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Este lunes 13 de julio la Procuraduría levantó la suspensión en contra del gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón. El pasado 24 de abril, en medio de la investigación que esta entidad inició para ponerle la lupa a los contratos durante la emergencia por el COVID-19, el Ministerio Público lo sancionó.
La medida estaba prevista para tres meses, tiempo en el que se adelantaría la investigación por un contrato de $2.000 millones que se firmó con la Fundación Chocó Saludable, donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como: manejo de animales, limpieza, desinfección, salud mental, enfermedades crónicas, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, entre otros temas enfocados en el coronavirus.
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Este lunes, la Procuraduría informó que la Regional Chocó y las delegadas para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente y para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública realizarán el seguimiento respecto al uso de esos recursos y estarán “para velar por el ejercicio diligente y eficiente de la función administrativa respecto a la facultad de contratación, la destinación e inversión de los recursos públicos y la garantía de los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los habitantes y residentes en el departamento del Chocó”.
La decisión de levantar la medida cautelar, explica la Procuraduría, esta basada en la situación que enfrenta el departamento con 1.268 casos de coronavirus, 1.351 en espera de resultados y la ocupación de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos de la ESE Departamental Hospital San Francisco de Asís que ya llegó al 100%. Sumado al aislamiento preventivo por 14 días del gobernador encargado de Chocó, Jefferson Mena, que “implicaría ante un eventual resultado positivo la necesidad de designar un nuevo gobernador encargado”.
Para el Ministerio Público esta situación no resultaría conveniente, pues explican que “es imprescindible y urgente la continuidad de la función administrativa en la entidad territorial”.
“Resulta imperioso optar por la garantía de los derechos fundamentales a la vida, y a la salud de la población habitante en la entidad territorial, y en consecuencia, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad resulta menester levantar la medida de suspensión provisional de Ariel Palacios Calderón en su calidad de gobernador del Chocó”, indicó la Procuraduría.
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