bajo Cauca antioqueño sobre el deber que tienen de cumplir con los planes de prevención y protección a líderes, lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos.
El llamado se extendió a las autoridades gubernamentales de todo el país y advirtió que la Procuraduría verificará rigurosamente su cumplimiento.
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“Las rutas de prevención y protección no pueden equivaler a un simple formalismo, su ejecución debe verse reflejada en acciones dirigidas a un resultado claro y concreto, no más homicidios ni persecuciones”, aseguró la jefe del Ministerio Público.
Cabello Blanco recalcó el compromiso de la entidad frente al recrudecimiento de violencia contra los líderes en los territorios y recordó que, lejos de asumir un rol pasivo, entre junio de 2021 y junio de 2022, la Procuraduría participó en más de 160 espacios del Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendaciones de Medidas, asumiendo un papel activo en el análisis de más de 12.000 solicitudes de medidas de protección.
También señaló que se han realizado más de 200 intervenciones ante la Unidad Nacional de Protección, y otras 34 frente a diferentes autoridades para que se evalúen los casos de líderes sociales que se presentan al Programa Nacional de Protección.
Finalmente, la Procuradora planteó la necesidad de seguir llegando a cada rincón del país con una oferta social y presencia institucional, e invitó a las comisiones delegadas para atender la situación de violencia (Ciprunna, la Ciprat y el Cerrem), a participar en los territorios.
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“Hago un llamado para que se defienda la labor de los líderes y lideresas sociales, se luche contra su estigmatización y se cumplan y revisen las medidas tanto colectivas como individuales de protección asignadas a los líderes del Bajo Cauca antioqueño”, concluyó la Procuradora.
La Defensoría del Pueblo de Colombia reportó este viernes que entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año se presentaron 122 asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, lo que supone un aumento frente a las mismas fechas de años anteriores.
Se trata de 32 homicidios más que en la misma fecha de 2021, cuando se habían reportado 90, y 16 más que en 2020, cuando se contabilizaron, de enero a julio, 106.
Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, los líderes comunales representan el mayor número de muertes violentas en todo el país este año con 33 casos, seguido muy de cerca de indígenas, ya que se registraron 27 casos, y comunitarios (25 casos).