Procuraduría investiga más de 5.000 contratos de la Gobernación de San Andrés
Los contratos suscritos en lo corrido de 2020 suman más de $191 mil millones. De acuerdo con esa entidad, desde el 17 de noviembre, después del paso del huracán Iota, se han a celebrado 318 compromisos de ese tipo en el departamento.
La Procuraduría inició la investigación a más de 5.000 contratos suscritos en 2020 por la Gobernación de de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los compromisos firmados en lo corrido de 2020 suman más de $191 mil millones. La entidad identificó que desde el 17 de noviembre, después del paso del huracán Iota, se han a celebrado 318 contratos, por valor de $7.035 millones. De esos, seis suman $2.315 millones, que corresponden a obras o servicios no asociados directamente a la recuperación, reconstrucción y normalización del archipiélago. Entre esos, el alumbrado navideño, capacitaciones para agentes de tránsito o funcionarios de nivel directivo y participación en torneos de baloncesto.
El contrato del alumbrado navideño hizo que la Procuraduría abriera una indagación preliminar al gobernador encargado de la isla, Alen Jay Stephens, a los secretarios General (e), Martha Moreno; de Hacienda, Liza Hayes, y de Planeación, Bartolomé Taylor. De acuerdo con la entidad, habría irregularidades en la contratación del servicio de arrendamiento, transporte, instalación, operación y montaje del alumbrado, que fue adjudicado por $1.550 millones.
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Se investiga si los funcionarios publicaron oportunamente en la página web del SECOP, Sistema Electrónico de Contratación Pública, los estudios previos, el acta de inicio y la póliza de cumplimiento del contrato, celebrado con la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P. También se investiga si la póliza de responsabilidad civil del acuerdo fue adquirida seis días después de haber sido suscrita el acta de inicio, “y si los servidores habrían excluido a las empresas públicas de energía del archipiélago: EMDESAI, EDDAS y SOPESA, que estarían en capacidad de ejecutar el alumbrado navideño a menor costo”.
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El ente de control también busca establecer la existencia de una presunta nómina paralela, con cerca de 1.500 contratistas, entre quienes figurarían personas que no residen en la isla. La Procuraduría focalizó la vigilancia y seguimiento en 12 negocios jurídicos suscritos con diez contratistas, por más de $16.300 millones.
“Los contratos focalizados fueron suscritos con Carlos Rafael Benet González, el Consorcio Circunvalar, Recuperaciones Naranjo Recycling S.A.S, Asociación Sweet Food, Federación Colombiana de Baloncesto, Society Protection Technics Colombia Ltda., Corporación Festival Internacional de Cine Cartagena de Indias, Society Servies General S.A.S., Consorcio Alcantarillado Avenida Newball, y Aqua SAI S.A.S.”, detalla la Procuraduría, desde donde explican que “desde 2008 estas firmas han ejecutado 44 contratos con entidades territoriales, por un valor superior a los $56.639 millones, de los cuales el 80% fueron adjudicados por la gobernación del archipiélago”.
Las investigaciones de la entidad evidencian que entre enero y marzo la contratación sobrepaso los $112 mil millones. A eso se le suman los casi $79 mil millones en contratos cuando ya había sido declarada la emergencia sanitaria por la pandemia.
Contratación por la pandemia
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gary Hooker, y a la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, Ana Mercedes Newball Taylor, por presuntos sobrecostos en el contrato suscrito con Fumigaciones Pest Control Providencia, días antes de la emergencia ocasionada por el Huracán Iota, para la desinfección de los edificios públicos y vehículos de la alcaldía. Ese contrato se firmó por valor de $200 millones.
También investiga al secretario de Salud del departamento, Julián Roberto David Robinson, por presuntas irregularidades en dos contratos, cuyos objetivos estaban dirigidos a adquirir elementos de protección personal para el personal médico del hospital departamental, contratación que asciende a más de $360 millones.
“El Ministerio Público busca determinar el estado en que llegaron los suministros luego de que el operador del hospital devolviera 5.500 mascarillas, que aparentemente no estarían en condiciones adecuadas para proteger la vida de los trabajadores y pacientes. De igual manera, avanza la indagación preliminar contra el gobernador del Archipiélago, Everth Julio Hawkins, por posibles irregularidades en la ejecución del Contrato No. 569 de 2020, suscrito con la Asociación Sweet Food, por valor de $1.083′420.000″, detalla la Procuraduría.
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El acuerdo jurídico tenía por objeto el suministro de almuerzos, y entrega de paquetes alimentarios y de aseo para 300 adultos mayores, en el marco de las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos de la pandemia de covid-19 en el departamento.
Otros contratos
El Ministerio Público también indaga a funcionarios, por presuntas irregularidades en la contratación del suministro de agua potable en carrotanque, por valor de $450 millones. Se busca establecer si se habría pactado un contrato ficticio con la empresa Aqua SAI LC A.S.A, teniendo en cuenta las denuncias de la comunidad del sector del Cove, por el presunto incumplimiento en la cobertura del servicio.
A eso se le suma la investigación al jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la gobernación, Juan Enrique Archbold, “por posibles irregularidades, detrimento patrimonial y mal uso de los recursos, por el presunto incumplimiento de los contratos de servicios profesionales, suscritos con dos periodistas”.
El ente de control busca establecer si los dos profesionales realizaron los programas de diseño, coordinación, elaboración, análisis y manejo de crisis por factores externos de la gobernación departamental, y los programas de radio institucionales. Igualmente, si los comunicadores residen en el departamento.
La Procuraduría asegura que los indagados podrán solicitar ser escuchados en versión libre si así lo expresan.
La Procuraduría inició la investigación a más de 5.000 contratos suscritos en 2020 por la Gobernación de de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los compromisos firmados en lo corrido de 2020 suman más de $191 mil millones. La entidad identificó que desde el 17 de noviembre, después del paso del huracán Iota, se han a celebrado 318 contratos, por valor de $7.035 millones. De esos, seis suman $2.315 millones, que corresponden a obras o servicios no asociados directamente a la recuperación, reconstrucción y normalización del archipiélago. Entre esos, el alumbrado navideño, capacitaciones para agentes de tránsito o funcionarios de nivel directivo y participación en torneos de baloncesto.
El contrato del alumbrado navideño hizo que la Procuraduría abriera una indagación preliminar al gobernador encargado de la isla, Alen Jay Stephens, a los secretarios General (e), Martha Moreno; de Hacienda, Liza Hayes, y de Planeación, Bartolomé Taylor. De acuerdo con la entidad, habría irregularidades en la contratación del servicio de arrendamiento, transporte, instalación, operación y montaje del alumbrado, que fue adjudicado por $1.550 millones.
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El ente de control también busca establecer la existencia de una presunta nómina paralela, con cerca de 1.500 contratistas, entre quienes figurarían personas que no residen en la isla. La Procuraduría focalizó la vigilancia y seguimiento en 12 negocios jurídicos suscritos con diez contratistas, por más de $16.300 millones.
“Los contratos focalizados fueron suscritos con Carlos Rafael Benet González, el Consorcio Circunvalar, Recuperaciones Naranjo Recycling S.A.S, Asociación Sweet Food, Federación Colombiana de Baloncesto, Society Protection Technics Colombia Ltda., Corporación Festival Internacional de Cine Cartagena de Indias, Society Servies General S.A.S., Consorcio Alcantarillado Avenida Newball, y Aqua SAI S.A.S.”, detalla la Procuraduría, desde donde explican que “desde 2008 estas firmas han ejecutado 44 contratos con entidades territoriales, por un valor superior a los $56.639 millones, de los cuales el 80% fueron adjudicados por la gobernación del archipiélago”.
Las investigaciones de la entidad evidencian que entre enero y marzo la contratación sobrepaso los $112 mil millones. A eso se le suman los casi $79 mil millones en contratos cuando ya había sido declarada la emergencia sanitaria por la pandemia.
Contratación por la pandemia
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gary Hooker, y a la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, Ana Mercedes Newball Taylor, por presuntos sobrecostos en el contrato suscrito con Fumigaciones Pest Control Providencia, días antes de la emergencia ocasionada por el Huracán Iota, para la desinfección de los edificios públicos y vehículos de la alcaldía. Ese contrato se firmó por valor de $200 millones.
También investiga al secretario de Salud del departamento, Julián Roberto David Robinson, por presuntas irregularidades en dos contratos, cuyos objetivos estaban dirigidos a adquirir elementos de protección personal para el personal médico del hospital departamental, contratación que asciende a más de $360 millones.
“El Ministerio Público busca determinar el estado en que llegaron los suministros luego de que el operador del hospital devolviera 5.500 mascarillas, que aparentemente no estarían en condiciones adecuadas para proteger la vida de los trabajadores y pacientes. De igual manera, avanza la indagación preliminar contra el gobernador del Archipiélago, Everth Julio Hawkins, por posibles irregularidades en la ejecución del Contrato No. 569 de 2020, suscrito con la Asociación Sweet Food, por valor de $1.083′420.000″, detalla la Procuraduría.
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Otros contratos
El Ministerio Público también indaga a funcionarios, por presuntas irregularidades en la contratación del suministro de agua potable en carrotanque, por valor de $450 millones. Se busca establecer si se habría pactado un contrato ficticio con la empresa Aqua SAI LC A.S.A, teniendo en cuenta las denuncias de la comunidad del sector del Cove, por el presunto incumplimiento en la cobertura del servicio.
A eso se le suma la investigación al jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la gobernación, Juan Enrique Archbold, “por posibles irregularidades, detrimento patrimonial y mal uso de los recursos, por el presunto incumplimiento de los contratos de servicios profesionales, suscritos con dos periodistas”.
El ente de control busca establecer si los dos profesionales realizaron los programas de diseño, coordinación, elaboración, análisis y manejo de crisis por factores externos de la gobernación departamental, y los programas de radio institucionales. Igualmente, si los comunicadores residen en el departamento.
La Procuraduría asegura que los indagados podrán solicitar ser escuchados en versión libre si así lo expresan.